El cambio de doctrina dictado por el Tribunal Supremo y que establece que las indemnizaciones y el resto de responsabilidades civiles derivadas de una sentencia penal firme no prescriben, tendrá una repercusión relativa en el caso de las víctimas del terrorismo de ETA, ya que en su caso la deuda de los etarras es con el Estado porque es quien adelantaba hasta 2011 la suma total de las indemnizaciones a las víctimas.

De esta manera, tal y como señalan desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) la resolución del alto tribunal afectará a una docena de casos que cuentan ya con sentencia firme y a las nuevas que se produzcan a partir de ahora. Cabe recordar que por ejemplo la ex jefa de ETA María Soledad Iparragirre 'Anboto' se enfrenta a una docena de causas tras su extradición desde Francia.

La docena de casos a los que se refiere la AVT son concretamente aquellos que se ven afectados por la Ley 29/2011 con la que se limitaban las cantidades que adelanta el Estado, lo que provocó que los terroristas condenados comenzaran a tener una deuda también con las víctimas.

Según la Sala, "declarada la firmeza de la sentencia, la ejecución de sus pronunciamientos civiles puede continuar hasta la completa satisfacción del acreedor, según previene el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que le sea aplicable ni la prescripción ni la caducidad".

Ya en marzo, la AVT a través de su departamento jurídico había presentado una serie de escritos en la Audiencia Nacional en los que solicitaba que se reclamaran a una decena de etarras el pago de la responsabilidad civil a sus víctimas, y apuntaba que la cantidad total a satisfacer ascendía a más de un millón de euros.

Y esto lo hizo así porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil redujo de 15 a 5 años el plazo de prescripción de las acciones personales, y en octubre de 2020 habría expirado la deuda en concepto de indemnización de esa decena de etarras con sus víctimas, a no ser que alguna de las partes personadas hubiera reclamado una revisión patrimonial para así interrumpir el plazo de prescripción.

PRECEDENTE DE BOYE

Ese reducción del plazo es lo que llevó a la Audiencia Nacional a reclamar el pasado febrero al abogado Gonzalo Boye la indemnización por su participación en el secuestro del empresario Emiliano Revilla, delito por el que fue condenado a 14 años y 8 meses de cárcel así como a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).

Tras esa resolución que afectaba a Boyé, la AVT revisó aquellos casos en los que los etarras tienen reclamaciones pendientes con las víctimas más allá de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de las indemnizaciones adelantadas, según informó la asociación.

Esta situación se daba en una minoría de supuestos, ya que, en la mayoría de casos, las indemnizaciones fijadas en sentencia han sido abonadas por el Estado, que cubre hasta un máximo de medio millón de euros. Sin embargo, hay etarras que deben mucho más a sus víctimas.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explicaron que entre los etarras que deben indemnizaciones a sus víctimas se encuentran nombres como el de Francisco Javier Arizkuren Ruiz, alias 'Kantauri', con una deuda de medio millón de euros; Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach, Gorka Palacios, que deben entre los tres más de 100.000 euros; Íñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor, con la misma cantidad; Sergio Polo, con una deuda de 120.000 euros; y Gurrutz Aguirresarobe, también con 100.000 euros.

CONTRADICCIONES QUE OBLIGAN A UNIFICAR CRITERIO

La Sala establece ahora este criterio de no prescripción al analizar el recurso de un hombre que había sido condenado en 2001 por un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona a, entre otros pronunciamientos, pagar una indemnización de responsabilidad civil de 134.033 euros en concepto de daños y perjuicios derivados de un delito de incendio forestal.

Una vez transcurrido el plazo de 15 años sin que el condenado pagara la indemnización, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró la prescripción de la responsabilidad civil. Ese auto de la Audiencia Provincial se recurrió ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña que lo revocó al estimar la imprescriptibilidad de la acción civil. El condenado recurrió en casación ante el Supremo que ahora confirma la tesis de que la responsabilidad civil derivada de una sentencia penal no prescribe.

En su sentencia la Sala explica que había venido siendo un criterio jurisprudencial no discutido que si una ejecutoria estaba paralizada durante 15 años, la acción para reclamar el cumplimiento de los pronunciamientos civiles de la sentencia prescribía, por aplicación de los artículos 1964 y 1971 del Código Civil y que así lo había recogido la propia doctrina del TS.

Sin embargo, el tribunal destaca que el marco legislativo ha cambiado en los últimos años con dos modificaciones legislativas que obligan a replantear esta cuestión y a revisar la doctrina, a la luz de los nuevos preceptos y también de los principios del proceso penal y de los bienes jurídicos objeto de protección.

Ante la situación creada y las dificultades interpretativas, los juzgados y tribunales han dictado resoluciones contradictorias. Unos, manteniendo el plazo de prescripción de 15 años, otros reduciéndolo a 5 años y otros entendiendo que el derecho a reclamar el pronunciamiento civil declarado en la sentencia penal ni prescribe, ni caduca.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado este miércoles su preocupación por la evolución de la pandemia del coronavirus y ha advertido de la posibilidad de dar un paso atrás en el plan de reapertura: "No vamos bien"

En su comparecencia sobre la gestión del coronavirus en el pleno del Parlament, ha afirmado que ahora no está en duda avanzar o no de tramo del plan de reapertura aprobado por el Govern, sino que ha alertado de que, "si no hay una mejora de los datos en los próximos días, probablemente habrá que dar un paso atrás" para proteger al sistema sanitario.

Aragonès ha insistido en que la evolución de la pandemia es "extremadamente preocupante" y que hay que dejar claro a la ciudadanía que la situación sanitaria se ha complicado en los últimos días.

"La ciudadanía de Catalunya se merece que su gobierno, sus administraciones y representantes los respeten como personas adultas y responsables. No vamos bien. No vamos nada bien", ha lamentado.

Pese a que en las últimas semanas se habían conseguido mejorar los datos y por eso la Generalitat había permitido la reapertura de muchas actividades, "en pocos días y de forma repentina las cifras de contagios han vuelto a repuntar muy rápidamente y de forma alarmante".

"FRENAR DE NUEVO

"Los datos son muy claros y, si no conseguimos estabilizarlas de nuevo a la baja, deberemos frenar de nuevo", y ha reiterado que al Govern no le temblará el pulso y aplicará las medidas necesarias para salvar vidas.

Así, Aragonès ha destacado que los próximos días son clave para determinar la evolución del Covid-19: "O frenamos la tendencia o se deberán poner sobre la mesa medidas restrictivas", como ha ocurrido en otros países de Europa.

De hecho, el vicepresidente ha apuntado que la pandemia global continúa y que Catalunya no es una excepción del resto de Europa y del mundo: "La pandemia no se ha ido".

También ha reconocido que nuevas restricciones pueden suponer un impacto económico y social, y, aunque dice que por muchos esfuerzos que se hagan no se puede compensar todo, ha pedido más implicación del Gobierno para proteger puestos de trabajo: "Iremos donde haga falta para encontrar recursos".

NAVIDAD DIFERENTE

Aragonès ha asegurado que las fiestas de Navidad no serán como otros años, ya que muchas familias no se podrán reunir como es habitual: "Echaremos de menos a mucha gente, serán unas fiestas diferentes. Evidentemente es duro pero es absolutamente necesario".

"No podrá ser por mucha gente porque nos jugamos la vida de la gente que amamos. Después de tantos meses no podemos aceptar que hayamos normalizado la tragedia", y ha llamado a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir las restricciones.

Aragonès ha apelado de nuevo a la responsabilidad individual y colectiva ante los nuevos datos de la pandemia, que ha tachado de repute alarmante, ya que como afirma "no son cifras, son personas".

Ha pedido que después de tantos meses de pandemia no se pueden "relativizar las muertes, por mucho que sea una cifra que se vaya repitiendo" y asegura que no cumplir con las recomendaciones implica poner vidas en peligro.

"No dejaremos de hacer llamamientos a la responsabilidad, porque este virus lo llevamos las personas y se transmite en función de la interacción social. Y si alguien está cansado de escucharlo, lo siento", ha zanjado.

La cadena de restauración McDonald's ha retirado la tapas y cubiertos de plástico en todos sus restaurantes de España, una medida que ya ha empezado a aplicar en las bebidas que se consumen en el interior de sus establecimientos.

Además, de las tapas de plástico, también ha retirado los cubiertos de plástico, que se han sustituido por otros de madera. No obstante, para las bebidas que se entregan a través de los servicios McDelivery, McAuto o take away, la compañía está evaluando diferentes opciones para la sustitución de las tapas y buscando otras alternativas más sostenibles.

La medida forma parte del proyecto que la compañía puso en marcha hace 10 años para evaluar su impacto en el medio ambiente y la búsqueda de soluciones más sostenibles en materia de envases, reciclado y gestión eficiente de la energía.

Entre las decisiones adoptadas en ese sentido, la empresa ha fijado el objetivo de lograr que el 100 por 100 de los envases sean de origen renovable o reciclado así como eliminar todos los envases de plástico de un solo uso, retirándolos o sustituyéndolos por otros más sostenibles.

En 2019 sustituyó el bol de ensaladas y el vaso de McFlurry por opciones más sostenibles, y este año 2020 ha eliminado las pajitas de plástico y las ha sustituido por otras de papel.

McDonald's se adelanta a la trasposición de la normativa comunitaria para prohibir y reducir los plásticos de un solo uso.

El director general de McDonald's, Luis Quintiliano, ha manifestado que la empresa es consciente de que no hay una solución definitiva para poner freno al cambio climático, pero asegura que tiene que "formar parte de ella".

Así, ha añadido que la compañía ha diseñado una clara hoja de ruta que refleja los compromisos adquiridos en materia de sostenibilidad centrados en envases, reciclado y eficiencia energética.

"Debemos trabajar todos unidos en la lucha contra el cambio climático. Por eso, vamos a seguir impulsando el movimiento Happy Change, para que cada año sea más importante. Creemos que, cuantos más seamos, mayor y más positivo será el impacto que tienen nuestras acciones sobre el medio ambiente", ha señalado.

A principios de este año, McDonald's anunció nuevos compromisos en reciclado entre los que aspira a que a finales de 2021 todos sus restaurantes contarán con papeleros de reciclado en sus salones, para contribuir a la adquisición de buenos hábitos para la gestión de residuos.

Asimismo, destaca que desde 2009, todo el aceite que se utiliza en sus cocinas se destina a la producción de biodiesel y que desde 1998 la empresa forma parte de Ecoembes para garantizar la adecuada gestión y reciclaje de sus envases de papel, cartón, latas y briks y desde 2005 colabora con Ecotic y desde 2010 con Ecopilas para garantizar que todas las baterías y residuos de aparatos eléctricos de sus juguetes se reciclen.

En la actualidad, el 95 por ciento de sus establecimientos funciona con energías renovables, igual que sus oficinas corporativas y las casas de la Fundación Ronald McDonald. La compañía sigue trabajando para alcanzar el 100%.

En materia de movilidad eléctrica, ha instalado a través de un acuerdo con Endesa e Iberdrola puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de sus restaurantes y espera contar con más de 150 puntos instalados a finales de 2021.

El hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y de Rosalía Iglesias ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que acepte su personación como acusación particular en la causa en la que se investiga la denominada operación 'Kitchen', según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Guillermo Bárcenas, conocido como Willy, ha hecho esta petición al considerarse perjudicado del operativo parapolicial creado en 2013 y sufragado con fondos reservados para espiar el entorno familiar y personal de la familia del extesorero del PP. Ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene que decidir si acepta esta petición o no.

'Kitchen' es la séptima pieza la macrocausa conocida como caso Villarejo, que se abrió en noviembre de 2018, tras un atestado policial que apuntaba a la existencia de aquel operativo que buscaba, y de ahí el nombre, entrar hasta 'la cocina' de los Bárcenas utilizando a una persona de su confianza, para conseguir cualquier documentación comprometedora para el PP que se hubiera podido llevar.

Esa persona de confianza sería el chófer del extesorero, Sergio Ríos, quien fue captado como confidente policial para llevar a cabo el objetivo de la operación: arrebatar dicha información con el fin de ocultársela a la justicia.

Ríos mantuvo al tanto al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo de los movimientos de Bárcenas y de su familia, según consta en el sumario de la causa en la que obran las grabaciones que el comisario hizo de todas las conversaciones.

En una de ellas, de enero de 2014, se escucha cómo el chófer informa a Villarejo de que ha hablado con los hijos del extesorero y que estos le habían comentado la situación en la que se encontraba su padre en el centro penitenciario de Soto del Real en el que se encontraba en prisión preventiva por el caso 'Gürtel'.

Además del conductor y de Villarejo, entre los investigados en esta pieza separada del caso 'Tándem' se encuentran el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino. También ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su 'número dos', Francisco Martínez.

¡

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación que ha necesitado de siete años de investigación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. La organización, según la Policía, planeaba controlar los "sectores clave de la economía española e infiltrarse en instituciones del Estado", contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos.

La investigación comenzó en el año 2013 cuando los agentes detectaron que la mafia rusa había intensificado sus actividades en España, utilizándola como punto de entrada para el blanqueo de capitales de las organizaciones criminales procedentes de la extinta Unión Soviética, invirtiendo el dinero procedente de sus distintas actividades criminales en todo el mundo en negocios en nuestro país, principalmente en discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa española.

Los investigadores han acreditado que hacían uso de las "ingentes cantidades económicas" que introducían en nuestro país para corromper e infiltrarse en instituciones públicas.

La Policía estima que se trata de la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos 10 años, debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados. Ha estado coordinada por la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada, con la autorización del Juzgado de Instrucción 1 de Benidorm.

Concretamente, detectaron a varios líderes criminales de origen ruso que frecuentaban de forma continua áreas de Alicante e Ibiza y quienes, a través de testaferros, mantenían una constante y sistemática actividad de inversión de capitales extranjeros en nuestro país, con operativas que revelaban una ilegalidad en su origen.

En este sentido, llevaban a cabo operaciones bancarias transfiriendo fondos cuyos orígenes no estaban suficientemente justificados, involucrando el transporte en efectivo de grandes cantidades de dinero por el territorio nacional hacia y desde el extranjero, así como utilizando sociedades pantalla y testaferros.

Estas organizaciones, cuyas actividades delictivas incluyen el asesinato, la extorsión, el tráfico de drogas, armas, la trata de seres humanos y los raids empresariales, mantienen múltiples ramificaciones en toda Europa, extendiendo su actividad también a Sudamérica y los EE.UU.

Los beneficios de dichas actividades criminales eran invertidos en España en diversos negocios, principalmente en el ocio, la hostelería y el sector inmobiliario, a través de empresarios rusos vinculados tanto con los 'Ladrones en Ley' como con los Sindicatos del Crimen rusos.

A lo largo de la investigación, llevada a cabo de forma conjunta con EUROPOL y dirigida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se pudo constatar como la organización investigada no solo realizaba actividades de blanqueo de capitales, sino que cometía una pluralidad de delitos conexos y que "estaba profundamente enraizada en la sociedad española".

Para ello utilizaba parte del dinero que introducían en nuestro país para intentar corromper funcionarios y políticos en sectores estratégicos. Los investigados habían desplegado una potente red clientelar dentro de la Administración española, "logrando una perfecta infiltración en las instituciones de nuestro país para llevar a cabo sus negocios con impunidad, recurriendo al cohecho y al tráfico de influencias", según la Policía.

De esta forma, conseguían protegerse de investigaciones policiales y judiciales, facilitando asimismo la adquisición de la residencia española a todos los clientes de la red desmantelada. Para ello, uno de los principales investigados realizaba actividades filantrópicas en diversas instituciones públicas para poder acercarse a ellas y, una vez conseguida su confianza, poder hacer uso de las mismas para beneficio de la red criminal.

Debido a su capacidad de infiltración, la organización había conseguido introducirse en diversas instituciones públicas. Así, mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, "otros eran activos en la política y la esfera pública, manteniendo un contacto estrecho y fluido con representantes de la Administración pública de distintos perfiles a quienes trataban de captar para su red de influencias".

"El alto grado de enraizamiento en las instituciones del Estado proporcionaba a la organización una amplia protección contra la investigación policial, que hubo de ser desarrollada con la máxima reserva por el peligro de filtraciones", según ha señalado la Policía.

Durante los siete años de investigación se ha podido acreditar como los lideres criminales contactaban con los investigados para ejecutar operaciones de blanqueo de capitales, llevándose a cabo diversos proyectos de inversión, adquiriendo terrenos para desarrollar promociones inmobiliarias de lujo, restaurantes, naves industriales, parcelas, barcos.

También proyectaron la compra de una de las principales discotecas de la isla de Ibiza con el claro propósito de estas organizaciones criminales de apoderarse del sector del ocio nocturno y la restauración, tanto en la costa levantina como en las islas baleares.

La Fiscalía de Madrid ha recurrido la puesta en libertad del bailador Rafael Amargo en la causa en la que se le investiga junto a otras tres personas por la presunta comisión de delitos de tráfico de droga y pertenencia a organización criminal, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

El pasado 3 de diciembre, la juez de Instrucción número 17 de Madrid, que estaba en funciones de guardia de detenidos, acordó dejar libre al artista con medidas cautelares, al igual que hizo con su mujer, con el productor de la obra 'Yerma' y con un amigo.

La magistrada adoptó esta decisión en contra del criterio del fiscal, que había solicitado prisión para los cuatro. Tras recibir la notificación del auto, el fiscal ha decidido recurrir la puesta en libertad de Amargo y del productor de 'Yerma' al entender que se den las requisitos legales para su ingreso en prisión provisional.

Ahora, el fiscal ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial la puesta en libertad provisional de los mencionados. En su escrito, interesa que se revoque el auto de la juez "en el sentido de acordar en su lugar la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza de los dos investigados" por los mismos delitos expuestos en la comparecencia del pasado 3 de diciembre, esto es, contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud y de pertenencia a grupo criminal.

Para la Fiscalía existen "bastantes" indicios "acreditados" de la comisión de ambos delitos. De hecho, explica en su recurso que las dos personas investigadas se venían dedicando de manera "permanente" y "de común acuerdo" a la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente metanfetamina, en el distrito de Centro.

Los seguimientos a estas dos personas comenzaron a raíz de haberse observado un aumento "significativo" de actas de aprehensión de sustancia estupefaciente, especialmente metanfetamina, en dicha zona por lo que se estableció un dispositivo que pudo determinar el domicilio desde el que supuestamente se suministraba la sustancia "al observar un trasiego continuo de personas que entraban y salían a los pocos minutos del citado inmueble".

El referido domicilio resultó ser el de J. R. G. H. Previamente los compradores contactaban vía telefónica con una tercera persona para recoger la droga en dicha vivienda.

Consta, además, la grabación de una conversación con una tercera persona "con la que parece estar negociando la compra de un kilogramo de metanfetamina hablando de precios, cantidades y calidades diciendo que es para un productor de teatro".

La Fiscalía llega a la conclusión de que ambas personas actúan de manera "conjunta" en el desarrollo de su actividad ilícita "adquiriendo las sustancias de común acuerdo para luego repartirlas entre ellos y venderlas a terceros".

También recuerda que las sustancias intervenidas se encuentran dentro de las que causan grave daño a la salud. En concreto, precisa que la metanfetamina produce efectos sobre el sistema nervioso y posee un elevado poder adictivo y que "se considera jurisprudencialmente que existe notoria importancia a partir de los 30 gramos, por lo que la cantidad incautada excede notablemente del límite fijado".

Los detenidos están siendo investigados por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a organización criminal.

El abogado defensor, Cándido Conde Pumpido, ha señalado a Europa Press que están estudiando la causa para valorar que decisiones tomar respecto al proceso penal.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este martes que las campañas de vacunación en los países de la UE podrán empezar "de inmediato" tras la primera autorización que llegará el lunes a una de las candidatas a vacuna por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), al tiempo que ha invitado a los gobiernos nacionales a coordinarse para que puedan empezar "el mismo día" a vacunar a sus ciudadanos, como prueba de unidad frente a la pandemia.

"Empecemos cuanto antes con la vacunación, juntos, a Veintisiete, con un inicio el mismo día. Dado que hemos avanzado unidos en esta pandemia, iniciemos la erradicación de este horrible virus juntos y unidos", ha pedido Von der Leyen, cuyo Ejecutivo no tiene competencias en materia sanitaria pero ha negociado en nombre del bloque los acuerdos con los laboratorios la compra de las vacunas.

Toda recuperación de la crisis generada por el coronavirus debe pasar primero por superar la pandemia, ha advertido Von der Leyen en una intervención ante el pleno del Parlamento europeo, para después recordar que será necesario que llegar a al menos el 70% de la población europea vacunada para poder frenar la propagación del virus.

También ha defendido que la UE ha comprado "más que suficientes" dosis para cumplir con la campaña de inmunización de los ciudadanos en todos los Estados miembro, por lo que el bloque podrá después dar parte de las vacunas a otros países más vulnerables en el exterior.

"Nadie debe pensar que estamos ya fuera de peligro, no cuando más de 3.000 europeos cada día o cuando los contagios y hospitalizaciones siguen aumentando en algunos Estados miembro", ha insistido la política alemana, que con todo ha defendido que hay "esperanza" y que la vacuna es prueba de que también hay buenas noticias.

Von der Leyen ha recordado además que el próximo lunes la primera candidata, la de Pfizer y BioNtech, "será autorizada" el próximo lunes por la EMA, con lo que la administración de la vacuna podrá comenzar "inmediatamente".

Una vez que la agencia europea dé su visto bueno aún será necesario que la Comisión Europea dé luz verde a la vacuna, pero Bruselas ya ha dicho que ha agilizado todos los procedimientos para que esa fase que normalmente lleva meses se pueda concluir en apenas tres días.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha asegurado este miércoles que el 14 de febrero habrá elecciones en Cataluña, y que para ello el 22 de diciembre firmará "el decreto de convocatoria" de los comicios.

"El 22, yo firmaré el decreto de convocatoria de las elecciones, y deberemos seguir trabajando para garantizar, no sólo la actividad electoral del 14 de febrero, sino también para la actividad de los servicios públicos, sociales y económicos", ha recalcado en la sesión de control en el Parlament en respuesta a la pregunta del líder del PP, Alejandro Fernández.

Todo ello después de que Fernández acusara al presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, de cuestionar que los comicios se puedan celebrar en la fecha prevista, y de reprocharles que se indignaran cuando, tiempo atrás, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, lanzó un "globus sonda" en la misma dirección.

"Cada vez que JxCat les aprieta las tuercas, les tiemblan las piernas. Exigimos que expliquen las condiciones de un eventual aplazamiento, sin ambigüedades. O acabaremos pensando que le tienen más miedo a las urnas que a la propia pandemia", ha apuntado el dirigente popular.

Aragonès le ha afeado que no asistieran a la reunión convocada por el Govern con los grupos en el Parlament para hablar de las elecciones y de los posibles escenarios en los que podrían posponerse.

El vicepresidente del Govern también ha replicado a Fernández que no tienen miedo a las urnas, y ha recordado que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell hace mil días que está en la prisión "por la defensa de las urnas, del parlamentarismo y por hacer de presidenta de este Parlament".

"Las urnas siempre y sobre todo. También sobre las cuestiones que no les gustan a ustedes, como el referéndum de autodeterminación", ha zanjado.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que la posición del líder del PP, Pablo Casado, deja claro que no va a acceder a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que gane las elecciones y, por tanto, deja como opción "adaptar la ley al presente" para cumplir el mandato judicial.

Así lo ha indicado en Twitter tras escuchar la intervención de Casado en el Pleno del Congreso, quien ha insistido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus condiciones para renovar el órgano del Poder Judicial y dejar fuera a Unidas Podemos de este proceso.

Esta posición, a juicio de Iglesias, deja dos opciones. La primera, asumir que el CGPJ "no se va a renovar hasta que la derecha gane unas elecciones y tenga mayoría en el parlamento" o "adaptar la ley al presente para cumplir la Constitución".

Ayer el Pleno del Congreso dio luz verde a la toma en consideración de la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del CGPJ mientras funcione con su mandato caducado, iniciativa que recibió el voto en contra del PP, Vox y Ciudadanos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha regulado la concesión de subvenciones directas por un valor global de hasta 30,6 millones de euros a CEOE, Cepyme y UGT para la realización de acciones formativas de digitalización aplicadas al sector productivo.

Así lo recoge este miércoles un Real Decreto-ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se precisa que estas acciones formativas irán destinadas a formar, en el primer año, a 125.000 trabajadores de cualquier ámbito o sector y sin requisito de pertenencia o afiliación a ninguna de las organizaciones beneficiarias.

En concreto, la norma contempla una subvención directa por un importe máximo de 15,3 millones de euros a la CEOE para la formación en digitalización de 62.500 trabajadores; de 5,1 millones a Cepyme para formar 20.833 trabajadores, y de 10,2 millones a UGT para impartir formación a 41.667 trabajadores.

Los trabajadores participantes en esta acción formativa podrán tener la condición de ocupados por cuenta ajena o por cuenta propia, incluyendo los trabajadores que mantengan una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas.

Se dará prioridad a la participación de los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y una de las condiciones exigibles para tener acceso a la subvención es que exista un mínimo del 20% de mujeres inscritas en la acción formativa.

El importe máximo de la subvención por alumno, entendiendo como tal el que complete al menos el 80% de la formación, será de 245 euros. Para aquel alumnado que no complete el 80% del tiempo estimado de la formación se considerará como imputable al proyecto y gasto justificable un 10% del máximo previsto, equivalente a 24,5 euros.

Las organizaciones beneficiarias de la subvención tendrán que desarrollar y ejecutar una acción formativa en digitalización aplicada al sector productivo, con metodología de formación virtual tutorizada, y con el temario y contenidos que apruebe la Secretaría General de Formación Profesional, con carácter de proyecto piloto.

Esta acción formativa tendrá una duración de 30 horas, responderá a los contenidos de una Unidad de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y será acreditable en el Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Asimismo, esta acción formativa se acompañará de un proceso simultáneo de diagnóstico de las necesidades de formación en el ámbito de la digitalización que permita la evaluación de las acciones formativas actuales y la planificación de las futuras.

Según el Gobierno, la envergadura de esta actuación requiere contar con los representantes naturales de los trabajadores y de sus empresas y la canalización de estas subvenciones a través de ellos supone "una garantía para una adecuada consecución de los objetivos de cualificación de los trabajadores en materia de digitalización aplicada".

Educación explica que en la Mesa de Diálogo Social para la Formación Profesional se abrió esta convocatoria a la participación de todos los representantes presentes en la misma, pero que fueron CEOE, Cepyme y UGT las que manifestaron "su disposición, estructura y capacidad actual para participar en un proyecto de esta envergadura".

El Ministerio estima que concurren circunstancias excepcionales que acreditan las razones de interés público para la aprobación de estas ayudas como subvenciones de concesión directa, pues "la digitalización del sector productivo resulta crucial para impulsar la competitividad empresarial, la cualificación de los trabajadores y trabajadoras y la empleabilidad de jóvenes y mujeres", un asunto que, a su juicio, "reviste especial urgencia de cara a la recuperación de la economía española tras la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

Además, argumenta que en este caso "no se puede iniciar un procedimiento de concurrencia competitiva" debido a que se trata de entidades que prestan una serie de servicios fuera del mercado, sin ánimo de lucro, ni existen otras posibles perceptoras de tales fondos, dada la posición única que ostentan estos interlocutores sociales.

Estas subvenciones se enmarcan en el Plan para la modernización de la Formación Profesional, en el que se plantea una actuación que formará a 125.000 personas anualmente durante 4 años, mediante un módulo de 30 horas de digitalización aplicada a su sector productivo y puesto de trabajo.

Las ayudas serán compatibles con la percepción de cualquier otra o subvención proveniente de Administraciones locales, regionales, nacionales, supranacionales o internacionales, salvo para las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos. En todo caso, el montante total en caso de que concurrieran varias ayudas o subvenciones no podrá superar el valor total del gasto realizado.

La propuesta de pago de las subvenciones previstas a las entidades beneficiarias se podrá efectuar con carácter anticipado a su justificación. La realización de las actividades para las que se haya concedido la subvención tendrá que justificarse en el primer trimestre del año siguiente al de la finalización de la ejecución de las acciones.

La filósofa Adela Cortina, creadora del término 'aporofobia' (odio a los pobres) ha pedido "erradicar la gerontofobia (odio a los ancianos) y el edadismo (discriminación a mayores por razón de su edad)", que han surgido en la sociedad con más fuerza durante la pandemia, porque es "inmoral y poco inteligente".

"Sugiero erradicar la gerontofobia y el edadismo, porque son inmorales y porque son poco inteligentes, por no decir algo más insultante", ha advertido Cortina este miércoles 16 de diciembre durante su intervención en el Seminario Académico 2020 sobre Envejecimiento y COVID19 organizado por Deusto Business School y Fundación MAPFRE, a través del nuevo Centro de Investigación Ageingnomics.

Durante su ponencia, titulada 'Ética del envejecimiento en tiempos de pandemia', Adela Cortina ha recordado que, aunque la gerontofobia no se ha aprobado para incluirse como agravante en el Código Penal --como sí ha conseguido la aporofobia--, "solo el hecho de que se planteara quiere decir que hay algo discriminatorio contra los ancianos".

Eso es una patología social, una lacra, es imposible que una sociedad medianamente digna discrimine a gente porque a los supremacistas les parece repelente por una característica", ha avisado.

Entre los motivos por los que este tema de la gerontofobia y el edadismo ha salido "con más fuerza" a raíz de la pandemia de la Covid-19, Cortina ha apuntado: la división de horarios para salir a la calle por grupo de edad durante la desescalada, pues "a la gente le quedó la idea de que no tiene que haber relación entre grupos de edad", o la no derivación a hospitales de los mayores en los peores momentos de la pandemia.

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 363.461 casos confirmados acumulados de coronavirus -330.993 con una prueba PCR o test de antígenos-, 2.112 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.494, que son 62 más que los registrados el martes: 10.208 en hospital o centro sociosanitario, 4.353 en residencia, 971 en domicilio y 962 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.476, lo que supone un descenso de 35 respecto al último recuento.

Un total de 345 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) --de centros públicos y privados--, seis menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sigue por encima de 1 y ha subido hasta 1,22, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 215,01 por cada 100.000 habitantes. La tasa del riesgo de rebrote ha subido: el martes alcanzaba un nivel de 219, y 24 horas después está en 245.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 26.286 personas que han dado positivo, de las que 7.544 han muerto y 96 se encuentran actualmente ingresadas.

POR COMARCAS

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 118.676 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 6.560 muertes, mientras que actualmente hay 408 pacientes ingresados; el riesgo de rebrote es de 248.

En Osona (Barcelona) se han contabilizado 10.447 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 495 muertes, mientras que actualmente hay 26 pacientes ingresados; el riesgo de rebrote es de 447.

En el Baix Llobregat (Barcelona) se han registrado 36.849 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 1.803 muertes; actualmente hay 113 pacientes ingresados, mientras que el riesgo de rebrote es de 183.

En el Gironès (Girona) se han registrado 11.412 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 285 muertes; actualmente hay 44 pacientes ingresados, mientras que el riesgo de rebrote es de 314.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha llamado a la ciudadanía a "mantener el mismo nivel de compromiso" para "no volver atrás" en la lucha contra la pandemia y ha advertido de que su "compromiso y esfuerzo personal es vital, porque ayuda a salvar vidas".

Además, ha afirmado que el Gobierno que preside, que ya ha cumplido 100 días, "ha afrontado con todos los medios y determinación la 'prioridad covid'". "Pero podemos decir que no hemos sufrido el 'eclipse covid'", ha añadido.

Durante su intervención en el Foro El Correo, desarrollado este miércoles en Bilbao, el presidente del Gobierno vasco ha aludido a la emergencia sanitaria del covid y su evolución desde que el pasado 11 de marzo se declaró la situación de pandemia. "Han pasado diez meses. Nuestras vidas han cambiado y, sin duda, cambiarán de cara al futuro", ha dicho.

Iñigo Urkullu ha destacado, en una situación "inédita, totalmente desconocida", el comportamiento "ejemplar" de la gran mayoría de la sociedad a la hora de sobrellevar esta situación de "extrema gravedad".

Tras recordar la superación de la primera ola, "combinando un estricto confinamiento domiciliario para aliviar la presión sanitaria, con otras medidas más flexibles que también condicionaron la vida social", se ha mostrado convencido de que "poco a poco, con grandes dificultades" se ha revertido una situación sanitaria para la que "nadie estaba preparado en el mundo" y se ha logrado "retomar la actividad".

Según el Lehendakari, estos 10 meses de pandemia "han estado cargados de incertidumbre, preocupación y tensión". "Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles y comprometidas. Lo hemos hecho con equilibrio y proporción, tratando de evitar un nuevo confinamiento domiciliario", ha indicado.

Tras recordar a "todas las personas fallecidas y sus familias", ha reconocido la labor de los profesionales de todos los servicios esenciales, con mención especial a la primera línea sanitaria y socio-sanitaria.

El Lehendakari ha advertido de que, aunque "situación sanitaria mejora" la incertidumbre "se mantiene". Por ello, el pasado 6 de noviembre las instituciones vascas decidieron adoptar "nuevas medidas restrictivas".

"La evolución está siendo positiva. La Tasa de Incidencia Acumulada que había ascendido hasta los 850 por 100.000 habitantes, se sitúa hoy cerca de los 300", ha citado.

Por otra parte, ha vuelto a dirigirse a "las personas" porque "la prevención está en la conciencia de cada persona". "Me dirijo a las personas y familias que han conseguido un gran logro y deben mantener el mismo nivel de compromiso para no volver atrás. Es fundamental ser conscientes de que nuestro compromiso y esfuerzo personal es vital, porque ayuda a salvar vidas", ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles de que si es necesario por la evolución de la pandemia, el Gobierno propondrá a las comunidades autónomas endurecer el plan para las fechas Navideñas aprobado hace unas semanas y ha llamado a "no bajar la guardia" ante el virus.

"No podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia", ha insistido el jefe del Ejecutivo en su comparecencia ante el Pleno para hacer un primer balance del segundo estado de alarma.

En este contexto, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento para "no tirar todo por la borda", remarcando que depende de la responsabilidad de la ciudadanía "no abrir una tercer ola".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que la decisión del Tribunal Supremo de ordenar a la Audiencia Nacional repetir el juicio del 'caso Bateragune' es un "Altsasu político" y cree que se ha cometido prevaricación. No obstante, ha asegurado que "no da por hecho" que se vaya a repetir.

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, Otegi ha afirmado que está "más enfadado que indignado" por la decisión del alto Tribunal, y ha señalado que no es que no se esperase esa decisión porque estar en los tribunales españoles supone "un grado de indefensión jurídica".

El dirigente de EH Bildu ha afirmado que le hace "gracia" que se diga que habrá un tribunal independiente "como si eso fuera posible para independentistas vascos y catalanes".

Otegi ha indicado que no sabían "hasta que punto se podrían retorcer" los fundamentos jurídicos y ha coincidido con la opinión expresada por el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, de que esta decisión "es un claro ejemplo de prevaricación".

El coordinador de EH Bildu ha indicado que la decisión del TS incumple la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establecía que se podía repetir el juicio a instancias del interesado, en este caso, él.

Otegi, tras insistir en que en los tribunales españoles puede "pasar cualquier cosa", ha indicado que ahora les toca a ellos "mover pieza", subrayando que habrá que ver si se repite el juicio porque no lo da por hecho, ya que todavía hay "recursos por hacer".

El líder de EH Bildu ha afirmado que no te pueden juzgar "dos veces por la misma causa" y cree que hay un impulso político en este caso porque "no soportan que hace diez años estuvieran "donde estaban y hoy "aprobando" los PGE. A su juicio, esta decisión es una "enmienda a la totalidad a los presupuestos".

Otegi cree que hay un objetivo primero, que es "criminalizar" el liderazgo de la izquierda independentista. El dirigente de la izquierda abertzale ha señalado que decir que un tribunal no es imparcial, como señaló el Tribunal de Estrasburgo, "no es un defecto procesal" sino que es algo "grave", que "retrata la justicia española".

Ha añadido que el Tribunal de Estrasburgo le ha dado la razón dos veces y, "como se empeñen, habrá una tercera". El dirigente de EH Bildu ha calificado de "Altsasu político" la decisión del Tribunal Supremo y cree que existe una "persecución" que "no tiene nada que ver con criterios jurídicos sino políticos".

Otegi ha aludido a cómo se desarrollo la transición y ha afirmado que los señores que "dictaban sentencias del Tribunal del Orden Público de repente se convierten en demócratas y son los que ocupan puestos en el Tribunal Supremo" y también ha citado a los exmilitares del chat, señalando que hasta hace poco tiempo estaban en activo.

SALIDA AUTORITARIA DE LAS TOGAS

A su juicio, ese régimen está en crisis y hay un intento de salida "autoritaria" por parte del "trío de Colón", al que se ha sumado "el gobierno de las togas".

Según ha manifestado, al final, el Gobierno ha optado por el bloque de la investidura para sacar adelante las cuentas y "se les hace insoportable a algunos". A su juicio, el hecho de que ahora EH Bildu esté "jugando una partida importante" en el Estado también se les "hace insoportable" y les quieren "quitar de la circulación antes para que no hubiera paz y ahora para que EH Bildu no sea determinante".

Asimismo, cree que también se está "mirando a Cataluña" para decir: "perder a esperanza" porque "aquí está el gobierno de los jueces". Otegi, que cree que hay quien "sin ETA no tiene discurso político" ha añadido que, cuando la derecha pierde las elecciones, se "refugia en los aparatos de Estado y condiciona la vida política".

Preguntado por las reacciones personales que ha podido recibir, ha indicado que del Gobierno central "no ha recibido". "Quizá la de Pablo, pero no me acuerdo bien, porque ha sido una locura", ha añadido.

Agentes de la Guardia Civil han localizado al conductor de un vehículo al que se le investiga por transportar una farola en el interior del turismo por una carretera de la provincia de Cádiz, de modo que gran parte del aparato luminario salía por la ventanilla del copiloto, poniendo en riesgo su propia seguridad y la del resto de vehículos que circulaban por la misma vía.

Según ha informado la Guardia Civil, tras difundirse un vídeo por distintas redes sociales en el que se puede ver un turismo de color blanco con la farola, que va desde el maletero de vehículo y sale por la ventanilla del copiloto algo más de un par de metros, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico abrió una investigación para la localización del conductor.

Circula con una farola metida en el coche por una autovía de Cádiz. Que pocas luces tiene, y nunca mejor dicho. pic.twitter.com/stqWCQhbw7

— Alerta Zeta 👮‍♂️🇪🇸 (@AlertaZeta) December 15, 2020

Finalmente, los agentes han podido localizarlo, a pesar de que en el vídeo no se ve la matrícula al ser tapada por el pie de la farola, y el conductor ha quedado como investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.

Las imágenes fueron grabadas por uno de los ocupantes de un vehículo que iba detrás, diciendo que "eso es lo nunca visto", y a la vez mostraba su sorpresa porque el conductor del vehículo iba además por el carril de la izquierda adelantando a otros turismos que circulaban por la autovía.