El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha exigido este jueves al Gobierno que «rectifique» su posición tras el «revolcón» y el «varapalo» judicial que ha recibido y pague a las comunidades autónomas los 2.500 millones de euros que les adeuda por el IVA de 2017 y a los ayuntamientos sus 750 millones.

Así se ha pronunciado después del fallo del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Castilla y León que condena al Estado a pagar a la Comunidad la liquidación del IVA de 2017. Los gobiernos autonómicos confían que, tras esta sentencia, se puedan recuperar ese dinero en concepto de IVA que el Ministerio de Hacienda lo cifra en un total de 2.500 millones.

Este mismo jueves, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha anunciado que las entidades locales también reclamarán al Ministerio de Hacienda la devolución de un total de 753 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017.

TEROL ACONSEJA A SÁNCHEZ MENOS ASESORES Y MENOS FALCON

El vicesecretario de Política Territorial del PP ha señalado que este martes conocieron ese «nuevo varapalo y revolcón» que la Justicia ha dado al Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta del IVA del 2017, «dando la razón» al Gobierno de Castilla y León.

Ante los recursos presentados por otras autonomías, el dirigente del PP ha subrayado que no han llegado todavía sentencias pero «es un buen momento» para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «rectifique» su posición.

«Pedro Sánchez, quítese asesores, use menos el Falcon y deje de salvar aerolíneas ruinosas para pagar sus deudas con los españoles», ha aconsejado el dirigente del PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, acompañado de un vídeo con las reivindicaciones del PP.

EL PP PRESENTARÁ MOCIONES EN TODA ESPAÑA

Terol ha avanzado que el PP presentará mociones en los Parlamentos regionales y en los Ayuntamientos para que el Gobierno efectúe ese pago porque «debe 2.500 millones de euros a las Comunidades Autónomas y 750 millones de euros a los Ayuntamientos de toda España». Según ha añadido, el Gobierno no se puede «olvidar» de las entidades locales a las que, a su entender, ha «discriminado durante toda la pandemia».

Por eso, le ha pedido que «tome nota» y ha recordado que el PP le exige 3.000 millones de fondo Covid para los ayuntamientos; 1.000 millones para paliar el déficit del transporte público municipal y que los ayuntamientos puedan participar con 20.000 millones de los 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha lamentado este jueves que, a partir del próximo 9 de mayo, habrá una salida del estado de alarma vigente hasta esa fecha «a la carta de cada comunidad autónoma, de lo que cada gobierno autonómico decida», porque el Gobierno de España «no ha hecho su trabajo, no ha cumplido sus deberes y obligaciones».

Así lo ha manifestado el también coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía este jueves por la tarde a preguntas de los periodistas en una atención a medios en el marco de una reunión en Sevilla con el eurodiputado Adrián Vázquez.

Juan Marín ha insistido en señalar que las comunidades autónomas pidieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes que se celebró a finales de julio del año pasado en La Rioja, los mecanismos legislativos necesarios para que, cuando llegara el momento, «no sean los jueces los que decidan si se confina o no una población, o si se suprime o no un derecho fundamental» por cuestiones de salud pública.

Como «ese trabajo no se ha desarrollado», a partir del día 9 de mayo se va a vivir una situación «bastante complicada», según ha lamentado el vicepresidente de la Junta, que ha subrayado el «interés» del Gobierno andaluz por «coordinar con todos los órganos judiciales» de la comunidad autónoma «todas aquellas acciones que nos permitan» salir del estado de alarma «de la forma más sensata pero, sobre todo, más normalizada posible.

«Y ese es nuestro afán, fundamentalmente», según ha remarcado el también consejero andaluz de Justicia, quien ha recordado que a partir del día 9 de mayo «podemos tener problemas en materia de confinamientos» y de limitaciones de «un derecho fundamental recogido en la Constitución española como es la libre circulación de ciudadanos».

PENDIENTE DE RATIFICACIONES JUDICIALES DE RESTRICCIONES

Ha comentado que esto «ahora va a haber que hacerlo desde la Consejería de Salud, desde las delegaciones» de dicho departamento del Gobierno andaluz y «los distritos sanitarios, haciendo unas propuestas que se llevarán después al Tribunal Superior de Justicia» de Andalucía, el cual «derivará» las mismas «a las distintas salas en Sevilla y Granada», donde habrá que esperar la «aprobación o ratificación por parte de los jueces de esas medidas» que los expertos y responsables de Salud Pública «crean conveniente para evitar la expansión del virus y, en definitiva, para proteger la salud de los andaluces».

El vicepresidente ha añadido que espera que «los andaluces sigan comportándose como hasta ahora», con el «compromiso que han tenido siempre, siendo capaces de entender que, a pesar de que todos tenemos ganas de viajar, de salir de casa, de visitar a la familia, de volver a ver a nuestros hijos o, sencillamente, de pasar unos días de descanso, de vacaciones, lo hagamos con esa seriedad que exige el momento, esa rigurosidad a la hora de los distanciamientos, del uso de mascarilla, de respetar los horarios, de respetar los aforos».

«Eso contribuirá a que esa salida» del estado de alarma el próximo 9 de mayo sea bastante más normalizada», según ha abundado el vicepresidente, quien también ha subrayado la importancia que en este proceso tendrán las vacunas contra la Covid-19, de las que la Junta espera recibir durante el próximo mes de mayo «700.000 dosis semanales, lo que nos va a permitir llegar a un nivel de inmunidad de rebaño o colectiva en torno al 70 por ciento» de la población andaluza «a finales de junio», según ha celebrado.

Marín ha defendido que por eso también no se acordó por parte de la Junta la reapertura de la movilidad interprovincial en la pasada Semana Santa y sí se ha acordado ahora, porque «en Semana Santa teníamos 170.000 vacunas semanales y ahora tenemos medio millón» a la semana, lo que está permitiendo «proteger a la población diana» y llegar a niveles de «normalidad».

COORDINACIÓN CON LA JUSTICIA

Tras indicar que «tenemos por delante varias semanas todavía de adaptación a la nueva situación que se provocará a partir del día 10» de mayo, que «iremos viendo poco a poco cómo vamos resolverlo», el vicepresidente de la Junta ha defendido que desde el Gobierno andaluz quieren coordinarse «con todas aquellas instituciones que tienen responsabilidades» y con «la Administración de Justicia».

En esa línea, ha subrayado que el TSJA y la Fiscalía «van a tener que tomar decisiones a partir de después del día 9 de mayo» ante «determinadas propuestas de cierres» perimetrales en la comunidad autónoma «por motivos provocados por la pandemia».

Sobre la reunión que esta semana anunció que mantendría el próximo lunes con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y que finalmente no se va a celebrar, el vicepresidente de la Junta ha defendido que lo que pretenden desde el Gobierno andaluz es «coordinar y en ningún momento influir para nada» en decisiones judiciales.

De hecho, ha subrayado que no es el partido en el que milita, Ciudadanos, «el que propone o negocia a los miembros del Consejo General del Poder Judicial», y «nosotros sí creemos y respetamos las decisiones judiciales».

«Lo que queremos hacer son consultas para que realmente ese tránsito que va a haber del estado de alarma que está decretado hasta el 9 de mayo, al día y a las semanas después, produzca el menor problema posible, y que no tomemos decisiones que después puedan ser efectivamente revocadas por un juez y causemos un daño a los ciudadanos que es completamente innecesario», ha razonado el vicepresidente.

En esa línea, Marín ha confirmado que esa reunión anunciada con el TSJA y la Fiscalía «no se va a producir», pero ha puntualizado que «sí vamos a tener ese contacto y esas consultas y, a posteriori, una vez que pase el día 9» de mayo, «lo que pretendemos es que haya la mayor agilidad posible y que no se demoren mucho las decisiones judiciales sobre aquellas decisiones que adopte la Consejería de Salud o los distritos sanitarios en función de cómo evoluciona la pandemia en cada uno de ellos», según ha concluido el vicepresidente de la Junta.

El instructor de la causa del procés independentista en Cataluña, Pablo Llarena, ha citado este viernes, a las 10.30 horas, a la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret para comunicarle su procesamiento por desobediencia. La declaración indagatoria tendrá lugar una vez ha concluido la cuarentena por covid-19 a la que tuvo que someterse.

La comparecencia estaba prevista para el pasado 8 de abril, pero tras comunicar el contacto cercano con un positivo tuvo que aplazarse. Así, tras manifestar al alto tribunal el resultado negativo de la prueba de detección de covid-19, el magistrado dictó una providencia citándola de nuevo este viernes para practicar su declaración indagatoria.

Así, se le comunicará formalmente su procesamiento por un delito desobediencia, al decaer en principio el primer cargo que se le imputó por malversación de fondos públicos, dada la absolución de otros consejeros que actuaron de forma similar según estableció la sentencia del ‘procés’.

Serret regresó desde Bruselas para ser diputada por ERC en el Parlament de Cataluña tras los últimos comicios y compareció en el alto tribunal el pasado 11 de marzo acompañada del abogado Iñigo Iruín, un letrado histórico en la defensa de miembros de ETA y del entorno de Batasuna.

A DISPOSICIÓN DEL SUPREMO

Serret compareció ese día con la finalidad de ponerse a disposición del Tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía y Llarena la dejó en libertad en espera de cumplimentar su declaración indagatoria.

La exconsejera fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, no obstante, dado que hasta ahora no se ha atribuido que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O. Puesto que los procesados que fueron juzgados en esa misma situación fueron condenados por un delito de desobediencia y absueltos del delito de malversación, no se había cursado contra ella ninguna Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019.

Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para recibírsele declaración y continuar el procedimiento contra ella. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.

Una delegación de ERC acompañará encabezada por el coordinador nacional del partido, Pere Aragonés, y la secretaria general adjunta del partido y portavoz, Marta Vilalta, acompañará a Serret hasta el Tribunal Supremo.

En dicha comitiva estarán también la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà; y la vicesecretaria general de de Derechos, Libertades y Lucha Antirepressiva, Marta Vilaret. Asimismo, el diputado y portavoz de la CUP, Albert Botran, también se desplazará hasta el alto tribunal para apoyar a la exconsejera catalana.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, prevé convocar la reunión de la Junta de Portavoces de la próxima semana, no el martes, como suele ser habitual, sino el miércoles, para evitar que coincida con la celebración de las elecciones autonómicas madrileñas. Por contra, el Gobierno no ha modificado sus planes por los comicios y mantiene el Consejo de Ministros en su día habitual.

A diferencia de lo que es tradicional, estas elecciones autonómicas caen en martes en lugar de en domingo, ya que la ley electoral marca que, cuando los presidentes autonómicos decidan adelantar elecciones, estas deben celebrarse «el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria», que en este caso se formalizó el 11 de marzo, con la publicación en el Boletín Oficial de la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el 10 de marzo su decisión de expulsar a Ciudadanos de su gobierno de coalición y de convocar elecciones autonómicas adelantadas, tras conocerse ese día que el partido naranja había registrado una moción de censura contra el presidente del Murcia, el ‘popular’ Fernando López Miras, con el que también gobernaban en coalición.

Por lo tanto, el plazo para celebrar las elecciones autonómicas empezó a contar desde el momento en que se publicó la convocatoria al día siguiente, el 11 de marzo, lo que dio como resultado que estas tengan que celebrarse un martes, día laborable, y el día de la semana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne a su Consejo de Ministros.

También es el martes el día en que suele reunirse la Junta de Portavoces del Congreso para organizar los temas que se debatirán en la siguiente sesión plenaria. La semana que viene, primera de mes, no hay Pleno del Congreso, con lo que hay margen para que la reunión de la Junta de Portavoces tenga lugar un día después de lo habitual.

YA SE CAMBIARON LOS PLENOS

Hace unas semanas, tras la convocatoria de los comicios autonómicos, el PP ya pidió que esta cita, que motiva la comparecencia de los distintos portavoces ante la prensa, no coincidiera con las votaciones.

Según han precisado en fuentes parlamentarias, Batet vio razonable la petición trabaja con la previsión de celebrar la Junta de Portavoces el día siguiente a la cita con las urnas.

El Congreso ya modificó su calendario de Plenos tras el adelanto de las elecciones madrileñas y, como es tradicional, no convocó sesión plenaria la semana anterior a la votación para facilitar que los diputados pudieran participar en la campaña electoral.

MONCLOA NO MUEVE NADA

Por contra, fuentes gubernamentales explican que no van a mover de día el Consejo de Ministros, ni la posterior rueda de prensa que suele ofrecer la portavoz María Jesús Montero, por unas elecciones autonómicas, sino que van a seguir trabajando con normalidad.

Además, desde el Ejecutivo defienden que los comicios del próximo martes no deben interpretarse más allá del ámbito autonómico, sino como unas elecciones en una comunidad autónoma, en este caso, Madrid.

En periodo electoral, desde que se convocan unos comicios hasta la propia jornada de votación, la ley impide a los poderes públicos hacer propaganda política con medios públicos, un supuesto que ya costó una sanción al presidente Pero Sánchez en unas elecciones generales anteriores y que en estos comicios ya fue motivo de apercibimiento a Pablo Iglesias cuando lanzó su candidatura regional desde su despacho de vicepresidente.

El Gobierno reactivará, cuando decaiga el Estado de Alarma, previsiblemente el próximo 9 de mayo, la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para sustituir el término «disminuido» por el de «personas con discapacidad».

«Quiero anunciar que, una vez decaiga el Estado de Alarma, cuando constitucionalmente será viable proceder con trámites de reforma constitucional, queremos reactivar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para que algo que lleva demasiado tiempo detenido prosiga con rapidez», ha explicado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, este jueves, durante un taller virtual organizado por CERMI.

Álvarez espera poder «avanzar con la celeridad que este trámite constitucional requiere» y sobre el que, según ha recordado, «hay un amplísimo consenso en todos los niveles, administrativo y de todas las fuerzas políticas en el Congreso».

Se trata de una iniciativa que se llegó a acordar en el Congreso en 2018, pero su tramitación se vio paralizada por la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez en abril de 2019.

Esta iniciativa ya contó con el apoyo generalizado de la Comisión de Políticas para la Discapacidad de la Cámara baja. A este órgano encargó Carmen Calvo, en octubre de 2018, un texto alternativo al artículo 49 de la Carta Magna, en respuesta a la petición realizada por el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El objetivo de la comisión era, además de cambiar el término ‘disminuido’ por ‘personas con discapacidad’, incluir en el artículo 49 otros puntos que incidieran en los derechos de este colectivo.

Actualmente, dicho artículo establece que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos».

El nuevo texto propuesto dice que «las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación», y encomienda a los poderes públicos la tarea de «realizar las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad».

Asimismo, establece que se regulará «la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes» y subraya que «las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos».

Esta redacción fue aprobada por el Consejo de Ministros, en el mes de diciembre de 2018, un anteproyecto de reforma que debía ser convalidado por el Congreso.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Por otro lado, Nacho Álvarez ha destacado que la ley de protección a la infancia frente a la violencia, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, y que continúa su tramitación en el Senado, «pone el acento» en la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas, también especialmente de aquellos con discapacidad, y ha subrayado que la ley, que espera que se apruebe definitivamente «con la mayor rapidez posible», garantizará la «accesibilidad universal» de la infancia.

En este sentido, ha puesto en valor los fondos europeos, que permitirán una inversión de 3.500 millones de euros a derechos sociales para los próximos tres años, y quieren que parte de esta inversión esté vinculada a proyectos circunscritos al ámbito de la accesibilidad universal. Precisamente, ha dicho que una buena parte de los proyectos que les están llegando de las comunidades autónomas van en esta línea.

Además, durante el taller organizado por el CERMI este jueves bajo el título ‘La política territorial en línea con la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad’, también ha intervenido el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín, que además será el nuevo director general de Discapacidad del Gobierno.

QUE DESAPAREZCAN LOS INTERNAMIENTOS FORZOSOS

Martín ha anunciado que, tras abolir la esterilización forzosa, de haber conseguido el voto de las personas con discapacidad intelectual y de haber luchado por dar voz a las personas con discapacidad en el tráfico jurídico, ahora se van a empeñar en trabajar para «que desaparezca del ordenamiento jurídico la práctica de los internamientos forzosos».

«Estamos haciendo un trabajo intenso, no es sencillo jurídicamente, vamos a poner el foco en medidas alternativas que respeten la voluntad de las personas y den garantías a las familias y a las propias personas. Estamos realizando un trabajo de investigación con grandes expertos y esperamos poder presentarlo pronto en la agenda política», ha explicado.

Sobre la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Martín ha indicado que es «un gran acontecimiento mundial» porque «empodera» a las personas con discapacidad tras mucho tiempo en el que se las ha visto como «sujetos pasivos» y en el que «el diagnóstico colonizaba» su vida.

«Durante mucho tiempo éramos solo ciegos, sordos, parapléjicos y otras palabras que hacen daño solo con verbalizarlas», ha precisado Martín, al tiempo que ha deseado que «la discriminación deje de ser el paisaje por el que transitan las personas con discapacidad».

MÁS MUJERES QUE HOMBRES CON DISCAPACIDAD

Por su parte, la vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha llamado a garantizar la participación directa de las mujeres y niñas con discapacidad pues «todavía hay muchas CCAA que cuentan con consejos de participación de la mujer u observatorios de violencia donde no hay representación del movimiento cívico de la discapacidad».

Según ha recordado, en España, el 60% de las personas con discapacidad son mujeres. En este sentido, ha enumerado algunos factores que contribuyen a que exista una mayor prevalencia de la discapacidad entre las mujeres frente a los hombres, como «el menor estatus socioeconómico y social de la mujer, la violencia de género y las prácticas nocivas discriminatorias por motivo de género», que pueden terminar ocasionando discapacidad.

El hombre acusado de abusar sexualmente de la hija, menor de edad, de su pareja ha negado los hechos y alega que no se encontraba en la vivienda en el momento en el supuestamente la asaltó mientras dormía.

La vista judicial por estos hechos, que se remontan al año 2019, ha tenido lugar en la mañana de este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense.

Según la acusación, los abusos tuvieron lugar en una fecha no concretada en septiembre del 2019, que la víctima situó el día anterior al comienzo del curso escolar, en el domicilio que compartían con la pareja sentimental de la progenitora.

Según la versión de Fiscalía, la menor se encontraba en durmiendo en su cama en torno a las 23,30 horas de la noche, cuando, supuestamente, el acusado entró en el dormitorio y empezó a tocar las partes íntimas de la víctima.

En la vista celebrada hoy el acusado ha negado los hechos y ha alegado que se encontraba con sus amigos, en el día y hora denunciado, «tomando algo» en la zona de la piscina municipal del Ayuntamiento de Verín.

La víctima no ha tenido que declarar en la vista oral sino que se ha dado por reproducida su declaración grabada en vídeo en el juzgado de Verín.

Los hechos fueron reportados un mes y medio después, cuando la madre de la menor interpuso una denuncia por malos tratos contra la que había sido su pareja sentimental, quien ya tiene antecedentes por violencia de género.

Los forenses del Imelga que evaluaron a la menor, que en el momento de los hechos tenía 10 años, han dado credibilidad a su versión.

La Fiscalía y la acusación particular solicitan 3 años y 6 meses de prisión así como la indemnización de 1000 euros a la víctima, mientras que la defensa del acusado solicita la libre absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Expertas en violencia de género han reclamado este jueves en el Senado cambios legales tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como en los códigos Penal y Civil que permitan mejorar la protección integral de las víctimas de violencia de género cuando el maltratador utiliza a sus mascotas para inferirles daño psicológico a través del empleo de la violencia.

En el Foro Técnico ‘Violencia de Género, cuando se agrede a la víctima a través de sus animales’, organizado por el Senado junto con la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) y la ‘Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales’ (APDDA), se ha analizado desde áreas como la psicología, el derecho o la judicatura este problema que supone un «doble delito», de violencia de género y de maltrato animal.

Durante su intervención, la coportavoz de APDDA Sofía Castañón ha subrayado que en la mayoría de las ocasiones la lucha contra el maltrato animal está ligado a la defensa de los derechos humanos y ha señalado que en numerosas ocasiones, el hombre que maltrata animales también ejerce la violencia contra la mujer.

Por ello, la parlamentaria ha destacado la importancia de educar en la escuela en la empatía hacia los animales. «Cuando desarrollamos nuestro compromiso para erradicar las violencias machistas, no nos podemos olvidar de que el daño a los animales, por parte de los maltratadores, es una manifestación más de violencia contra las mujeres», ha aseverado.

Por su parte, la abogada María García, de CoPPA, una entidad que aglutina profesionales de la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, ha expuesto a través de diferentes casos reales como en algunos contextos de relaciones violentas los agresores en ocasiones se sirven del maltrato animal para coaccionar, hacer sufrir e intimidar a mujeres y sus hijos.

En su intervención, la psicóloga Soledad Montserrat ha declarado que la violencia a través del maltrato animal es un crimen que no se puede naturalizar, sino que es preciso cuestionar este vínculo que existe entre ambos.

En su turno, ha explicado los beneficios en el proceso de recuperación de la víctima de contar con un animal, al tiempo que ha relatado casos, escalofriantes y reales, de mujeres que han pasado por su consulta y que incluso llegan a evitar salir de la casa donde sufren maltrato para proteger a sus mascotas de la violencia de sus agresores como medida de «castigo» o «coacción.

Esto ocurre, según ha añadido, incluso después de que la víctima se haya decidido a denunciar o a separarse y romper esa relación tóxica, ya que los agresores usan al animal para intentar que la mujer regrese a su lado y seguir sometiéndola.

«Cuando la violencia hacia los animales tiene por fin infligir sufrimiento a la mujer, condicionar su conducta o someterla, la violencia contra los animales es una forma de violencia contra la mujer. Es maltrato físico al animal y psicológico a la mujer como un acto certificante: es un castigo o descarga de la violencia del agresor que cuando se enfada con la víctima pega al animal», ha afirmado.

En ese sentido, ha retratado el «impacto emocional» que provoca en las víctimas, más aún cuando hay menores de edad. Es entonces, cuando las víctimas temen la denuncia por las consecuencias que pueda tener sobre los propios animales y hace sentir a las mujeres responsables del daño que sufre su mascota, ya que lo perciben como producto de su «desobediencia» al agresor o como consecuencia de un fracaso en la relación.

«Lo más significativo es que estas conductas en general no son denunciadas y es fundamental el reconocimiento de este tipo de maltrato y el sufrimiento a la víctima por parte de los profesionales para no revictimizar a la mujer», ha manifestado la experta, que ha recordado que el maltrato animal es un «indicador de riesgo» a la hora de adoptar medidas de protección de la mujer.

En el foro ha intervenido también la magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Bilbao, Leticia Badiola Pérez, ha advertido de la necesidad de acometer cambios en el ordenamiento jurídico para que estas cuestiones no solo dependan de la «sensibilidad» del policía o del juzgado. «El maltrato animal es un modo de violencia vicaria, la que se usa para dañar a lo que está más ligado a la persona», ha recordado.

En la realidad, el animal en estos casos queda desprotegido y Badiola señala que en algunas ocasiones se tiene que utilizar una «ingeniería judicial» para protegerlos y evitar el doble problema. Por ello, considera fundamental que en la protección de la víctima se habilite a los jueces para proteger asimismo a sus familiares y «todo aquello vinculado a ella», como los animales o mascotas, también en las órdenes de protección.

«No puede olvidarse que una vez abandonado el domicilio el agresor puede intentar dañar lo que está más cercano a esta, como los animales», ha insistido.

En definitiva, ha instado a los profesionales a trabajar desde una perspectiva de género «lo suficientemente amplia» como para hacer sentir a las mujeres víctimas que «no están solas» y que «nada las impida denunciar».

Finalmente, María García, de CoPPA, ha propuesto una reforma legal que contemple como forma de maltrato a la mujer el maltrato animal dentro del delito de amenazas y en las conductas de coacción a los seres humanos; que permita inhabilitar al maltratador en la tenencia y convivencia con animales, así como para disponer y transportar armas tras cometer un delito animal, algo, que según ha recordado ya existe en la ley de numerosos países del mundo.

La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación por el caso de la mujer de Espinosa de los Monteros (Burgos) que falleció de cáncer sin recibir atención sanitaria presencial, según ha informado su hermana Lidia Sainz-Maza a través de un comunicado.

El órgano judicial entiende que «no hay elementos objetivos para entender acreditada la comisión de delito alguno, ni de omisión de deber de asistencia ni de homicidio imprudente por negligencia médica» y añade que «la posible irregularidad de las actuaciones referidas por la denunciante escapan en todo caso al ámbito del derecho penal».

Lidia Sainz-Maza ha asegurado que el archivo de las diligencias no ha sido una sorpresa para ella, ya que su confianza en la vía penal era «escasa», si bien ha recordado que fue la Fiscalía la que abrió la investigación de oficio, tras tener conocimiento de los hechos por parte de la Asociación del Defensor del Paciente.

En cuanto a la motivación del auto de archivo, ha trasladado su sorpresa por la «superficialidad y errores» en los que se incurre y ha reconocido que «espera mucho más» de un procedimiento como este.

Quizás lo que más le ha impactado, tal y como ha indicado, es que el informe haya indicado respecto a la actuación médica que «las consultas médicas fueron atendidas bien de forma presencial, bien de forma telemática en base al Protocolo de Actuación de Atención Primaria Covid-19».

VÍA CIVIL

Tras este pronunciamiento judicial, la hermana de la mujer fallecida ha depositado su confianza en la vía civil, a la que su familia estudia recurrir para «que se reconozca lo que es una realidad indiscutible, que jamás nadie podrá negar».

Sainz-Maza sostiene que su hermana «no recibió la atención médica que merecía», lo que la llevó «a sufrir durante tres meses» lo que ella misma, según atestigua, es incapaz de describir.

«A mi hermana no se la mató pero tampoco se la ayudó para que pudiera vivir el mayor tiempo posible y, desde luego, no se la ahorró ningún dolor. Se le realizó un diagnóstico erróneo de lumbociatalgia por teléfono y su médico de Atención Primaria no la exploró en tres meses ni le realizó una analítica», ha sostenido.

Finalmente, ha explicado que ha solicitado a la Fiscalía de Burgos poder conocer si se ha recogido declaración, verbal o por escrito, a los médicos que atendieron a su hermana, tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria, en el HUBU y en Cruces.

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este jueves el «espectáculo» que, bajo su punto de vista, se ha dado en Madrid «usando a la empresa pública Correos» para «hacer una campaña». «¿Si fuimos capaces de detectar ántrax, cómo no vamos a ser capaces de detectar metales?», se ha cuestionado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Feijóo, que fue presidente de Correos en la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno central, se refería a las cartas amenazantes (con balas) recibidas por dirigentes como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o el ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska. Había sido preguntado sobre el papel de Vox en la campaña y si considera que su compañera Isabel Díaz Ayuso debería pactar con la formación de Santiago Abascal si lo necesita para mantener la Presidencia de Madrid.

El líder del PP gallego ha sorteado la pregunta manifestando su convicción de que Ayuso «sabrá lo que tiene que hacer y lo hará», además de subrayar que, si es la más votada, la izquierda puede evitar que tenga que pactar con Vox si facilita su investidura con la abstención. Y a renglón seguido, ha reflexionado sobre una campaña que considera «lamentable».

«Tras lo que hemos visto en esta campaña, prefiero que esta sea una campaña para no imitar», ha dicho, antes de aludir al «movimiento populista» en el que, bajo su punto de vista, «el PSOE acaba de participar». De hecho, ha mostrado su contrariedad por el hecho de que «una persona respetable en el ámbito político como Gabilondo haga juego y trabaje con Iglesias para todo este movimiento lamentable que se vio en estas semanas».

«El espectáculo que se dio utilizando a la empresa pública Correos, sabiendo perfectamente que está con capacidad suficiente y con unos escáneres lo suficientemente sólidos como para detectar ántrax y que no detecta balas u objetos metálicos es algo que necesita una explicación», ha sentenciado el presidente gallego.

EXIGE «UNA EXPLICACIÓN»

«Necesita una explicación. ¿Cómo es posible dejar a la empresa pública Correos en esta situación? Siendo uno de los mejores correos de Europa. Lamento profundamente que se utilice Correos para hacer una campaña. Es increíble, vuelvo a reiterar. Si fuimos capaces de detectar ántrax, ¿cómo no vamos a ser capaces de detectar metales en los envíos postales de cien gramos o posterior?», ha agregado.

Y a renglón seguido, el presidente de la Xunta ha aludido a los escáneres de los ministerios. «No me imagino que me entre una carta en mi despacho con esos productos que parece ser que dirigen a otros políticos», ha apostillado.

COMUNICACIÓN FLUIDA CON AYUSO

En el polo opuesto y frente al «determinado electorado» al que, a su modo de ver, buscan movilizar los partidos de izquierda, ha defendido la actuación de Díaz Ayuso, que, a su modo de ver, está haciendo «una buena campaña, una campaña política, que es lo que toca».

De hecho, aunque no tiene en agenda ningún acto político con la dirigente madrileña, ha asegurado que mantienen una comunicación fluida y hablan varias veces a la semana. Así, sobre si debe pactar con Vox si lo necesita para mantenerse al frente del Gobierno de Madrid, se ha mostrado convencido de que «sabrá lo que debe hacer y lo hará».

Y ha insistido en que si la izquierda quiere evitar ese tipo de pactos bastaría con que facilite su investidura si es la más votada. No en vano, ha aprovechado para insistir en su deseo de que «algún día» se impulse una reforma electoral para que gobierne el más apoyado en las urnas. Que «siempre que lo sea con equis puntos», ha dicho, «tenga un plus de diputados y la posibilidad de gobernar».

Finalmente, preguntado acerca de si considera que Vox promueve actitudes fascistas, ha defendido que «todos» los partidos que se presentan a las elecciones «son democráticos» y luego los ciudadanos pueden decidir entre «votar y no votar», de acuerdo con «la grandeza del sistema de libertades» que asienta la Constitución de 1978.

El Consejo de Transparencia ha aprobado con un notable alto la gestión en este sentido del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder de Judicial (CGPJ), alcanzando respectivamente un cumplimiento del 85,2 y del 86,1 por ciento, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha obtenido un aprobado (53,6 por ciento), según los informes de evaluación publicados este jueves.

Según el Consejo de Transparencia, el cumplimiento por parte del TC de las obligaciones de transparencia le lleva a hacer una valoración «muy positiva» del esfuerzo realizado por el órgano de garantías para hacer más transparente su gestión, «publicando mucha información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia, que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa».

No obstante, a lo largo del informe se señalan una serie de carencias, por lo que se recomienda al Constitucional que mejore la publicación de determinados aspectos, como son por ejemplo las autorizaciones de compatibilidad de altos cargos.

Igualmente se recomienda al TC que sopese mejorar la publicación de la información sobre ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que estuviese más actualizada. Insta también a incluir en la ‘web’ del TC una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información, ya que sólo de esta manera sería posible para la ciudadanía saber si la información que está consultando está vigente.

CGPJ

En cuanto al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo de Transparencia señala que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de este órgano, en función de la información disponible en su Portal de Transparencia y tras las alegaciones presentadas por este órgano, alcanza un 86,1 por ciento.

Valora de forma positiva que el CGPJ publique una gran cantidad de información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. También se resaltan en su gestión buenas prácticas que podrían incorporarse por otras organizaciones públicas.

En cuanto a las carencias, se apunta que debería informarse sobre las funciones del CGPJ sin necesidad de acudir a la normativa que resulta de aplicación, y se echa de menos además la publicación del inventario de actividades de tratamiento de datos en aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

También cree el Consejo de Transparencia que el órgano de gobierno de los jueces debe publicar la información sobre datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público; así como el presupuesto para 2021 y los os informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

FISCALÍA

En cuanto al Ministerio Público, el Consejo de Transparencia indica en su informe inicial que, en base a la información disponible en el propio portal de transparencia de la FGE, el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia alcanza un 53,6 por ciento.

El Consejo aprecia «el esfuerzo realizado por la FGE para hacer más transparente su gestión, publicando mucha información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa», así como sus «buenas prácticas».

Sin embargo, ha detectado también «una serie de carencias» y por ello recomienda incluir en su portal de transparencia «enlaces a la información del bloque institucional y organizativa, que actualmente se ubica en otros accesos de su ‘web'», y, si no existe información publicable, bien porque la Fiscalía no haya tenido medios para ello, bien porque no haya habido actividad, le aconseja generar el correspondiente ‘link’ con la explicación.

INDEMNIZACIÓN ALTOS CARGOS

Igualmente, le pide publicar información sobre las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo, y sobre las autorizaciones de compatibilidad para actividades privadas al cese de altos cargos y las concedidas al personal al servicio de la FGE.

Al Consejo General del Poder Judicial también la indica que debe informar sobre dichas indemnizaciones y sobre las autorizaciones de compatibilidad para actividades privadas al cese de estos altos cargos.

En cuanto a la calidad de la información publicada, el Consejo de Transparencia insta al CGPJ a actualizar la información que no lo esté, se encuentre o no sujeta a obligaciones de publicidad activa, y, al igual que al TC, publicar en su portal de transparencia una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información.

NOTA INICIAL

En el caso de la FGE, a diferencia del TC y el CGPJ, no presentó observaciones al informe inicial de evaluación, observaciones que en los otros dos órganos sirvieron para subirles la nota, por lo que el Consejo de Transparencia ha mantenido su calificación original.

No obstante, de oficio «se ha revisado el cumplimiento del criterio de publicación en formatos reutilizables al haberse constatado que el formato utilizado por la ‘web’ de la FGE es HTML y que permite tratamiento».

Asimismo, «se ha considerado la no aplicación de la obligación de publicar las autorizaciones para actividad privada al cese de altos cargos, dado que el artículo 15 de la Ley 3/2015, reguladora del Alto Cargo en la Administración General del Estado no es aplicable a los órganos constitucionales».

El PSOE, Unidas Podemos y sus socios presupuestarios han exigido este jueves a la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, la inmediata liberación de la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, retenida desde el pasado 13 de abril en Palestina.

En concreto, la misiva lleva la firma de los diputados socialistas, del grupo confederal y de otras diez formaciones: ERC, EH Bildu, PNV, Junts per Catalunya, Compromís, BNG, Más País-Equo, CUP y Nueva Canarias.

Estos partidos han transmitido a Radian-Gordon su preocupación por la «situación agónica» de Ruiz y de sus compañeros Tayseer Abu Sharbak y Saeed Abbad, integrantes también de la organización sanitaria Health Work Committees (HWC).

Los firmantes exigen la puesta en libertad de estas tres personas y la correcta aplicación del derecho internacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario.

INTERVENCIÓN DE BORRELL

«Se está aplicando una ley militar y vulnerando el derecho internacional», ha denunciado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, quien a instado al jefe de la Diplomacia europea, el socialista Josep Borrell, a intervenir ante esta «detención ilegal». «Ayudar a la población palestina más necesitada no es delito», ha añadido en un mensaje de Twitter.

En la carta, los parlamentarios relatan la detención de Ruiz tras la irrupción en su casa de 20 soldados israelíes armados, de madrugada, en la localidad cisjordana de Beit Sahour. «Desde entonces permanece en detención sin cargos, ni juicio, ni pruebas», denuncian, incidiendo en que este proceder «contraviene el derecho internacional», que ha sido trasladada de cárcel varias veces y que únicamente se le ha prestado asistencia consular en una ocasión, concretamente, el pasado 21 de abril.

También protestan porque esta retención se ha producido en aplicación de la legislación y órdenes militares israelíes que rigen para a los residentes en Cisjordania que, según recalcan, «más de cincuenta años después de la ocupación, ha sido denunciada por organizaciones de Derechos Humanos exigiendo que se apliquen iguales derechos civiles que a la población israelí».

Estos doce partidos recuerdan que Juana Ruiz Sánchez, vive en Palestina desde hace 35 años y trabaja como coordinadora de proyetos de la organización sanitaria palestina Health Work Committees (HWC), entidad que realiza una importante labor en la zona y que está financiada por la cooperación española y por la de otros países europeos, por organizaciones internacionales como UNICEF y la y por ONG como OXFAM, Medical AID y Save the Children.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha revelado este jueves que habló con el que fuera líder del partido, Albert Rivera, «hace unos días» y se ha mostrado «convencida» de que no volverá a la política porque «está muy contento en el sector privado».

En una entrevista en Radiocable, Arrimadas ha destacado que mantiene una «buena relación» con Rivera, a quien conoce «desde hace muchísimos años». «Yo tuve un niño a la vez que él una niña. Yo me llevo bien con todo el mundo, lo importante son las personas y hablamos hace no mucho», ha explicado.

Cuando le han preguntado si cree que Rivera forma parte de la operación del PP para captar a cargos de la formación naranja, la presidenta de Cs ha asegurado que, en su despedida, Rivera señaló «que se iba de la política» y que «15 años ya eran suficientes».

«Dijo que tenía muchas ganas de hacer cosas en el sector privado, volver a trabajar y creo que todo el mundo que lo escuchó confió en su palabra. Nos lo creímos, yo me lo creo, así que no tengo ningún motivo para pensar que no va a ser así», ha dicho.

Posteriormente, en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, se le ha preguntado si en esa charla hablaron de política, a lo que ha respondido que no suele contar los detalles de las conversaciones que tiene con otras personas.

«Vamos teniendo contacto de manera periódica sobre muchas cuestiones, pero sobre todo del ámbito personal, estrictamente personal, que tenemos muchas cosas en común» y «mantenemos un contacto personal, absolutamente agradable, de vez en cuando», ha explicado.

La propia Arrimadas admitió el pasado 7 de abril que no hablaba con Rivera desde el pasado mes de diciembre. La conversación de la semana pasada habría sido la primera tras las elecciones catalanas del 14 de febrero, en las que Ciudadanos pasó de 36 escaños en el Parlament a seis, y después de la decisión de Cs de promover mociones de censura en Murcia contra el PP, que desencadenó la convocatoria de comicios anticipados en la Comunidad de Madrid.

REEDITAR UN GOBIERNO CON EL PP EN MADRID POR «SENTIDO COMÚN»

Por otro lado, Arrimadas se ha referido a los comicios del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid para insistir en su apuesta por reeditar un Gobierno con el Partido Popular. Así, ha asegurado que el «sentido común» lleva a repetir un Ejecutivo que «funcionaba bien» y que ya tenía desarrollado un programa.

Los presupuestos estaban negociados, el acuerdo de gobierno también y los procesos de licitación y ayudas estaban hechos y metidos en un cajón pendientes de salir. Ayudas directas a los comerciantes y a los hosteleros, y los equipos estaban montados. Lo lógico y razonable es que si un gobierno estaba bien, que mantenga esta línea los dos años siguientes», ha explicado.

En esta línea, Arrimadas ha incidido que esto es lo que haría «cualquier persona en su vida diaria» de no ser por la «burbujita política» en la que están metidos los candidatos. Así, y pese a apostar por el pacto con los ‘populares’, la presidenta de Cs ha dejado claro que su formación es moderada y de centro.

«Somos partidos pragmáticos, realistas. Lo más sensato no es hacer un experimento, sino seguir con un gobierno que va bien», ha continuado Arrimadas, que no quiere que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid pierdan «el tiempo».

«BILDU PUEDE SER SOCIO DE SÁNCHEZ Y NADIE DICE» QUE SEA «FILOETARRA»

Sobre si considera que manifestarse en la plaza de Colón junto a Vox es moderado, Arrimadas ha recordado que esa concentración fue convocada por Ciudadanos y después «se sumó quien le dio la gana».

En este contexto, la presidenta de Cs ha señalado que en la plaza madrileña se «pedían elecciones» y a la misma acudieron también «concejales socialistas escandalizados con los pactos de Sánchez y sus cesiones ante el nacionalismo».

«Lo que no puedo entender es qué pasa en España cuando a Sánchez se le permite pactar unos presupuestos con Bildu y no te dejan ir a una manifestación a la que también quiera venir Vox. ¿Cuándo ha cambiado esto? Bildu puede ser un socio de Sánchez y nadie dice que Sánchez se ha vuelto pseudoetarra o filoetarra», ha lamentado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado «absolutamente razonable y sensato» que el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, haya planteado que se prorrogue dos meses el estado de alarma y rechazado que esta figura se pueda aplicar «a la carta» por territorios, dado que ve España en manos de un Gobierno «que parece negacionista en lo que a legislación se refiere».

«No podemos pasar de cero a 100 en un segundo», ha argumentado, en la rueda de prensa posterior en el Consello de la Xunta, en la que ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber impulsado una ley para gestionar la pandemia como pedían Galicia y otras comunidades, y además, en el caso gallego, haber recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) parte de la reforma de la ley de salud.

A las puertas del 9 de mayo, ha afeado al Gobierno central el uso de una figura «excesiva, antigua y desproporcionada» como es el estado de alarma para después obviar la petición de que legisle y, además «culpar» a los presidentes que rechazaron esta figura inicialmente en lo que ve «una trampa impropia de un sistema democrático».

Así las cosas, se ha reafirmado en que las comunidades necesitan «una red» y, si bien ha defendido que su prioridad sería contar con la ley de salud gallega plenamente en vigor, ha advertido que, si no es posible, sería partidario de mantener el estado de alarma, de forma que cada gobierno pueda medir sus pasos «previa comunicación al Consejo Interterritorial».

Más allá, ha recordado que Urkullu ya tiene experiencia con el rechazo de los tribunales a alguna de sus decisiones, por ejemplo en lo que respecta al cierre de la hostelería. Acaba de volver a pasar, ha añadido, con el comercio en La Rioja.

«PARAGUAS LEGAL» SI NO SE SOLUCIONA EL CONFLICTO CON LA LEY GALLEGA

Así, ha manifestado que Galicia, al igual que el resto de comunidades, necesitaría «un paraguas legal» si el Gobierno «no le deja gestionar» la pandemia con su ley. «Que es lo que le pedimos», ha resaltado, para añadir que la norma autonómica le parece «suficiente» e insistir en el agravio que supone que, bajo su punto de vista, se recurra la ley gallega pero no la de Aragón, de contenido similar.

En este sentido, ha defendido que la ley no afecta «a derechos fundamentales» e incluso certifica «en un artículo» que, si alguna decisión afectase a los mismos, la Xunta debería buscar la «autorización y ratificación judicial».

En este punto, se ha referido a las conversaciones técnicas abiertas entre Xunta y Gobierno para tratar de solventar el conflicto, y ha asegurado que los «interlocutores» del Ejecutivo estatal «se quedaron muy sorprendidos» porque «ven que no hay ninguna intención de vulnerar la Constitución».

De este modo, Feijóo, quien ha recalcado que el recurso es «político, ha advertido que, si el Gobierno no acepta el acuerdo de interpretación que ha propuesto la Xunta, «no será por culpa de los interlocutores» que negocian «si no de los mandos». Y ha insistido en que Galicia seguirá sin una herramienta que le avalaría para defender cualquier decisión frente a la pandemia en los tribunales.

Coalición Canaria-PNC ha mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno de levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo y ha advertido de la incertidumbre que generaría esa decisión en el caso de que se tomara por la falta de «herramientas jurídicas» para que la Comunidad Autónoma pueda seguir tomando medidas para frenar posibles rebrotes de la pandemia.

Para los nacionalistas, «esta decisión unilateral del Gobierno central, que fue anunciada sin consultarla ni comunicarla antes a las comunidades autónomas, parece responder más a los intereses electoralistas del PSOE de cara a los comicios madrileños del próximo martes y no al interés general».

El Comité Ejecutivo Nacional, reunido este jueves, reprochó «la falta de diálogo sobre una decisión en la que está en juego tirar por tierra el esfuerzo titánico de la ciudadanía, de los profesionales sanitarios, del tejido económico, en definitiva, de la sociedad, desde que en marzo de 2020 se decretara el primer estado de alarma» y pidió al PSOE «repensar si es la decisión idónea cuando el índice de vacunación aún es muy bajo y desigual, dependiendo de cada comunidad autónoma».

«Tomar la decisión sin aprobar una alternativa, sin una herramienta clara que permita a las comunidades autónomas tomar decisiones ajustadas a la realidad sanitaria de cada territorio o de cada isla puede generar enormes problemas y retrasar el control de la pandemia ante un repunte de casos», aseguran desde CC-PNC.

Los nacionalistas canarios mostraron su preocupación por el limbo legal en el que se quedarán las comunidades autónomas y la falta de herramientas que permitan a los territorios adoptar decisiones ajustadas a su realidad sanitaria y respaldadas por una seguridad jurídica que decaerá con el estado de alarma.

En este contexto, demandaron al Gobierno del Estado una «alternativa» que dote de esa seguridad jurídica a las decisiones de las comunidades autónomas porque, de lo contrario, podrían ser recurridas, al tiempo que reprocharon su incapacidad para dotar a las comunidades autónomas de los instrumentos jurídicos necesarios que no harían necesario el estado de alarma, tal y como se comprometieron.

Asimismo, exigieron al Gobierno de Canarias un plan de acción y coordinación para dar respuesta a las situaciones que puedan derivar tras el fin del estado de alarma, para «evitar volver a la casilla de salida».

Los nacionalistas canarios insisten en la necesidad de «hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que no vean en el fin del estado de alarma el fin de una crisis sanitaria que aún no está controlada y que no podemos dar por superada hasta que contemos con una inmunidad de rebaño».

En este sentido, señalan es fundamental que el Gobierno canario doble esfuerzos en prevención y trabaje en medidas que mitiguen el vacío legal que se producirá tras el 9 de mayo. Al mismo tiempo, reclaman al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que abra el diálogo con las comunidades autónomas y no circunscriba su decisión a sus intereses de cara a la cita electoral en Madrid del próximo domingo.

DATOS DE LA EPA.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva Nacional valoró los datos de la EPA publicados hoy y que sitúa la tasa de paro en Canarias en un 25,42 % frente al 15,98 % estatal como el más claro ejemplo de que las islas «necesitan políticas específicas».

En este sentido, recuerdan que el rechazo del PSOE a un plan de rescate del sector turístico dificulta la recuperación de nuestro motor económico y, por tanto, del empleo ya que un 40 % de los puestos de trabajo en Canarias dependen de la industria turística.

Los nacionalistas canarios señalan que la ligera disminución del desempleo, motivado por la caída de activos, «no deja lugar a discursos triunfalistas porque no caben mientras 272.700 canarios y canarias no tienen un trabajo» y apelan a la «responsabilidad» y al impulso de medidas para comenzar el camino hacia la recuperación y los datos previos a la crisis sanitaria.

Cruz Roja y Media Luna Roja han reclamado este jueves un acceso equitativo de todo el mundo a las vacunas contra el Covid-19, una medida que considera «crucial» para acabar que «todo el mundo esté a salvo» y acabar con la pandemia.

La organización recuerda que, aunque nadie ha podido esquivar los efectos de esta crisis sanitaria, sus consecuencias no se han sentido de la misma manera en los diferentes puntos del planeta. De hecho, señala que esta situación se ha definido por «las profundas y persistentes desigualdades» entre las personas que se encuentran «en mayor riesgo» y las que no se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

«Desde el inicio de la pandemia, hemos visto como el impacto del virus discrimina a las personas mayores, a las personas con condicionantes previos de salud y a las personas que tienen menos medios para aislarse y protegerse», ha indicado la entidad, que señala también hacia los países «afectados por crisis humanitarias».

Según ha señalado, el despliegue de las vacunas contra el Covid-19 representa «una brizna de esperanza» para millones de personas cuya vida se ha visto drásticamente afectada. Y es por eso que considera «crucial» asegurar el acceso equitativo a este tratamiento en todo el mundo, especialmente a los más vulnerables como personas refugiadas, migrantes, en exclusión social, con discapacidades o en zonas en conflicto.

UNA INTERVENCIÓN «FUNDAMENTAL»

Desde la entidad recuerdan que esta crisis no ha sido solo sanitaria, sino social y económica, lo que ha llevado a Cruz Roja y a Media Luna Roja a poner en marcha una respuesta local y global a través de la cual se han atendido a 700 millones de personas afectadas por la pandemia, según ha explicado la directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, MaríaAlcázar.

Esta respuesta, según ha indicado la organización, se ha basado en tres pilares, la salud, la intervención frente al impacto socioeconómico y el apoyo a la respuesta local. «Nuestra intervención es fundamental en la convicción de que nadie estará a salvo hasta que todo el mundo lo esté», ha apuntado Alcázar.

Entre sus acciones, destacan medidas para reducir riesgos de trasmisión y mantener el acceso a los servicios esenciales de salud, para una recuperación, protección y diversificación de medios de vida y seguridad económica de los hogares o la distribución de alimentos.

Para poder llevar a cabo esta intervención, se ha contado con unos ingresos de 1.580 millones de euros, el 41% de los cuales proviene de fondos gubernamentales, el 40% de donaciones privadas, el 10% de fondos propios de la Cruz Roja y el 9% de otros actores como agencias de Naciones Unidas o Unión Europea, entre otras.

En este sentido, explica que el 58% de los fondos se han invertido en la intervención en materia de salud, el 36% en medidas frente al impacto socioeconómico y el 6% en el fortalecimiento de lascapacidades locales.

El sindicato CC.OO. ha denunciado este jueves que la Comunidad de Madrid permite que residencias privadas y concertadas «funcionen sin enfermeras y que les sustituya personal sin titulación», algo que niegan desde la Consejería de Políticas Sociales.

Concretamente, el sindicato ha denunciado ante la Consejería, la Dirección General del Mayor, las direcciones de las residencias y las patronales la «grave situación» los mayores en las residencias y centros de día privados y concertados de la región debido a la «alarmante falta de enfermeras para atender a los usuarios». «No se cumplen las ratios y hay centros donde se cubre este déficit con personal sin titulación o titulación no homologada», lamentan.

Según detallan, la escasez de estos profesionales ha dejado de ser estacional (vacaciones) «y se ha cronificado por el éxodo masivo a la sanidad pública y privada de estos profesionales con mejores perspectivas laborales y salariales».

«Esta grave situación es consecuencia de las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en los últimos años han mercantilizado el sector de la Dependencia, convirtiéndolo en una oportunidad de negocio para ‘fondos buitre’ e ignorando la calidad asistencial como premisa de un servicio público», aseveran.

Además, según Comisiones Obreras, esta merma de profesionales «pone en riesgo la integridad de los residentes y supone una sobrecarga de trabajo para auxiliares de enfermería y gerocultoras que se están viendo obligadas a asumir funciones para las que no tienen ni titulación ni capacitación legal».

«El incumplimiento de las ratios en las residencias es evidente. Especialmente alarmante es la situación de las residencias públicas en las que la Comunidad de Madrid ha trasladado la gestión a empresas privadas. En algunos de estos centros este incumplimiento sobre lo exigido en los pliegos de condiciones supone una importante reducción en turnos como la tarde, donde se ha reducido de tres a uno el número de profesionales», añaden en el comunicado.

El sindicato se queja de que porcentaje «muy elevado» de residencias de entre 50 y 120 usuarios no cubren las ausencias por vacaciones, permisos o excedencias de estas categorías. «En las residencias que tienen 180 o más usuarios la media es de una enfermera para el turno de noche, recurriendo en el turno de mañana y tarde a contratos de jornada parcial o con una merma de 1 enfermera por turno, llegando a reducciones de hasta dos enfermeras por turno», apuntan.

En residencias de entre 180 y 220 plazas, continúa CC.OO., se cubren las ausencias con trabajadores con titulación no homologada o en vías de homologación, alumnos en prácticas «y sobre todo se recurre a auxiliares de enfermería y gerocultoras que por supuesto no tienen ni la capacitación profesional ni legal para el ejercicio de estas funciones».

«La consecuencia es una sobrecarga de trabajo no solo para las enfermeras, sino también para el resto de categorías que asumen funciones que no les corresponden. Lo más preocupante es que se puede poner en riesgo la integridad de los residentes, algo inaceptable en cualquier caso, pero más tras los duros meses vividos con la pandemia con resultado de miles de fallecidos», esgrimen.

El sindicato es consciente de que las empresas del sector se encuentran con grandes problemas para contratar profesionales de enfermería debido «a los bajos salarios del convenio colectivo, a la elevada carga de trabajo, a la precarización de sus condiciones, a la insuficiente financiación por parte de la Comunidad de Madrid y al bloqueo de un Convenio Colectivo cuya negociación está paralizada en este momento».

Por todo ello, CC.OO. considera que «es el momento de apostar por un nuevo modelo de cuidados centrado en la persona, en la calidad de atención al usuario y del empleo, poniendo en valor el carácter de servicio público esencial». «Solo con la mejora de los ratios, apostando por la profesionalización y el reconocimiento social y con una mejora de la financiación, conseguiremos dignificar un sector tan olvidado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid», concluyen.

Analizada la denuncia, desde la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid aseguran que se cumplen las ratios, la normativa sobre número de enfermeras por plazas residenciales y que se contrata a personal con la formación homologada, y que para ello realizan inspecciones periódicas, al menos dos veces al año a cada geriátrico.

Y recuerdan que según el Régimen de autorización de servicios y centros de acción social y servicios sociales derivado de la Orden de la Consejería de Servicios Sociales del 6/12 del año 1990, los centros residenciales de más o igual a 50 plazas deben contar con una unidad adicional de Enfermería. Cuando tengan igual o más de 100 plazas la enfermería debe contra con un 5 por ciento de las plazas que tienen los centros. Y al frente de esta unidad no puede haber ningún profesional sin la titulación requerida.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha situado en más del 78 por ciento el cumplimiento que hace Casa Real de la información obligatoria que debe ofrecer en su página web, pero echa en falta datos como los relativos a indemnizaciones y compatibilidades de su personal. En todo caso, mejora en cinco puntos su nota inicial y valora la actitud de Zarzuela, que ha prometido actualizar sus contenidos antes de que acabe el año.

En el examen, se ha evaluado el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la página web en lo relativo a la información institucional, organizativa y de planificación, así como el contenido y la calidad de la información económica, presupuestaria y estadística disponible.

Por lo que se refiere al primer apartado, Transparencia constató que no había ninguna referencia que permitiera conocer «la vigencia de la información publicada, por lo que tampoco se puede comprobar si cumple con el requisito de que esta información esté actualizada» y además señaló que gran parte de la información se publica sobre la web, por lo que tampoco podía afirmarse que cumpliera con el requisito de reutilización.

En el segundo apartado, se mostró mucho más crítico, señalando que la información publicada no contempla la totalidad de los contenidos obligatorios por la ley. En concreto, se echó en falta información estadística sobre los contratos adjudicados según procedimiento de licitación, así como sobre las indemnizaciones percibidas por altos cargos con ocasión del abandono del cargo.

Transparencia tampoco localizó información en la web de Casa Real sobre las autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas o privadas concedidas a los empleados, ni sobre las concedidas para el ejercicio de actividades privadas al cese de altos cargos.

En cuanto a la calidad de la información analizada en ese apartado, se señaló que no se indicaba ninguna referencia a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada por última vez, que algunas informaciones se publicaban sobre la web y que no había información sobre retribuciones de altos cargos desde el ejercicio de 2019.

NOTA INICIAL DEL 73,8%

Por todo ello, el Consejo de Transparencia consideró que Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) por parte de la Casa Real era de un 73,8 por ciento, una nota que el Consejo justifica principalmente por la falta de referencias a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada y al hecho de que buena parte de la misma se publicaba directamente sobre la web, sin que se cumpla, por lo tanto, el criterio de publicación en formatos reutilizables.

No obstante, ponía de relieve el esfuerzo de transparencia voluntaria realizado, con la inclusión entre otros en la web de la normativa sobre regalos a la Familia Real o el Código de Conducta de la Casa Real, así como algunas «buenas prácticas» que considera que «podrían ser aplicables a otras instituciones».

«Este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no puede menos que valorar positivamente el esfuerzo realizado por la Casa Real para hacer más transparente su gestión, publicando información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa», remachaba el informe, en el que se formulaban algunas recomendaciones para remediar las «carencias» identificadas.

En el ámbito económico, por ejemplo, se proponía «valorar publicar la información sobre ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que esta información estuviese más actualizada».

Además, se incidía en que «debería publicarse en el Portal de Transparencia, una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información» para que los ciudadanos pudieran saber «si la información que está consultando está vigente».

RESPUESTA DE CASA REAL

En respuesta a este informe del Consejo de Transparencia, Casa Real remitió una contestación, respondiendo a algunos de los apartados señalados desde Transparencia y explicando las medidas adoptadas para subsanarlo.

Así por ejemplo, en el apartado de transparencia de la web se ha incluido una mención en la parte inferior de la web bajo el epígrafe «actualización de contenido», para saber la fecha en que fue modificada la información por última vez.

Por lo que se refiere a las retribuciones anuales altos cargos y máximos responsables, Casa Real explica que esta se publica junto a la información presupuestaria auditada por lo que la última publicada corresponde al ejercicio 2019. Este mismo argumento es válido también para las indemnizaciones percibidas por altos cargos con ocasión del abandono del cargo.

No obstante, aclara Zarzuela en su respuesta, en el segundo trimestre se publicará junto con el resto de información presupuestaria, esto es, el informe del interventor, las cuentas anuales, las retribuciones de la Familia Real, las retribuciones altos cargos e incompatibilidades e indemnizaciones.

Tras recibir la contestación de Casa Real, el Consejo de Transparencia ha publicado este jueves su evaluación final, en la que «valora muy positivamente la proactividad de la Casa Real en la aplicación de las recomendaciones efectuadas» y por ello eleva el índice de cumplimiento al 78,6 por ciento.

En todo caso, queda por debajo de la media del 87,6% de los diez órganos institucionales analizados por el Consejo, entre los que también figuran el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional o el consejo General del Poder Judicial.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado que Madrid sea una de las tres comunidades autónomas que generaron empleo en el primer trimestre de 2021 y ha animado a los madrileños a votar a la formación naranja el próximo 4 de mayo para reconocer en las urnas su gestión en la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y hacer posible que reedite el Gobierno de coalición con el PP.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro bajó en España en 65.800 personas en ese periodo respecto al trimestre anterior, pero se destruyeron 137.500 puestos de trabajo (-0,7%).

En nueve comunidades autónomas aumentó el paro y todas las regiones destruyeron empleo, salvo Madrid –que fue la que más empleo creó, 40.400 puestos–, Cataluña y Cantabria, y Madrid fue también la que más redujo el número de desempleados, concretamente en 50.300, un 10,5%.

Los de la Comunidad de Madrid son «los mejores datos de España» y «podrían ser mejores si los presupuestos, que ya estaban negociados» entre el PP y Cs y que incluían ayudas para empresas, comerciantes y hosteleros frente a la crisis del coronavirus, «se hubieran puesto en marcha», ha señalado Arrimadas en una rueda de prensa en la sede de la formación naranja.

Tras reivindicar «el modelo de éxito» que aplicó Manuel Giménez, de Ciudadanos, en la Consejería, ha afirmado que su partido tiene «muchas ganas» de volver a constituir el Ejecutivo que compartió con el PP durante los dos últimos años y que se pongan en marcha los presupuestos que acordaron.

«Lo lógico es seguir con este modelo, y nadie que defienda la gestión económica de la Comunidad de Madrid puede defender que se saque del Gobierno al partido que la ha hecho posible», ha defendido. Por tanto, «a quien le guste» esa gestión, «que vote a Ciudadanos», ha añadido.

UN GOBIERNO «MODERADO» CON Cs O UN «EXPERIMENTO» CON VOX

Arrimadas ha indicado que, «por suerte», el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos «no van a gobernar Madrid», según las encuestas electorales, porque la gestión del PP y Cs «ha sido buena».

Por ello, considera que el «dilema» para el 4 de mayo es si se podrá repetir ese Gobierno «moderado, limpio, de éxito» y que «mira al futuro» o si la presidenta autonómica en funciones y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, «va a hacer un experimento» eligiendo como socio a Vox, un partido que «cuestiona el matrimonio igualitario, el aborto o la eutanasia y que quiere imponer el pin parental» en los colegios.

Además, cree que esta segunda opción es la que prefiere el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, porque tendría «mucho más donde atacar» si enfrente tuviera a Rocío Monasterio, de Vox, que si hubiera un Ejecutivo con Ciudadanos y con Edmundo Bal dentro, que abordase cuestiones como la igualdad, el cambio climático o la corrupción.

Aunque muchas encuestas pronostican que la formación naranja no alcanzará el 5% de los votos y, por tanto, se quedará sin representación parlamentaria, su presidenta se ha mostrado convencida de que van a entrar en la Asamblea de Madrid y de que van a gobernar porque, «al final, los moderados irán a votar» y se superará «el reto de la polarización».

«Detecto muchas ganas de volver a los bandos, de mantener este bibloquismo», pero «los que estamos en Cs sabemos lo que es luchar, defender la concordia, la convivencia, el centro político, el liberalismo, la moderación y la sensatez», ha manifestado.

A su juicio, «va a haber muchos madrileños que, con esta escalada de violencia y de insultos, abran los ojos y se den cuenta de lo importante que es que Cs esté en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y aporte sensatez y cordura».

PIDE A SÁNCHEZ REFORMAS CONSENSUADAS CON LA OPOSICIÓN

Por otro lado, Arrimadas ha afirmado que para mejorar los datos de empleo en España será clave el uso de los fondos europeos que se van a recibir frente a la crisis del coronavirus y las reformas que el Gobierno de Pedro Sánchez debe presentar a la Comisión Europea.

Sobre las reformas, ha reclamado al Ejecutivo «más transparencia», ya que no se conoce el detalle de las mismas y se ha pospuesto la presentación de algunas que «son urgentes», y también que sean «estructurales», no simplemente «cosméticas», que se consensúen con la oposición en el Congreso y «que piensen en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones».

Desde su punto de vista, en España se necesitan reformas «ambiciosas» en el ámbito educativo, laboral, de las pensiones y la Administración Pública, y no cree que valgan la ‘ley Celaá’, el acuerdo con Bildu para derogar el modelo laboral que aprobó el PP o las «ocurrencias» del ministro José Luis Escrivá sobre el sistema de pensiones.

El director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, Serafín Carballo, ha advertido, este jueves, sobre «un periodo largo de las secuelas traumáticas» en niños y jóvenes por la pandemia de la COVID-19.

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament, Carballo ha indicado que la sociedad debe «estar preparada para las consecuencias psicológicas» en menores. Por este motivo, ha transmitido a instituciones, administración, sociedad civil y tercer sector «la necesidad de poner este problema en el centro de la agenda pública y política».

Carballo, quien ha comparecido a petición del grupo parlamentario Ciudadanos, ha desgranado los resultados de una encuesta realizada entre los alumnos de Baleares durante los meses de confinamiento. Analizando la participación, el director de la Oficina Balear de la Infancia y Adolescencia ha resaltado «la gran necesidad que tenían los alumnos de poder expresar su opinión y ser escuchados».

Según el estudio, el 28% de los encuestados habían pasado el confinamiento bien o muy bien, frente al 12% que había reconocido haberse sentido mal o muy mal. Respecto a la convivencia en familia, la mayoría de los encuestados valoraban este hecho y el 30% desconocía la existencia de teléfonos de ayudas a los menores.

En cuanto a la situación psicológica de los menores, Carballo ha resaltado que, en el último año, ha crecido el malestar psicológico derivado de estar privado de sus amigos y la semipresencialidad educativa. «Esto no augura un futuro nada bueno en cuanto a la situación mental de esta población», ha aseverado.

En este sentido, ha recalcado el aumento de los índices de consultas a pediatras y a los psicólogos por dolencias mentales, así como la subida de intentos de suicidios por parte de menores.

Aparte de los resultados de la encuesta, el director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia ha detallado algunas conclusiones del Informe Anual de Baleares de 2019. Además, ha concretado que en el plazo de un mes se presentarán los resultados del estudio con los datos de 2020.

Carballo ha resaltado que entre el 22 y el 25% de los menores de Baleares estaban en riesgo de pobreza en 2019 en Baleares, una cifra que ha previsto que subirá por los efectos de la pandemia. «En las Islas cada vez hay más pobres y cada vez hay pobres más pobres», ha comentado.

Esta situación, según Carballo, «es un atentado contra los derechos de niños y adolescentes. Mientras existan niños pobres, el sistema económico estará vulnerando sus derechos». Por ello, ha rechazado el sistema económico de las Islas basado en el monocultivo del turismo.

En cuanto a la situación de pobreza después de la pandemia –de la que aún no constan datos oficiales–, el director de la Oficina Balear de la Infancia ha comunicado que las estimaciones hablan de que uno de cada tres niños están en situación de pobreza en Baleares. «El modelo económico no está ayudando a Baleares. Se está creando una desigualdad crónica», ha indicado.

No obstante, ha resaltado el escudo social creado en esta crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, diferente a cómo se enfrentó la de 2008. En este sentido, ha resaltado la RESOGA, el Ingreso Mínimo Vital y el aumento de becas de comedor.

La batalla contra la pobreza, según Carballo, se debe focalizar con más trabajo, agilización del Ingreso Mínimo Vital, viviendas sociales, ayudas al alquiler y ampliación de plazas de educación infantil para niños de 0 a 3 años, entre otras medidas.

Desde Ciudadanos, el diputado Juan Manuel Gómez ha concretado que cuando pidieron la comparecencia, en agosto de 2020, ya pensaron que los datos cambiarían porque «estamos ante una crisis con mayor incerteza».

Gómez, quien ha destacado de Carballo que forma parte del Ejecutivo estando al frente de la Oficina Balear de la Infancia, ha preguntado si están preparados desde las instituciones públicas para hacer frente a la fatiga pandémica entre los menores, sobre todo, en el ámbito de la salud mental derivada de la lenta recuperación económica.

A continuación, la diputada del PP Marga Durán ha insistido en que actualmente los datos de pobreza entre menores «son más alarmantes». «No creo que se estén haciendo bien las cosas en esta crisis, sobre todo con el escudo social del Ingreso Mínimo Vital», ha asegurado.

Antes de finalizar su primera intervención, Durán se ha mostrado «muy preocupada» por las consecuencias que la pandemia tendrá entre los menores y, también, por las agresiones presenciadas dentro del ámbito familiar.

El diputado de MÉS per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’, ha recalcado que muchas familias salieron empobrecidas de la crisis de 2008. Además, ha coincidido con Carballo en que la pobreza infantil «es un atentado a sus derechos». Por ello, ha recordado que «es importante tenerlos presentes en las administraciones».

También la portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Lina Pons, ha afirmado que, seguramente, la situación de ahora será peor a la presentada hace dos años. Pons ha cuestionado a Carballo sobre qué es «más urgente y prioritario para acabar con esta situación». «¿Qué se debe solucionar? ¿Cuáles son las actuaciones que proponer para revertir esta situación?», ha preguntado.

Seguidamente, la diputada del Grupo Mixto Patricia Font ha celebrado que Carballo señale el monocultivo del turismo como una de las causas de la pobreza en las Islas y ha destacado que los jóvenes han vivido ya dos crisis, la de 2008 y la actual.

Para acabar la diputada ha reflexionado sobre la importancia de la infancia en la sociedad y ha asegurado que «si importaran tanto, no serían víctimas invisibles».

La vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, han reivindicado la presencia activa y la presencia de las mujeres en el desarrollo de la la Agenda 2030.

Lo han hecho en las jornadas organizadas este jueves por la Diputación de Pontevedra a finalizado dentro de la Escuela de Igualdad María Vinyals y que han tenido como protagonista el debate en torno al liderazgo femenino en la administración pública.

La jornada, en la que ha colaborado la Universidade de Santiago de Compostela, contó con un auditorio virtual total de más de 600 personas que siguieron el debate de una veintena de ponentes sobre las dificultades de las mujeres para tener el «protagonismo imprescindible ante uno de los retos más relevantes que tiene el planeta».

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha insistido en que «no habrá cambio de paradigma económico, social, medioambiental si la mitad de la población no está plenamente integradas y participando activamente en ese cambio».

Según los datos facilitados en esta jornada, en Galicia el 71,4% de las personas funcionarias son mujeres pero, sin embargo, hay 34 hombres en altos cargos frente a 23 mujeres, 44 hombres en el alta dirección de entes instrumentales frente a las 21 que ocupan mujeres, 4 delegados provinciales frente a 1 mujer.

Y en el ámbito local solo el 18% de los ayuntamientos gallegos tienen una alcaldesa, 14 de 61 en la provincia de Pontevedra. En España sólo hay seis presidentas de las diputaciones.

Carmela Silva ha citado el ejemplo de la Diputación de Pontevedra donde «el personal funcionario es una mayoría aplastante de mujeres, pero también son mayoría las directivas, 14 frente a 13 hombres». En cuanto al personal político de la institución provincial, la corporación está formada por 14 hombres y 13 mujeres y el gobierno por 9 mujeres y 7 hombres.

RIBERA

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha recordado en su intervención el papel fundamental de las mujeres en la pandemia, y ha subrayado que «la igualdad es fundamental desde el punto de vista de la justicia social, pero también del económico».

Ribera ha destacado que «hay techos de cristal, vocación de apartar, de convertir a las mujeres en objeto más que en sujetos, en participantes más que en protagonistas de sus decisiones», y ha apelado a la importancia de «que haya espacios al menos en la misma proporción que las mujeres representan en el conjunto de la sociedad».

La ministra ha finalizado su intervención con un llamamiento a «no renunciar a las cimas que se fueron conquistando a lo largo de décadas» y a «seguir trabajando por aquellos espacios que quedaron en el ángulo muerto, con un retrovisor que se debe volver a enfocar mirando hacia el futuro».

FERNÁNDEZ DE LA VEGA

La clausura ha contado con la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, para quien el ‘Objetivo de Desarrollo Sostenible’ central «tiene que ser el número 5: la igualdad entre géneros, para empoderar a las mujeres y a las niñas».

«Hoy no necesitamos acumular, necesitamos construir movimiento social. Necesitamos riqueza en tiempo y vínculos sociales. Y dar un nuevo sentido a la vida buena, con dignidad humana, tratando bien a la tierra y reconciliando naturaleza y cultura. Y esto creedme, es lo que mejor sabemos hacer las mujeres. Las mujeres somos las guardianas de la biodiversidad, lo llevamos en nuestro ADN. Cuando se nos dan opciones de ejercer el liderazgo lo hacemos con todas las consecuencias», ha incidido.