El Gobierno se ha convertido en la institución más cuestionada por la ciudadanía en la crisis del coronavirus, seguido de los medios de comunicación y de los Ejecutivos autonómicos, según se desprende del estudio especial sobre los efectos y consecuencias de la emergencia sanitaria realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Según la encuesta, publicada este miércoles, el 60% de las personas consultadas tiene ahora peor opinión sobre el Gobierno de coalición que antes de la pandemia y sólo el 18,2% le valora más tras su gestión de la crisis.

SÓLO LOS VOTANTES DE PODEMOS E INDEPENDENTISTAS VEN MEJOR AL GOBIERNO

La percepción sobre el Ejecutivo central ha empeorado entre los votantes de todos los partidos, salvo los de Unidas Podemos, sus confluencias y las formaciones independentistas y nacionalistas. En el caso de los seguidores de los de Pablo Iglesias, un 45,2% confiesa ver al Gobierno ahora con mejores ojos que antes, frente al 26,3% que se muestra más crítico.

Entre quienes apoyaron al PSOE en las últimas generales, en cambio, los que han empeorado su opinión sobre el Gobierno superan en dos puntos a los que la han mejorado (37,7% frente al 35,3%)

Los medios de comunicación se colocan en la segunda plaza, con críticas del 47,7% de los entrevistados, frente a un 23% que asegura haber mejorado su opinión sobre los mismos desde el pasado mes de marzo.

Y les siguen de cerca los Gobiernos autonómicos, cuestionados por el 47,1% y a los que sólo 'salvan' el 27%. Según el recuerdo de voto, consultado por Europa Press, entre quienes más ha empeorado la visión sobre los mismos destacan los votantes de Más País (77%), Ciudadanos (63,1%) y Vox (56,2%).

Respecto a los gobiernos locales, los porcentajes están igualados, aunque también son más los que dicen haber empeorado su opinión sobre los mismos (35%) que los que la han mejorado (31,2%). Los votantes de Vox (48,8%) y los de Ciudadanos (44,4%) son los que más fallos ven en la gestión de los ayuntamientos.

NO SE PREGUNTA SOBRE LA CORONA

La encuesta, en la que el CIS no ha pedido valoración sobre la Corona, también refleja que la crisis ha beneficiado la visión sobre las organizaciones no gubernamentales, ahora mejor vistas para el 60,5% y que se sitúan como las más valoradas.

También salen bien paradas la Policía Nacional y la Guardia Civil, ahora mejor valoradas por 54,8% --a la primera la critica el 11,7% y a la segunda el 10,3%--, a las que sigue muy de cerca el personal docente, con porcentajes positivos del 54,6%, y al que sólo pone pegas el 16,6%.

Tras el sector de la educación aparece el Ejército, mejor valorado ahora por el 52% y con una contestación del 8,6%. Por su parte, la Policía Municipal es ahora mejor vista por el 50% y sólo el 14,2% dice tener peor percepción sobre su labor. Peores datos registran las policías autonómicas, aunque también ha mejorado la percepción de las mismas (35,3%, frente a 9,5%).

LOS DE VOX, LOS QUE MÁS CUESTIONAN LA SANIDAD

El 49,4% tiene ahora mejor concepción del sistema sanitario que antes, aunque hay un 34,1% que ha empeorado su opinión sobre el mismo. En este caso destacan los votantes de Vox, entre los que, al contrario que los del resto de partidos, son más quienes descalifican a este sector (47,5%) que quienes lo elogian (36,9%).

También ha mejorado en general la percepción de la Unión Europea, a la que un 37,5% valora ahora más que antes, frente a un 25% que opina lo contrario. Eso sí, si se mira el recuerdo de voto se comprueba que sólo en el caso del PSOE son más los que mejoran la opinión sobre la UE (33,1%) que los que la empeoran (31,9%).

Un 78% de los mayores de 60 años se informa a través de la televisión, el medio más usado para tal fin seguido de los periódicos digitales (48%) y la radio (45%), según una encuesta realizada por GAD3 en colaboración con la Fundación AXA para el foro independiente de debate 'Periodismo 2030'.

Los resultados de esta investigación, a la que ha tenido acceso Europa Press, apuntan que las redes sociales son las favoritas de los jóvenes de menos de 30 años a la hora de buscar noticias.

No obstante, el estudio destaca que la influencia de estas redes decrece en función de la edad de los encuestados. Así, un 34% de los sondeados entre 50 y 60 años asegura informarse por estas redes, mientras que las personas de 18 a 20 años lo hacen en un 51%; las de 30 a 39 años, en un 47%; y las de 40 a 49 años, en un 43%.

Más de la mitad de los jóvenes (51%) se informa a través de las redes sociales, seguidas de la televisión (49%) y los periódicos digitales (28%).

En lo referente a las fuentes de información, un 90% de los encuestados dice estar bien informado. Además, el estudio señala que los jóvenes de entre 18 y 29 años parecen (12% frente a 8%) estar peor informados, en general, que sus mayores.

Según los autores del estudio, los jóvenes ven algo menos la televisión, acuden más a las redes sociales para informarse y leen menos periódicos digitales, escuchan menos la radio y leen muchos menos periódicos de papel que los mayores de entre 40 y 60 años.

RRSS, CULPADAS DE PROPAGAR 'FAKE NEWS'

Por otro lado, el informe indica que un 51% de los jóvenes de entre 18 y 39 años y un 64% de los encuestados en la franja de edad de entre 40 y 49 años cumplan, principalmente, a las redes sociales de propagar 'fake news'.

Los datos de este macrosondeo, realizado a una muestra de 4.300 personas en toda España, indican que la prensa escrita de papel prácticamente carece de clientela (algo inferior al 10%) entre los ciudadanos de menos de 20 años, y entre los de más de 60 años no pasa del 16%. No obstante, son los que mayor credibilidad merecen a los mayores (6,3 sobre 10), tras la radio (6,8), por encima de la televisión y de los portales digitales (5,9).

"Los medios en papel, que se hallan en proceso de transformación, siguen teniendo un indudable futuro en el panorama mediático español, aunque en cada vez más dura pugna con los digitales y las redes sociales", explican los autores del estudio.

En este sentido, argumentan que el consumidor de noticias se muestra más interesado por la información local que por ninguna otra, y es en este aspecto en el que más se centran los medios de papel. El 76% de los jóvenes de 18 a 20 años dice estar interesado por la información local, frente al casi 90% de los mayores de 60 años.

El informe revela que la televisión sigue siendo la principal fuente de información en todas las edades, si bien se pasa del 49% entre los más jóvenes, de 18 a 20 años, a cerca del 80% entre los mayores de 60 años. La credibilidad de la televisión (5,9 sobre 10) es menor que la de la radio (6,8) y la prensa de papel (6,3).

Finalmente, la investigación muestra que la prensa digital de pago "no parece haber cuajado aún en ninguna franja de edad" ya que no más del 8% de los encuestados dice acudir a estos 'muros' para obtener una información más en profundidad.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha elevado de 13.150 a 25.000 euros la indemnización que deberán pagar los cuatro acusados miembros del grupo de WhatsApp de 'La Manada' que fueron juzgados en Córdoba en noviembre de 2019 por abusar sexualmente en mayo del año 2016 de una joven en la localidad de Pozoblanco y de grabar los hechos con un teléfono móvil propiedad de uno de ellos.

En concreto, los magistrados han desestimado los recursos de apelación interpuestos por el abogado defensor de los procesados y el de la acusación popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, al tiempo que ha estimado en parte el recurso de la acusación particular, que representa a la víctima.

Así lo ha dado a conocer en la lectura del fallo de la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el ponente del recurso, el juez José Carlos Romero Roa, en presencia de procuradores, al no asistir los letrados, ni tampoco los acusados, internos en prisión tras la violación de los Sanfermines de 2016. Mientras tanto, la Fiscalía se opuso a todos los recursos.

Al respecto, la Audiencia ha revocado la sentencia en el sentido de fijar la indemnización por daño moral a la víctima en 25.000 euros, de los que responderán cada uno de los cuatro acusados en un 25% solidariamente hasta alcanzar los 20.000 euros, a la vez que el procesado J.A.P.M. deberá hacer frente a 5.000 euros, por difundir el vídeo.

Por otra parte, se confirma "en todos sus demás pronunciamientos" la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba que condena a dos años y diez meses de cárcel a tres de los cuatro acusados y al cuarto le impone una pena de cuatro años y seis meses de prisión al considerar probado que fue quien difundió las imágenes grabadas a través de dos grupos de WhatsApp de los que formaban parte tanto los acusados, como terceras personas ajenas a los hechos enjuiciados.

En relación al recurso de la defensa, que pedía la absolución y subsidiariamente condenas por delitos leves de maltrato, contra la intimidad y la integridad moral, remarcando que la prueba del vídeo se ha obtenido de forma "ilícita", entre otros aspectos, los jueces destacan que los acusados prestaron "un consentimiento expreso y libre" para entregar sus móviles en la causa de Pamplona y "en el consentimiento no existió una limitación concreta o determinada para lo que sirviera a la aclaración de los hechos".

Al hilo, indican que "ante hechos de tan grave trascendencia --los de Pamplona--, se hace preciso bucear y contrastar, no ya respecto de la existencia de otros hechos similares pero distintos, sino en búsqueda de cualesquiera datos que sirvan de prueba de refuerzo o de indicio de los hechos investigados".

Además, aseveran que "en este caso no puede señalarse que nos encontremos ante una investigación meramente prospectiva, sino ante un hallazgo que se produce en el contexto de la investigación de la causa principal", y abundan en que "en ningún caso la investigación de los terminales para buscar datos o indicios que pudieran ser relevantes a la investigación puede considerarse prospectiva, sino que es el trabajo mismo de investigación de los agentes que tienen como labor el esclarecimiento de los hechos y, en este aspecto, claramente, venía avalada por la propia entrega de los terminales de forma voluntaria a los fines de la investigación".

Y agregan que "el Juzgado de Pamplona tampoco limita o acota de forma precisa la investigación a los agentes"; que "la propia naturaleza de la investigación y la gravedad de los hechos justifica la prospección de los terminales en busca de datos, no ya que avalen la culpabilidad, sino que puedan avalar la inocencia", y que "la falta de recuerdo de las imágenes de Pozoblanco, es decir, el descuido o negligencia de los autorizantes, no puede afectar al consentimiento previamente prestado". Así, apostillan que "no puede apreciarse vulneración de ningún derecho constitucional".

Igualmente, indican que "la actuación que se observa en el vídeo es conjunta" y "más allá de lo que previamente pudieran haber ideado los acusados, que en su arcano queda, lo que demuestran las imágenes es que, aprovechándose de la situación de la víctima, todos intervienen de alguna u otra forma", en "una acción conjunta que integra un delito de abuso sexual y no de maltrato", todo ello "en estado de sueño" de la joven que "le impedía prestar consentimiento", según exponen.

"LA REVICTIMIZACIÓN SECUNDARIA"

En cuanto al recurso de la acusación particular, que discrepa de la indemnización, entre otros puntos, pidiendo 80.000 euros, los magistrados apuntan que "la indemnización debe ser elevada" ante "la revictimización secundaria" en los hechos derivados del "ataque contra la libertad sexual, su grabación y difusión posterior a terceros", todo ello en la cantidad de 25.000 euros, que califican como "razonable" en relación a lo solicitado y "no es desproporcionada" en relación a los hechos expuestos.

Según explican, en la responsabilidad civil debería haber una cuota distinta para los condenados, porque "cuando se pone el acento en la difusión como elemento esencial para determinar la responsabilidad civil y solo uno de los acusados ha resultado condenado, la responsabilidad a abonar debería afectarle con mucha mayor intensidad que a los demás", a los que "de forma directa no cabe atribuirles esta responsabilidad".

Y sobre el recurso de la acusación popular, que considera que las penas y la responsabilidad civil no son "acordes con la gravedad de los hechos", de hecho cree que uno de los condenados cometió un delito de agresión sexual, los jueces expresan que "no cabe condena alguna por delito más grave de por el que han sido condenados", a lo que añaden que la parte no incluyó tal calificación en su escrito de acusación, por lo que precisan que "no es sólo un problema de falta de prueba".

CONDENAS

En la sentencia del Penal 1, el magistrado condena a cada uno de los cuatro por delito de abusos sexuales a un año y seis meses de prisión, la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante cuatro años y libertad vigilada consistente en la fijación de estas mismas prohibiciones durante un año a cumplir tras la pena de cárcel.

El juez explica que el delito de abusos sexuales del artículo 181.1 del Código Penal contempla una pena de uno a tres años de prisión o multa de 18 a 24 meses, precisando que, en este caso concreto, "las circunstancias personales de los acusados, quienes con posterioridad a estos hechos llevaron a cabo una conducta ilícita de mayor gravedad aún, los hechos cometidos en Pamplona y cuya notoriedad pública ha sido muy importante, llevan a considerar que la consecución de los fines de prevención especial de la pena determinan la necesidad de una pena en extensión superior al mínimo legal", imponiendo así a cada uno de ellos un año y medio de prisión por dicho delito.

Asimismo, condena a tres de los acusados a un año y cuatro meses de cárcel, multa de 3.600 euros y la prohibición de comunicarse o acercarse a una distancia inferior a 500 metros de la joven por cuatro años por un delito contra la intimidad, por el que impone al cuarto de los encausados, J.A.P.M., tres años de prisión y la misma prohibición de comunicación y aproximación al aplicar en este caso el subtipo agravado por la difusión de las imágenes a través de los grupos de WhatsApp.

El juez condena a A.J.C.E. al pago de multa de 240 euros por un delito leve de maltrato. Y en concepto de responsabilidad civil, se fijaba que los cuatro deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 13.150 euros --10.000 euros por el perjuicio moral causado y 3.150 euros por los días durante los que sufrió un perjuicio personal básico--. Contra la sentencia de la Audiencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

SEO/BirdLife ha puesto en marcha el Proyecto Fénix para el estudio de aves en el área afectada por el incendio forestal de Las Peñuelas, que se inició el 24 de junio de 2017 y se declaró controlado el 27 de junio y que tuvo un perímetro total de 10.344 hectáreas. De ellas, 7.391 hectáreas se encuentran incluidas en el Espacio Natural de Doñana debido a su alto valor natural, sufriendo entonces un elevado grado de afección sobre una gran diversidad de hábitats y comunidades de flora y fauna.

Este proyecto de ciencia ciudadana realizará el seguimiento y evolución de las comunidades de aves tras el incendio de Las Peñuelas, según han informado desde esta entidad en una nota de prensa.Además, busca hacer protagonistas a los habitantes de los municipios afectados a través del voluntariado ambiental.

Por su parte, han recordado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible lidera el Plan de Restauración de los Montes Públicos Afectados por el Incendio Forestal de las Peñuelas 2017, un plan de restauración multidisciplinar de amplio consenso que promueve la colaboración entre entidades y la participación social. Por otra parte, entre las directrices propuestas para la restauración se promueve el seguimiento de la fauna y su evolución en los distintos ecosistemas.

Así, SEO/BirdLife, en colaboración con el Espacio Natural de Doñana, pone en marcha el Proyecto Fénix, un programa de ciencia ciudadana vinculado a zonas del Espacio Natural de Doñana afectadas por el incendio. El objetivo de este proyecto es desarrollar durante los próximos años un programa de actividades de ciencia ciudadana que integre la participación social con la recopilación de datos sistemáticos durante jornadas de trabajo de campo.

Además, se promoverán acciones de voluntariado ambiental con base ecológica, haciendo partícipe a la población local en las acciones de seguimiento y restauración ambiental.

En el marco del Proyecto Fénix, SEO/BirdLife realizará muestreos de avifauna para conocer la evolución de la comunidad de aves y los cambios en el uso del espacio por las especies, así como el posible papel de las aves en la dispersión y regeneración del ecosistema.

El técnico de SEO/BirdLife en Doñana y responsable del programa, Carlos Molina, ha indicado que "se van a obtener datos que permitirán conocer el modo en que evolucionan, tras un incendio, las comunidades de aves en una unidad ambiental tan frágil y de tanto valor ambiental en la que hay representados varios hábitats de interés comunitario".

Igualmente, obtendrán información sobre el papel que ejercen estas aves como dispersoras de semillas, "un servicio ecosistémico esencial para la recuperación de las áreas afectadas".

De forma paralela se va a desarrollar un programa de actividades de voluntariado ambiental dirigido a la restauración ecológica en el entorno del arroyo de Las Combas, que incluye la reforestación con especies autóctonas, colocación y seguimiento de cajas nido para aves forestales, así como colocación de comederos para fomentar la dispersión natural de especies vegetales.

El responsable de la oficina técnica de SEO/BirdLife en Doñana, Carlos Dávila, ha apuntado que "son los propios habitantes de los municipios afectados por el incendio los que deben sentirse protagonistas en la restauración de su paisaje, por lo que buscaremos la participación de la comunidad local a lo largo de todo el proyecto de ciencia ciudadana".

Para el Espacio Natural de Doñana "esta experiencia de participación supone un desarrollo de las acciones recogidas en el Plan de Restauración, afianzando el apoyo que entidades de voluntariado como SEO/BirdLife ofrecen en la gestión participativa del espacio protegido", ha concluido.

El XI Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, que organiza la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, cuenta ya con más de 1.600 personas inscritas.

Este encuentro, que ya dispone de un programa de intervenciones definitivo y confirmado, se celebrará por primera vez de forma online debido a las medidas actuales aplicadas en Andalucía con motivo de la Covid-19.

Durante los próximos días 17 y 18 de noviembre, este foro tendrá como tema central sobre el que girarán las diferentes ponencias y mesas redondas el impacto que la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de Covid-19 ha tenido en el ámbito de la violencia de género, "debido al riesgo creado por la situación de confinamiento o por otros factores sociales y económicos que han agravado la situación de las víctimas", según explica en un comunicado la Junta.

Así, durante la tarde del martes 17, además de la inauguración institucional a cargo de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, tendrá lugar una mesa inaugural con el título 'Violencia(s): redes sociales y la construcción postfeminista de la violencia', que ofrecerá la decana de la Facultad de Letras de la Universidad Rovira i Virgili y profesora titular adscrita al Área de Comunicación y Publicidad, Iolanda Tortajada.

Posteriormente, se desarrollará la primera mesa redonda del congreso, en la que el doctor en Sociología de la Universidad de las Islas Baleares, Lluis Ballester; la bogada feminista, Amalia Calderón; y la artista visual experta en género y comunicación, Yolanda Domínguez debatirán sobre 'Violencia de género en los medios de comunicación: ciberviolencias'.

La segunda sesión de este encuentro, en la tarde del miércoles 18, se iniciará con la segunda mesa redonda, en donde se abordarán los 'Efectos económicos y sociales de la Covid-19' a través de las intervenciones del gerente de los Recursos de Emergencia y Casas de Acogida del Instituto Andaluz de la Mujer, Alberto Arnaldo; el director de Cáritas Diocesana Jaén, Rafael López Sidro; y la profesora titular de Antropología Social en el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, Carmen Gregorio.

A continuación, tendrá lugar la conferencia de clausura a cargo del colectivo activista feminista Lastesis bajo el título 'Feminismo, arte y activismo: estrategias políticas en el contexto de la protesta social en Chile', para finalizar el evento con una performance a cargo de la actriz uruguaya Verónica Caissiols. La clausura institucional por parte del director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, Ángel Mora, pondrá el cierre a esta edición.

Dirigido a profesionales que trabajan en el ámbito de la atención a las víctimas de violencia de género, así como a todas las personas y entidades interesadas en materia de igualdad de género y prevención de la violencia machista, el congreso tiene como objetivo "convertirse en un lugar de reflexión y debate sobre las medidas y actuaciones para prevenir y minimizar los efectos negativos de esta pandemia internacional en la vida de las víctimas de esta violencia. La investigación en esta temática tendrá también un papel protagonista en el evento.

MÁS DE 40 ARTÍCULOS

De esta forma, hasta la fecha, el comité científico del congreso ha aceptado un total de 41 artículos y comunicaciones científicas procedentes de diferentes puntos del territorio nacional y de Latinoamérica, de las que un 62% han sido presentadas por mujeres. En los próximos días se comunicará la aceptación o no de algunas propuestas de artículos y comunicaciones adicionales.

En esta edición novedosa en cuanto al formato de participación virtual, jugarán un papel clave las redes sociales, a través de las cuales será posible seguir el congreso en directo y se invitará a participar a las personas inscritas en los debates con el fin de que la experiencia sea más enriquecedora.

En este sentido, otra novedad de esta undécima edición es la apertura del perfil oficial del congreso en Instagram ('https://www.instagram.com/congresoestudiovg/'), que se suma a la página oficial de Facebook ('https://www.facebook.com/CongresoVG') y el perfil oficial de Twitter ('https://twitter.com/11CongresoVG'). Se puede consultar más información en 'http://www.congresoestudioviolenciagenero.es/'.

La Comisión Europea informó en mayo de que no iniciaría procedimientos de infracción contra aquellos países del bloque que decidiesen reducir el IVA de las mascarillas, a pesar de que se trata de una medida que impide la normativa comunitaria vigente sobre este gravamen.

El Gobierno ha anunciado este miércoles una rebaja del IVA de las mascarillas desde el 21% hasta el 4% a partir del martes, una decisión que ha tomado tras consultar a la Dirección General de Fiscalidad del Ejecutivo comunitario.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, Bruselas contestó este martes que la directiva actual no lo permite, pero también que no tiene intención de abrir expedientes contra los Estados miembros que decidan adoptar una modificación en esta dirección.

Sin embargo, esta información ya constaba en un documento con "orientaciones" sobre la aplicación del IVA a productos necesarios para combatir la pandemia de coronavirus que el Ejecutivo comunitario publicó el 5 de mayo este año y está disponible en la página web de la institución desde entonces, según señalan a Europa Press fuentes comunitarias.

De hecho, el texto versa principalmente sobre el tratamiento fiscal de las importaciones de productos sanitarios vitales durante la pandemia, pero Bruselas incluyó la referencia a comercio doméstico del IVA tras haber sido consultada al respecto por algunos Estados miembros.

En el documento, la Comisión Europea reitera que la compraventa en el bloque de estos bienes no puede estar gravada por tipos reducidos o cero del IVA, porque los productos sanitarios no están en la lista de aquellos a los que la normativa permite beneficiarse de un tipo del IVA inferior al general.

Pero a continuación recuerda que hace cuatro años planteó una modificación legislativa que permitiría a todos los países fijar un tipo reducido o nulo a los productos que desearan. Es decir, en la práctica eliminaría la lista de bienes a los que los países pueden gravar con un tipo reducido.

Como todas las propuestas legislativas en materia fiscal, la reforma comunitaria del IVA debe recibir el visto bueno de todos los Estados miembros, algo muy complicado de conseguir, y por eso no ha sido todavía aprobada.

A pesar de ello, Bruselas se remite a un documento también de 2016, en el que ya avanzó su renuncia a iniciar infracciones que "estén en contradicción con la línea adoptada" por una propuesta legislativa presentada por el colegio de comisarios. De esta forma, la Comisión Europea confirmó hace seis meses que no iniciaría procedimientos de infracción contra los gobiernos que optasen por saltarse una normativa comunitaria.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem' propone juzgar al ex comisario jefe del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca y al empresario Francisco Menéndez Rubio en el marco de una pieza separada del caso 'Tándem' por un presunto delito de cohecho y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En un auto con fecha de 10 de noviembre al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda la apertura de procedimiento abreviadoy apunta que el excomisario, quien fuera responsable de la comisaría del aeropuerto de Barajas desde junio de 2006 a enero de 2015, facilitó la entrada de ciudadanos ecuatoguineanos por el aeropuerto a cambio de dádivas que le proporcionaba el empresario Menéndez Rubio.

Según el relato que hace el juez de los hechos, Menéndez Rubio --empresario vinculado con la petrolera nacional de Guinea Ecuatorial Gepetrol-- en el marco de la colaboración con sus clientes ecuatoguineanos para que realizaran negocios ilícitos en España, habría recibido a través de la mercantil Framen Consultores y Asesores más de 21 millones de euros sólo entre 2011 y 2012. Ese dinero habría sido recibido por servicios facturados "que se consideran irreales" ya que el empresario actuó a modo de "cortafuegos para enmascarar el origen del dinero procedente de sus socios guineanos".

El objetivo, añade el magistrado, era "recabar la prestación de servicios de apoyo" para dichos clientes de naturaleza tal que"únicamente se podrían prestar mediante el abuso de la condición policial", para lo que buscó el concurso del entonces comisario Carlos Salamanca.

García-Castellón, en su auto, indica que Menéndez Rubio conoció a Salamanca entre 2011 y 2012 a través de los servicios que éste venía prestando a Fernando Luengo, otro empresario español con negocios en Guinea Ecuatorial y que venía aprovechándose del cargo que ostentaba el comisario al frente de la Comisaría del aeropuerto de Madrid-Barajas "a cambio de dádivas de carácter suntuario".

Y explica que el empresario Menéndez Rubio habría abonado entre 2012 y 2015 a Carlos Salamanca "dádivas de lujo, en dinero y en especie, tanto para él como para sus familiares más cercanos, a fin de facilitar como comisario jefe de la comisaría del aeropuerto de Madrid Barajas, o en recompensa por ello, la entrada ilegal en España de responsables de Gepetrol y de su suegra Sara Blanca Donoso.

TRATAMIENTO VIP PARA LOS GUINEANOS, CON VEHÍCULO OFICIAL

El comisario también habría dispensado tanto al empresario como a sus socios guineanos "un tratamiento VIP consistente en recogerles asu llegada a Madrid en la escalerilla del avión y trasladarlesen vehículos oficiales hasta la salida del aeropuerto, parasustraerles de la preceptiva vigilancia y control de aduanasde España y por tanto de la Unión Europea". De esta manera, les facilitaba "la posibilidad de introducción de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin efectuar la preceptiva declaración de movimientos de medios de pago".

Esos empresarios guineanos carecían de visados, por lo que el comisario facilitaba su entrada ilegal en territorio español "prevaliéndose de su cargo para que se concediera de forma arbitraria la autorización administrativa pertinente". Así, expedía de forma excepcional visados en frontera e "incumplía groseramente" así los requisitos legalmente establecidos.

"Con plena conciencia y para satisfacer los intereses espurios que le eran encomendados, incumplía de forma deliberada y grosera los requisitos exigidos, al ordenar directamente la expedición de los mismos careciendo de competencia para ello, ya que podían otorgarse dichos visados en frontera únicamente por la Comisaría General y cuando concurrieran situaciones de carácter excepcional para resolver situaciones urgentes de tipo humanitario, de interés nacional o derivadas de obligaciones internacionales, las cuales en modo alguno concurrían en los supuestos", señala el auto.

De hecho, se citan algunas de las actuaciones del comisario, como la de marzo de 2012, cuando permitió la entrada ilegal en España de Aracely Tela Mboni, empleada de Gepetrol. O las de 2013 cuando facilitó la entrada ilegal en España a Pergentino Mba Nguema Aleme, miembro de Gepetrol y vinculado estrechamente al ministro de Minas Crispín Edu Tomo Maye --sobrino político del dictador guineano Teodoro Obiang-- también a través de la compañía petrolífera con base en Seychelles GE-GEOLOGY LIMITED.

También permitió el día 23 de julio de 2013 la entrada ilegal enEspaña de la ciudadana de nacionalidad ecuatoriana Sara BlancaDonoso, nacida el 10 de febrero de 1949 y madre de MónicaDolores Delgado Donoso, pareja sentimental de Francisco Menéndez Rubio, recuerda el juez.

EL PORSCHE CAYENNE Y OTRAS DÁDIVAS PARA CARLOS SALAMANCA

En el auto, el juez, además de listar los nombres de las personas que entraron en España por Barajas gracias al comisario, también detalla los regalos que recibió a cambio de sus servicios. Entre ellos destaca que Luengo en 2010 le compró un Porsche Cayenne cuyo valor rondaba los 65.000 euros.

En 2012 también recibió un Porsche Panamera de Menéndez cuyo valor era de más de 116.000 euros y tres relojes de lujo comprados con cargo a las cuentas de Framen Consultores por un valor aproximado de 80.000 euros --cabe recordar que en el registro de su domicilio se le incautaron hasta 61 relojes de los que al menos 14 eran originales y 42 imitaciones--.

También fue premiado el comisario con viajes, como uno a Londres con su mujer con todo pagado, y con la cesión de un palco en el Santiago Bernabeu para disfrutar de los encuentros del Real Madrid en las temporadas disputadas entre 2012 y 2013.

EL MANUSCRITO DEL PROYECTO KING

A lo largo de la instrucción, y gracias a la declaración de Francisco Menéndez, que colaboró con la Justicia, se ha podido concretar que el comisario recibió también entre 2012 y 2015 hasta 135.000 euros en metálico de manos del empresario, a cambio de sus servicios en Barajas.

En el proceso, el empresario también aportó voluntariamente a los investigadores una hoja con anotaciones manuscritas que incluía pagos relacionados con la contratación del 'Proyecto KING'. La nota incluye, mecanografiados, datos sobre cuentas bancarias en elexterior, cuya veracidad se ha demostrado en la instrucción.

A través de esas cuentas se canalizaron parte de los pagos recibidos por el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo. Y van desde una cuenta bancaria de Suiza hasta posiciones bancarias de Panamá y Uruguay tituladas por mercantiles cuyo titular real es Villarejo.

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

El juez, además de la calificación de los delitos de cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, añade para el empresario investigado cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

En concreto subraya que la sociedad Framen Consultores habría ocultado a la Hacienda Pública en sus declaracionesdel Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2011 y 2012 losrendimientos realmente obtenidos en su actividad, consistentes en la realización de gestiones por encargo o por cuenta de terceras personas.

Por su parte, Francisco Menéndez no declaró en el IRPF de los citados ejercicios los rendimientos realmente percibidos en su condición de socio único y administrador de Framen, deduciéndose, además, en el ejercicio 2012, una serie de gastos que deben reputarse falsos.

El juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha decidido archivar la investigación contra varios funcionarios por la escala que hizo el pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, al considerar que la zona de tránsito del mismo no es territorio español.

El juez Antonio Serrano-Arnal ha dictado un auto de sobreseimiento apoyándose en el artículo 25 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, conforme al cual las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos españoles no pueden considerarse territorio español.

La parte del 'Delcygate' que se instruía en este juzgado madrileño partía de querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen. En concreto, el partido de Santiago Abascal se querelló por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia, omisión del deber de perseguir delitos y usurpación de atribuciones.

Serrano-Arnal ha seguido así el criterio de la Fiscalía Provincial, que el pasado 29 de octubre pidió el archivo de la causa, argumentando que Rodríguez había permanecido en la sala de la terminal de aviación ejecutiva, "que como todos los espacios cerrados que preceden al paso por los controles policiales de frontera tiene la consideración de zona de tránsito aeroportuario", y que la dirigente venezolana "no manifestó su intención ni hizo acción alguna encaminada a entrar en territorio nacional"

Contra este auto de sobreseimiento cabe recurso de reforma ante el propio juzgado y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Sin embargo, la autoridad judicial señala que solo pueden impugnar su decisión el Ministerio Fiscal y Vox porque entiende que ni el PP ni Laócratas están personados. Estos dos partidos aún no han depositado sus fianzas porque han recurrido la cantidad fijada por Serrano-Arnal -40.000 y 5.000 euros, respectivamente- por considerarla excesiva.

Pese a ello, fuentes de Laócratas han avanzado su intención de recurrir el archivo del 'Delcygate'. A su juicio, la controversia sobre las fianzas es una cuestión técnica que no puede impedir su personación, a lo que añaden que adoptar una resolución de este calado sin que la Audiencia Provincial haya resuelto aún dicho asunto dejaría al partido en una situación de indefensión.

TAMBIÉN EN EL SUPREMO

El 'Delcygate' también está en el Tribunal Supremo (TS) por las querellas presentadas por Vox y Laócratas contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por un presunto delito de prevaricación, dado que en su calidad de ministro es aforado ante este tribunal.

La Fiscalía del Supremo también envió un informe a la Sala Segunda del TS en la que pide inadmitir estas querellas. A su juicio, no existen "indicios suficientes" de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación, ni de la participación de Ábalos en los mismos, por lo que recomienda igualmente el archivo de las actuaciones.

En su informe, reprocha a los querellantes que no han precisado "mínimamente" la supuesta participación de Ábalos en los hechos que le imputan, afeándoles que su acusación está basada "exclusivamente" en artículos de prensa y en la declaración notarial de un trabajador que "ni siquiera especifica su puesto de trabajo".

Para el Ministerio Público, no existen indicios de que la supuesta intervención de Ábalos "fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático y entrara en evidente contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico".

Y, al igual que la Fiscalía madrileña, recalca que, "al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo".

LA ESCALA EN BARAJAS

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la 'número dos' de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Turquía. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.

Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño -según explicó él posteriormente- para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad la creación de una ponencia que estudie el impacto de género de la crisis sanitaria generada por el Covid19 en España, poniendo el foco en todos los colectivos, incluyendo también a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad.

La moción, impulsada por el PSOE, propone incluir en la ponencia propuestas con perspectiva feminista en las políticas de empleo y reactivación económica, así como en todos los proyectos que se lleven a cabo en el marco del fondo de recuperación europeo en los próximos años.

Sin embargo, para PP y Teruel Exite, este texto era insuficiente y han registrado sendas enmiendas en las que reclaman que se amplíe esta estudio a políticas que tengan que ver con la mujer rural. Además, llaman a especificar en el texto la necesidad de atender a colectivos vulnerables, como son, también, las mujeres con discapacidad. Ambas propuestas han sido aceptadas por el PSOE y votadas en el texto final.

Sin embargo, el debate ha estado protagonizado por un nuevo rifi-rafe entre PSOE y PP por la convocatoria de las manifestaciones del 8M de este año.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

En concreto, la senadora 'popular' Patricia Rodríguez, ha reprochado a los socialistas que la exposición de motivos de la moción comience con el texto: "Desde que comenzó la crisis del coronavirus, la derecha extrema y la extrema derecha ha tratado de utilizar la pandemia como un argumento más de ataque al feminismo señalando como foco de contagio las manifestaciones del 8M". Un comentario que, a su juicio, "se podrían haber ahorrado".

Rodríguez ha señalado que, para la votación de esta moción, el PP ha hecho un "verdadero esfuerzo por abstraerse" de este tipo de comentarios, pero ha insistido en que su partido "siempre" asegurará que la convocatoria del 8M fue "una absoluta irresponsabilidad" del equipo de Sánchez, que "desoyó las alertas sanitarias" y "puso en riesgo" la salud de los manifestantes, en su mayoría mujeres.

La senadora socialista Ana María Agudíez ha insistido en su intervención que las acusaciones del PP "no tienen fundamento", aunque se ha negado a "entrar en las provocaciones" de la 'popular'. "Ella misma de alguna forma se retrata", ha declarado, para añadir que "lamenta el tono" de la senadora en este debate.

Durante la misma sesión, se han aprobado otras dos mociones. Una de ellas, también por unanimidad y registrada por el PP, insta al Gobierno a "seguir poniendo en práctica medidas específicas que, desde la preservación de la seguridad frente al coronavirus, eviten el incremento del riesgo de agresiones por violencia de género" durante la "segunda ola" de esta pandemia.

PRESTACIONES PARA LA CONCILIACIÓN

Además, ha salido adelante, una moción de ERC, por la que se pide al Ejecutivo una prestación para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que hayan ejercido el derecho de reducción de su jornada laboral para la atención a menores, mayores o dependientes a su cargo y que son, en su mayoría mujeres.

El texto también llama a que esta prestación "compense la reducción del salario y sea de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que hayan ejercido los derechos de reducción total o parcial de su jornada laboral" y que "dicha prestación garantice en todo caso el cobro -como mínimo- del Salario Mínimo Interprofesional a las personas afectas por la disminución de su salario".

Esta moción, ha contado con el apoyo de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Más País y la abstención de PSOE, PP, Ciudadanos (que habían solicitado a los republicanos llegar a un acuerdo a través de una enmienda transaccional) y Teruel Existe, que ha considerado que la moción no es suficiente.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acercado a cárceles más próximas al País Vasco a otros cinco presos de ETA, entre ellos a dos condenados por el asesinato en Sevilla del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y de su mujer Ascensión García.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha condenado estos acercamientos, que ya superan el centenar desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, una decisión que enmarcan en la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, contando con el apoyo de EH Bildu.

Entre los cinco etarras acercados están Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite Pedrosa Barrenechea, que pasan de Valencia a la cárcel de Zaragoza. El primero fue condenado a 30 años como responsable del asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril, entre otros asesinatos; y la segunda también por su participación en el crimen del concejal sevillano.

Los otros etarras acercados son José Ángel Lerín Sánchez, Oskarbi Jáuregui Amundarain y Oier Andueza Anchía. Según la AVT, son ya 103 presos de ETA trasladados con el Gobierno de Sánchez, de los que 18 son directamente al País Vasco y Navarra. 25 tienen delitos de sangre y otros 15 han sido progresados al tercer grado o régimen de semilibertad.

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no son buenos, adecuados" al tiempo que ha lamentado que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "tenga una de las llaves del futuro de España".

Todo ello tras conocerse que "a día de hoy", EH Bildu "está en disposición de votar favorablemente" a los presupuestos generales del Estado (PGE) "si las cosas no se tuercen de aquí a cuando se voten".

Para Almeida, "al margen de tramitación de dimes y diretes", ha apuntado que "estos presupuestos no son buenos para España", algo que, asegura "ya ha dicho el Banco de España, la Airef, no son datos fiables, no son los presupuestos adecuados. Se le dijo al Gobierno de España que acuda a mecanismos de estabilidad".

Sobre el posible apoyo de EH Bildu a los presupuestos, el también regidor madrileño ha indicado que "es obvio" que no le gusta que "Otegi sea decisivo en la gobernabilidad de España y que tenga una de las llaves para decidir el futuro de la Nación".

Requerido sobre la regulación de los precios de viviendas en alquiler, Martínez-Almeida ha aseverado que "esa regulación es claramente perjudicial para el arrendamiento", pues "a mayor intervencionismo habrá menos oferta" y por tanto "se dará un aumento de los precios".

La Comunidad de Madrid estima que de aplicarse el 'tope' a los precios del alquiler en la región se retirarían entre 60.000 y 90.000 viviendas del mercado, según proyecciones que siguen el efecto que ha tenido esta medida en capitales europeas como París o Berlín.

"Es un mercado muy sensible donde la gente si ve que hay anuncios de este tipo de intervencionismo lo que hace es retirar su vivienda del mercado, la saca. Al contraerse la oferta se produce un incremento en los precios", ha explicado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en una entrevista en 'Telemadrid'.

Asimismo, al ser preguntado por la puesta en marcha de una medida similar en Cataluña, ha indicado que "los primeros datos" apuntan a un incremento del precio del 3,8%, mientras "en Madrid ha habido una bajada del 2,2%". "Es prematuro para sacar una conclusión, pero no hay duda de que ese será el efecto", ha planteado.

Por último, al ser preguntado por los efectos de la pandemia sobre el mercado de la vivienda, Pérez ha explicado que ha habido efectos a corto plazo -como puede ser la bajada de los alquileres- y otros que intuye que se prolongarán en el tiempo "de forma más estable".

Ha puesto como ejemplo de ello el cambio de intereses de los madrileños a la hora de buscar una vivienda tras haber pasado el confinamiento; en esta línea se ha apreciado que se busca más lugares amplios y el campo, especialmente los municipios rurales.

"Ojalá eso signifique un efecto positivo dentro de la pandemia, que los pueblos que están en situación de despoblación estén recibiendo familias que quieren irse a vivir allí", ha expuesto.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado es el "precio de la degradación moral y política" que paga Pedro Sánchez para mantenerse en el Palacio de la Moncloa. "Nunca un apoyo fue tan caro", ha exclamado.

Así se ha pronunciado después de que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haya afirmado que, "a día de hoy", su formación "está en disposición de votar favorablemente" a las cuentas públicas "si las cosas no se tuercen de aquí a cuando se voten". El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado el anuncio de la formación abertzale.

En declaraciones en el Congreso, tras la intervención en Pleno de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Gamarra ha señalado que ese apoyo demuestra "quiénes son los socios" de Sánchez e Iglesias. "Es el apoyo más caro que ha pagado la sociedad española a unos Presupuestos porque es el precio de la degradación moral y política al que Sánchez está abocando a este país a cambio de mantenerse en la Moncloa", ha enfatizado, para añadir que "nunca un apoyo fue tan caro".

"LOS PRESUPUESTOS MÁS CAROS DE LA HISTORIA PARA LOS ESPAÑOLES"

La dirigente del PP ha recalcado que se trata de los Presupuestos "más caros de la historia de los españoles", tanto por lo que van a tener que pagar de más en 2021 con las subidas de impuestos como en "términos de igualdad y unidad".

Así, ha advertido de que en los PGE "no todo son cifras presupuestarias" porque el Gobierno está llevando a cabo "negociaciones paralelas" para poder sacarlos adelante que son "cesiones al independentismo, al nacionalismo y a los herederos políticos de ETA".

Según ha añadido, esas negociaciones tienen "un coste en el ámbito de la educación, de la lengua y de la división de poderes". "Eso es un precio muy alto que los españoles no deben de pagar", ha enfatizado.

"CONDENAN A ESPAÑA A UN DETERIORO SIN PRECEDENTES"

Gamarra, que ha echado en cara a Montero la "pobreza" y su "poco entusiasmo" en su intervención durante el debate de presupuestos, ha afirmado que estos PGE "condenan a España a un deterioro económico sin precedentes", con "más gasto público, más déficit, más deuda pública y más impuestos, que van a afectar a clases medidas y a personas con menos ingresos". "Y todo ello tendrá una consecuencia directa que se llama más desempleo", ha apostillado.

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular ha indicado que los Presupuestos del Gobierno de coalición se sustentan en datos que "no son ciertos" y que se "alejan de la realidad española" porque el crecimiento en el que se contextualizan, ha dicho, "no se va a producir".

Además, ha avisado de que "no es el momento de subidas de impuestos" sino que se necesita la reactivación económica a través de bajadas de impuestos, como están haciendo otros países. También ha criticado que haya un incremento de gasto público "superfluo" en partidas ministeriales.

"Son unos Presupuestos que lastran la credibilidad de nuestro país. España con este Gobierno es el último país de Europa y estos Presupuestos son los peores Presupuestos para un país europeo", ha aseverado.

EL IVA DE LAS MASCARILLAS

Asimismo, la dirigente del PP ha señalado que la ministra se "enmienda a sí misma" al anunciar durante el debate la bajada del IVA de las mascarillas del 21% al 4% y ha recordado que es una medida que su partido lleva solicitando desde hace ocho meses.

"Ocho meses que llevan mintiendo sobre la imposibilidad de llevarlo a cabo. La última de esas mentiras se producía esta misma mañana cuando se acusaba de prevaricación ante el intento de plantear esta medida", ha manifestado.

Gamarra ha recalcado que en estos ocho meses se ha recaudado con el IVA del 21% "más de mil millones de euros de todos los españoles". "Esa es la cuantía de ocho meses de mentiras en los que se ha sostenido que era posible bajar el IVA. Mientras se mentía, se recaudaba", ha subrayado.

GARCÍA EGEA: "SOLO ACIERTAN CUANDO HACEN CASO A CASADO"

En parecidos términos se ha expresado en Twitter el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha asegurado que "solo aciertan cuando hacen caso a Pablo Casado". Además, ha adjuntado un vídeo de 30 segundos recordando cómo Montero decía que el Reglamento europeo prohibía que se pudiera bajar el IVA de las mascarillas y que incluye también las palabras de la portavoz socialista, Adriana Lastra, en la misma línea.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado que Sánchez "solo acierta cuando rectifica" y ha preguntado cuándo entrará en vigor esa rebaja del IVA de las mascarillas.

El Gobierno subvencionará con 4.000 euros cada contrato indefinido y a tiempo completo que realicen las empresas, según se desprende del borrador de Real Decreto por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.

No obstante, esta cuantía podrá incrementarse hasta los 4.500 euros si la persona contratada es mujer, mayor de 45 años en el caso de las personas con discapacidad o perteneciente a cualquier otro colectivo vulnerable que determine el Servicio Público de Empleo.

Además, la subvención ascenderá a 5.500 euros (6.000 en el caso de mujeres, mayores de 45 años discapacitados o colectivos vulnerables) si los contratados son personas participantes en programas integrales de empleo que sean perceptores de prestación o subsidio por desempleo o el Ingreso Mínimo Vital, o si son personas con discapacidad demandantes de empleo y servicios no ocupadas inscritas en el Servicio Público de Empleo.

La cuantía será de 5.500 euros también cuando los contratos se celebren con personas retornadas del extranjero, con mujeres contratadas en ocupaciones o sectores con presencia mayoritariamente masculina, así como mujeres que lleven más de 24 meses desempleadas después de haber sido madres, o cuando se contrate a mayores de 45 años o a personas pertenecientes a otros colectivos que determinen los servicios públicos de empleo en función de sus objetivos de empleo.

De su lado, el importe ascenderá a 7.000 euros (7.500 euros en algunos casos) cuando se contrate a personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, personas participantes en itinerarios de inserción desarrollados en el marco del programa de inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, mujeres consideradas especialmente vulnerables, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años que sean parados de larga duración o personas pertenecientes a otros colectivos que determinen los servicios públicos de empleo.

Además, el borrador del Real Decreto establece que todas estas subvenciones podrán incrementarse en hasta en 2.000 euros adicionales cuando la contratación indefinida se realice por un autónomo o por una cooperativa o sociedad laboral que contrate a su primer empleado. También se incrementarán en otros 2.000 euros cuando las personas contratadas sean discapacitadas procedentes de un enclave laboral.

Por otro lado, el texto dice que la transformación de temporales en indefinidos, incluidos los contratos formativos, se subvencionará con hasta 4.000 euros, cifra que aumentará hasta los 5.500 euros si la transformación se realiza a trabajadores con discapacidad.

También se explica que en los supuestos de contratación a tiempo parcial, la cuantía de la subvención se reducirá proporcionalmente en función de la jornada establecida, sin que ésta pueda ser inferior al 50% de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable.

Para beneficiarse de la subvención la empresa deberá crear empleo fijo neto, es decir, que deberá aumentar la plantilla fija. Además, la compañía estará obligada a mantener el empleo de la persona a la que contrata con esta subvención por un periodo no inferior a 12 meses.

SUBVENCIONES PARA RETORNAR A ESPAÑA

El texto recoge también un programa para el apoyo de la movilidad geográfica que tiene como objetivo el retorno del talento mediante la subvención de los gastos de desplazamiento de personas que hubiesen obtenido cualquier titulación oficial en España y que se hubiesen desplazado a un país extranjero por motivos laborales, el apoyo al desplazamiento para trabajar en zonas rurales despobladas o el apoyo al desplazamiento por motivos laborales de personas víctimas de violencia de género.

En estos tres casos, se subvencionará los gastos de transporte público del 100%. Asimismo, cuando las personas regresen del extranjero para realizar un contrato de trabajo por cuenta ajena se podrá subvencionar por un importe de 5.500 euros cada contratación indefinida a tiempo completo (6.000 euros si es mujer) o bien 7.000 euros (7.500 si es mujer) si se contrata a personas con discapacidad que presenten mayores dificultades de acceso, participantes en itinerarios de inserción por riesgo de exclusión, mujeres consideradas vulnerables, víctimas de violencia de género, parados de larga duración mayores de 45 años o personas pertenecientes a otros colectivos que determinen los servicios públicos según sus objetivos de empleo.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, ha apuntado que este Real Decreto recoge una actualización del Real Decreto Ley de políticas activas de empleo, que no se había modificado y llevaba vigente desde 1982.

Así, ha explicado que los agentes sociales han ido trabajando en este documento desde el mes de abril con aportaciones, porque "no se trata únicamente de actualizar las bonificaciones para mujeres o jóvenes, sino que se actualizan algunos programas, se eliminan otros que no eran eficaces y se trata de empezar a trabajar para la adaptación real de las políticas activas en los territorios".

Por otro lado, en el encuentro que los agentes sociales mantuvieron con el Gobierno se abrió un calendario de trabajo para abordar la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024.

Este miércoles han comenzado ya los grupos de trabajo, a los que se han incorporado las comunidades autónomas, donde se pretenden crear las líneas estratégicas para estos nuevos tres años en materia de empleo.

Será a finales de diciembre cuando se empezarán a tener borradores de esta estrategia y a partir de 2021 cuando se empezarán a modificar los programas incluidos en el real decreto.

Cáritas Española ha enviado una partida inicial de 30.000 euros de sus fondos de emergencia a Cáritas Nicaragua para paliar el impacto del huracán 'Eta' en el norte del país, el cual se estima que ha dejado más de 3 millones de personas afectadas. En concreto, esta primera partida de fondos se destinará a garantizar ayuda humanitaria a 500 familias.

Así, la labor social de la Iglesia en España se ha puesto a disposición de las Cáritas nacionales de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador para apoyar los planes de ayuda de emergencia que han habilitado en los últimos días.

El huracán, que alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se convertía en el segundo huracán más fuerte de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2020, entró sobre las costas nororientales de Nicaragua como una tormenta de categoría 4 el pasado 3 de noviembre, desplazándose hacia el este de Honduras, hacia el noreste de Guatemala y luego hacia el Caribe hasta el 6 de noviembre.

A su paso, las fuertes lluvias y vientos impactaron con violencia en infinidad de comunidades vulnerables de la región, que se vieron gravemente afectadas por la subida del nivel de los ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra, según señala Cáritas.

Además, apunta que esta nueva emergencia se suma al "fuerte impacto" que está teniendo la COVID-19 en la región y "agrava los serios efectos sociales y económicos que la pandemia está provocando en estos países".

Las Cáritas Nacionales de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador están compartiendo información sobre el alcance de la emergencia y uniendo esfuerzos para realizar un llamamiento conjunto de emergencia a las Cáritas donantes de todo el mundo con objeto de articular una respuesta, bajo la coordinación de Cáritas Internationalis.

Los equipos de técnicos y voluntarios de las Cáritas locales, junto a la puesta en marcha de planes de ayuda a los damnificados, están llevando a cabo una labor de diagnóstico y evaluación de necesidades a corto plazo. Sus primeros informes de situación señalan cuáles están siendo ahora mismo las mayores prioridades humanitarias, como material de albergue temporal, agua potable, saneamiento e higiene, alimentos, medicamentos y protección.

La Iglesia católica en estos cuatro países está abriendo las puertas de sus instalaciones comunitarias y templos como albergues temporales de acogida a los damnificados y centros de acopio y distribución de ayuda de emergencia.

Junto a ello, las Cáritas de los países afectados constatan los graves daños causados por el huracán en la producción agropecuaria y los medios de vida de las comunidades rurales, que pone "al límite" las condiciones de inseguridad alimentaria ya existentes en muchas áreas de Centroamérica.

Además, Cáritas señala el duro impacto que el huracán 'Eta' ha tenido en zonas donde habitan comunidades afrodescendientes y grupos indígenas, "que ya contaban con mayores condiciones de pobreza, exclusión y vulneración de derechos básicos".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido al Gobierno central que impulse un Plan de Choque de apoyo a la hostelería ante la situación de crisis que atraviesa el sector por los cierres obligados por la pandemia con el fin de ofrecer una respuesta "coordinada" de todas las administraciones, donde también ha incluido a los ayuntamientos.

Tras rubricar un acuerdo con agentes económico y sociales en el marco del Diálogo social con ayudas al sector el presidente ha resaltado el esfuerzo presupuestario que va a realizar la Junta, por lo que ha exigido al Gobierno de España que también se implique con la hostelería y el turismo.

Según ha argumentado, la situación complicada por la que atraviesan estos sectores no es un problema exclusivo de un territorio, sino que afecta al conjunto del país, lo que requiere una "respuesta conjunta y coordinada" que debe liderar el Ejecutivo central, con la participación de las administraciones autonómicas y locales y de los empresarios.

Fernández Mañueco ha insistido en que es al Gobierno de España al que corresponde articular ese plan de apoyo a la hostelería, pero ha añadido que, si no lo hace, Castilla y León impulsará uno propio para la reactivación de esta actividad estratégica para la economía.

Un informe del Foro Social Permanente que recoge las reflexiones de siete víctimas de ETA sobre el terrorismo y la memoria constata el rechazo de estas personas a los recibimientos públicos a expresos de la banda, aunque también la demanda de algunas de ellas para que se proceda a una "normalización" de la política penitenciaria aplicada a estos reclusos.

El informe, que recoge las aportaciones realizadas por siete víctimas de ETA en un encuentro celebrado el pasado mes de septiembre en San Sebastián, han sido entregado este miércoles por el Foro Social Permanente a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.

Las personas que participaron en aquel encuentro, y cuyas reflexiones se recogen en el informe son Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, concejal del PSE en Lasarte-Oria asesinado en 2001; Iñaki García, hijo de Juan Manuel García, delegado de Telefónica en Gipuzkoa y asesinado en 1980; María Jauregi, hija de Juan María Jauregi, gobernador civil de Gipuzkoa (PSE) asesinado en 2000; Gorka Landaburu, periodista que sufrió un atentado en 2001; Maixabel Lasa, viuda de Juan María Jauregi, gobernador civil de Gipuzkoa (PSE) asesinado en 2000; Alberto Muñagorri, herido de gravedad por una bomba en 1982; y Naiara Zamarreño, hija de Manuel Zamarreño, concejal del PP en Errenteria asesinado en 1998.

Tras la entrega del informe a la presidenta del Parlamento, el portavoz del Foro Social Permanente Tasio Arrizabalaga ha repasado algunas de las reflexiones planteadas por estas victimas en la jornada celebrada el pasado 11 de septiembre en la capital guipuzcoana.

De esa forma, ha explicado que aunque estas personas valoraron positivamente la actual situación que vive el País Vasco tras la desaparición de ETA, lamentaron que "la resolución de las consecuencias del ciclo de violencias ha dejado de ser prioritario para la mayoría de la sociedad vasca".

"MEMORIA INCLUSIVA"

Además, ha asegurado que "todas" las víctimas que participaron en el encuentro coincidieron en que todavía quedan trabajos pendientes, como la construcción de "una memoria inclusiva que reconozca todas las violaciones de derechos humanos", que se garantice el reconocimiento a todas las personas que han sufrido violencia, tanto las que la han padecido por parte "del Estado", como las víctimas de ETA "que faltan" por reconocer.

Otra de las conclusiones extraídas de aquella jornada es la consideración de que es necesario "normalizar" la política penitenciaria actual y esclarecer los casos de violencia o terrorismo por parte de ETA "y también del Estado" que aún quedan pendientes de resolver.

Las víctimas --según señala el Foro Social-- también destacaron la importancia de hacer "autocrítica", y de que "cada uno reconozca lo que ha hecho". Asimismo, defendieron la deslegitimación de la violencia "como herramienta de construcción de la convivencia futura".

Por otra parte, mostraron su preocupación ante el peligro de que la sociedad "pase página y olvide lo que ha pasado". Asimismo, entre las reflexiones planteadas por Maixabel Lasa se encuentra una crítica a algunas asociaciones de víctimas del terrorismo "por excederse en sus funciones de trabajar en la defensa de los derechos de las victimas".

Las víctimas de ETA cuyas aportaciones se recogen en el documento expresaron su "contrariedad" ante los recibimientos públicos que se ofrecen a expresos de ETA, dado que suponen una "revictimización" para los damnificados por la banda.

También se constata el descontento de estas personas ante la "falta de atención" a las víctimas por parte de las instituciones. Asimismo, en el informe se recoge la advertencia de que "no se puede comparar a quien ha ejercido o alentado la violencia con quien la ha sufrido".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado que el Gobierno haya anunciado este miércoles la bajada del IVA de las mascarillas del 21% al 4%, pero ha señalado que el PSOE y Unidas Podemos votaron en contra de esta medida cuando Cs la planteó en el Congreso el pasado junio.

"Es una buena noticia que el Gobierno rectifique e impulse al fin esta medida. Seguiremos trabajando por el sentido común", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde ha recordado la iniciativa que salió adelante el 30 de junio en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja "pese al voto en contra de PSOE y Podemos".

Entonces se aprobó una proposición no de ley de Cs para instar al Gobierno a reducir al 4% el IVA de las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, los guantes, las caretas de protección y otros productos farmacéuticos que son obligatorios o recomendables para evitar contagiarse del coronavirus.

El anuncio sobre la bajada del IVA que se aplica a las mascarillas lo ha hecho en el Congreso la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se había negado a adoptar esta medida que le reclamaba la oposición argumentando que la normativa europea lo impedía. Sin embargo, ahora Montero ha justificado el cambio porque, según ha dicho, han confirmado que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción a España por esta modificación legal.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno disponer de "todos los instrumentos necesarios" para tomar "decisiones precisas" en aras de controlar la pandemia en la región y ha subrayado que él asume "el desgaste".

"Lo que no se puede hacer es ceder una responsabilidad, asumir las decisiones duras y no tener todos los instrumentos a mi alcance", ha afirmado Moreno, quien ha criticado que tenga que "depender de pedir permiso al Gobierno central" para implantar medidas "estratégicas" de lucha contra el covid.

En rueda de prensa este miércoles en Almería, el líder del ejecutivo andaluz ha advertido de que si las comunidades autónomas "sobre cuyas espaldas se ha descargado la responsabilidad" no pueden tomar decisiones "con todos los instrumentos, esa cogobernanza no va a funcionar o, por lo menos, no va a funcionar eficazmente".

"Yo estoy dispuesto a asumir ese desgaste, no lo tiene que asumir ni el Gobierno ni los ayuntamientos; yo, Juanma Moreno, y el gobierno al que represento, pero necesito todos los medios a mi alcance para tomar todas las decisiones que sean necesarias", ha insistido al ser interpelado sobre el confinamiento domiciliario o la petición rechazada de ampliar la franja horaria del toque de queda.

Andalucía suma este miércoles 11 de noviembre 62 muertes por coronavirus Covid-19 en 24 horas, 33 fallecidos menos que en el víspera cuando se registró el récord de defunciones de la segunda ola, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 3.380 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, 1.017 más que los registrados el miércoles pasado.

Estas 62 defunciones se registran después de que el martes Andalucía contabilizara 95 muertes en 24 horas, récord de fallecidos en la segunda ola de Covid-19. La segunda mayor cifra de muertes en un solo día se registró el pasado 8 de abril con 77, mientras que el 12 de abril se contabilizaron 62 muertes, misma cifra que la registrada este miércoles.

En esta jornada, la provincia de Sevilla con 20 y la de Jaén con 15 registran la mayoría de los decesos de esta jornada, mientras que el resto de provincias contabilizan menos de una decena de fallecidos con: siete en Córdoba, cinco en Málaga, en Granada y en Cádiz, tres en Huelva y dos en Almería.

En cuanto a los casos diagnosticados, estos 3.380 positivos son 535 más que los contabilizados la víspera y 1.017 más que los registrados hace siete días. Granada se sitúa en esta jornada como la provincia con más casos diarios con 713, seguida de Sevilla con 692, Málaga con 465, Jaén con 401, Cádiz con 389, Córdoba con 281, Almería con 230 y Huelva con 209.

MÁS DE 480 PACIENTES EN UCI

Por su parte, los hospitales andaluces registran este miércoles una ligera disminución en su presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y baja un ingresado en 24 horas hasta los 3.477, 356 más que hace una semana, de los que 483 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), 23 más que la víspera, 75 más que hace una semana y 45 más que los registrados en el pico máximo del pasado 30 de marzo

Sevilla continúa como la provincia con más pacientes e ingresos en UCI, con 890 hospitalizados y 118 de ellos en UCI, seguida de Granada con 879 y 122 en UCI, Málaga con 381 y 58 en UCI, Jaén con 363 y 48 en UCI, Cádiz con 339 y 44 en UCI, Córdoba con 328 y 47 en UCI, Huelva con 169 y 18 en UCI, y Almería con 128 y 28 en UCI.

22 MUERTES Y SEIS NUEVOS BROTES EN RESIDENCIAS EN UN SOLO DÍA

En relación con la actualización diaria de brotes en residencias de mayores, se han contabilizados 22 muertes en centros de Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Málaga y se han detectado seis nuevos focos de coronavirus.

Las 22 defunciones se localizan en: la residencia Jesús Nazareno de Córdoba, que suma cinco fallecidos --diez en total-- y 98 positivos; la residencia Jesús Nazareno de Montoro (Córdoba), que registra cuatro muertes --13 en total-- y 70 casos; la residencia El Refugio de Granada, que notifica sus primeras dos defunciones y 36 positivos; en la residencia Santa Teresa de Linares (Jaén), que se suma un fallecido --cuatro en total-- y se mantienen 30 casos y la residencia Geriátrico de Linares (Jaén), que presenta una muerta y once contagios.

La residencia Orpea Andújar (Jaén) notifica dos fallecidos --ocho en total-- y 97 casos; la residencia Serranilla de Mágina de Huelma (Jaén) registra su primera muerte y mantiene 29 casos confirmados; la residencia La Alegría de Carmona (Sevilla) contabiliza la primera muerte y mantienen 20 positivos.

Además, se han registrado seis nuevos brotes en residencias de Granada, Jaén, Málaga, Sevilla y Cádiz. En la residencia Trinidad Montes de Iznalloz (Granada) se ha detectado un foco con 14 casos confirmados (doce residentes y dos trabajadores) y se han notificado cuatro fallecimientos y en la residencia Hijas de Jesús de Málaga se ha notificado un brote con diez casos confirmados (ocho residentes y dos trabajadores) y se ha notificado un fallecimiento.

Los otros cuatro brotes detectados en esta jornada se localizan en la residencia Hermanitas de los Pobres de Granada, con 29 casos confirmados (20 residentes y nueve trabajadores); en la residencia Hogar Nuestra Señora de la Misericordia de Torreperogil (Jaén), con 16 casos (14 residentes y dos trabajadores); en la residencia Habitare de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), con 13 positivos (once residentes y dos empleados) y en la Residencia Lago de Arcos de la Frontera (Cádiz), con 45 afectados (36 residentes y nueve trabajadores). El resto de brotes no presenta cambios con respecto a la víspera. MÁS DE 180.000 POSITIVOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 180.309 casos confirmados --3.380 de ellos en las últimas 24 horas-- y ha alcanzado las 3.072 muertes tras sumar 62. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 15.977, hasta 331 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.453, tras sumar 28 en 24 horas, y el número de curados alcanza los 72.214, después de sumar 2.587 en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 3.072 muertes desde el inicio de la pandemia --62 más en 24 horas--, Sevilla con 658 --20 más-- se mantiene como la provincia con más fallecidos seguida por Granada con 592 --cinco más--, Málaga con 530 --cinco más--, Jaén con 390 --15 más--, Córdoba con 325 --siete más--, Cádiz con 323 --cinco más--, Almería con 169 --dos más- y Huelva con 85 --tres más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 180.309 desde el inicio de la pandemia --3.380 más en 24 horas--, liderados por Sevilla con 43.383 casos --692 más--, seguida de Granada con 34.740 casos --713 más--, Málaga con 27.763 --465 más--, Córdoba con 19.074 --281 más--, Jaén con 17.818 --401 más--, Cádiz con 17.108 --389 más--, Almería con 13.992 --230 más-- y Huelva con 6.431 --209 más--.

ALMERÍA ALCANZA LOS 1.000 INGRESADOS DURANTE LA PANDEMIA

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 15.977 --331 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 3.807 --117 más--, seguida por Málaga con 3.103 --34 más--, Granada con 2.686 --68 más--, Córdoba con 1.742 --24 más--, Jaén con 1.749 --41 más--, Cádiz con 1.386 --18 más--, Almería con 1.004 --once más-- y Huelva con 500 --18 más--.

De ellos, 1.453 han pasado por la UCI en Andalucía, 28 más en 24 horas, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 310 --ocho más--, seguida de Málaga con 276 --dos más--, Granada con 203 --tres más--, Córdoba con 184 --cuatro más--, Jaén con 162 --ocho más--, Cádiz con 146 --dos más--, Almería con 134 --uno más-- y Huelva con 38.

MÁS DE 72.000 CURADOS EN ANDALUCÍA

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 72.214 en toda la región, 2.587 más en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 17.417 --209 más--, seguida de Sevilla con 12.870 --682 más--, Almería con 9.360 --191 más--, Córdoba con 8.911 --276 más--, Granada con 8.220 --538 más--, Cádiz con 7.921 --396 más--, Jaén con 5.769 --226 más-- y Huelva con 1.746 --69 más--.

La Consejería de Educación ha cifrado en un 13,4% el seguimiento de huelga en la enseñanza entre los docentes, con datos actualizados, mientras que los sindicatos convocantes (STEC, ANPE, TÚ, CCOO y UGT) han destacado que más de una cuarta parte de los profesores que podían hacer huelga han secundado el paro contra la "nefasta gestión" de la consejera, Marina Lombó, "pese a los intentos de la Consejería de coartar las protestas en su contra".

En este sentido, han advertido que las movilizaciones continuarán en la enseñanza pública hasta el cese de Lombó, si bien se "acompasarán" a la evolución de la pandemia, ante la grave situación santaria actual.

En concreto, Educación ha informado que, con datos hasta las 12.00 horas, 381 docentes de los 2.842 con derecho a huelga han secundado el paro, mientras que entre el Personal de Administración y Servicios (PAS) el porcentaje ha subido al 20,9%, correspondiente a 35 personas de las 167 con derecho a huelga.

Por su parte, los sindicatos mayoritarios de la Junta de Personal Docente de Cantabria (todos menos CSIF) han denunciado en un comunicado que la jornada ha estado marcada por unos servicios mínimos "abusivos y completamente desproporcionados", que todas las organizaciones sindicales han "rechazado frontalmente", pues han afectado a más del 80% de la plantilla de la mayor parte de los centros, y "en la práctica han impedido el libre ejercicio del derecho democrático a la huelga".

Sin embargo, han destacado, "pese a estos intentos de la Consejería de coartar las protestas en su contra, más de una cuarta parte de los docentes que podían hacer huelga han secundado el paro".

Los sindicatos mayoritarios de la Junta de Personal han denunciado el "escaso talante democrático" de la Consejería de Educación, "impidiendo ejercer el legítimo derecho a la protesta al aplicar estos servicios tan desproporcionados como inéditos en nuestra Comunidad Autónoma".

"Con esta medida la Consejería de Educación, tomando como excusa la pandemia, está impidiendo en la práctica el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la huelga, y, a la vez, está demostrando de nuevo un profundo desprecio por el profesorado", han denunciado, expresando el "enorme malestar que existe entre una gran parte de los docentes de Cantabria que se han visto privados de su derecho a protestar, mediante la huelga, por la gestión de la pandemia que está haciendo la consejera Lombó y a reclamar su dimisión".

Los sindicatos mayoritarios de la Junta han advertido que no van a cejar en sus movilizaciones hasta que no haya un "cambio radical" en la política educativa del Gobierno de Cantabria, y la única manera de asegurarlo, en su opinión, es la sustitución de la persona que está al frente de la Consejería de Educación.

También han anunciado que "por responsabilidad" y siendo "sensibles ante la grave situación sanitaria", "acompasarán" sus futuras movilizaciones a su evolución en las próximas semanas.

El consumo de lácteos es más alto entre los españoles con mayor nivel de estudios e ingresos, en mujeres y deportistas, según el último informe de la Fundación Española de Nutrición (FEN) sobre el consumo de leche, yogur y queso como indicador de calidad de la dieta y estilos de vida en la población española.

De acuerdo con los resultados, la zona de España que realiza un mayor consumo global de leche y derivados lácteos es la región Norte-Centro, siendo también donde mayor consumo de leche se realiza junto con el área de Madrid. La ingesta media de los distintos alimentos/bebidas del grupo difiere mucho dependiendo de la zona, destacando el consumo de yogur y leches fermentadas en el Norte-centro, quesos en Barcelona y Noroeste de España y de otros lácteos (natillas, helados, cuajada, flan, etc.) también en el Norte-centro.

Entre las curiosidades, a mayor consumo de lácteos se reduce el porcentaje de los participantes que padecen sobrepeso y obesidad. Por su parte, los consumidores que realizan actividad física tienen un consumo de lácteos diario más elevado que los que no practican, concreta el mismo informe de la FEN.

Según el estudio científico 'ANIBES', con una muestra representativa de la población española (9-75 años) y también liderado por la FEN, prácticamente la totalidad de la población es consumidora del grupo de leche y derivados lácteos, alcanzando el cien por cien en la población infantil. El mayor porcentaje de consumidores se atribuye a la leche, destacando igualmente la población infantil, y a medida que aumenta la edad, se observa una disminución de porcentaje de consumidores de otros lácteos (natillas, helados, cuajada, flan, etc.).

El porcentaje de consumidores de quesos es muy similar en todos los grupos de edad (73-75%), a excepción de los adultos mayores, donde este valor se ve reducido en casi un 20 por ciento. Los niños son el grupo más destacado en cuanto a consumo de yogures y leches fermentadas, mientras que, en el resto de población, son los adolescentes los que hacen un menor consumo de estos alimentos (45%).

Al estratificar por sexo, las mujeres son más consumidoras de leche, quesos y yogur y leches fermentadas que los hombres, observándose las mayores diferencias en el último grupo mencionado (56% mujeres frente al 48% hombres) y solo son mayores para el subgrupo "otros lácteos" en el caso de la población masculina. En función de los tres principales tipos de leche, se aprecia un aumento de consumidores de leche desnatada conforme la población es más mayor.

Por el contrario, se produce un descenso de consumidores de leche entera en los grupos más mayores, siendo los niños de 9-12 años los mayores consumidores. En el caso de la leche semidesnatada, existe una fluctuación de consumidores en las diferentes etapas de la vida.

NIVEL DE ESTUDIOS E INGRESOS Y CONSUMO DE LÁCTEOS

Se consumen más lácteos al día cuanto mayor es el nivel de estudios y, de acuerdo con la mayor parte de la bibliografía, se caracteriza por un modelo alimentario más saludable. Para los adultos, aquellos con estudios universitarios o superiores consumen más lácteos (29,0%) pero quienes tienen menor nivel de estudios, presentan un consumo menor. Los españoles que presentan una renta baja toman menor cantidad de lácteos al día (29,1%), frente a los que presentan ingresos medios y elevados, que consumen una ración media y medio alta respectivamente (26,6 y 28,6%).

La primera ingesta del día destaca mayoritariamente por el consumo de leche (semidesnatada y entera). La población adulta es la que menos consumo hace de estos alimentos en el desayuno. A media mañana, la tendencia cambia a una mayor demanda de yogures y leches fermentadas en los niños, quesos en los adolescentes y leche semidesnatada en los más mayores. Los lácteos están presentes en el momento de la comida como yogures y leches fermentadas en todos los grupos de edad, excepto en los adultos mayores que consumen más cantidad de otros lácteos (cuajada, natillas, flan, batidos o helados).

Para merendar, destaca la leche como alimento más consumido en todos los grupos de edad, aunque varía su versión entre entera en los niños y semidesnatada en el resto. A excepción de los adolescentes, el resto de edades tiende a consumir mayoritariamente yogur y leches fermentadas en la cena. La leche es la mayor opción de consumo en otros momentos del día, siendo la versión semidesnatada para los grupos de adultos y adultos mayores y la versión entera para niños y adolescentes.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este miércoles en el Congreso que se facilite la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 porque darán "certeza, confianza y esperanza", porque canalizarán los fondos europeos, impulsarán la recuperación y serán un "revulsivo" para el Estado de bienestar, por lo que ha criticado la "irresponsabilidad" del PP y Vox con sus enmiendas a la totalidad.

Así lo ha señalado durante la defensa del proyecto de Presupuestos en el debate de las enmiendas la totalidad en el Congreso, en la que ha pedido que se permita la tramitación de unos PGE que "son de país" y buscan dar "certeza" en un momento de "extraordinaria certidumbre", así como "confianza frente al desánimo" y "esperanza en que se saldrá de la crisis lo antes posible".

"Certeza, confianza y esperanza", ha apostillado Montero sobre lo que ofrecen las nuevas cuentas públicas, que cree que podrán sentar las bases de un crecimiento "sólido, justo y sostenible", avanzar en la modernización del sistema productivo y generar mayor cohesión social y territorial.

Montero ha dicho ser "consciente" del "enorme sufrimiento" que arrastra la sociedad por la pandemia y el "dolor irreparable" por las pérdidas humanas, si bien ha celebrado que el anuncio de Pfizer sobre una tasa de efectividad de una posible primera vacuna abre una vía "muy esperanzadora" para el planeta, aunque "con toda la prudencia y cautela".

En este sentido, ha destacado la acogida "muy notable" de la noticia en el mundo científico y el mundo bursátil y la mayoría de analistas económicos, lo que ha supuesto una "inyección de optimismo en el peor momento de la segunda ola".

La ministra ha subrayado que es una "auténtica anomalía" seguir con los PGE prorrogados de 2018 diseñados en circunstancias distintas y estando "absolutamente desfasados", y en este punto ha criticado que la presentación de enmiendas a la totalidad demuestra una "preocupante incapacidad para entender el momento de excepcionalidad".

En este sentido, ha criticado la "irresponsabilidad manifiesta" de PP y Vox con sus enmiendas a la totalidad, ya que "se puede compartir o discrepar pero no pueden dudar de la imperiosa necesidad de que este país cuente con unas nuevas cuentas públicas".

Por ello, frente a unos PGE "inservibles" de 2018 en "la peor crisis sanitaria, económica y social", ha urgido a aprobar unas nuevas cuentas y dar "soluciones reales", rechazando las políticas de "vetos cruzados", que "solo llevan al inmovilismo y la frustración" y que se sustituyan las descalificaciones al adversario por el debate de las ideas.

De igual forma, ha rechazado las "recetas neoliberales" del PP en la anterior crisis y ha defendido que frente al rescate de la banca en la anterior crisis, ahora "el Estado ha salido al rescate del país", y se ha endeudado para que las CCAA tengan más recursos, frente a la "asfixia" de la anterior etapa.

LA RECUPERACIÓN SERÁ "MÁS LENTA" EN SECTORES Y ZONAS CON RESTRICCIONES

En su intervención, ha indicado que hay que "atajar" la segunda ola de manera "eficaz y contundente" ya que en la medida que se controle la pandemia, la economía "rebota", lo que precisa de "coordinación estrecha y leal y unidad de acción política y social.

Tras el repunte del PIB del 16,7% en el tercer trimestre, ha indicado que la segunda ola frenará el crecimiento en el cuarto trimestre, si bien ha subrayado la capacidad de recuperación del empleo, ya que se han recuperado 500.000 puestos de trabajo de entre los afectados por ERTE, que llegaron a ser 950.000.

Con una previsión de un alza del PIB del 11,2% este año y del 7,2% en 2021 (9,8% con fondos europeos), ha admitido que la recuperación será "más lenta" en sectores y territorios más afectados por la aplicación de las restricciones.

AUMENTO DE INGRESOS "REALISTA Y PRUDENTE" Y NIEGA "HACHAZO FISCAL"

En cuanto a los ingresos, ha indicado que este año la recaudación caerá un 7,6%, una reducción inferior al descenso del PIB nominal, y ha indicado que la evolución de las principales figuras fiscales (IRPF, IVA y Sociedades) evolucionará de forma "positiva" y la previsión de alza es "realista y prudente".

También ha defendido los cambios tributarios recogidos en los PGE para "modernizar" el sistema fiscal, aunque la reforma integral se abordará por un comité de expertos "en los próximos meses" y se implementará cuando se recupere el crecimiento.

Según Montero, con los "pequeños ajustes" en los PGE se busca recuperar progresividad, inducir hábitos saludables y adecuarse a la realidad del siglo XXI, antes de una reforma que recupere por completo la progresividad con un sistema "justo y redistributivo".

Ha negado el supuesto "hachazo fiscal" denunciado por la oposición y ha defendido los cambios tributarios, como el aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, que afectarán solo al 0,17%, así como el alza del 1% en Patrimonio y la exención en el Impuesto de Sociedades sobre dividendos y plusvalías en filiales al 95%, que afecta a 1.739 empresas (0,12%), exceptuando a las empresas con facturación inferior a 40 millones durante los tres primeros años.

También ha defendido las reducciones de las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales para favorecer la aportación empresarial y el ahorro, y el alza del diésel porque solo lo tienen más bajo dos países en Europa, entre otros.

En cualquier caso, ha defendido que la consolidación fiscal es "irrenunciable" para el Gobierno y ya se refleja en las cuentas públicas, al augurar una bajada del déficit del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB en 2021.

NIEGA "DESPILFARRO" Y DESTACA EL MAYOR GASTO SOCIAL DE LA HISTORIA

En cuanto al gasto, ha destacado que son unas cuentas "expansivas" que incluyen el mayor gasto social de la historia, de 239.765 millones, el 53,7% del total del Presupuesto, con un alza del 10% incluyendo los fondos, y ha rechazado que el gasto social sea "despilfarro".

Entre otros puntos, ha destacado que se recoge una subida del sueldo de los funcionarios del 0,9%, al igual que las pensiones públicas, mientras que las pensiones no contributivas crecerán un 1,8%; el IPREM, indicador para las ayudas, sube un 5%; y elevará las partidas de Educación (+70%), con récord en becas, Sanidad (+151,4%); con 1.000 millones para la vacuna; I+D+i (+80%), infraestructuras (+114,8%); Cultura (+25,6%); Dependencia (+46%), al tiempo que aumentan un 150% las ayudas al comercio, turismo y pymes, con 1.338 millones más.

La política que más sube es la de Vivienda (+368%) para fijar un alquiler asequible a los jóvenes, al tiempo que la política por desempleo se eleva un 20%, hasta los 25.000 millones, y permitirá un "vaso comunicante" con la dotación de los ERTE, ha enfatizado.

La ministra ha destacado que son unas cuentas "extraordinarias" por el objetivo que persigue, sus cuantías y la "urgencia" para que le país "pueda levantarse del golpe recibido, ponerse de pie y coger impulso".

"La pandemia nos ha enseñado que éramos más vulnerables de lo que pensábamos pero que somos un pueblo que cuando nos proponemos un objetivo común lo conseguimos desde la unidad", ha concluido, deseando que el "desacuerdo" sea el "origen del consenso que se necesita" y que, ante unos sanitarios y españoles que "no se rinden", los políticos pongan su "granito de arena" para no "dejar a nadie atrás".