La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el Comité español de Acnur han suscrito un convenio por el cual la patronal se compromete a dinamizar la colaboración entre el tejido empresarialde la región y esta entidad sin ánimo de lucro, que apoya el trabajo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Ambas entidades, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que recoge la Agenda 2030 de Naciones Unidas, comparten la importancia otorgada a las alianzas en el ODS 17: sólo a través de acuerdos entre todos los actores sociales y reorientando los recursos hacia las zonas más desfavorecidas serán alcanzadas las metas de la agenda global.

Esta nueva alianza entre CEA y el Comité español de Acnur camina hacia la promoción de oportunidades económicas, creación de empleo y puesta en marcha de programas de formación y fomento de la iniciativa empresarial para los miembros de la comunidad de acogida y los refugiados, en particular las mujeres, los adultos jóvenes, las personas de mediana edad y las personas con discapacidad.

Con este convenio, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, CEA se compromete a liderar acciones para una mayor concienciación de sus asociados sobre el trabajo de Acnur en el marco de la Agenda 2030, incluyendo el compromiso económico con su tarea. También al desarrollo de encuentros entre empresas andaluzas y representantes del Comité Español de Acnur sobre Responsabilidad Social Empresarial y desplazamientos forzados, igualmente orientados a una mayor sensibilidad sobre este reto mundial.

COMPROMISO DE LAS EMPRESAS DEL SIGLO XXI

Los firmantes del acuerdo han sido el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios, y la coordinadora en Andalucía de Acnur-Comité Español, Esperanza Belmonte de Rueda.

El secretario general de CEA ha celebrado el inicio de esta colaboración «como una evidencia de la decidida apuesta de la patronal andaluza por abanderar en nuestra Comunidad la consecución de la Agenda 2030».

Ha señalado que CEA, con la implicación de sus 200.000 asociados, quiere responder a las nuevas demandas de los ciudadanos, que exigen a las empresas una implicación social en su entorno; que se trasciendan a sí mismas. «Estamos convencidos de que ese es, sin duda, el nuevo rasgo de las empresas del siglo XXI: el compromiso social, el impactoen el mundo. Y, aunque es mayúscula la emergencia social de pymes yautónomos andaluces por los efectos de la crisis Covid-19, es nuestra obligación y vocación no desoír otros grandes retos humanitarios hoy en segundo plano por la pandemia», ha asegurado.

Por su parte, Belmonte de Rueda ha afirmado que actualmente hay más de 80 millones de personas desplazadas por los conflictos y la violencia y la gran mayoría han encontrado refugio en países o lugares empobrecidos y también gravemente afectados por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Para la coordinadora en Andalucía de Acnur-Comité español, este convenio «reconoce la importancia de garantizar que estas personas puedan llegar a ser autosuficientes, contribuir al crecimiento de las sociedades que las acogen y convertirse en parte activa de la solución».

A la luz de este acuerdo, CEA se compromete también a la promoción de políticas inclusivas de recursos humanos y selección de personal que incluyan la contratación de personas refugiadas, así como a facilitar la participación de Acnur-Comité español en la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la patronal andaluza.

CEA abandera en Andalucía la promoción de los ODS en el tejido empresarial a través de OECA, el Observatorio para la Consecución de la Agenda 2030, creado de la mano de Unicaja para la construcción de una sociedad sostenible y responsable con el entorno y los ciudadanos.

El Comité español de Acnur es una organización no gubernamental, creada en 1993, que cuenta con más de 500.000 socios y donantes en España. Realiza labores de sensibilización y recaudación de fondos para atender las necesidades de las personas refugiadas y desplazadas más vulnerables, apoyando los programas de ayuda humanitaria de Acnur.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena de 14 años de prisión para D.P.J. por un doble delito de homicidio en grado de tentativa después de que asestara al menos cuatro puñaladas con un arma blanca no identificada al controlador y al encargado de seguridad de una discoteca de Mojácar (Almería) a la que acudió con otros amigos desde Marbella (Málaga) para celebrar una despedida de soltero.

La sentencia del Alto Tribunal andaluz rechaza el recurso elevado por la defensa y considera que la Audiencia de Almería calificó correctamente los hechos como dos delitos de homicidio en tentativa y no como lesiones, según pretendía el acusado, al entender que las agresiones se dieron en el marco de una «trifulca» con la participación de otras personas.

Este aspecto «en nada interfiere en el ánimo o la consciencia del agresor al medir las posibles consecuencias de sus actos, ni tampoco que los ataques se materializaran en un corto espacio de tiempo» tras producirse uno detrás de otro.

El fallo de origen imponía también al procesado abonar 10.320 euros y 18.370 euros a cada uno de los dos perjudicados por los días de incapacidad y secuela causadas, ya que ambos necesitaron ingreso hospitalario e intervención quirúrgica para poder recuperarse de las heridas sufridas, que pusieron en riesgo sus vidas.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 26 de mayo de 2018 cuando el acusado, que cuenta con seis condenas anteriores por otros delitos –dos de ellos por lesiones–, se encontraba con un grupo de amigos afincados en Málaga con los que acudió expresamente a una despedida de soltero en la discoteca mojaquera.

Así, tras detectarse un «problema» en el interior del local sobre las 2,00 horas, el personal de seguridad invitó a D.P.J. y algunos de sus acompañantes a que salieran al exterior. Una vez fuera se inició una discusión entre el procesado y su grupo de amigos con personal de la discoteca, que «fue a más» y terminó en la puerta del local con «un enfrentamiento físico entre miembros de ambos bandos».

En el transcurso de la pelea el procesado «empuñando un arma blanca no intervenida» asestó dos puñaladas al encargado de la seguridad del local, una en el pecho y otra en la pierna izquierda; y segundos después asestó otras dos puñaladas al controlador del local, una en hombro y la otra en el costado derecho.

«El procesado actuó con absoluto desprecio hacia la vida de los perjudicados y con la finalidad de causarles el mayor daño físico posible, incluida su muerte, cosa que se habría producido de no haber recibido los mismos asistencia medica y quirúrgica de manera urgente», considera el tribunal.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial valoró tanto la declaración directa de los perjudicados, que fueron «coherentes, constantes y plenamente creíbles» como la prueba documental médica aportada, las manifestaciones de los testigos, de los agentes actuantes y «sobre todo» el contenido de la grabación de las cámaras de seguridad del local frente a la declaración «exculpatoria» del acusado, quien huyó del lugar y fue detenido un mes después.

Asimismo, el tribunal rechazaba la aplicación de atenuantes al entender especialmente que de la prueba practicada no se puede «ni tan siquiera» concluir que el acusado hubiera consumido alcohol el día de los hechos o que padeciera una limitación en sus capacidades intelectivas y volitivas «que le impidiera total o parcialmente comprender la ilicitud de su acción o de actuar conforme a dicha comprensión».

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, considera que el líder del PP, Pablo Casado, en lugar de «limpiar», ha optado por «tapar» el ‘caso Bárcenas’, y le ha recordado que es presidente del partido por el apoyo de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal y que mantiene en sus escaños del Senado a Javier Arenas y Pío García Escudero, quienes, según el extesorero del partido, recibieron sobresueldos ilegales.

Así lo asegura Simancas en un artículo publicado en la revista ‘Sistema’, órgano de la función del mismo nombre que preside el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el sociólogo socialista José Félix Tezanos.

En el artículo, titulado ‘Bárcenas, el PP y el gobernar para robar’, el dirigente socialista subraya que la actual dirección de los ‘populares’, «encabezada por Pablo Casado y Teodoro García Egea», podía elegir «entre una estrategia de depuración y renovación o la tradicional maniobra de negar y distraer», entre «limpiar y tapar», y ha preferido «tapar».

Simancas, recalca que Casado «estaba en la dirección del PP señalada por Bárcenas como corrupta» en la declaración que ha enviado a la Fiscalía, y que se convirtió en sucesor de Mariano Rajoy «gracias al apoyo de Cospedal, directamente implicada en los casos judicializados». También le echa en cara que mantenga en sus escaños a Arenas y García Escudero, «citados expresamente por Bárcenas como receptores de sobresueldos ilegales».

LA MISMA «CONSPIRACIÓN» QUE ALEGABA RAJOY

Desde su punto de vista, asegurar, como ha hecho Casado, que el ‘caso Bárcenas’ es un caso «del pasado» responde «a un intento lastimoso de escamotear la verdad y la responsabilidad debidas». «Este PP es aquel PP, el PP de siempre», enfatiza.

«Inventar supuestas tramas ocultas, urdidas en alianzas inverosímiles entre la Fiscalía y Bárcenas, con el propósito increíble de hundir al PP ya hundido en las elecciones catalanas, tan solo entierra más la credibilidad de Casado y su equipo», abunda Simancas.

Además, le avisa de que esa fue «la misma teoría de la conspiración» que llevó a Rajoy a asegurar que el ‘caso Gürtel’ no era un «caso del PP» sino «un caso contra el PP». «Ese caso que condenó a su partido por corrupción en sentencia judicial y que le sacó de la Moncloa, mediante la primera moción de censura exitosa en la historia de nuestra democracia», concluye Simancas.

Los miembros del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han criticado algunos de los aspectos más destacados del anteproyecto de ley de Libertades Sexuales del Ministerio de Igualdad, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual, y, además, ha advertido que de la norma no evitará la victimización secundaria.

El Pleno del órgano judicial estudiará el próximo 25 de febrero la propuesta de informe al anteproyecto de esta norma, conocida como Ley del ‘solo sí es sí’, aunque sus vocales ya han estudiado el texto y han realizado previamente algunas observaciones al mismo.

Tal y como ha informado el CGPJ a través de un comunicado, los ponentes no están de acuerdo con la definición de consentimiento que se realiza en la redacción. De hecho, la consideran «innecesaria» porque, según explican, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente «ya se asienta sobre la idea de consentimiento», aunque no incluya una definición del concepto.

Además, cree que el consentimiento plantea una «problemática probatoria» (cuándo existe o no consentimiento), y que las eventualesdificultades procesales para acreditar la ausencia de consentimiento no pueden trasladarse al ámbito de la tipicidad con la incorporación de una definición normativa de un elemento típico.

CONTRADICCIONES

A juicio de los vocales del Pleno del CGPJ, la definición desplaza la carga probatoria, configurando un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad.

«De esta forma, se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia», apuntan las observaciones de los magistrados.

Del mismo modo, apuntan que esta redacción «no logrará evitar la victimización secundaria» porque «hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las circunstancias concurrentes.

Además, cree que la definición de consentimiento contiene «elementos contradictorios» al «admitir claramente en su primera parte que la manifestación de la voluntad pueda ser expresa o tácita y exigir en su inciso final que sea expresa». Para eliminar esa contradicción se propone que el precepto se refiera a la voluntad a secas, como, señalan, ya hace el Código Penal, que podrá manifestarse de modo expreso o tácito.

ABSORCIÓN DEL DELITO DE ABUSO EN EL DE AGRESIÓN

Una de las principales medidas que incorpora esta ley del ‘solo sí es sí’ es la unión en una misma tipificación de delito el abuso y la agresión sexual. Uno de los principales debates que desencadenó el juicio del caso de ‘La Manada’ de Pamplona.

Para el CGPJ, esta decisión conlleva «una indiferencia valorativa de los medios comisivos que choca con el principio de proporcionalidad en una doble dirección». Esto, indican los expertos, podría desembocar en una «desprotección de las víctimas», pues para el autor del delito «no tendrá mayores consecuencias emplear un mediocomisivo más lesivo que otro de intensidad menor».

Para evitarlo, recomiendan prever una modalidad agravada de agresión sexual cuando concurra un medio comisivo especialmente lesivo (claramente, con violencia, con amenazas), imponiendo la pena en su mitad superior.

Los ponentes señalan, además, que esta medida incurre «en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad». El CGPJ reconoce que, para evitarlo se ha incorporado en la norma un tipo atenuado facultativo que permite aljuzgador imponer una pena menos grave en atención a la «menor entidad del hecho». Sin embargo, los magistrados creen que «adolece de imprecisión y falta de taxatividad, dejando un amplísimo margen interpretativo que podría comprometer el principio constitucional de legalidad penal».

EL CONSEJO FISCAL AVALÓ LA NORMA

Finalmente, la ponencia cuestiona que el texto remitido por el Gobierno tenga el carácter de ley orgánica «parcial», atribuyendo rango orgánico a su título preliminar y a varias disposiciones finales que modifican ciertos preceptos de distintas leyes afectadas por el carácter integral y transversal de la norma.

En este sentido, los magistrados estiman que resultaría técnicamente más correcto regular separadamente mediante una ley orgánica las modificaciones de las distintas leyes que tienen dicho rango o merecen tal carácter, y dejar la regulación del núcleo del texto proyectado a una ley ordinaria.

Cabe destacar que este anteproyecto de ley ha sido avalado por el Consejo Fiscal, en una decisión acordada por unanimidad por los miembros de este órgano facultativo que destacaban, entre otras valoraciones, que la definición de consentimiento otorga «más claridad a esta figura». Aún así, instaba a mejorar algunos puntos. A este informe y al que debe presentar el CGPJ, habría que añadir el del Consejo de Estado.

Una vez valorado por los tres organismos, este anteproyecto, que fue aprobado como tal por el Consejo de Ministros el 3 de marzo de 2020, deberá volver a ser aprobado por el Ejecutivo como Proyecto de Ley y después iniciará su tramitación parlamentaria en el Congreso.

El cabeza de lista del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que, si lidera el Govern, propondrá bajar el salario del presidente de la Generalitat «al sueldo más alto» de un presidente de otra comunidad autónoma, que en este caso es el del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, lo que corresponde a una rebaja del 30%.

«El sueldo del presidente de la Generalitat es tres veces más alto que el del presidente de Italia, casi dos veces el sueldo del presidente de Portugal y España, y superior al del primer ministro del Reino Unido», ha apuntado en el debate celebrado en la Cadena Ser con los candidatos a los comicios del 14 de febrero, salvo el del PP, Alejandro Fernández, porque tenía otra agenda de entrevistas, y el de Vox, Ignacio Garriga.

El sueldo actual del presidente de la Generalitat es de 153.235 euros, y una rebaja del 30% supondría bajar el sueldo del presidente catalán hasta los 107.264 euros.

Según Illa, esto no depende de Madrid, y cree que es un gesto que permite acercarse a la gente y mostrar sensibilidad ante el escenario actual: «¿O no es digno el salario del lehendakari?», ha dicho.

La candidata de Junts a las elecciones, Laura Borràs, ha replicado que le propone reducir «los gastos de la Casa Real, no en un 30%, si no en un 100% al ser republicanos», aunque no se ha pronunciado sobre la propuesta de rebajar el sueldo al próximo presidente catalán.

«Dejemos de pagar los gastos del Rey fugado. El sueldo más indigno es del jefe de Estado español», ha sostenido Borràs, que también ha emplazado a pasar página de los que aprobaron la aplicación del artículo 155 en Cataluña, de su gestión, y a acabar con el déficit fiscal.

Ante la propuesta de Illa de mejorar la financiación de Cataluña, Borràs ha preguntado qué pasaría si se destinara todo el dinero que el Estado ha utilizado «para combatir el independentismo a gasto social, porque igual habría una sorpresa al ver todo el dinero que se ha despilfarrado en perseguir a opciones legítimas ideológicas».

CARA A CARA

El cabeza de lista de ERC, Pere Aragonès, ha defendido una fiscalidad progresiva, y ha reiterado la invitación a Illa para hacer un cara a cara con el objetivo de confrontar los respectivos modelos económicos, y pese a que el candidato socialista no ve inconveniente en ello, ha añadido que hay otros que también querrían participar en este debate.

«Aquí escucho mucha testosterona. Yo ya propuse hacer un trío», ha recordado Borràs, mientras que la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, ha asegurado que los cara a cara tienen mucho de oligopolio, por lo que emplaza a que en los debates que se hagan se siga contando con la participación de todos.

Sin abandonar el capítulo económico, Chacón ha acusado a Junts de parecerse cada vez más a la CUP, ha comparado el modelo de los anticapitalistas con «Disneylandia» y, tras constatar que Catalunya es un país de pymes, ha advertido de que el sistema económico no será sostenible si no hay actividad económica que genere impuestos.

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha apostado por cambiar el sistema de fiscalidad, por perseguir el fraude fiscal y la corrupción, y ha reprochado a los comuns, que forman parte del Gobierno, que «se encubra al mayor corrupto del país, que es el Rey, no se persiga la evasión fiscal y se permita la concentración económica en un pequeño porcentaje de población que es multimillonaria».

Desde los comuns, la candidata Jéssica Albiach ha aprovechado para preguntar a Illa por «la negativa del PSOE a dar ayudar directas» a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus, y ha acusado a los socialistas de esconder el borrador de la ley para regular el precio de los alquiler pese a haberse comprometido a ello en el acuerdo de coalición.

Así, ha admitido que tiene diferencias con los socialistas, pese a haberse puesto de acuerdo para hacer un Gobierno de coalición, pero «con Junts hay una línea roja», ha subrayado la candidata morada.

Para el candidata de Cs, Carlos Carrizosa, además de comprometerse a hacer una auditoría si gobiernan, es necesario combatir la corrupción, y ha preguntado a Borràs «si arreglar contratos a un amigo es el modelo de gestión» de Junts en caso de que sea presidenta.

«Junts es la casa grande de la hispanofobia, ERC está por las multas lingüísticas, Podemos dice que Carles Puigdemont es un exiliado, la CUP hace señalamientos totalitarios y hasta agresiones, y el PSC es el salvavidas de una especie de consenso, que no es por la convivencia», ha lamentado Carrizosa, que ha reiterado su apuesta por un Govern constitucionalista después del 14-F.

Después de que Illa haya insistido en que hay que pasar página de lo ocurrido durante los últimos años en Cataluña, Aragonès ha asegurado que ve un enamoramiento entre el PSC y Cs, y ha llamado a elegir entre el modelo de gobernanza de ERC o el de partidos que defienden el 155 «y que no tendrían ninguna duda en hacer lo que hizo Manuel Valls en Barcelona, aceptar los votos de Vox».

VOX

Sabater ha criticado que Junts y ERC votaran en contra de la reforma fiscal que plantearon en su momento, y también ha emplazado a todos los partidos que puedan formar Govern tras las elecciones «a no aceptar, por activa ni por pasiva, el apoyo de Vox para ser presidente de la Generalitat».

«A la extrema derecha ni agua», ha sostenido Aragonès, tras recordar que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está en prisión por la acusación particular de Vox, mientras que Borràs ha expuesto que en el Congreso ya han demostrado su actitud en relación a este partido rechazando sus votos.

Por su parte, Illa ha reiterado que los de Vox le quieren «meter en la cárcel», y Chacón ha asegurado que nunca ayudarán para que sea un actor en la política catalana.

Carrizosa se ha limitado a pedir a Sabater que espera que condene «los destrozos a golpe de martillo que realizaron los cachorros de la CUP, Arran» a la sede de Cs.

La presidenta de Ciudadanos, se ha dirigido este viernes a los catalanes que quieren un cambio «de verdad» en Cataluña y dejar atrás el proceso independentista para pedirles que elijan la opción «segura» de Cs, cuyo objetivo es formar un gobierno «constitucionalista» tras las elecciones del 14 de febrero, y les ha advertido de que el PSC «regalará sus votos» a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pactando con este partido.

«Tenemos dos opciones. O vamos a un voto seguro que sabemos que acaba en un gobierno constitucionalista o nos la jugamos con una fuerza política como el PSC, que ya la ministra Calvo ha reconocido que están dispuestos a pactar con ERC y que si no lo dicen es porque están en campaña», ha dicho en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Barcelona junto al candidato de Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa.

Así se ha referido Arrimadas a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y dirigente del PSOE, Carmen Calvo, este jueves en la cadena SER, donde afirmó que en Cataluña no imagina otro escenario que no sea el de la gobernabilidad y que los partidos independentistas no pueden volver a llevar a los ciudadanos a «una situación injusta y alocada».

La líder de la formación naranja ha destacado el alto porcentaje de indecisos y abstencionistas que revelan las encuestas electorales y ha insistido en que el reto ahora es movilizar a quienes anhelan un cambio político, porque «la clave de todo será la participación».

«Si vamos a votar, ganaremos un gobierno constitucionalista y una nueva etapa en Cataluña. Si nos quedamos en casa o damos los votos a un partido constitucionalista que luego regala los votos a Esquerra, estaremos otra vez en esta situación», ha subrayado en alusión al PSOE y recordando también todas las veces que el PP pactó con Convergència.

CREE QUE ILLA ASUME UN GOBIERNO LIDERADO POR ERC

Según Arrimadas, el PSC ya ha reconocido no solo que formara un tripartito con ERC y con En Comú Podem si suman una mayoría parlamentaria suficiente, sino que a la cabeza de ese Govern habrá un independentista, porque en el Congreso los socialistas y Podemos han votado a favor de una moción de ERC para que la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Ejecutivo central y la Generalitat se vuelva a reunir tras los comicios autonómicos.

«Si no, ¿para qué necesitaremos una mesa de estas características? Si (Salvador) Illa creyese que será el presidente y que no pactará con Esquerra, ¿para qué necesitará una mesa de diálogo? Saben que el Govern estará presidido por ERC, lo están reconociendo», ha asegurado, pronosticando que la moción aprobada en la Cámara Baja es «el programa electoral del tripartito».

La líder de Cs ha señalado que ese gobierno supondrá estar «cuatro años más hablando de los temas de siempre, los presos (del ‘procés’), los indultos y el referéndum de secesión». Frente a eso, ha ofrecido un ejecutivo encabezado por Carrizosa, que «pensará en 7,5 millones de personas», no en los nueve políticos independentistas condenados, y se centrará en los problemas de las familias, los autónomos y las empresas, a los que hasta ahora «nadie escucha».

En este sentido, ha afirmado que el 14-F «está todo muy abierto» y que es posible «iniciar una nueva etapa en Cataluña» y mirar al futuro. En vez de volver a tener un gobierno independentista o un nuevo tripartito de izquierdas, ha propuesto «un gobierno de todos» y un presidente como Carrizosa, que «se centrará en los temas sociales y económicos y dejará atrás estos diez años de ‘procés’ tan lamentable y que tanto mal ha hecho a todos».

Respecto a los pactos, ha manifestado: «Nosotros no engañamos a nadie en campaña, queremos sumar con los partidos constitucionalistas para evitar volver atrás, y la única manera de mirar adelante de verdad es con un voto que no engaña, que es fiable, y es el voto a Ciudadanos».

DESLIGAR CATALUÑA DEL ‘PROCÉS’ Y DE LA CORRUPCIÓN

Arrimadas se ha mostrado convencida de que Cataluña es «una tierra de oportunidades» y que si hay una buena gestión política, podrá «volver a levantarse» tras la «decadencia» de la última década. Ha apostado por una Cataluña que «no esté ligada nunca más a la inestabilidad del ‘procés’ y a la corrupción».

Asimismo, ha defendido que la única alternativa para tener un gobierno «limpio» es que esté presidido por Ciudadanos, porque tanto los partidos nacionalistas e independentistas como el PP y el PSOE tienen casos de corrupción. También ha garantizado que si Cs forma parte de un ejecutivo, serán exigentes con sus socios y no dejarán pasar «absolutamente nada de estos comportamientos».

Por último, ha asegurado a los votantes independentistas que respetarán todas las ideologías. «Nunca nadie cuestionaría desde nuestro gobierno ni que son catalanes, ni que son buenas personas, ni nada de todo lo que nos han hecho a nosotros desde el Govern», ha recalcado.

Además, Arrimadas ha indicado que Ciudadanos no trabajará por la independencia de Cataluña y que en este aspecto no va a «mentir», como cree que hicieron Junts per Catalunya, Esquerra y a la CUP con la gente que les votó, al prometer algo que luego no cumplieron.

«Ofrecemos mejores servicios, lucha contra la corrupción, prioridad por las políticas sociales y económicas, bajar impuestos, atraer a las empresas que se han marchado, mejor imagen de Cataluña en el mundo» y «en el resto de España», ha enumerado, añadiendo que todo esto beneficiará a todos los catalanes, independientemente de sus ideas políticas, porque tiene que ver con «problemas reales» de su día a día.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo es proclive a la confirmación de las sanciones impuestas a aquellos ciudadanos que no justifican debidamente su incomparencia en la mesa que les corresponde en jornada electoral, y existe jurisprudencia que valida que dicha conducta pueda ser condenada incluso con pena de prisión.

La actual situación de pandemia puede provocar que este tipo de sanciones se multipliquen a raíz de la jornada de elecciones autonómicas catalanas del próximo 14 de febrero, y se cuenta con jurisprudencia del Supremo –la última sentencia, igualmente condenatoria, es de 2016– si bien el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre este asunto, según fuentes jurídicas.

En marzo de 2006, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a una mujer a 14 días de prisión y a una multa de 540 euros por un delito electoral, al estimar un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que había impuesto sólo el pago de la cantidad económica.

En este caso, se consideró probado que Leotilde R.S. recibió el 6 de mayo de 2003 notificación de haber sido designada segunda suplente del primer vocal de la Mesa Electoral correspondiente a un distrito de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que debía constituirse el 25 de mayo de 2003 con motivo de las elecciones autonómicas. Sin embargo, la mujer no acudió al colegio electoral ni alegó excusa alguna en justificación de la imposibilidad de acudir.

El artículo 27.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) dice que los designados Presidente y Vocal de las Mesas electorales disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo.

La Junta resuelve y comunica la sustitución producida al primer suplente, debiendo motivar las causas de denegación de las excusas alegadas por los electores para no formar parte de las Mesas. En todo caso, se considera causa justificada el concurrir la condición de inelegible de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, que contempla entre estas circunstancias las de naturaleza sanitaria.

NO VALE ALEGAR «MIEDO»

Lo que no se ha contemplado por el momento en ninguna de las citas electorales celebradas en democracia es una situación sanitaria como la actual, según los expertos. En todo caso, señalan que a falta de jurisprudencia constitucional las razones médicas deben ser acreditadas, y no se puede alegar simple miedo a las situación sanitaria para eludir la obligación ciudadana de colaborar en el proceso electoral.

En la sentencia mencionada, el fiscal recurrió al entender que el tribunal de instancia no facilitó una alternativa de pena de arresto de siete a quince fines de semana establecida en la ley, antes de la reforma del Código penal de 2003.

Así, el Supremo recuerda que el Pleno de la Sala Segunda adoptó, en noviembre de 2005, que «el arresto de fin de semana, dentro del Código Penal, le son de aplicación el régimen de las Disposiciones Transitorias de este Cuerpo legal».

El alto tribunal apuntaba que la Disposición Transitoria Octava de la ley, que era la que correspondía aplicar entonces, establece que cada arresto de fin de semana se corresponde con dos días de privación de libertad, por lo que la pena de arresto de 7 a 15 fines de semana, equivale a privación de libertad de 14 a 30 días.

En la sentencia más reciente, dictada en 2016 con ponencia del actual magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, se estima el recurso del fiscal y añade a la sanción económica la pena de inhabilitación para el derecho del sufragio pasivo, «que conforme al art 44 del Código penal priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos» por ser de «preceptiva imposición en los delitos electorales».

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado al Govern de desatender la lucha contra la violencia machista por centrarse en su «teorías independentistas absolutamente trasnochadas».

En una conversación telemática con Illa sobre feminismo en el marco de la campaña electoral, Calvo ha asegurado que «Catalunya ha perdido el tiempo» con unas teorías que buscan separar un territorio de un Estado de Europa, en una UE que considera que se está federando y fortaleciendo en la política global del planeta.

Calvo considera que mientras el Govern se ha dedicado en los últimos años al proceso independentista «han bajado la guardia en proteger de la violencia –de la integridad física y moral– a las mujeres».

«Si te dedicas a construir todas esas fantasías que terminan como terminan… Si estás en Waterloo hablando de la Covid en Barcelona, cuando te has largado y no estás aquí, pues te faltan muchos elementos de la realidad. Devuelve a Catalunya al mundo real», ha expresado en referencia al proyecto del expresidente de la Generaltiat, Carles Puigdemont.

Ha asegurado que si el Govern estaba centrado en ese proceso, no podían estar haciendo políticas feministas de verdad sino «de boquilla» y ha afirmado que los fondos que se han usado para la lucha contra la violencia machista eran estatales y no de Catalunya.

En ese sentido, Illa ha reprochado al Govern que, entre 2015 y 2019, solo 91 mujeres recibieron las ayudas previstas para la lucha contra la violencia machista, mientras que hubieron 7.000 sentencias y 60.000 denuncias: «Esto es ir para atrás».

Calvo ha confiado en que Illa sabrá atender a las reivindicaciones feministas y le ha pedido que escuche a las mujeres de Catalunya «que llevan mucho tiempo desatendidas institucionalmente» y que ante los micromachismos haga micropolítica, en sus palabras.

También le ha instado a construir un Govern con unas bases sólidas, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos y que eso le permita construir desde abajo algo diferente arriba, un proceso que ha comparado con la tradición de los ‘castellers’.

Para la vicepresidenta, Catalunya ha perdido brillo por culpa de el independentismo y «estas derechas que han trabajado para enfrentar a Catalunya contra España», a quienes ha acusado de usarla como laboratorio para después salir corriendo, ha dicho en referencia velada a la líder de Cs, Inés Arrimadas, que pese a ganar las elecciones con 36 diputados no optó a la investidura y se trasladó a Madrid para hacerse cargo del partido.

ERC ha presentado este viernes un «decálogo antifascista» que plantea al resto de formaciones políticas para frenar el auge de Vox y, entre otras cuestiones, pide impedir que los votos de este partido condicionen las instituciones catalanas, como una hipotética investidura a la Presidencia de la Generalitat.

En un acto de campaña en el Camp de la Bota de Barcelona, donde centenares de personas fueron fusiladas por la dictadura franquista, el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha explicado que este decálogo es la «concreción del cordón sanitario a la extrema derecha».

«No se pueden aceptar sus votos», y ha acusado al PSC de blanquear la extrema derecha, ya que, según él, el candidato socialista, Salvador Illa, no deja claro si aceptará o no los votos de Vox si los necesita para ser investido presidente de la Generalitat.

Aragonès ha afirmado que el PSC está poniendo «la alfombra roja» para aceptar los votos de Vox para ser investido y evitar un gobierno independentista, y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que Vox tiene sentido de estado por abstenerse en la tramitación del decreto de los fondos europeos.

DIEZ PUNTOS

El decálogo, que ha presentado la número 4 por Barcelona, Najat Driouech, plantea «confrontar al fascismo sin demonizar su electorado»; enfrentarse al discurso de la extrema derecha y no contemporizar con sus ideas; desmontar sus mentiras sin relativizar la realidad; confrontar sus intenciones desenmascarando su retórica, y alertar de su autoritarismo y sus intenciones antidemocráticas.

También propone no reproducir el mensaje de la extrema derecha, sino combatirlo con datos; construir posturas comunes entre los partidos para hacer frente al extremismo; confrontar también a las formaciones que legitiman la ultraderecha, y reivindicar luchas compartidas frente a «su intolerancia».

El décimo punto subraya la necesidad de confrontar la influencia de Vox impidiendo que decidan en las instituciones: «El fascismo se legitima cuando tiene capacidad de decisión y lo ejerce. Tenemos que articular compromisos y mecanismos compartidos para evitar que nuestras instituciones dependan de los votos de la extrema derecha».

En el acto ha intervenido el exconseller Raül Romeva, que ha reivindicado la tarea de ERC en el Govern sobre memoria histórica y ha explicado que con este decálogo los republicanos invitan al resto de partidos, excepto Vox, a adoptarlo y a llegar a consensos «para blindar derechos y libertades, e impedir que la extrema derecha condicione las instituciones como está haciendo en Murcia, Andalucía y Madrid».

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita un año de prisión y la retirada del carné durante 2 años y 6 meses, lo que conllevaría la pérdida de su vigencia, para el acusado por el atropello mortal ocurrido en el acceso a la estación de esquí de Fuentes de Invierno en enero de 2020 cuando la víctima, Misael García, de 43 años y vecino de Oviedo, se había detenido para poner las cadenas a su coche, según ha informado la Fiscalía.

El escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal ya ha sido presentado en el juzgado encargado del procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lena. El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 11.20 horas del día 19 de enero de 2020, el acusado circulaba en dirección Ujo por la carretera AS-112.

Se trata de una carretera sinuosa con doble sentido de circulación con una anchura total de 7 metros, con una pendiente del 7% y que en el momento de ocurrir los hechos se encontraba mojada y totalmente cubierta por nieve, lo que obligaba al acusado a circular con cadenas. Hay una limitación de velocidad de 50 kiloómetros por hora y advertencia previa señalizada de la existencia de intersección con vía a la izquierda.

«Al llegar al kilómetro 42,300, debido a que el acusado conducía a velocidad excesiva para las circunstancias de la circulación, sin poner las cadenas de su vehículo, con los neumáticos del vehículo desgastados y no aptos para el uso en nieve y sin prestar la mínima atención a las circunstancias del tráfico, en la intersección de la carretera con el cruce para la entrada a la estación de esquí de Fuentes de Invierno, el acusado invadió la banda contraria de rodaje y no realizó la curva a la derecha que tenía en su sentido de circulación», sostiene el escrito del Ministerio Público.

En vez de eso, continuó circulando recto hasta colisionar frontalmente contra el lateral anterior izquierdo del vehículo de la víctima, que había estacionado en la explanada existente en la desviación de entrada de la estación de esquí para poner las cadenas.

En ese momento, la víctima las estaba poniendo en la rueda delantera izquierda, cuando fue arrollado violentamente por el vehículo del acusado, en un impacto frontal. A consecuencia de los hechos, Misael García sufrió un politraumatismo que le produjo shock traumático agudo y el fallecimiento en el mismo lugar.

El fallecido, estaba casado y tenía dos hijos menores de edad que se encontraban en el interior del vehículo en el momento del siniestro. Todos los perjudicados personados en las actuaciones han renunciado a las acciones civiles que pudieran corresponderles, al haber sido indemnizados ya por la compañía de seguros. Fue necesaria la intervención de los Servicios de Emergencia del Principado de Asturias (SEPA), lo que ocasionó unos gastos de 7.248,87 euros, que han sido abonados por la compañía de seguro.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delito de homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1, párrafos primero y segundo del Código Penal. Y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 2 años y 6 meses.

De conformidad con el artículo 47 del Código Penal se solicita que, para el caso de imponerse una pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores por tiempo superior a 2 años, expresamente se declare que la misma comporta la perdida de la vigencia de la licencia o permiso que habilite para la conducción.

El Fiscal interesa se proceda a notificar la resolución que recaiga en el presente procedimiento a la Dirección Provincial de Tráfico de Asturias a los efectos administrativos correspondientes.

La Audiencia de Sevilla ha fijado para el 19 de marzo el comienzo del nuevo juicio del crimen de ‘las cuñadas’. El proceso judicial se celebrará después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimase parcialmente el recurso de apelación interpuesto por las tres personas condenadas por la Audiencia por el crimen perpetrado en La Rinconada el 19 de abril de 2016, anulando el juicio con jurado popular celebrado en febrero de 2020 y ordenando repetirlo.

El nuevo juicio se celebrará con un tribunal presidido por un juez distinto a la magistrada que presidió el primero. Tras la anulación del juicio, saldado con la condena de los tres acusados, la Audiencia de Sevilla ordenó poner en libertad a estas tres personas a la espera de la nueva vista oral.

En concreto, tras aquella vista oral del pasado mes de febrero de 2020, el jurado popular encargado del caso declaró que los tres acusados, –dos hermanas y el que era novio de una de ellas–, eran culpables de haber acabado con la vida, tras 24 golpes en la cabeza y 61 cuchilladas, de la que era su cuñada de 26 años de edad en su vivienda de La Rinconada el 19 de abril de 2016, quien había sido pareja de un hermano de éstas fallecido unos meses antes de un ictus y con el que tenía una hija.

El jurado consideró probado que los tres acusados, C.N.S., R.N.S. -hermanas entre sí- y F.J.M.R. -pareja sentimental de una de ellas-, se presentaron en el domicilio de la fallecida, que era viuda desde diciembre de 2015 de un hermano de las acusadas.

Una vez allí, según lo declarado como probado por el jurado, la víctima les franqueó el paso al interior de la vivienda «pese a las pésimas relaciones que la misma tenía con tales cuñadas», tras lo cual los tres encausados, «armados con un objeto romo y de peso y de al menos un cuchillo de cocina, se abalanzaron» sobre la mujer, golpeándola y apuñalándola reiteradamente, causándole un «desmesurado sufrimiento» y provocando su muerte.

El jurado consideró probado que los acusados fueron «conscientes del sufrimiento que ocasionaban a su víctima en la forma de darle muerte», señalando que la fallecida «no tuvo posibilidad alguna de defenderse ante el brutal ataque por sorpresa de que fue objeto por parte de los tres acusados salvo para gritar pidiendo socorro».

LAS CONDENAS

Merced al veredicto del jurado, la Audiencia de Sevilla condenó a cada uno de los tres acusados a la pena de 23 años de prisión por un delito de asesinato, mientras que, en concepto de responsabilidad civil, les impuso una indemnización de 546.000 euros en favor de la familia de la víctima.

Frente a ello, los acusados exponían en su recurso de apelación ante el TSJA, que en el juicio se había incurrido en una «vulneración de las garantías procesales y en particular del derecho de defensa, como consecuencia de la decisión de la magistrada presidente del tribunal de no desvelar a los abogados defensores la identidad y domicilio de las testigos protegidos que identificaron a los acusados como las personas a las que vieron salir de la vivienda de la víctima.

La decisión de la magistrada presidente, según los abogados de los acusados, «no ponderó debidamente las razones de protección del testigo con las exigencias del derecho de defensa, dada la relevancia de dichos testigos como prueba sin la que la condena habría quedado huérfana de todo apoyo».

EL PAPEL DE LAS TESTIGOS PROTEGIDAS

A tal efecto, el TSJA considera «rotundamente claro que el único elemento de convicción que merece la consideración de prueba susceptible de soportar o fundamentar una condena por los delitos de asesinato objeto de la acusación fueron las declaraciones de las testigos protegidos T1 y T3». «Sin la combinación de estas dos testificales, no existe nada que pudiera considerarse ‘prueba de la autoría’ por parte de los acusados», considera el TSJA.

Del mismo modo, el Alto tribunal andaluz recuerda que «las defensas solicitaron, no en su escrito de calificación, pero sí al inicio de las sesiones del plenario, la revelación de la identidad y domicilio de las testigos protegidas justificándolo en la necesidad de su conocimiento a fin de valorar la existencia de motivaciones espurias, habida cuenta de que constaba algún incidente entre los vecinos de la calle donde vivía la víctima, y para contrastar lo que manifestaron haber visto y lo que pudieron ver desde su domicilio, donde decían encontrarse», si bien la magistrada «rechazó» tal extremo.

«Las defensas, en efecto, se encontraban con que la suerte de los acusados iba a depender casi exclusivamente de la verosimilitud que el jurado diera a la declaración de las dos testigos protegidas, T1 y T3 y, a falta de una coartada que contase con prueba convincente, no resultaba fácil imaginar una línea de defensa que no consistiera en suscitar dudas sobre la entereza del testimonio, la posibilidad de percepción errónea, la concurrencia de influencias indebidas o de prejuicios, o incluso de motivaciones espurias», razona el TSJA.

«CONTRASTAR LA VERACIDAD» DE LOS TESTIMONIOS

«De nada vale que las defensas pudieran interrogar a los testigos sobre aspectos como el lugar desde el que vieron los hechos, el ángulo de visión desde ese lugar, su relación con las partes, etcétera, si el anonimato de las declarantes les había privado de la posibilidad de una investigación previa que pudiera servir para contrastar la veracidad de sus manifestaciones», agrega el TSJA.

Así, el TSJA concluye que la «conjunción de todas las circunstancias», o sea la «insuficiencia de la motivación del mantenimiento del anonimato de las testigos T1 y T3 durante el plenario incluso respecto de los abogados defensores; la inexistencia de medidas compensatorias para las defensas y la condena basada exclusiva o al menos indispensablemente en las declaraciones de dichas testigos», conducen a «una vulneración del derecho de defensa de los tres acusados, con la consiguiente declaración de nulidad del juicio oral, el veredicto y la sentencia, y la necesidad de repetición de la vista con un nuevo jurado y magistrado, que salvo circunstancias sobrevenidas de suficiente entidad acuerde el levantamiento del anonimato» de las mencionadas testigos.

El líder del PP, Pablo Casado, prepara un gran acto de campaña este domingo con los ‘barones’ territoriales del partido para poner en valor los éxitos de gestión de la formación y dar un impulso a la campaña de Alejandro Fernández, según han adelantado a Europa Press fuentes ‘populares’.

Casado, que está semana ya viajó a Girona y Lleida, volverá de nuevo este domingo a Cataluña. El PP aún no ha desvelado la provincia en la que tendrá lugar el mitin pero está previsto que los presidentes autonómicos del partido participen de forma telemática, han indicado las fuentes consultadas.

Fernández, que ya contó el sábado pasado en Barcelona con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el lunes recibió el respaldo online del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Ñúñez Feijóo, será arropado este domingo por los presidentes autonómicos de su partido para destacar las políticas del PP basadas en bajadas de impuestos, lucha contra la «okupación» ilegal y «libertad educativa».

Hace una semana, el PP catalán también organizó un acto en Badalona (Barcelona) con Casado y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que se sumaron vía telemática alcaldes del partido en las principales capitales de provincia.

DAR UNA IMAGEN DE UNIDAD TRAS LOS REPROCHES POR LA PANDEMIA

En este acto con los ‘barones’, la dirección del PP también quiere dar una imagen de unidad después de que la semana arrancara con cruces de reproches entre algunos presidentes por la forma en la que cada uno está aplicando las medidas restrictivas para luchar contra la pandemia.

Así, hace unos días Feijóo dijo en ‘La Vox de Galicia’ que él «no se sentiría responsable» si tuviese que aplicar en su región las medidas aprobadas en la Comunidad de Madrid. Ayuso le respondió que Madrid tiene su «propia estrategia» y que ella no podía entrar en «confrontación» con otros presidentes. La madrileña también recibió críticas por parte del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, entre otros.

Además, el PP busca con este acto electoral dejar en un segundo plano la polémica en torno a la confesión del extesorero del partido Luis Bárcenas, que ha protagonizado la escena política estos días tras acusar al expresidente Mariano Rajoy de destruir pruebas sobre la supuesta caja b del PP.

Este viernes, Casado ha defendido en la Cadena Cope la «absoluta ejemplaridad» de su partido y se ha desvinculado por completo de Bárcenas y de cuestiones que son de «hace 20 años». Tras proclamar que «ese PP ya no existe», ha acusado a la Fiscalía que «depende» de Pedro Sánchez de filtrar la confesión del extesorero «a diez días de las elecciones en Cataluña».

UN IMPULSO FRENTE A VOX EN PLENO ECUADOR DE CAMPAÑA

El PP también quiere dar un impuso a la campaña catalana ante los avances de Vox que recogen los sondeos, como el sondeo ‘flash’ del CIS difundido este viernes y que incluso confirma el ‘sorpasso’ del partido de Santiago Abascal en las elecciones del 14 de febrero.

En ‘Génova’ descartan que ese adelantamiento pueda producirse pero no ocultan su inquietud por la posible irrupción con fuerza de Vox en el Parlamento catalán al captar en buena parte votos que en diciembre de 2017 fueron a Ciudadanos.

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha reclamado este viernes impulsar «un blindaje real y efectivo, no retórico» de la inmersión lingüística, así como que el catalán sea hegemónico en los medios públicos.

«Hablamos de un blindaje total, porque la inmersión lingüística es un elemento de cohesión e identidad, y garantiza la convivencia. Y es la única manera que tendremos de garantizar que los estudiantes acabarán su escolarización hablando catalán, castellano e inglés», ha sostenido en una comparecencia telemática, sin preguntas, ante el Barcelona Supercomputing Center de la capital catalana, acompañada de la consellera del ramo, Àngels Ponsa, y del conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró.

Así, propone aprobar un pacto nacional por la lengua que promueva la presencia y el uso del catalán en todos los ámbitos, también en el digital y el audiovisual.

De hecho, plantea que el catalán sea la «lengua hegemónica» en los medios públicos de Catalunya porque, tal y como recogen sus principios fundacionales, deben poder ser líderes referentes y normalizadores de esta lengua, ha indicado.

Según Borràs, el catalán ha superado «muchos obstáculos, pero ha sobrevivido por la voluntad de los ciudadanos de que la lengua sobreviva, pese a las persecuciones, descalificaciones y prohibiciones que durante demasiado tiempo ha sufrido».

«VIVIR PLENAMENTE EN CATALÁN»

Por ello, ha defendido el derecho a poder «vivir plenamente en catalán», algo que considera que ahora no es posible, y para ello ha reclamado disponer de las herramientas, las actitudes y compromiso para poder revertir esta situación.

Así, ha apelado a actuar en positivo a favor en catalán y del occitano, lo que significa «no actuar en contra de las más de 250 lenguas que se hablan en Cataluña», y ha situado la promoción de la lengua como un objetivo prioritario si es presidenta de la Generalitat.

En su opinión, hay que preservar el catalán como idioma central en todos los ámbitos, como el público, el académico, el digital, el de la administración de justicia y el institucional, y hacerlo «no como un mérito, sino como un requisito».

También ha reclamado la importancia de defender la lengua en Europa y trabajar por el respeto y la no agresión a los derechos lingüísticos de los catalanes».

Además, se ha comprometido a aumentar hasta el 2% el presupuesto de Cultura de la Generalitat, tal y como recoge el programa electoral de Junts, así como impulsar una ley de cultura como derecho universal.