La diputada de Unidas Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, ha lamentado las «prisas» al convocar la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación morada, al entender que «cuanto más crucial es la reflexión y el debate, más rápido se cierran las oportunidades de un proceso de renovación» en el partido.

Por tanto y tras conocer que el proceso asambleario concluirá el 13 de junio, con la elección del nuevo secretario general que sustituirá a Pablo Iglesias, entiende que en Podemos se vuelven «a los mismos errores», priorizar a las «personas por encima del análisis».

«¡Qué prisas! Cuanto más crucial es la reflexión y el debate, más rápido se cierran las oportunidades de un proceso renovación de Podemos como el que debe ser la IV Asamblea de Podemos. Volvemos a los mismos errores. Las personas por encima del análisis», ha señalado en Twitter Elizo tras adjuntar una información sobre los detalles de la convocatoria del máximo órgano del partido morado.

La parlamentaria ha sido crítica en otras ocasiones con la estrategia de la formación. En enero, abogó por abrir un debate público sobre el proyecto al entender que su electorado se estaba «dispersando». «¡Qué nadie sabe dónde nos van a votar cuando salgamos del Gobierno!», apuntó.

LA EJECUTIVA ACELERA LA CELEBRACIÓN DE VISTALEGRE IV

Este viernes la Ejecutiva de Podemos ha acordado acelerar la celebración de la cuarta Asamblea Ciudadana para relevar a Iglesias, que arrancará este mismo mes y concluirá con las votaciones de la militancia entre el 6 y el 12 de junio.

Por tanto, el máximo órgano de la formación concluirá el 13 de junio con la publicación de los resultados para designar al nuevo secretario general, puesto al que optará la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, y la dirección que le acompañará esta nueva etapa.

MODELO DE BICEFALIA Y LIDERAZGO FEMINIZADO

Con este calendario, se confirma los planes de celebrar rápido su Asamblea Federal para terminar lo antes posible con el periodo de interinidad ante la renuncia de Iglesias a todos sus cargos políticos.

Belarra se posiciona como la principal candidata a este cónclave y se instaurará una bicefalia , al estilo del PNV pero feminizado, dado que el liderazgo de Unidas Podemos dentro del Gobierno lo ostenta la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

La ministra de Derechos Sociales es afín al secretario general saliente, supone una opción continuista con la línea política llevada hasta el momento, conoce al detalle una organización en la que ha tenido un papel destacado en todos los ámbitos (orgánico, parlamentario y ahora en el Ejecutivo) y también tiene gran afinidad con Díaz y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que también está llamada a tener un papel destacado en el seno del espacio político.

Y es que la ministra de Trabajo no puede ser elegida como líder de la formación morada al no ser afiliada del partido (solo milita en el PCE). Los estatutos del partido establecen que para optar a la Secretaría General de Podemos se requiere, como mínimo, una militancia de seis meses.

Además, fue precisamente Belarra quien reemplazó a Iglesias al frente del Ministerio cuando decidió dejar el Ejecutivo para abanderar la lista de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid.

El Gobierno ha considerado este viernes que la evaluación que hace Reino Unido sobre el coronavirus en España «no ofrece una visión lo suficientemente precisa» de la situación epidemiológica «real» porque se ha realizado «en base a las medias nacionales», por lo que ha recalcado que estos análisis se deben hacer «a escala regional», pues ofrecen «mayor flexibilidad y es mucho más ajustado a la evolución de la pandemia», según han indicado fuentes diplomáticas.

Así se ha expresado el Ministerio de Exteriores después de que el Gobierno británico decidiera mantener la recomendación en vigor en contra de los desplazamientos turísticos a España. Además, cualquier viajero que regrese desde este país deberá guardar cuarentena en un alojamiento a su discrección, según ha hecho saber durante la presentación del «protocolo de semáforo» para combatir la propagación de casos importados de COVID-19 en suelo británico.

«Se trata de una decisión soberana del Reino Unido sobre su propio régimen de fronteras», han explicado desde el Ministerio de Exteriores, donde apuntan que España «considera que la evaluación en base a las medias nacionales no ofrece una visión lo suficientemente precisa de la situación epidemiológica real».

A juicio del Gobierno, el análisis «a escala regional ofrece mayor flexibilidad y es mucho más ajustado a la evolución de la pandemia», como, según han indicado, «viene demostrándose en la UE desde la aprobación en octubre pasado de la Recomendación 2020/1475 sobre libre circulación», que dio origen al mapa del ECDC por colores utilizado desde entonces.

En este punto, el Ejecutivo ha señalado que, teniendo en cuenta «la importancia de restablecer cuanto antes la movilidad internacional segura», proporciona «regularmente» a Reino Unido «información completa y detallada sobre la situación epidemiológica del país. Estos datos, según han detallado, están segregados «a nivel regional e incluso subregional (islas) sobre la incidencia acumulada, el número y grado de positividad de los test realizados y la secuenciación y prevalencia de las distintas variantes del virus».

«España va a seguir trabajando estrechamente con el Reino Unido para que ambas partes puedan disponer siempre de la información más actualizada», han apuntado las fuentes, que han insistido «en la conveniencia para ambos países de avanzar hacia un sistema de evaluación de base regional», que «permita recuperar movilidad con plena seguridad sanitaria».

En este contexto, Exteriores ha precisado que Reino Unido haya anunciado que «revisará el estatus de cada país cada dos semanas» y, periódicamente, cada ocho semanas, «todo el funcionamiento y concepción del sistema». «Confiamos en que dichas revisiones faciliten avanzar hacia un sistema más eficaz y beneficioso para la movilidad», ha destacado.

Por último, desde el Ejecutivo han recordado que España participa «muy activamente en el seno de la UE» en la revisión que se está realizando de la Recomendación 912 «sobre fronteras exteriores y que afectará entre otros, al propio Reino Unido». «España considera que debe tenerse en cuenta la positiva evolución tanto de la campaña de vacunación británica como de sus datos epidemiológicos, flexibilizando notablemente la movilidad desde y hacia dicho país», ha incidido.

DESPLAZAMIENTO TURÍSTICO A ESPAÑA

El Gobierno británico ha decidido mantener la recomendación en vigor en contra de los desplazamientos turísticos a España y cualquier viajero que regrese desde este país deberá guardar cuarentena en un alojamiento a su discrección, según ha hecho saber durante la presentación del «protocolo de semáforo» para combatir la propagación de casos importados de COVID-19 en suelo británico.

España se encuentra en la llamada «lista ámbar» lo que implica que, en principio, quien regrese a Reino Unido desde el país deberá someterse a una prueba de coronavirus antes de regresar, y a la vuelta pasar diez días de cuarentena, pero no estará obligado a hacerla en hoteles, sino que podrá hacerla en su domicilio.

Asimismo, se les dará a los viajeros la opción de realizar, el segundo o el octavo día de la cuarentena, un test que permitiría abandonar el aislamiento de forma anticipada.

No obstante, el Gobierno británico ha pedido a los turistas que «no viajen a los países o territorios de la ‘lista ámbar’ por motivos de ocio», según un comunicado recogido en la página web del Gobierno británico.

Junto a España forman parte de esta lista Italia, Grecia, Francia o Estados Unidos, según había confirmado este mismo viernes en rueda de prensa el ministro de Transportes británico, Grant Shapps, recogida por la cadena BBC.

El líder del PP, Pablo Casado, ha mantenido este viernes un encuentro en Málaga con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, con el que ha hablado sobre la situación que se abre una vez que finalice el estado de alarma este sábado, entre otros asuntos.

Se trata de su segunda visita a Andalucía en una semana, dado que el pasado viernes Casado se desplazó a Sevilla y se reunió con Moreno en el Palacio de San Telmo. Allí le mostró su apoyo a la bajada de impuestos promovida por el Ejecutivo andaluz, un paso que, a su juicio, va a servir para «seguir creando empleo e inversiones para salir de la crisis».

En esta ocasión, en su encuentro en Málaga, el presidente del PP ha vuelto a destacar esa bajada de impuestos y ha trasladado su apoyo al plan de desescalada impulsado por Moreno «para proteger salud y empleos».

También ha respaldado su petición de ampliación de la vacunación frente al «abandono» de Pedro Sánchez. Casado se ha visto además con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, según ha revelado él mismo en su cuenta oficial de Twitter.

¿ADELANTO ELECTORAL EN ANDALUCÍA?

Tras el éxito del PP en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo, en las que Isabel Díaz Ayuso logró más escaños que todos los partidos de izquierda juntos y se quedó sin representación Cs, se ha puesto el foco mediático en la posibilidad de que se puedan adelantar las elecciones andaluzas, aprovechando así el revulsivo del PP madrileño.

Sin embargo, esa posibilidad la han descartado tanto el PP-A dirigido por Juanma Moreno como la dirección nacional del partido. El presidente de la Junta de Andalucía dijo esta semana que en Andalucía hay «estabilidad», y que, para él, «primero están Andalucía y los andaluces y después los intereses» del partido. Además, añadió que Madrid y Andalucía tienen «notables diferencias».

Al ser preguntado por ese posible adelanto electoral en Andalucía, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, afirmó que el PP quiere gobiernos «estables, duraderos y cumplir sus compromisos» y añadió que eso mismo es lo que ha dicho Moreno.

Dicho esto, García Egea criticó –en una entrevista en Antena 3– que el PSOE está ahora mismo «esté enredado en cuestiones internas» como las del Partido Socialista andaluz y las primarias, «en vez de estar planteando un plan b jurídico» para afrontar la pandemia cuando decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, renuncia a la vía del recurso al Tribunal Supremo para que valide las restricciones que quería mantener en Euskadi tras decaer este próximo domingo el estado de alarma, después de que las haya rechazado el TSJPV. «No quiero judicializar este proceso, quiero ofrecer garantías a la sociedad vasca», ha añadido tajante.

Urkullu ha realizado estas afirmaciones en una comparecencia pública celebrada en Vitoria para dar a conocer las medidas que se entrarán en vigor en la Comunidad Autónoma Vasca a partir del próximo 9 de mayo, tras el fin del estado de alarma, y después de que el TSJPV haya rechazado que se puedan aplicar restricciones como el toque de queda nocturno, los confinamientos perimetrales autonómico o municipales, y el límite generalizado de agrupaciones de cuatro personas.

A preguntas de los periodistas, el Lehendakari ha mostrado su decisión de renunciar a la vía del recurso en casación al Tribunal Supremo, pero no ha descartado poder aplicarlas en Euskadi más adelante, en caso de que el TS llegue a validar algunas de estas restricciones en respuesta a impugnaciones de otras comunidades autónomas.

«Pero yo creo que el ejercicio responsable ante el decaimiento del estado de alarma a las 00.00 horas de pasado mañana es ofrecer, en la medida de lo posible, certidumbres a la sociedad y no dejarla en un limbo de una hipótesis de qué pasaría», ha apuntado.

Tras señalar que el propio Supremo ha cuestionado esta vía, aprobada por decreto Ley del Gobierno del Estado, ha recordado que transcurrirían días hasta que este resolviera y su decisión no tendría por qué ser favorable a las restricciones decididas por las autonomías. En esta línea, ha manifestado que no quiere «judicializar este proceso», sino «ofrecer garantías a la sociedad vasca».

DESCONCIERTO GENERALIZADO

También ha destacado «el desconcierto generalizado» que ha causado en las comunidades autónomas que se ponga fin este próximo domingo al estado de alarma, aunque ha rechazado criticar al presidente, Pedro Sánchez, por no haber accedido a mantenerlo.

Tras asegurar que se «enorgullece» de haber pedido la prórroga del estado de alarma, incluso por escrito a Sánchez, ha subrayado que el propio PSE-EE estaba de acuerdo con que este se mantuviera. Pese a que su líder, Idoia Mendia, planteó que se pidiera exclusivamente para Euskadi, Urkullu ha considerado que estaban de acuerdo en «lo sustancial», es decir, en que esta medida debía prolongarse en el tiempo.

Para el presidente del Gobierno Vasco, «no hay más que ver lo que está sucediendo con las medidas que otras comunidades autónomas están planteando a sus Tribunales Superiores de Justicia correspondientes, y las decisiones y las resoluciones que estos están adoptando ante medidas más o menos similares, con criterios absolutamente dispares, para observar el desconcierto» que se está generando. También ha aludido a los diferentes horarios que están estableciendo las diferentes autonomías para los toques de queda.

La Comisión Gestora del PSOE-Madrid constituida este viernes se ha marcado como objetivos la escucha activa a la ciudadanía y la participación de la militancia, tras los resultados de los comicios del pasado 4 de mayo en los que los socialistas cosecharon el peor resultado electoral de su historia en la región.

La reunión de este órgano que pilotará la federación madrileña hasta el congreso ordinario de diciembre ha servido además para distribuir las áreas de responsabilidad de sus integrantes, con la diputada Isaura Leal a la cabeza, una persona de la máxima confianza del secretario general, Pedro Sánchez, y con experiencia ya en estos procesos.

De este modo, Fran Martín se hará cargo de Organización; Lorena Morales, de Igualdad; María Cano, de Transición Ecológica; Javier Guardiola, de Juventud y Transformación Digital; África Moreno, de Cohesión Social y Sanidad; Carmen Mena, de Política Autonómica e Institucional; Santiago Llorente, de Economía y Política Municipal; Diego Cruz, de Madrid Ciudad; y José Luis García, de Cohesión Territorial y Pequeños Municipios.

En esta primera toma de contacto que ha tenido lugar en la sede del PSOE-M, en la calle Buen Suceso, se ha trasladado un mensaje de agradecimiento a la labor realizada al frente del partido por José Manuel Franco tras dimitir como secretario general autonómico por el descalabro en las elecciones del 4 de mayo, en las que el PSOE-M sacó sus peores resultados de la historia, perdiendo 13 diputados.

Asimismo, se ha puesto en valor su «impronta de lealtad, honestidad y unidad, fruto del diálogo y el consenso», que ha impregnado estos años al Partido Socialista de Madrid, así como la gran labor de la Comisión Ejecutiva Regional durante este período.

También para el que ha sido cabeza de lista de la formación este 4M, Ángel Gabilondo, por su trabajo tanto como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid como por su «entrega generosa a la candidatura» a presidir la Comunidad de Madrid.

En cuanto al futuro inmediato, la comisión gestora tendrá como eje central de actuación el de fomentar la escucha activa a la ciudadanía y la imprescindible participación de la militancia, principal valor del partido, según ha explicado la formación en un comunicado.

En este sentido, ha trasladado su intención de «propiciar los debates necesarios para favorecer la construcción de un nuevo proyecto socialista de futuro», que les permita «volver a ser la opción progresista y de gobierno» para la Comunidad de Madrid, «como lo está siendo» el PSOE para el Gobierno de España.

El BNG llamará a la movilización de la sociedad gallega y llevará iniciativas al Congreso para evitar la implantación de peajes en autovías, una medida que ha afirmado que resulta «muy lesiva para las personas con menos recursos» y «perjudica los intereses de Galicia y su desarrollo económico».

Según ha trasladado la formación nacionalista, el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, ha criticado que el Gobierno «pretenda vender como verde, para desincentivar el uso del vehículo privado», una medida que representará una «losa» para Galicia, que «no posee transportes públicos adecuados ni una red ferroviaria a la altura de las necesidades del siglo XXI».

Con el objetivo de evitar la implantación del cobro por el uso de la red de alta capacidad, el diputado ha avanzado que el BNG presentará iniciativas en el Congreso y llamará a la sociedad gallega a movilizarse. «No se puede pretender vender como ecológica una medida que realmente va a gravar a las clases populares, con más dificultades para afrontar el pago de los peajes, e implicar un sobrecoste para las empresas gallegas, que continuarían perdiendo competitividad».

El BNG ha afirmado que resulta «inaceptable» que el Gobierno busque implantar peajes en las autovías pese a que «aún no cumplió el compromiso de bajar las tarifas de la AP-9» y ha advertido de que esta medida conllevaría un aumento del tránsito en las vías convencionales, «ya en muchos casos colapsadas y donde se producen la mayoría de los accidentes con resultado de muerte».

Además, ha calificado como «neoliberal» el argumento del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el director xeral de Tráfico, Pere Navarro, de que «si no pagan los usuarios, pagamos todos vía impuestos», ya que ha asegurado que, si se aplicase a otros servicios como la sanidad y la educación, su acceso se limitaría «a quien pudiese pagarlos».

PRIORIDADES

Asimismo, Rego ha recordado que el BNG colocó como prioridad la modernización de la red interior ferroviaria y el avance en el Corredor Atlántico de mercancías en el acuerdo que posibilitó que facilitase la investidura de Pedro Sánchez.

«Lamentablemente el Gobierno de coalición PSOE-Podemos aprobó unos presupuestos discriminatorios con Galicia que no destinaron recursos suficientes para que pudiésemos avanzar», ha reprobado el diputado, que ha comprometido que su formación continuará su trabajo para alcanzar estos objetivos. «Antes de hablar de nuevos gravámenes como las tarifas de las autovías, el Gobierno debe cumplir sus compromisos con todos los gallegos, especialmente, bajar las peajes de la AP-9 y modernizar el ferrocarril», ha advertido.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha argumentado que la ampliación del horario de la actividad de la hostelería, el comercio y el sector cultural responde al objetivo de «regular la tentación» de una mayor interacción social que se va a producir con el decaimiento del estado de alarma, de forma que se puedan evitar posibles acumulaciones de personas en los interiores de locales cerrados y de domicilios tras el final de la limitación de las agrupaciones de individuos a cuatro personas.

Urkullu, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en el que se ha aprobado el decreto de nuevas medidas preventivas frente a la pandemia, ha rechazado que la ampliación del horario de la hostelería, del comercio y de la actividad cultural sea «contradictorio» con la posición que venía manteniendo hasta ahora el Gobierno Vasco.

NO HAY «FLEXIBILIZACIÓN»

De hecho ha afirmado que esta ampliación de horarios no supone una «flexibilización» ni una «relajación» de las medidas preventivas, sino de una «adecuación» de las mismas al contexto derivado del final del estado de alarma a partir del 9 de mayo.

El lehendakari ha afirmado que sigue defendiendo la «pertinencia» de que el estado de alarma sea prorrogado o de que se establezca alguna medida «alternativa», como un ámbito de diálogo «bilateral» entre los gobiernos central y vasco para articular medidas contra el coronavirus tras el final del estado de alarma.

No obstante, ha afirmado que ante la decisión del Gobierno central de no renovar el estado de alarma, y ante la inexistencia de otras alternativas, al Ejecutivo autonómico no le quedaba más remedio «solicitar la autorización» del Tribunal Superior del País Vasco para mantener vigentes las medidas que se han demostrado «más eficaces» para contener los contagios.

Esas medidas, según ha recordado, son la limitación de la movilidad nocturna, los cierres perimetrales y la limitación de las agrupaciones de personas a un máximo de cuatro individuos. Sin embargo, ha afirmado que ante la «negativa» del TSJPV a que el Gobierno Vasco pueda mantener tales medidas sin la cobertura del estado de alarma, ha explicado que el Ejecutivo ha tenido que «adecuarse» a esta situación.

«PREOCUPACIÓN»

«En buena lógica, tenemos que interpretar que si no hay limitación horaria nocturna, hay más posibilidad de interacción social», ha manifestado.

Urkullu ha añadido que si, efectivamente, se produce un aumento de la interacción social y tampoco existe una limitación ante las agrupaciones de personas, los técnicos que le asesoran a la hora de tomar decisiones frente a la pandemia le han trasladado su «preocupación» por «lo que pueda suceder en interiores de domicilios y locales».

El lehendakari ha afirmado que «atendiendo a las circunstancias» derivadas de esa situación, así como de la proximidad del verano y la mejora del tiempo, se ha optado por adoptar unas medidas «que sirvan para regular de alguna manera esa tentación que va a existir de una mayor interacción social».

Dicha regulación, según ha dicho, se realizará en el ámbito de la hostelería, así como en la oferta cultural –ha citado el cine y el teatro–, mediante la posibilidad de realizar «actividades que duren más» con el fin de «intentar tener ordenado» el ámbito de «una interacción social que, no seamos ingenuos, se va a dar».

El Gobierno contempla la revisión a la baja de la tasa que aportan los operadores de telecomunicaciones para la financiación de la Corporación RTVE, entre las medidas incluidas para facilitar el despliegue del 5G.

La Ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece una tasa a los canales privados en abierto del 3% de sus ingresos brutos; a los de pago, del 1,5%, y a empresas de telecomunicación, del 0,9%.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado este viernes la hoja de ruta del 5G a los principales operadores y asociaciones del sector en una reunión tras la cual también se ha señalado que el Gobierno está «ultimando» los precios de la subasta 5G.

El Gobierno reducirá las obligaciones mayoristas contempladas en el texto preliminar de las condiciones de la subasta de la banda de 700 MHz y reducirá la cargas fiscales de los operadores, entre otras medidas, para incentivar el despliegue del 5G.

Así, ha decidido suprimir las obligaciones mayoristas en algunos bloques de frecuencias y ha precisado y ajustado los plazos del contenido de la obligación de cobertura impuestas a cada uno de los bloques.

Según las condiciones preliminares, en función del lote, los operadores debían cubrir en tres años el 100% de las poblaciones de 20.000 o 50.000 habitantes, mientras que el precio de salida de la subasta era de 1.170 millones de euros, considerado muy alto por las empresas.

Entre otras medidas, se contempla la reordenación de la banda de 3,5 GHz (3.400-3.800 Mhz) para optimizarla y fomentar la inversión en redes, como venían proponiendo las compañías, ya que la proximidad de bloques de un mismo operador mejora la calidad de su servicio.

Las propuestas del Ejecutivo han sido acogidas con satisfacción por DigitalEs, la patronal de las empresas de telecomunicaciones, que señalan que «ayudarán a acelerar la transformación digital de España».

En principio, se espera que tras varios retrasos, la subasta de la frecuencia de 700 MHz se realice en los próximos meses y su licitación se produzca en el segundo semestre del año. Esta banda es considerada prioritaria para el despliegue del 5G para fines comerciales.

MEDIDAS FISCALES

El Gobierno también busca reducir la carga fiscal de los operadores, que denuncian que es la mayor de Europa, mediante la reducción de las tasas anuales de reservas del espectro en las zonas reservadas para el 5G en 2022 y 2023, una medida que el Gobierno estima en el plan enviado a Bruselas que se traducirá en una merma para las arcas públicas de 90 millones de euros.

A cambio, según contempla el Plan de Recuperación, los operadores tendrán que invertir esas cantidades en despliegues en zonas donde no tengan obligación de despliegue de infraestructura.

Además, se han incluido medidas para agilizar la concesión de los permisos necesarios para desplegar redes de telecomunicaciones mediante la ocupación del dominio público (carreteras, ferrocarriles y confederaciones hidrográficas) y la implementación de la caja de herramientas de conectividad de la Comisión Europea.

En el mismo sentido, el Gobierno modificará el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, actualmente en consulta pública, para incluir condiciones técnicas armonizadas válidas para el 5G de cada una de las bandas de frecuencias señaladas en Europa para servicios y comunicaciones electrónicas.

El Ejecutivo además perseguirá que Bruselas elabore directrices en el ámbito comunitario para facilitar que las empresas compartan infraestructuras y espectro.

Además, el Consejo de Ministros ya aprobó un real decreto por el que la duración máxima de las licencias de espectro se extendía hasta los 40 años (20 años fijos y 20 renovables).

La nueva hoja de ruta también contempla la redacción de una Guía de Buenas Prácticas para entidades locales, un extremo que está contemplado en el Plan de Recuperación, que destina cuatro millones de euros a la formación y el apoyo a entidades locales para los despliegues de esta tecnología.

El Plan de Recuperación destinará un total de 4.000 millones de euros a impulsar la conectividad, el despliegue de 5G y la seguridad.

Entre sus ejes se encuentra la inversión de 812 millones de euros en extender la banda ancha ultrarrápida, 109 millones de euros en la hoja de ruta 5G, además de 480 millones de euros para el refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial.

Asimismo, el despliegue del 5G recibirá inversiones públicas por 1.400 millones de euros, mientras que para el de infraestructuras digitales transfronterizas se destinarán otros 500 millones de euros.

Entre los objetivos del plan se encuentra que el 100% de los españoles tengan Internet a una velocidad de 100 Mbps, una medida con la que se busca cerrar la brecha de acceso a Internet.

El Gobierno británico ha decidido mantener la recomendación en vigor en contra de los desplazamientos turísticos a España y cualquier viajero que regrese desde este país deberá guardar cuarentena en un alojamiento a su discrección, según ha hecho saber durante la presentación del «protocolo de semáforo» para combatir la propagación de casos importados de COVID-19 en suelo británico.

España se encuentra en la llamada «lista ámbar» lo que implica que, en principio, quien regrese a Reino Unido desde el país deberá someterse a una prueba de coronavirus antes de regresar, y a la vuelta pasar diez días de cuarentena, pero no estará obligado a hacerla en hoteles, sino que podrá hacerla en su domicilio.

Asimismo, se les dará a los viajeros la opción de realizar, el segundo o el octavo día de la cuarentena, un test que permitiría abandonar el aislamiento de forma anticipada.

No obstante, el Gobierno británico ha pedido a los turistas que «no viajen a los países o territorios de la ‘lista ámbar’ por motivos de ocio», según un comunicado recogido en la página web del Gobierno británico.

Junto a España forman parte de esta lista Italia, Grecia, Francia o Estados Unidos, según había confirmado este mismo viernes en rueda de prensa el ministro de Transportes británico, Grant Shapps, recogida por la cadena BBC.

El ministro, no obstante, ha querido precisar que la lista será revisada cada tres semanas y espera que, según avance el verano, se eliminen condiciones para los destinos turísticos más «tradicionales» de la lista.

Portugal, Gibraltar o Israel formarán parte a partir del 17 de mayo de los 12 territorios que conformarán la lista «verde», por lo que los viajeros que deberán someterse a un test previo al viaje y otro posterior –en el primero o el segundo día– pero no deberán guardar cuarentena ni son obligatorias más pruebas para acreditar que la persona no es portadora del SARS-CoV-2. Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Islandia o las Malvinas también forman parte de esta lista de restricciones al mínimo.

No obstante, Reino Unido ha introducido a Turquía dentro de la llamada «lista roja», que engloba a los territorios en los cuales los viajeros británicos deberán guardar la cuarentena de diez días, obligatoriamente en un hotel, y someterse a un total de tres pruebas, una previa al viaje y otras dos en el segundo y el octavo día tras llegar a Reino Unido. Además de Turquía, otros países incluidos en esta lista son Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Sudáfrica o Venezuela.

Dado que Estambul es la sede de la final de la Liga de Campeones de Fútbol, que enfrentará a dos equipos ingleses, el Chelsea y el Manchester City, Shapps ha ofrecido en nombre del Gobierno la posibilidad de albergar el partido en suelo británico.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha condenado a 118 años de cárcel a un residente en el partido judicial de Padrón que elaboró diverso material pornográfico en el que intervenían menores.

En concreto, según la sentencia con fecha del pasado día 26 de abril y de la que ha informado este viernes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha sido condenado como autor de un delito de difusión de pornografía infantil; doce delitos de elaboración de pornografía infantil; nueve delitos de abusos sexuales; y un delito de agresión sexual.

Además de las penas de prisión, el tribunal le ha impuesto diez años de libertad vigilada y todos los delitos llevan consigo la pena de inhabilitación especial para cualquier oficio o profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior en cuatro años al de la pena de privación de libertad impuesta para cada delito.

Para elaborar el material pornográfico, según consta en la sentencia, contactó previamente con las víctimas a través de Omegle, Facebook y Skype, bien directamente, o en otras ocasiones, haciéndose pasar por una menor.

«Valiéndose de este engaño o actuando con su propio perfil, el procesado obtuvo la confianza de los menores y los instó a que mantuviesen comportamientos de naturaleza sexual delante de la cámara web del ordenador», indican los magistrados, quienes aseguran que los menores, en algunas ocasiones, accedieron a esas solicitudes «ante el temor de que el acusado revelase a sus progenitores las actitudes mantenidas».

El condenado, además, aprovechó las videollamadas que mantenía con los menores «para grabarlos mientras realizaban prácticas sexuales, sin que estos fuesen conocedores de tal circunstancia».

ALMACENÓ MÁS DE 850 HORAS DE VÍDEO

Asimismo, entre enero de 2013 y abril de 2016, el hombre utilizó diferentes tipos de material informático y de almacenamiento digital que tenía en su domicilio para almacenar en su ordenador más de 850 horas de vídeo que contenían imágenes y grabaciones en las que menores de edad tenían comportamientos de carácter sexual.

El tribunal destaca que el procesado, «a sabiendas de que atentaba contra la indemnidad sexual de los menores», compartió y facilitó a terceros, al menos, 3.500 archivos de este material, en el que se veía a menores de 16 años siendo víctimas de violencia sexual.

«En las referidas imágenes aparecían menores maniatados con cuerdas y correas, amordazados, siendo en ocasiones incluso penetrados oral, anal y vaginalmente y objeto de prácticas zoofílicas, llegando con tales conductas a poner en peligro su integridad física», describen los magistrados.

Un total de 18 escuelas taurinas españolas y tres de Francia van a participar del 8 al 30 de mayo en el I encuentro de Escuelas Taurinas Villa de Ampudia en la provincia de Palencia que va a contar con 50 participantes de las mismas.

El concurso, que nace con vocación de perdurar en el tiempo y ha contado además con las ganaderías de la zona, contará con rondas clasificatorias los días 8, 9, 15 y 16 de mayo, donde se torearán vacas de Brazuelas, Cantoblanco, Concepción Quijano, Pedro Caminero, Pepe Mayoral y Luis Cebrián y Taurovemar, de donde saldrán los primeros 16 alumnos que irán a las semifinales los días 22 y 23.

En este caso, los semifinalistas torearán reses de Antonio Bañuelos y La Campana. El 30 de mayo, los ocho finalistas torearán, en este caso novillos, de la ganadería de Cantoblanco a partir de las 18.00 horas en la plaza de Toros de Ampudia.

El objetivo del mismo es promocionar la tauromaquia y apoyar a los jóvenes que empiezan en este oficio.

El alcalde de Ampudia, José Luis Gil, ha destacado durante la presentación que, aunque la localidad no tiene «gran tradición de toros» es una oportunidad para promocionarse.

Por su parte, la presidenta de la Diputación ha destacado el apoyo que la Institución Provincial ha dado siempre a un arte que está pasando una de las crisis «más acuciante» de las últimas décadas y que es un símbolo de España.

La iniciativa surge de la Asociación Cultural Taurina de Palencia que cuenta con la Escuela Taurina que en la actualidad cuenta con 22 alumnos frente a los 13 del pasado año, venidos de Salamanca, León, Burgos o Santander, donde han llegado a un acuerdo con una asociación para promocionar la escuela y que previsiblemente llegará a unas 1.000 personas.

Un profesor de la misma, Juan Cantora, ha señalado que los alumnos «progresan muy bien» y que cada vez son más «los chavales» que se animan a aprender la profesión taurina.

El grupo Manel realizará el próximo 21 de mayo en la sala La Mirona de Salt (Girona), dentro del estudio clínico Obrir Girona, un concierto donde podrán asistir hasta 1.000 personas que podrán estar con mascarilla, de pie y sin distancia de seguridad.

Se sortearán 100 entradas gratuitas entre el personal sanitario de Girona como símbolo de agradecimiento por su labor en la pandemia, y también pretende ser un homenaje al sector cultural, sobre todo a las salas de concierto, ha informado la Casa de Cultura de Girona este viernes en un comunicado.

Las entradas se podrán adquirir en la web de La Mirona a través del sistema TiketBlok a partir del mediodía del miércoles, el acceso está reservado a mayores de 18 años y todas las entradas estarán almacenadas en la ‘app’ TiketBlok que los asistentes deberán tener instalada en su móvil, de forma que la aplicación identifica a los asistentes y se puede comunicar con ellos en tiempo real.

Saldrán a la venta a un precio mínimo de 23 euros, pero el sistema, hasta que se agoten las entradas, permite otros precios; la semana que viene, la organización informará sobre cómo y dónde se debe inscribir el personal sanitario.

La iniciativa Obrir Girona, impulsada por el Centre Blockchain de Catalunya impulsado por la Generalitat y la Cámara de Comercio de Barcelona, es un estudio clínico que tiene como objetivo probar un modelo de pases digitales de tests y vacunación, creando espacios de muy baja capacidad de contagio (MBCC) para poder hacer una reapertura segura y controlada de la ciudad.

El proyecto se inició a finales de febrero cuando las farmacias de Girona recibieron las formaciones correspondientes para desarrollar su rol.

CERTIFICADO

Todo aquel que quiere participar en cualquier acontecimiento del proyecto Obrir Girona debe descargarse la aplicación gratuita de certificados digitales ICC AOKpass, donde se tiene que crear un perfil y un certificado, que posteriormente deberá validar en la farmacia.

El siguiente paso es acreditar que el usuario es MBCC, que podrá hacer en una treintena de farmacias de Girona mediante tres formas: si está vacunado, llevar el certificado; si ha pasado el virus, llevar una PCR positiva de hace más de 15 días, y si no está en estos casos, se podrá hacer un test de antígenos en la farmacia, que en caso de negativo, la acreditará como personas MBCC.

Los pases tendrán una duración de hasta seis meses en caso de vacunados, tres meses en caso de anticuerpos y 36 horas para los que se han hecho el test de antígenos: este procedimiento tiene un coste de entre 2,5 y 8,5 euros dependiendo de la modalidad de certificado.

Líderes locales y regionales de la Unión Europea participarán este domingo en un acto organizado por el Comité Europeo de las Regiones en Estrasburgo (Francia) que servirá para debatir y reivindicar la «dimensión» territorial de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que será inaugurada ese mismo día, coincidiendo con el Día de Europa.

En concreto, el objetivo del evento, según ha explicado el Comité Europeo de las Regiones en un comunicado, es «poner de manifiesto la dimensión territorial» de la Conferencia de Europa y «hacer llegar su mensaje a las personas que viven en las regiones, ciudades y pueblos de toda Europa».

El acto ha sido organizado por el organismo comunitario en colaboración con el Ministerio de Cohesión Territorial de Francia, la ciudad de Estrasburgo, la asociación Regiones de Francia, la Asamblea de Departamentos de Francia y la Asociación de Alcaldes Franceses.

En él, los participantes debatirán «la mejor forma de implicar a los responsables políticos y comunidades locales» en la Conferencia y cómo «garantizar un papel más importante a los entes locales y regionales en la Europa del mañana.

Así, en el primer panel participarán el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, la vicepresidenta de la Comisión Europea para Democracia y Demografía, Dubravka Suica, el copresidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia, Guy Verhofstadt y la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, Ana Paula Zacarías, representando a la presidencia de turno de la UE.

En nombre de la futura presidencia de turno de la UE que asumirá Francia en el segundo semestre del año participarán el secretario de Estado de Ruralidad del Ministerio de Cohesión Territorial, Renaud Muselier, el presidente de la asociación Regiones de Francia y presidente de la región Provenza-Alpes-Costa Azul, Frédéric Bierry, y el presidente de la Colectividad Europea de Alsacia, François Baroin, entre otros.

Además, está previsto que intervenga el presidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europea y presidente de la región italiana de Emilia-Romaña, Stefano Bonaccini.

Más tarde, participarán la presidenta del Movimiento Europeo Internacional y diputada al Parlamento Europeo, Eva Maydell, y la presidenta del Foro Europeo de la Juventud, Silja Markkula.

Después se dará paso a representantes de los distintos grupos políticos del Comité Europeo de las Regiones y el broche del evento lo pondrá el vicepresidente del organismo y miembro del Parlamento Regional de las Azores, Vasco Alves Cordeiro.

Podemos ha reiterado su rechazo al plan de extender el sistema de peajes a toda la red estatal de carreteras y demanda una concreción del mismo al Ministerio de Transportes sobre criterios de sostenebilidad y «justicia social y territorial» para que no repercutan en la mayoría de la población.

De esta forma, plantean que se centre en un sistema progresivo que sustente el pago del uso de estas infraestructuras sobre todo a grandes empresas con flotas de vehículos de gran tonelaje y, en el plano particular, a vehículos de gran cilindrada o contaminantes, siempre que el desplazamiento no sea por motivos laborales, relacionado con los estudios u otras actividades esenciales.

En esta línea, plantean que se debe aplicar criterios de progresividad en un futuro sistema de pago por uso que debe repercutir sobre todo en grandes empresas de transporte.

«Asumir el marco de que el mantenimiento de las carreteras sea sufragado por todos los usuarios, es asumir un marco de copagos en los servicios públicos (sin tener además en cuenta los niveles de renta y la capacidad de pago de los usuarios). Esto sería políticamente inasumible en los servicios públicos (como la sanidad, o la educación), y mina la progresividad del sistema de captación de recursos por parte del Estado. Y lo mismo sucede cuando hablamos de infraestructuras públicas, como las carreteras», detallan en la formación morada.

El partido cree «firmemente» en la «relevancia» del principio comunitario de «quien contamina paga». Una máxima que es «imprescindible conciliar» con una «implantación proporcionada y justa» que no perjudique a aquellos que necesitan su uso para desplazamientos habituales, especialmente en áreas que cuentan con «graves desequilibrios y problemas de despoblación que obligan a desplazamientos por carretera como único modo de transporte posible».

Por tanto, la apuesta de la formación morada e una transición ecológica «justa e inclusiva» que respete a los colectivos más vulnerables.

De esta forma, los principios de contaminación y uso de la infraestructura deben guiar la aplicación de estas medidas imponiendo peajes de «forma prioritaria» a los camiones de gran tonelaje y, en especial, a las «grandes empresas» que poseen flotas destinadas al transporte de mercancías por carretera y que generan un mayor desgaste de las autovías y autopistas, tanto por el número de kilómetros que realizan, como por la intensidad del desgaste que provocan los camiones pesados sobre la infraestructura.

En el caso de los automóviles de uso privado, la propuesta de Podemos pasa por aplicar los peajes únicamente a aquellos vehículos de alta cilindrada y con mayores emisiones de CO2, cuyos desplazamientos generan mayores externalidades ambientales, siempre que no se encuentren asociados a motivos laborales, de estudios o de otras actividades esenciales.

A su juicio, esta medida podría operar como un elemento «efectivo de fiscalidad verde» para reducir las emisiones de CO2 en un sector donde el sector del transporte por carretera se sitúa como el «principal generador» de emisiones de gases de efecto invernadero.

También estas medidas deben acompañarse del desarrollo de alternativas sostenibles, como el fomento del consumo cercano o potenciar el transporte público en general y el ferrocarril en particular.

Sobre todo en línea con las enmiendas que desde Unidas Podemos introdujeron en la ley de cambio climático y transición energética, que entrará en vigor en las próximas semanas: promover el uso del ferrocarril de viajeros y, especialmente, en el ámbito del transporte de mercancías, con el fin de mejorar la eficiencia energética y la competitividad de la economía nacional.