Medicus Mundi ha denunciado el "estancamiento" de los fondos de cooperación y emergencias y ha pedido aumentar las partidas destinadas a ayuda humanitaria, que considera "la otra vacuna contra la Covid-19".

Así lo demanda junto a Médicos del Mundo, en un informe en el que estiman que 5.000 millones de personas no tendrán acceso a atenciónsanitaria en 2030.

También alertan, en términos globales, de que aumentará la mortalidad por VIH-SIDA, tuberculosis y malaria, por la "derivación de todos los recursos a la pandemia".

En este sentido, ambas organizaciones advierten en un comunicado común que la atención a enfermedades no transmisibles se ha interrumpido en "no menos de 60 países" y en aquellos con ingresos bajos y medios la mortalidad infantil y materna podría aumentar un 40%, avisan.

Por lo que se refiere a Cantabria, señalan que la Dirección de Cooperación al Desarrollo, dependiente de la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, disminuyó de forma "notable", un 56,6%, los fondos de desarrollo otorgados a proyectos sanitarios en 2019 respecto a 2018, pasando de 320.639 a 139.379 euros.

Medicus Mundi y Médicos del Mundo aseveran que cada cántabro destinó 3,54 euros a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cifra que "todavía queda lejos" de los 22,05 euros del País Vasco o de los 14,37 euros de Navarra y de la media del conjunto de las comunidades, que es de 4,62 euros por habitante, según comparan.

"No es de extrañar que el peso que la salud tiene en la cooperación que realiza el Gobierno de Cantabria sea solamente del 6,76%, muy lejos del 11,4% de porcentaje medio de la cooperación descentralizada autonómica y del 12,9% que de media destina el conjunto de los países del CAD", el Comité de Ayuda al Desarrollo.

En cuanto al número de acciones realizadas, señalan que el Ejecutivo autonómico ha financiado 32 acciones en cooperación, de las que 3 son de salud.

Finalmente, tras destacar que entre los años 2006 y 2009 esta ayuda del Gobierno regional "superaba con creces" los 5 millones de euros, lamentan que en 2012 "se quedó" en 248.130 euros.

A partir de ese momento, "vemos que la cooperación autonómica cántabra se mantiene en un perfil muy bajo hasta 2016, donde sube significativamente su desembolso. 2018 es otro momento de crecimiento significativo, pasando de 857.104 euros a 2,3 millones, cifra que desciende en 2019 y la previsión de 2020".

Los casos activos de Covid-19 en centros educativos no universitarios y escuelas infantiles de Galicia han subido a 621, que suponen cuatro más, mientras que las aulas cerradas se han reducido a 31, una menos, y sigue sin haber centros clausurados debido a la incidencia de este coronavirus.

Según el balance actualizado este miércoles por las consellerías de Educación y Sanidade, las infecciones activas en centros educativos se reducen en las áreas de A Coruña (-7), Lugo (-2) y Santiago (-1); mientras que suben en las de Vigo (+5), Ourense (+5), Pontevedra (+3) y Ferrol (+1).

El área de Vigo se mantiene a la cabeza con 205 infecciones activas --cinco más-- y 15 aulas cerradas --sin cambios--, cuatro de ellas por seis contagios en el IES San Paio de Tui --dos meos--; y otras dos por nueve positivos en la Escuela Infantil Santa Isabel de la ciudad olívica, donde otra escuela infantil tiene dos clases clausuradas por seis infecciones activas.

Le sigue la de A Coruña con 171 casos activos --siete menos-- y seis aulas cerradas --dos menos--, de ellas tres clases clausuradas en el CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal de Oleiros por 26 positivos --uno menos--, que suponen el mayor número de entre todos los centros de Galicia.

Mientras, en el área de Pontevedra se incrementan a 101 las infecciones activas --tres más-- y siguen dos aulas cerradas. El CEIP de San Roque de Vilanova de Arousa sigue como más afectado con 16 contagios --uno menos--.

Por su parte, el área sanitaria de Santiago cuenta con 75 positivos en centros educativos --uno menos-- y cinco clases cerradas --sin cambios--. El centro con más positivos es el CPR Plurilingüe Jaime Balmes de Noia, con seis, y un aula clausurada por la incidencia de la Covid-19.

Por su lado, el área de Ourense registra 33 casos activos de Covid-19 --cinco más-- distribuidos entre una veintena de centros --el que más concentra es el IES O Ribeiro en Ribadavia, con cuatro-- y sigue como la única de Galicia sin aulas cerradas por este coronavirus.

MENOS CASOS

Con menos casos de coronavirus en centros educativos de Galicia siguen las áreas de Lugo y Ferrol. La primera concentra 25 positivos --dos menos-- y un aula cerrada --sin cambios--.

Finalmente, la de Ferrol se mantiene a la cola con 11 contagios --uno más-- repartidos en ocho centros y dos clases clausuradas por la incidencia de la Covid --una más--, una de ellas en la Escuela Infantil Virxe do Chamorro por dos positivos y otra en un colegio de A Capela.

El PP de Cuenca ha asegurado este miércoles que "lo más honroso" para el responsable de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Cuenca y concejal del Ayuntamiento de Cuenca, Miguel Ángel Valero, es que dimita "de inmediato" por el derrumbe de la calle Canónigos.

En nota de prensa, los 'populares' han calificado como "uno de los sucesos más graves relacionados con el patrimonio que puedan haber ocurrido en los últimos años en nuestra capital" el derrumbe de parte de la calle Canónigos ocurrido este miércoles y ha preguntado tanto al presidente de la Diputación, Martínez Chana, como a Valero "si siguen pensando que no hay que invertir en piedras".

Han recordado cómo una y otra vez, sobre todo en los plenos de la Diputación, "los representantes socialistas se mofan del patrimonio de la ciudad y de toda la provincia calificándolo simplemente de piedras y jactándose de que no van a invertir ni un euro para rehabilitarlo".

"Los resultados de esa insensibilidad, de la Junta, la propia Diputación y del Ayuntamiento, y de esa prepotencia, desgraciadamente, los hemos podido comprobar hoy y seguirán ocurriendo derrumbes y perderemos monumentos si no cambian de actitud", apunta el PP.

Asimismo, los 'populares' lamentan cómo hace dos años quedaba "bruscamente suspendida", con la anulación de subvenciones y proyectos, "numerosas iniciativas destinadas a rehabilitar patrimonio" que, en la Diputación, dejaba presupuestada la anterior corporación del PP. "Se interrumpía una manera de concebir y de cuidar de nuestra capital y de nuestros pueblos que consistía en invertir en nuestro patrimonio y en ponerlo en valor, primero para no perderlo y, segundo, para revalorizarlo como reclamo turístico".

"Ha llegado el momento de depurar responsabilidades y de que quienes ostentan cargos políticos demuestren que no están capacitados para participar en el gobierno de esta ciudad ni de su provincia", declara el PP en alusión al diputado y concejal socialista Miguel Ángel Valero, "siendo arqueólogo, como es, va a tener el dudoso honor de pasar a la historia de nuestra ciudad por ser el edil bajo cuyo mandato se derrumbó parte de la calle Canónigos, a pesar de que en todo momento ha asegurado que en estas obras se estaban tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su desarrollo. Es lamentable", insiste el PP.

El Partido Popular de Cuenca apunta que "hay que agradecer de toda esta catástrofe que no tengamos que lamentar daños personales" y ha pedido a Valero que, "más le hubiera valido que, en vez de dedicarse a visitar pueblos para hacerse fotos de obras y rehabilitaciones que ya pagó la Diputación en años anteriores a la actual legislatura socialista, ocuparse de evitar este derrumbe".

Los 'populares' se preguntan ahora "qué le espera a Cuenca si Miguel Ángel Valero sigue en su puesto político y se acometen otro tipo de obras en el Casco Antiguo de la capital, como la instalación de ascensores o de escaleras mecánicas. Está claro que su capacidad ha quedado más que entredicho", concluyen los 'populares' "lo más honroso para Valero es que dimita de inmediato".

La consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, ha asegurado que el Gobierno Vasco ofrecerá un trato "igualitario" a todos los presos, tanto a los de ETA como al resto, una vez que asuma la competencia sobre la gestión de las prisiones a partir del 1 de octubre, dado que lo contrario supondría incurrir en un delito de "prevaricación". Por ese motivo, ha subrayado que "no es cierto" que, tal y como se afirma desde algunos partidos, el Ejecutivo vaya a otorgar "privilegios" a los reclusos de la desaparecida organización terrorista.

Artolazabal se ha referido de esta forma, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, al documento de bases sobre el modelo penitenciario que pretende aplicar el Gobierno autonómico en Euskadi, que este pasado martes fue remitido a la Cámara vasca.

El documento de bases sobre el futuro modelo penitenciario vasco contempla el establecimiento de un régimen de semilibertad inicial para penas de hasta cinco años. Además, prevé la posibilidad de crear módulos mixtos en los que puedan convivir ambos sexos, y establece que el tratamiento de los presos de ETA será "sustancialmente idéntico" al que reciban el resto de los reclusos.

La consejera, en referencia al hecho de que esta competencia aparece recogida en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, se ha felicitado por el hecho de que con el acuerdo sobre este traspaso, alcanzado entre los gobiernos central y vasco, se ponga fin a "43 años de incumplimiento" de la ley estatutaria.

"MEJORAR LA ATENCIÓN"

Según ha explicado, la asunción de la competencia sobre la gestión de los centros penitenciarios ubicados en Euskadi y del personal que se encuentra en ellos es una oportunidad para "mejorar la atención" que se ofrece a los reclusos.

Artolazabal ha reafirmado su convicción de que la resocialización de los presos y la justicia restaurativa han de ser los "principios básicos" sobre los que se articule el modelo penitenciario. La consejera ha afirmado que es necesario que las personas encarceladas dispongan de una "nueva oportunidad", tras haber cumplido su condena, para poder reinsertarse en la sociedad "con plenas garantías".

MAS SEGURIDAD

El modelo -ha añadido-- ha de estar orientado, asimismo, a evitar la "reincidencia", así como a "mejorar la percepción" de la sociedad vasca sobre los centros penitenciarios. Otro de los objetivos de las medidas que impulsará el Gobierno es lograr una "mayor seguridad" para la sociedad en general.

"Tenemos una oportunidad por delante para hacer las cosas de forma diferente", ha manifestado, tras lo que ha anunciado su intención de seguir trabajando con entidades del tercer sector en el diseño de itinerarios destinados a la reinserción de los reclusos.

MUJERES PRESAS

Otra de las prioridades que ha mencionado es la de abordar la situación de las mujeres que permanecen en prisión. La consejera ha explicado que las cárceles tienen "un marcado carácter masculino", y que es preciso adoptar medidas para evitar la "doble victimización" que en muchas pueden padecer las reclusas. Asimismo, se ha comprometido a desarrollar herramientas que mejoren la atención a la salud, la educación y la empleabilidad de las personas privadas de libertad.

Respecto a los presos de ETA, Artolazabal ha subrayado que suponen un porcentaje "muy reducido" de la población reclusa de Euskadi. En todo caso, y en la línea de lo establecido en el documento remitido al Parlamento, ha subrayado que el tratamiento que se ofrecerá a todos los presos, independientemente de cuál sea el delito que hayan cometido, será "igualitario", dado que lo contrario supondría incurrir en un delito de "prevaricación".

De esa forma ha advertido de que "no es cierto" que, tal y como mantienen algunos partidos y sectores, el Gobierno Vasco vaya a otorgar "privilegios" a los presos de la desaparecida banda.

"Todas las personas que se encuentran en los centros penitenciarios de Euskadi van a tener las mismas oportunidades y las mismas obligaciones, con independencia de cuál sea el motivo por el que están cumpliendo condena", ha manifestado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la sentencia dictada por un Juzgado de lo Social de Alicante, que condenó a la Conselleria de Sanidad por la ausencia de Equipos de Protección Individual (EPI) a los médicos en la primera ola de covid.

La sala, que no entra en el fondo del asunto, ha decretado la nulidad de las actuaciones y ordenado retrotraer el procedimiento al momento de la admisión a trámite de la demanda de CESM, que promovió este proceso, a fin de que el Juzgado de lo Social requiera al sindicato para que "concrete su demanda, identificando y cuantificando los daños y perjuicios concretos reclamados tanto por el sindicato demandante como por cada uno de los trabajadores en cuyo nombre e interés actúa".

Así figura en sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJCV en el que estima en parte los recursos interpuestos por la Conselleria de Sanidad y el CESM contra la sentencia de primera instancia y el auto posterior de aclaración dictados por el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante.

El juzgado consideró que Sanidad había incumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y generado un grave riesgo a la seguidad y salud de los facultativos sanitarios de la provincia de Alicante y le condenó a suministrar y proveer de EPI necesarios. Así mismo, abrió la vía a los sanitarios afectados para que acudieran a la jurisdicción contencioso-administrativa para instar la responsabilidad patrimonial generada por un funcionamiento anormal de la Administración Estado-CCAA.

No obstante, el alto tribunal declara nula la sentencia y el auto de aclaración, así como todas las actuaciones practicadas en el procedimiento desde el momento de la admisión de la demanda, al entender que el proceso "no debió reconducirse a los trámites del proceso de conflicto colectivo" ya que "exige unos requisitos específicos de legitimación que difícilmente podía acreditar la parteactora que no formuló demanda alguna de conflicto colectivo", sino que estamos ante "una demanda plural".

En ese sentido, argumenta que como "la sentencia de instancia, entendiendo que estamos ante una demanda de conflicto colectivo, no ha identificado las circunstancias concretas de los trabajadores en interés de los cuales actúa el sindicato y los incumplimientos concretos en materia de prevención de riesgos laborales cometidos" por la Conselleria de Sanidad respecto de esos empleados "noresulta posible a través de este recurso casi extraordinario y de objeto limitado poder resolver sobre las cuestiones planteadas".

Por ello, además de anular la sentencia, acuerda que se repongan las actuaciones al momento de la admisión para que se requiera a CESM que en el plazo de cuatro días "concrete su demanda identificando y cuantificando los daños y perjuicios concretos reclamados tanto por el sindicato demandante como por cada uno de los trabajadores en cuyo nombre e interés actúa".

Una vez cumplido este trámite, el procedimiento deberá seguir los cauces legales hasta el dictado, en su caso, de una nueva sentencia por el juzgado de Alicante. La resolución, al declarar la nulidad de las actuaciones, no entra a conocer los demás motivos de recurso formulados por las partes y que se refieren al fondo del asunto.

"SE TUVIERON QUE PROVEER DE CUALQUIER MODO"

Al respecto, CESM, en un comunicado, ha recordado que los médicos "tuvieron que hacer frente a la pandemia del covid-19, durante los meses de marzo a mayo de 2020, sin ningún tipo de protección" y que se "tuvieron que proveer de cualquier modo y forma para atender a los pacientes".

"Todos recordamos como se les negaban las mascarillas, los buzos, las gafas protectoras o los guantes y como tuvieron que fabricarlos con bolsas de basura o aceptar mascarillas caseras sin homologar con lo que fueron sometidos a una presión adicional al tener que atender a los pacientes sin ningún tipo de protección, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias", ha señalado.

Por ello, ha mostrado su satisfacción por que la justicia valenciana "reconozca el derecho de los médicos a ser compensados por su trabajo en las condiciones impropias de nuestro país, y a su vez que la Conselleria de Sanitat sea declarada culpable de la nefasta gestión que todos padecimos, y que esperamos no se vuelva a repetir".

En ese sentido, ha recalcado que "continuará reclamando y exigiendo el cumplimiento del derecho que los médicos tienen a realizar su trabajo con protección de su seguridad, salud e integridad personal, en definitiva, con la protección debida que a su vez es la de los ciudadanos a los que atienden".

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, han presentado este miércoles una herramienta para detectar y prevenir casos de explotación sexual infantil y adolescente.

La herramienta ha sido presentada en el Arxiu del Regne de Mallorca, en un acto con profesionales del sector de la atención a la infancia. El proyecto ha sido posible con la colaboración del Instituto Balear de la Mujer (IbDona), la Conselleria de Asuntos Sociales y cuatro universidades y el apoyo del Gobierno de España.

La herramienta, enfocada a uso profesional a partir de 11 años, ofrece una primera evaluación que acompaña a la comunicación del Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), contemplando diversos indicadores para evaluar el riesgo de cada caso.

Por ejemplo, se analizan cuestiones como si la menor está en posesión injustificada de dinero u otros objetos de valor, si presenta lesiones de origen desconocido, si presenta absentismo escolar, cambios bruscos de personalidad, etc.

Desde el Govern han explicado que uno de los principales objetivos es combatir el fenómeno que coloquialmente se conoce como 'sugar daddies', hombres que explotan sexualmente a mujeres mucho más jóvenes a cambio de dinero y regalos.

Esta herramienta se incluye dentro de una guía de actuación ante casos de explotación sexual en la infancia y la adolescencia, dirigida a profesionales relacionados con la atención a menores -trabajadores del ámbito de la salud, educadores sociales, fuerzas de seguridad, etc-. El instrumento se presenta como un complemento a los protocolos ya existentes.

La herramienta deberá pasar ahora una fase de pruebas y en última instancia se pretende llevar a cabo una validación empírica que requeriría la colaboración de otras Comunidades autónomas.

La consellera de Igualdad, Mercedes Garrido, ha confiado en que cuando la herramienta supere todo el proceso de validación se pueda extender a otros ámbitos y que incluso Europa le dé su aprobación para integrarla dentro de los protocolos.

Además, Garrido ha valorado el carácter "pionero" de la herramienta. "El compromiso del Govern era revisar y actualizar todo lo que fuera necesario para fortalecer la lucha contra la explotación sexual infantil", ha incidido.

Por su parte, la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha recalcado que aunque "es muy doloroso hablar de este tema", "existe y el silencio no es una solución".

Durante la presentación, la directora de la herramienta, Beatriz Benavente, ha explicado que una de las dificultades para identificar estos casos es la propia renuencia de la víctima a contarlo, ya que "muchas no se dan cuenta de que son víctimas de un abuso" y "pueden sentirse cómplices por haber tenido algún tipo de recompensa", entre otros motivos.

Benavente ha alertado asimismo de que la expansión de Internet ha facilitado a los explotadores llegar hasta sus víctimas, así como "la normalización de ciertas prácticas" en la cultura popular.

El Grupo Parlamentario Popular ha aprobado, con la abstención del BNG y el rechazo de los socialistas, una iniciativa para que la Xunta demande al Gobierno central adecuar la legislación sanitaria estatal por la pandemia y retirar la solicitud de suspensión de parte de la ley de salud gallega.

A través de la iniciativa defendida en el pleno ordinario que este miércoles ha acogido el Pazo do Hórreo por el PPdeG, que ha rechazado sendas enmiendas del BNG y el PSdeG, se ha instado al Gobierno gallego a pedir al Ejecutivo central la actualización de la legislación orgánica para proporcionar a las autoridades competentes "el mejor marco jurídico posible" para afrontar situaciones "presentes y futuras" de "riesgo grave para la salud pública".

Además, se ha reclamado que, mientras no concluya la actualización de la ley estatal de salud, el Gobierno "desista de solicitar la suspensión de la normativa legal aprobada por los distintos órganos legislativos autonómicos" para dar respuesta a las necesidades que afrontan las autoridades sanitarias competentes y "para las que la actual legislación orgánica resulta insuficiente".

El pasado 21 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) ratificó la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno central contra la reforma de la ley gallega de salud y, en consecuencia, la suspensión del apartado cinco del artículo único de la modificación, en el que se definen actuaciones concretas y medidas a adoptar frente a la pandemia, como la vacunación.

En la defensa de la iniciativa, el diputado popular Miguel Tellado ha responsabilizado al Gobierno central de las aglomeraciones que tuvieron lugar este fin de semana en algunas ciudades españolas por "negarse a crear un marco jurídico" para "evitar" esas situaciones. Así, ha criticado que no se actualizase la ley orgánica de salud, lo que, a su juicio, ha conllevado que después de decaer el estado de alarma este fin de semana el Gobierno "convirtió al Tribunal Supremo en un juzgado de guardia" dada su capacidad para avalar o rechazar el establecimiento de restricciones.

Frente a ello, ha reivindicado la aprobación de la reforma de la ley gallega de salud en el Parlamento autonómico que "garantiza una respuesta proporcionada" a la pandemia, aunque ha reprobado que el PSdeG y el BNG "se situasen al lado de los negacionistas de Vox" al rechazarla. Así, Tellado ha insistido en que la normativa "permite tener mecanismos para la desescalada" y "evitar" una nueva ola de la pandemia y ha criticado que el Gobierno central, que "ni trabaja ni deja trabajar", solicitase la suspensión de parte del articulado ante el Tribunal Constitucional.

Después del debate, Tellado ha aceptado retirar la alusión al diputado socialista Pablo Arangüena como "palmero" ante las quejas del mismo y después de que el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, señalase que no podía considerarse como "un insulto".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Mientras, la diputada nacionalista Iria Carreira ha denunciado que "la capacidad de autogestión se desvanezca" en la comunidad ante la pandemia y ha lamentado que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se encuentre "instalado en la política de la queja" y "cómodo" frente a "una delegación de competencias a Madrid".

Ante la crisis sanitaria actual, ha defendido la importancia de reforzar el sistema sanitario gallego y sus recursos y ha reiterado que el BNG se opuso a la reforma de la ley gallega de salud dado que "solo puso encima de la mesa medidas de carácter restrictivo" y "no responde a las necesidades de la pandemia".

Por su parte, el diputado socialista Julio Torrado ha defendido que existen "mecanismos" para hacer efectiva una "vulneración de derechos y libertades fundamentales", pero ha señalado que "otra cosa" es que "alguno" busque "poder levantarse" y decidir "lo que quiere" al respecto. Además, ha reprobado que "cuando hay estado de alarma, el PP no lo quiere" y "cuando no lo hay, lo quiere", por lo que se ha preguntado "qué votaría hoy" si su aplicación se sometiese de nuevo al Congreso de los Diputados.

Torrado también ha acusado a la Xunta de haber impulsado la modificación de la ley gallega de salud a través del PPdeG para que Feijóo "pudiese decidir qué derechos y libertades podía restringir sin pedir autorización al Gobierno central". Adicionalmente, ha acusado al Ejecutivo autonómico de "intentar tergiversar conductas" observadas en "muy bajo nivel" dado que la "ciudadanía se comporta magníficamente". "Usted querría que la población gallega se portase mal para echárselo en cara al Gobierno", ha reprochado a Tellado el diputado socialista.

INICIATIVAS RECHAZADAS

En otro orden de cosas, el PPdeG ha votado en contra de dos iniciativas socialistas. En la primera de ellas, que ha sido apoyada por los nacionalistas, el PSdeG demandaba que todas las subvenciones de la Xunta destinadas a ayuntamientos se convocasen en régimen de concurrencia competitiva "con criterios claros, objetivos y previamente consensuados con la Fegamp". Del mismo modo, pedía al Gobierno gallego la elaboración de un plan para frenar la despoblación en municipios de menos de 20.000 habitantes y el envío al Parlamento de información sobre las solicitudes presentadas por orden de llegada de la documentación de los solicitantes.

En el debate de la iniciativa, socialistas y nacionalistas han criticado la adjudicación de fondos mediante convenios o convocatorias en régimen de concurrencia competitiva y han defendido que se distribuyan a través del fondo de cooperación local. En cambio, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Paula Prado, ha reiterado la importancia de que el Gobierno central establezca un nuevo modelo de financiaciónautonómico y local.

Los populares también han votado en contra de otra iniciativa socialista, ante la que el BNG se ha abstenido, para reclamar a la Xunta el impulso de medidas que eviten la exclusión financiera de consumidores gallegos y permitan su accesibilidad digital. También se pedía que estudiase el impacto de la concentración financiera en la comunidad.

El diputado socialista Francisco Rivera ha reprobado que entidades financieras con beneficios acometan reducciones de plantillas y oficinas, mientras la diputada del BNG Noa Presas ha criticado la "falta" de actuación del Gobierno y que "Feijóo dé ayudas" a las mismas para que "pongan cajeros donde cerraron oficinas". Asimismo, la diputada popular Sandra Vázquez ha pedido al Gobierno central un plan contra la exclusión financiera en el ámbito rural.

Euskadi ha salido de la 'zona roja' por alta incidencia del coronavirus, tras rebajar la incidencia acumulada a 384,78 casos por 100.000 habitantes en 14 días. La Comunidad Autónoma Vasca ha registrado 39 fallecimientos con covid-19 como causa directa del 3 al 9 de mayo, uno menos que en la semana precedente, y los nuevos contagios de coronavirus detectados este pasado martes ascienden a 479, lo que supone 18 más que el día anterior, y eleva la tasa de positividad al 4,9%, dos décimas más.

Según los datos aportados este miércoles por el Departamento vasco de Salud, durante este pasado martes se han realizado 9.684 pruebas diagnósticas (6.106 PCR y 3.578 test de antígenos), por debajo de las 9.817 del día anterior, con resultado de 479 positivos. Con estos indicadores, la tasa de positividad en relación a las pruebas practicadas se ha incrementado en dos décimas, del 4,7% al 4,9%.

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 54,6%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 33,3% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

La tasa de positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes ha bajado este pasado martes en Euskadi, continuando con su tendencia descendente, y alcanza los 384,78 casos, lo que supone casi 18 puntos menos que el lunes (402,51). De esta forma, la Comunidad Autónoma Vasca abandona la 'zona roja' al rebajar la incidencia por debajo de los 400 casos.

Gipuzkoa continúa siendo el territorio con una tasa acumulada más alta, con 447,77 casos (476,50 en la jornada anterior) y el único que permanece en la 'zona roja', mientras que Bizkaia presenta una tasa acumulada de 384,23 casos (393,54 el día previo) y Álava de 225,92 casos (246,81 el lunes).

Por otro lado, la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) también ha bajado este martes y se sitúa en 0,78 para el conjunto de Euskadi (era de 0,79 en la jornada previa), mientras que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, se ha reducido a 0,84 (era de 0,85 el lunes).

Por territorios, se han detectado 298 casos positivos en Bizkaia este pasado martes, 33 más que el lunes. Bilbao suma la mayor parte, con 102 nuevos contagios, 15 más, y sitúa la tasa de incidencia acumulada en 460,92 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Le siguen Barakaldo con 19, Galdakao con 17, Getxo y Sestao con 14 en cada municipio, y Erandio y Portugalete con 13 en cada localidad.

En Gipuzkoa se han registrado otros 140 casos (14 menos). Del total, en San Sebastián se han contabilizado 33 positivos más (17 menos que el lunes) y baja la incidencia acumulada a 465,48 casos. En Errenteria se han detectado 15 casos y en Irún once.

Por su parte, Álava ha sumado 29 nuevos contagios, tres menos que el día previo. La mayoría de los nuevos positivos se han detectado en Vitoria, un total de 22 (cuatro menos que en la jornada anterior), y la incidencia acumulada se ha reducido a 222,91 casos.

A ellos se añaden tres positivos en coronavirus entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente al único caso de la jornada previa.

EN 'ZONA ROJA'

Junto a las capitales de Bilbao y San Sebastián, superan los 400 casos acumulados otras 28 localidades de más de 5.000 habitantes, la mayoría en Gipuzkoa. En concreto, son Aretxabaleta, Astigarraga, Azkoitia, Deba, Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Legazpi, Oñati, Ordizia, Orio, Tolosa, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga.

A ellas, se suman las vizcaínas de Galdakao, Leioa, Mungia, Muskiz, Santurtzi, Sestao, Sopela y Trapagaran, así como el municipio alavés de Llodio.

Tras el decaimiento del estado de alarma este pasado domingo, los municipios en 'zona roja' por alta incidencia de la pandemia, ya que no están sometidos al confinamiento perimetral, ni tampoco a las restricciones específicas para la hostelería, sino que se aplican las medidas sanitarias conjuntas para toda la Comunidad Autónoma Vasca establecidas por el decreto del Lehendakari, Iñigo Urkullu, publicado este pasado sábado.

HOSPITALES

En los hospitales de Euskadi, han ingresado en planta 69 personas con covid durante el martes, una menos que el día anterior. En total, permanecen hospitalizados en planta 349 pacientes con coronavirus, diez menos que el lunes.

Por su parte, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos se mantiene la presión, con 159 camas de críticos ocupadas, una más que el lunes.

Además, tras analizar los datos acumulados en la semana del 3 al 9 de mayo, Osakidetza concluye que ha habido 39 fallecimientos con Covid como causa directa, lo que supone uno más que los registrados en la semana del 26 de abril al 2 de mayo.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se sigue produciendo en las personas de entre 40 y 64 años (173 nuevos positivos), seguidas de los de la franja de edad de 19 a 39 años (134) y de los menos de 18 años (112). Los mayores de 65 años contabilizan 59 casos, de los que 17 superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre los menores de 18 años (553,56) y la más baja es la de la población mayor de 80 años (con 145,19), ambas en tendencia descendente.

ERC, Junts y la CUP han alcanzado este miércoles un pacto "de mínimos como base para desencallar el inicio de esta legislatura", lo que puede servir para intentar desbloquear las negociaciones para la investidura del candidato republicano a la Presidencia, Pere Aragonès, y la formación del Govern.

Lo han anunciado en un comunicado conjunto después de la reunión que han mantenido los tres partidos en el Parlament durante dos horas y de la que han salido juntos la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, el diputado de Junts Francesc Dalmases y la protavoz de la CUP en la Cámara catalana, Eulàlia Reguant.

Los tres partidos han pactado cuatro puntos que son muy parecidos a los que la CUP había puesto sobre la mesa este miércoles por la mañana al proponer esta reunión a tres bandas.

En el primer punto ERC, Junts y la CUP apuestan por dar una respuesta a la crisis social y económica, y en el segundo "construir un muro de defensa de los derechos fundamentales y básicos que tienen un amplio apoyo por parte de la sociedad catalana y que no caben en el marco del Estado".

"DIÁLOGO Y EMBATE DEMOCRÁTICO"

En el tercer punto, los tres grupos han acordado convocar una primera reunión de trabajo para construir un "gran Acuerdo Nacional para la Autodeterminación que vaya más allá de los partidos políticos y que agrupe la amplia mayoría social del país favorable a la solución democrática que vive el país, con el compromiso inequívoco que desde el diálogo y el embate democrático al Estado se pueda alcanzar el ejercicio de la autodeterminación y la amnistía durante la próxima legislatura".

Con esta fórmula, el comunicado recoge las dos estrategias que dividen a los partidos independentistas, ya que mientras ERC prioriza la vía del diálogo con el Gobierno central, Junts apuesta por la confrontación con el Estado.

ESPACIO ESTRATÉGICO

El otro punto que han pactado es el de crear un espacio para debatir la estrategia independentista "más allá de la gobernabilidad", que ha sido el principal escollo que ha bloqueado la negociación entre ERC y Junts.

Desde el inicio de las negociaciones, ambos partidos han discrepado sobre cuál debe ser el espacio de dirección estratégica del independentismo y qué papel debe ocupar el Consell per la República (CxRep): Junts defiende que la estrategia se decida dentro de esta entidad presidida por Carles Puigdemont, mientras que ERC lo rechaza porque cree que esto sería imponer una "tutela" al Govern y apuesta por un espacio entre los tres principales partidos independentistas, la ANC y Òmnium.

Así, separar el debate sobre la estrategia independentista y el espacio de coordinación puede ayudar a desencallar la investidura y evitar la repetición de elecciones.

La reunión se ha producido el día después de que Junts trasladara a ERC que no cederá votos para facilitar la investidura del candidato republicano a la Presidencia, Pere Aragonès, si lo que pretende es gobernar en solitario mientras que ERC mantiene que la única opción que contempla es obtener sus apoyos para un Govern en solitario, de manera que las negociaciones están bloqueadas a falta de 14 días para agotar el plazo.

El jefe del Área Central de Delitos Económicos, el subinspector Jose Merino, ha explicado este miércoles que el hombre que presuntamente estafó 15 millones de euros a más de 200 personas en Girona "actuaba solo y se hacía pasar por un bróker de éxito en el Reino Unido".

En declaraciones a los medios, Merino ha manifestado que la investigación se inició a principios de 2019 por los Mossos d'Esquadra, la policía de West Yorkshire y la Europol a raíz de una denuncia de desaparición del responsable de una estafa piramidal por un fraude de falsas inversiones.

La investigación sancionó a casinos y casas de apuestas de operadoras del Reino Unido porque "el presunto estafador gastaba enormes cantidades de dinero en los locales y los casinos no hicieron prevención de blanqueo de dinero y se les impuso una sanción de seis millones de euros que fueron transferidos a los juzgados de Girona para compensar a las más de 200 víctimas".

PERFIL DEL ESTAFADOR

Ha relatado que el presunto estafador era una persona de Girona, de unos 35 años, que sufría ludopatía y "se montó una vida ficticia, haciéndose pasar por un bróker de éxito en el Reino Unido", aunque no trabajaba y el dinero que conseguía de sus víctimas --cerca de 15 millones de euros-- lo gastaba en casinos y casas de apuestas.

Estuvo viviendo entre cuatro y cinco años en el Reino Unido, pero luego huyó a Alemania, y en abril de 2019 se le detuvo e ingresó en prisión preventiva con una fianza de tres millones de euros, "la fianza más elevada que se ha puesto nunca en Girona".

VÍCTIMAS

Merino ha señalado que de las 200 víctimas, más de 100 son de Catalunya, y que al principio "eran del círculo familiar, y que los mismos familiares, sin saber que era un fraude, animaban a otras personas a invertir a través del estafador porque estaban convencidos de que el dinero sería invertido en empresas de la bolsa".

Ha destacado que el presunto estafador les ofrecía unas rentabilidades del 3% mensual y les hacía firmar contratos "simulando que había empresas detrás", y a medida que pasaba el tiempo, les enseñaba gráficos de la evolución de los beneficios para que siguieran invirtiendo.

El presunto estafador les pedía entre 1.000 y 60.000 euros en función de la capacidad de cada víctima, y solo "devolvió parte del dinero al 5% de las víctimas para que nadie lo delatara y poder seguir estafando".

RECOMENDACIONES

Merino ha asegurado que "las rentabilidades que se ofrecen es el primer factor que tiene que hacer sospechar si detrás hay una inversión real, o también si el inversor pone trabas para recuperar el dinero".

Actualmente, ha explicado que la estafa relacionada con las falsas inversiones "es la que está teniendo una incidencia más alta a nivel de coste: el bitcoin está teniendo un crecimiento muy importante, e invertir en criptomonedas es un riesgo elevadísimo".

El abogado del que fuera gerente del PP Cristóbal Páez ha defendido este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la caja 'b' que él no tuvo ninguna capacidad de decisión ni participación en la forma en la que supuestamente se costearon las obras. Asimismo, ha asegurado que una vez que Luis Bárcenas dejó la Tesorería de los 'populares' "no hubo 'papeles de Páez'".

Así lo ha dicho el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda durante su informe de conclusiones finales, en el que ha lamentado que en este procedimiento se hayan celebrado "dos juicios en uno". "Ha habido el que podíamos llamar el juicio de los 'papeles de Bárcenas' con el correlato de imputaciones veladas contra importantes personajes del PP e importantes empresarios que habrían sido donantes de dinero 'b'", ha dicho en alusión a los apuntes sobre la contabilidad paralela del PP que hizo el extesorero Luis Bárcenas durante casi 20 años.

"Y luego está el juicio por el pago de las obras de la remodelación de la sede del PP", ha continuado, en donde según ha dicho el letrado entraría su defendido Cristóbal Páez, para quien ha pedido la absolución frente a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de un año y medio de prisión de cárcel y a penas superiores interesadas por las acusaciones populares.

El abogado ha enfatizado que las acusaciones que se dirigen contra él son "muy difusas", ya que, según ha indicado, y compartiendo los argumentos de las defensas de los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, también acusados, en el caso del delito de falsedad documental "no se concreta los documentos falseados".

También ha señalado la falta de concreción de los documentos y facturas que Páez firmó en relación a las obras y por el que se le atribuye una presunta actuación delictiva. Asimismo ha reprochado que se le acuse de ser cómplice de un delito fiscal "cometido por otro, por una empresa en la que Páez obviamente no trabajaba", en referencia a Unifica, despacho de arquitectos que realizó las obras.

"INOCENTE ALCANZADO POR UN PROYECTIL DIRIGIDO CONTRA SUPERIORES"

"Con todos mis respetos no es una acusación seria", ha dicho Martínez-Fresneda, al tiempo que ha concluido que el sucesor de Bárcenas en la Gerencia del PP es una "persona inocente alcanzada por un proyectil dirigido contra sus superiores en una batalla en la que él es alguien completamente ajeno".

En este sentido, el abogado ha recordado que Páez fue adjunto a la Gerencia hasta 2008 y por tanto "era un empleado del PP, un trabajador por cuenta ajena, que no tenía un cargo político. En consecuencia, tampoco era un directivo porque no tenía decisiones, ni firma en los bancos, no tenía nada que ver con la contabilidad ni el presupuesto del PP. No tenía ni podía tener lo que se llama el dominio del hecho".

Y para incidir en esta afirmación ha repasado todos los testigos que dijeron que Bárcenas era la persona encargada de llevar las cuentas del partido y que siguió manteniendo estas competencias cuando pasó a suceder a Álvaro Lapuerta como tesorero.

Sobre la reforma de la sede del PP, la defensa de Páez ha señalado que éste llevó la gestión diaria de las obras junto a Antonio de la Fuente, que en aquella época también era adjunto a la Gerencia del partido, y no ha sido juzgado por estos hechos.

Ha admitido que dentro de esas competencias supervisó alguna certificación final de obra o factura, pero ha recalcado que nunca tuvo capacidad para dar orden de pago ni de forma oficial ni en negro.

"NO HAY PRUEBAS" DE FACTURAS FALSAS

En cualquier caso, el abogado de Páez ha hecho hincapié en que la documentación con distintos importes sobre unos mismos trabajos, y que según las acusaciones son muestra de una manipulación en la facturación, pues aseguran que la diferencia se pagó en negro, podrían ser borradores, pero nunca unas facturas falsas. "No hay pruebas", ha recalcado.

Así, para desmontar esta tesis, la defensa ha apuntado que en muchas de las certificaciones se señala que se paga el 60 por ciento del coste total, por lo que, a su juicio, "si lo que se quiere es pagar en b, lo lógico sería que se dijera que es el 100 por 100".

De hecho, ha subrayado que Bárcenas le desvinculó del manejo de la caja 'b' y ningún testigo le han identificado en la recepción de donaciones. "Los papeles desaparecen en 2008 coincidiendo en el momento en el que Cristóbal Páez pasó a ser gerente".

"A partir de 2008 no hay 'papeles de Páez'. Lo cierto es que Páez no heredó ninguna caja 'b'", ha remachado al tiempo que ha ironizado que si, como dicen las acusaciones, "ordenó pagos en 'b', lo suyo sería que hubiera seguido con esa sistemática, pero no fue así".

En este sentido, ha reprochado a las acusaciones populares que retiraran la acusación contra la ex empleada de Unifica Laura Montero, al no tener suficientes pruebas de su participación en los hechos, y no "apliquen la misma vara de medir a Páez".

"Si el que entregó el documento no cometió delito --en referencia a Montero por ser la arquitecta que estuvo a pie de obra y trató directamente con Páez--, ¿cómo puede ser que lo cometiera el que lo recibió?. El pecado que comete Páez en este caso es que trabajaba por cuenta ajena para el PP y no para Unifica. Por lo cual, se está queriendo aplicar un castigo a Páez porque no se puede castigar a sus jefes. Esta es la realidad", ha concluido.

REPROCHES A LAS ACUSACIONES POPULARES

Por su parte, el abogado de Laura Montero ha precisado que la única intervención que tuvo su defendida, a quien sólo acusaban las acusaciones populares, fue enviar una certificación final de obra de todas las cuestionadas a Páez por orden de su jefe, Gonzalo Urquijo, tal y como se refleja en un correo electrónico que obra en el sumario de la causa.

Esta defensa ha centrado su informe final en reprochar a las acusaciones populares pedir provisionalmente penas excesivas de hasta 20 años de cárcel y una responsabilidad civil de un millón de euros haciendo, en algunos casos, una breve mención a la arquitecta en sus escritos de acusación y con "falta de rigor".

"La semana pasada cuando retiraron la acusación, Laura se echó a llorar, porque han sido seis años de muchas noches sin dormir, de angustia", ha confesado el abogado.

Por ello, pide al tribunal que imponga a las acusaciones populares las costas del procedimiento por mala fe y temeridad, al entender que han tenido una actitud procesal basada en el "interés" a costa de "pasar por encima de las personas".

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha valorado el "cambio de posición" de España sobre las patentes de las vacunas contra el coronavirus, si bien ha pedido que haya un compromiso "más firme" a nivel europeo, como lo ha hecho el Gobierno de Estados Unidos.

"Valoramos positivamente las propuestas de España para incrementar la producción y distribución de las vacunas contra la COVID-19 y el espíritu que subyace en el documento presentado en el Foro de Oporto para encontrar soluciones. No obstante, esperamos un compromiso en firme con la propuesta de India y Sudáfrica de suspender temporalmente las patentes no solo las vacunas sino también de otras herramientas médicas como los tratamientos y los diagnósticos para el coronavirus, pues es una medida que facilita el aumento de la capacidad de producción a medio plazo", ha dicho el responsable de Relaciones Externas de MSF, Raquel González.

Y es que, prosigue, las patentes son un barrera indudable para incrementar la capacidad de producción y la distribución equitativa. En este sentido, ha recordado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez llevó una propuesta al foro en la que se recoge que "la propiedad intelectual no puede ser un obstáculo en la lucha contra la COVID-19 ni para los esfuerzos por garantizar el acceso equitativo y universal a las vacunas".

En el documento menciona la necesidad de alcanzar un consenso de manera urgente sobre la propuesta de la exención temporal sobre ciertas obligaciones del Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) planteada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta mañana, MSF ha hecho llegar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la petición de 73.614 personas dirigida al Gobierno español para que apoye la supresión de algunos derechos sobre patentes mientras dure la pandemia. "La escasez de diagnósticos, tratamientos y otras herramientas médicas vitales siguen añadiendo presión a países como India o Perú", ha señalado el presidente de MSF, David Noguera.

A juicio de MSF, la exención de estas patentes, "sin ser la única solución ni una medida excluyente", permitiría a los países contar con más herramientas para hacer frente a las limitaciones de las normas de propiedad intelectual actuales y eliminar las barreras legales que obstaculizan la producción y el suministro de productos médicos COVID-19.

"La escasez de diagnósticos, tratamientos y otras herramientas médicas vitales siguen añadiendo presión a países como India o Perú, donde los equipos de MSF son testigos del aumento de casos y de una situación que ha situado los sistemas sanitarios al borde del colapso", ha zanjado Noguera.

El fiscal y el resto de las partes personadas en el juicio contra el acusado de atropellar y no auxiliar a otro joven en verano de 2016 en Santander han elevado este miércoles a definitivas sus conclusiones, manteniendo así la acusación pública la pena de dos años de cárcel solicitada para el conductor, que entonces tenía 19 años, los mismos que la víctima, que sigue en coma profundo. "Es una muerte en vida", ha manifestado la doctora que le examinó y realizó el informe sanitario.

El representante de la Fiscalía considera que los hechos, ocurridos en la madrugada del 26 de agosto en la Avenida de los Infantes, en El Sardinero, constituyen un delito de lesiones por imprudencia menos grave y otro de omisión del deber de socorro, merecedores de una condena de 4.050 euros -y la prohibición de conducir durante doce meses- por el primero y dos años de prisión por el segundo.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los padres del herido, ha insistido en que se trata de un delito de lesiones por imprudencia grave y otro de omisión del deber de socorro agravado, por los que piden, respectivamente, tres y dos años de prisión, es decir, cinco en total. La víctima fue indemnizada con 2,8 millones de euros por la aseguradora del vehículo, por lo que el representante legal de la familia no efectúa petición alguna en concepto de responsabilidad civil.

No obstante, ha modificado su relato inicial para agregar que el procesado tenía el carné de conducir desde hacía menos de dos años y en ese tiempo había tenido dos sanciones administrativas "graves" por sendas alcoholemias positivas.

De su lado, la defensa considera que su patrocinado -que estuvo en prisión provisional casi un mes después del accidente- no ha cometido delito alguno y ha vuelto a solicitar su absolución, añadiendo a su escrito provisional dilaciones en este procedimiento judicial.

Ha sido en la tercera sesión de la vista, que se celebra desde el lunes con jurado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que tras el interrogatorio al procesado y la declaración de los testigos y peritos está pendiente de los informes de las partes -el jueves- y del veredicto del tribunal -el viernes-.

En esta jornada, el fiscal también ha modificado su escrito provisional al elevarlo a definitivo, manteniendo eso sí que el implicado circulaba a velocidad "elevada" cuando giró el turismo -un Ford Focus de su padre- para tomar una calle por la que iba caminando la víctima junto a un amigo, por la calzada y de espaldas al sentido de la marcha.

Al escuchar el ruido de un motor -que sonó como "un rugido" según manifestó el acompañante-, ambos trataron de esquivar el vehículo, este último apartándose hacia la derecha y el chico herido hacia la izquierda, de modo que se situó en el centro de la vía, según ha precisado la acusación pública. Y como el automovilista también intento evitarles "en el último momento", dirigió su coche a la izquierda, pese a lo cual arrolló a uno de los dos con la parte delantera del coche, lanzándole hacia arriba. De hecho, un hombre que pasaba por allí y presenció lo ocurrido manifestó ante el plenario que vio al joven "volar", con una trayectoria "muy vertical", algo que le "impresionó".

Para la Fiscalía, el acusado no puedo evitar el atropello porque los peatones invadían la calzada y no observó todas las normas de cuidado, pues circulaba a entre 60 y 90 kilómetros por hora, una velocidad "excesiva", por encima de los 50 km/h permitidos.

VELOCIDAD INADECUADA DEL COCHE Y PEATONES ANDANDO DE FORMA INADECUADA

A este respecto, y después de la declaración de los agentes de la Policía Local que se encargaron del atestado y de localizar al encausado, este miércoles ha comparecido un perito que a petición de la defensa elaboró un informe en septiembre de ese año, casi un mes después del accidente y en el que se basó en el documento de los efectivos policiales, evaluando el lugar y el vehículo siniestrado.

Este experto en reconstrucción de accidentes llegó a la conclusión que el ocurrido en la Avenida de los Infantes se debió a una velocidad "inadecuada" e influyó también la visibilidad -era de noche-, la calzada mojada -había llovido- y el hecho de que los peatones caminaran igualmente de forma "inadecuada", de espaldas a la circulación y por la calzada, al no haber acera en un lateral y estar la otra invadida por coches aparcados en batería.

Este profesional ha indicado que la longitud desde la curva inicial de la vía hasta el punto del impacto "no llega" a 200 metros, y es inferior a 100 metros desde la intersección por la que se incorporó el vehículo, a la altura de la iglesia de San Roque. También ha señalado que el "elevado" ruido de motor oído por testigos presenciales se corresponde con "bajas velocidades", cuando el coche va en primera o segunda marcha, esto es, a un "máximo" de 60 km/h.

A continuación, y tras subrayar que el tiempo de reacción de una persona es de en torno a "un segundo", ha considerado que un vehículo no puede recorrer en ese tiempo la citada distancia. Por su parte, cree que el conductor no tuvo "tiempo de reacción" desde el lugar donde se incorporó porque "se encuentra" a los peatones en la calzada a unos 80 ó 90 metros, según ha precisado. "Si hubiera podido evitar el accidente lo habría hecho", ha sentenciado el perito.

Al hilo de lo anterior, ha apuntado que la reacción de un automovilista ante un atropello es hacer una maniobra "evasiva" -hacia la izquierda en este caso- y, también, una desaceleración de la velocidad, que a su parecer se hace igualmente de forma "instintiva". A propósito de esto último, ha justificado que no hubiera huellas de frenado -en el supuesto de que el procesado habría reducido la marcha- porque el pavimento estaba mojado, como recogió también el atestado policial.

Sobre el choque en sí, ha considerado que a consecuencia del mismo la víctima "volteó" por encima del turismo, rebasándolo y quedando detrás del mismo. Ha agregado que este tipo de impactos "siempre" se produce a velocidades superiores a los 32 km/h y "nunca" inferiores a 60 km/h. Ha detallado que el coche presentaba fuertes golpes en la luna y también en el capó, pero no restos de sangre.

MUERTE EN VIDA

En la prueba pericial también han comparecido la doctora que reconoció a la víctima en su domicilio en varias ocasiones desde el verano siguiente al accidente y hasta dos años después, cuando se perdió la "esperanza" de alguna mejoría en su estado -vegetativo persistente, en coma vigil o profundo- y que ha definido como "una muerte en vida".

Ha indicado al respecto que el joven no tiene capacidad alguna de relacionarse o comunicarse ni autonomía, y depende de terceras personas para cualquier actividad, como asearse, alimentarse o incluso moverse, precisando cambios de posturas cada dos horas para evitar complicaciones que agraven su estado.

Así, precisa ayuda 16 horas diarias, "día y noche ininterrumpidamente, todos los días de su vida", por lo que la "sensación" es de "haber perdido la propia vida", aunque siga respirando o latiendo el corazón. "Esto es una tragedia tremenda", ha lamentado, y algo "muy devastador" para todo su entorno.

Ha achacado esta situación a un traumatismo cráneo encefálico por el impacto del cuerpo sobre la cabeza, fruto de un golpe "a alta velocidad". Y ha añadido que la asistencia sanitaria "inmediata" evitó que el chico "muriese en ese momento", extremo que ha corroborado el forense que evaluó días después del accidente los informes iniciales, que reflejaban "gran peligro para la vida" por un pronóstico y secuelas "muy graves".

La doctora ha añadido -a preguntas del jurado- que la esperanza de vida del joven ha "disminuido" y que a su juicio no "sufre" porque "la desconexión de la conciencia es absoluta". "Ni siquiera está en el mundo. No es consciente de sí mismo", ha concluido.

Los contagios de Covid-19 en las residencias de Galicia, que cuentan únicamente con un brote en un centro de mayores en Chantada (Lugo), se reducen a cinco usuarios infectados tras recibir el alta otros seis, a los que añade un trabajador en el mismo centro.

Según ha informado este miércoles la Consellería de Política Social, han recibido el alta seis usuarios en la residencia DomusVi Chantada, por lo que quedan cinco mayores contagiados.

Además, fuentes de Política Social --que han matizado que informarán solamente de los residentes infectados-- han señalado que queda un usuario contagiado tras negativizar este martes otro contagiado, por lo que los 13 casos alcanzados por este brote se reducen a seis.

El brote en la residencia DomusVi de Chantada rompió el pasado viernes 30 de abril 14 días consecutivos sin casos activos en centros de este tipo, desde que el 16 del mismo mes se diese de alta al último trabajador infectado. En el caso de los usuarios, se remonta más atrás para los últimos contagios, vinculados al brote de la residencia Coviastec de Silleda de mediados de marzo.

Después de conocerse el brote detectado en la residencia DomusVi de Chantada, fuentes de la Consellería de Política Social señalaron que todos los mayores estaban vacunados ya con la pauta completa frente a la Covid-19, y una de las personas que trabajan en el centro todavía no había recibido su segunda dosis al no haber completado el periodo protocolario entre la primera y la última.

Los últimos contagios registrados entre los usuarios de las residencias de mayores gallegas se produjeron entre el 17 y el 21 de marzo, cuando se detectó un brote en un centro de Silleda, que llegó a tener 46 casos activos. Posteriormente, dieron positivo algunos trabajadores, aunque desde el 16 de abril no había ningún usuario o empleado con PCR positiva.

Durante la tercera ola del coronavirus, las residencias gallegas registraron un pico de 466 usuarios infectados. Esto ocurrió el 24 de enero, un día antes de cumplirse los siete días necesarios desde la administración de la segunda dosis de la vacuna para generar inmunidad, dado que este proceso arrancó de forma generalizada en estos centros el 18 de enero.

Desde el día 25, y aún a pesar de algunos brotes, las residencias de mayores gallegas han ido experimentando un progresivo descenso en la cifra de usuarios afectados. De este modo, el 27 de enero, un mes después del inicio de la vacunación en la Comunidad gallega, eran 445 los usuarios positivos, mientras que el 27 de febrero la cifra se situaba en los 50.

El 21 de marzo se notificaron los últimos contagios en usuarios hasta los detectados en el centro de Chantada y los centros permanecieron sin ningún caso activo desde el 16 de abril hasta día del 30 del mes pasado. A 12 de mayo quedan seis infectados --cinco usuarios y un trabajador--.

La Junta de Andalucía aplica desde la medianoche de este jueves, 13 de mayo, los aforos que ha regulado para establecimientos hosteleros, hoteleros, comerciales y culturales --como cines y teatros--, así como para velatorios o entierros tras decaer el estado de alarma vigente por la pandemia de Covid-19 hasta el pasado 9 de mayo.

Así se recoge en la orden del 7 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de alarma, publicada el pasado viernes en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La orden especifica que "la clasificación de los diferentes niveles y aforos" que establece "surtirá efecto a partir de las 0,00 horas del día 13 mayo de 2021", con excepción hecha de las medidas establecidas en el artículo 18 de la orden relativas a los establecimientos de ocio y esparcimiento y para reuniones en espacios públicos, que surten efectos desde las 8,00 horas del pasado sábado, 8 de mayo.

Al margen de en dicho punto de la orden, los aforos en establecimientos de hostelería se abordan también en el artículo 16, de medidas de prevención en los mismos, donde se establece que, en el nivel 1 de alerta sanitario, estos negocios no podrán superar el 75% del aforo máximo para consumo en el interior del local, mientras sí podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas en terrazas al aire libre.

Los aforos máximos permitidos se reducen en los demás niveles, de forma que no pueden superar el 75% en interior del local en el nivel 2; el 50% en el nivel 3 --no obstante, en ambos casos las terrazas sí pueden ocupar todas sus mesas--, y el 30% en el nivel 4, donde el aforo máximo de las terrazas se limita al 75%.

En cuanto a la ocupación de las mesas, se permite hasta un máximo de ocho personas en interior y de diez en exterior en nivel 1; de seis en interior y ocho en exterior en el nivel 2; de cuatro en interior y de seis en exterior en el nivel 3, y en los tres casos se permite el servicio y consumo en barra, algo que está prohibido en el nivel 4, donde las mesas también tendrán un límite de cuatro personas en interior y de seis en exterior.

Por su parte, para los salones de celebración se permiten en el nivel 1 aforos máximos en interior del 75% en mesas y, en todo caso, un máximo de 300 personas; también del 75% y un máximo de 200 personas en el nivel 2; del 50% y un máximo de 100 asistentes en el nivel 3, y del 30% y un máximo de 50 individuos en el nivel 4.

En exteriores, las zonas al aire libre de los salones de celebraciones pueden ocupar en los niveles 1, 2 y 3 todas sus mesas permitidas y albergar un máximo de 500, 400 y 250 personas, respectivamente, mientras que, en nivel 4, deberán respetar un máximo del 50% de su aforo en mesas o agrupaciones de mesas y, en todo caso, un máximo de 75 personas.

Además, en los niveles 1 y 2 se permiten en los salones de celebración "actuaciones musicales de pequeño formato, manteniendo una distancia con el público de al menos tres metros", y en el nivel 1 también baile con mascarilla en espacios exteriores.

COMERCIOS Y HOTELES

Por otro lado, la Junta permite desde este jueves una ocupación máxima del 100% en establecimientos, locales y centros comerciales en el nivel 1 de alerta sanitaria, que se reduce a máximos del 75% en nivel 2, del 60% en nivel 3 y del 50% en nivel 4.

Asimismo, la ocupación de las zonas comunes de hoteles, alojamientos turísticos, campings y zonas de pernocta de autocaravanas no podrán superar el 100%, el 75%, el 50% y el 30% de su aforo en zonas comunes exteriores y el 75%, el 50%, un tercio y el 30% en zonas comunes interiores en los niveles 1, 2, 3 y 4 de alerta, respectivamente.

En piscinas de uso colectivo, la orden permite que llenen hasta el 100% de su aforo tanto en las que sean al aire libre como las interiores en el nivel de alerta 1, mientras que rebaja el aforo máximo permitido en piscinas interiores hasta el 75% en el nivel de alerta 2.

En el nivel de alerta 3, se permite hasta el 75% del aforo permitido en piscinas al aire libre y el 50% en interiores, y en el nivel 4 hasta el 50% del aforo permitido en piscinas al aire libre y el 30% en piscinas interiores.

VELATORIOS, ENTIERROS Y CULTOS RELIGIOSOS

En lo respecta a velatorios y entierros, en el nivel de alerta sanitaria 1 se permite un máximo de 30 personas en velatorios en espacios al aire libre y de 20 en espacios cerrados, "salvo en este último caso que los convivientes fueran un número superior", mientras que la participación en funeral o comitiva para el enterramiento o cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 50 personas, entre familiares y allegados, "además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva, para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto".

En cambio, los velatorios podrán reunir a un máximo de 25, 20 y 15 personas al aire libre en los niveles 2, 3 y 4, respectivamente, y de 15 --niveles 2 y 3-- y 6 --en nivel 4-- en espacios cerrados, mientras que la participación en funerales o comitivas para un enterramiento o cremación se restringe a un máximo de 35 personas en nivel 2, de 20 en nivel 3 y de 15 en nivel 4.

En ceremonias civiles, los aforos máximos permitidos oscilan entre el 75% en espacios cerrados y al aire libre en el nivel de alerta sanitaria 1 y el 30% contemplado en el nivel 4, pasando por el 60% que se contempla en el nivel 2 y el 50% en el nivel 3.

CINES, TEATROS, AUDITORIOS

Por su parte, los cines, teatros o auditorios no podrán superar un máximo del 85% del aforo permitido en el nivel 1 de alerta; del 75% en nivel 2, del 60% en nivel 3 y del 50% en nivel 4.

Igualmente, en los niveles 1, 2 y 3 se determina que, en el transporte público regular de viajeros en autobús, todos los ocupantes deben ir sentados y se pueden usar todos los asientos, mientras que en transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito metropolitano se pueden ocupar todas las plazas sentadas y el 75% de las disponible de pie.

Por otro lado, "las reuniones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, siempre que no se supere el 75% de su aforo y que permita mantener la distancia interpersonal, en el nivel de alerta 1", así como con aforos máximos del 60% el nivel 2, el 50% en el 3 y el 30% en el 4.

La orden regula también los aforos máximos permitidos en espectáculos y festejos taurinos, que no podrán superar el 60% en el nivel 1, el 50% en el nivel 2 y el 40% en el nivel 3, mientras que en el nivel 4 "no podrá haber espectadores en la plaza ni se podrán celebrar festejos taurinos populares".

En instalaciones deportivas convencionales y no convencionales, incluidos gimnasios, la orden establece en el nivel 1 un límite de aforo para la práctica físico-deportiva del 85% al aire libre, y del 75% en los espacios e instalaciones deportivas convencionales o no convencionales interiores, así como se permite "la celebración de pruebas y eventos deportivos de competición, ocio o exhibición con la presencia de espectadores, con un máximo del 85% del aforo de público autorizado en instalaciones deportivas convencionales o no convencionales al aire libre, con un máximo de 2.500 espectadores, y un máximo del 75% de aforo de público, con un máximo de 1.500 espectadores en espacios interiores".

En los demás niveles de alerta, los límites de aforo para la práctica físico-deportiva en espacios al aire libre son del 75%, 60% y 50% en los niveles 2, 3 y 4, respectivamente, y del 65%, 50% y 40%, respectivamente, en espacios interiores.

El Gobierno de Canarias no recurrirá la supresión del toque de queda ante el Tribunal Supremo (TS), tal y como sugieren los informes de científicos y jurídicos, pero sí que se mantenga el cierre perimetral de las islas en los niveles 3 y 4, según ha confirmado el presidente regional, Ángel Víctor Torres.

En declaraciones a los medios, el presidente ha avanzado que esto se tendrá que aprobar en el Consejo de Gobierno de esta tarde, donde se va a preparar el recurso de casación que se va a presentar ante el Supremo una vez analizados los informes de los servicios jurídicos y de Salud Pública, así como el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Al igual que hiciera en el día de ayer en el Pleno del Parlamento, Ángel Víctor Torres indicó que si bien el TSJC ha rechazado medidas como el toque de queda, la más importante que ha validado ha sido la limitación de personas según los niveles de alerta, también avalada por la Fiscalía.

La segunda medida más importante, según Torres, es precisamente el cierre perimetral, al entender que es una "actuación singular" de Canarias y que también cuenta con el visto bueno del TSJC y del Ministerio Fiscal, por lo que "hay que pelear" por que se mantenga esta medida recurriendo al Supremo.

En este sentido, dijo que cuando se cierra una isla en los niveles 3 y 4 es porque "está mal" y aclaró que no se impide la entrada y salida de personas, siempre y cuando tengan una prueba diagnóstica negativa.

En cuanto al toque de queda, el presidente indicó que los informes jurídicos y científicos sostienen que se trata de la medida menos relevante, puesto que existen otras medidas complementarias como el cierre de los espacios de restauración o la limitación de aforos, e insistió en que aunque decaiga el toque de queda, no puede haber aglomeraciones.

A este respecto, Ángel Víctor Torres anunció que mañana jueves a las 16.30 horas está convocada una junta de seguridad regional donde estarán representadas las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Delegación del Gobierno, la Fecam y la Fecai, y donde se arbitrarán mecanismos en materia de sanciones y vigilancia, especialmente de cara al próximo fin de semana, el primero sin toque de queda.

Torres aprovechó para lanzar un mensaje de reconocimiento a la sociedad canaria por su responsabilidad, que evitó que el pasado fin de semana, coincidiendo con el fin del estado de alarma, no se vieran imágenes en las islas de aglomeraciones, de personas sin mascarillas y de "festejar lo que no se puede festejar", puesto que "seguimos luchando contra la pandemia y el riesgo de contagio está ahí". Del mismo modo, apeló a que la sociedad canaria se siga comportando igual que hasta ahora en los próximos días.

El presidente canario insistió en que este viernes "no hay ninguna cosa que festejar; lo que tenemos que festejar es llegar cuanto antes al 70% de personas vacunadas y recuperar económica y socialmente Canarias". En este sentido, dijo que es muy probable que en los próximos días haya mercados como Alemania que puedan volver a abrir y pongan a Canarias en la lista verde.

Sin embargo, advirtió de que si la incidencia se da la vuelta y vuelve a subir, Canarias se volverá a colocar entre los destinos que no son aptos para los mercados emisores, por lo que "nos estamos jugando no sólo nuestra salud, sino también la economía y la estructura social".