Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un hombre de 45 años que acumulaba más de 125 arrestos como presunto autor de delitos de robos con fuerza en el interior de vehículos. Tras la última detención, el Juzgado de Instrucción de Guardia ha decretado su ingreso en prisión.

Al parecer, el hombre, conocido por los agentes dadas sus más de 125 detenciones en esta ciudad por el mismo motivo, había convertido esta actividad en su modo de vida como consecuencia de su adicción a las drogas y esta práctica era su única forma de ingresos, según ha explicado Jefatura en un comunicado.

Los agentes encargados de la investigación observaron que el pasado año, durante la pandemia, había habido un incremento considerable en el número de denuncias por robos con fuerza en interior de vehículos que respondían a un mismo patrón. El modus operandi siempre era el mismo: se forzaba la cerradura o se fracturaban los cristales de las ventanillas de los vehículos.

Según las pesquisas policiales, todos los robos se concentraban en un mismo espacio de tiempo y tras analizar el historial delincuencial de esta persona, los agentes centraron la investigación sobre él. Comprobaron que ese mismo año había estado en prisión en tres ocasiones por hechos similares y, durante su internamiento, se había reducido sustancialmente este tipo de delitos. Al parecer, volvía a delinquir en todas las ocasiones al día siguiente de su puesta en libertad, saltándose además las restricciones decretadas como consecuencia de la pandemia.

FUE SORPRENDIDO POR LA VÍCTIMA

En el último robo cometido el pasado mes de abril, el hombre fue sorprendido por la víctima dentro de su vehículo. En esta ocasión había forzado la puerta del maletero y se encontraba manipulando los efectos que había en el interior. Al ser descubierto huyó rápidamente con los objetos robados, valorados en más de 2.000 euros. Tras su huida se le cayó la cartera que portaba en el bolsillo con su documentación.

Una vez puestos estos hechos en conocimiento de los investigadores, el presunto autor fue rápidamente identificado ya que además de haber sido descubierto infraganti y reconocido por la víctima, en la inspección ocular realizada en el propio vehículo se hallaron vestigios que correspondía con la identidad de él.

Una vez detenido, se dio cuenta de todo lo actuado al Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Alicante. Tras la propuesta por parte de la Fiscalía, se decretó nuevamente su ingreso en Prisión.Los hechos han sido investigados por agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante.

INVESTIGACIÓN PARA DEMOSTRAR SU PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS ROBOS

El detenido, al que le constan numerosas detenciones y antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, en lo que va de año acumulaba más de 20 detenciones por delitos similares, en uno de ellos fue detenido por presuntamente robar a punta de navaja a un menor de edad para sustraerle cinco euros.

La labor policial llevada a cabo en toda la investigación para poder demostrar la autoría de los hechos ha sido muy complicada, ha explicado Jefatura, ya que en todas las detenciones aportaba domicilios falsos, imposibilitando no solo los registros domiciliarios sino también su localización para posibles citaciones judiciales.

En cuanto a los efectos que presuntamente sustraía en los robos, los vendía entre personas dedicadas al tráfico de drogas o receptadores de objetos robados para así obtener sustancias estupefacientes, haciendo casi imposible su localización por parte de los investigadores.

Fruto del trabajo coordinado entre los agentes investigadores y el apoyo de Fiscalía, se han logrado esclarecer muchos hechos delictivos por lo que la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión del hombre, de nacionalidad española.

Los ocho detenidos este pasado viernes por la tarde en Bilbao y Vitoria, en sendas manifestaciones de Ernai por enfrentarse a la Ertzaintza, han quedado en libertad de madrugada, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La Ertzaintza detuvo ayer en Bilbao a siete participantes en una manifestación de la organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai, por enfrentarse a los agentes que custodiaban el Palacio de Justicia ubicado en los Jardines de Albia, por lo que fueron acusados de desórdenes públicos.

Los incidentes tuvieron lugar sobre las siete de la tarde al paso de una manifestación de Ernai junto a la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Varios participantes que iban a la cola de la marcha se enfrentaron a los agentes que custodiaban la sede judicial, lo que generó unos incidentes que se saldaron con siete arrestos.

Previamente, al paso de la movilización se habían hecho pintadas en la calle Licenciado Poza y aledaños, y se tiraron en la vía colchones para parar el tráfico, sin que hubiera mayores consecuencias.

MANIFESTACIÓN EN VITORIA

También en la capital alavesa realizó otra manifestación del colectivo de jóvenes de la izquierda abertzale, en la que, junto al Parlamento vasco, se tiraron colchones en la calzada, que cortaron el tráfico de vehículos y del Tranvía de Vitoria. Los ertzainas retiraron estos objetos y se reabrió el paso.

Además, sobre las siete de la tarde, un individuo colocó una cadena de lado a lado de la vía para interrumpir el tráfico, por lo que agentes de la Ertzaintza procedieron a retirarla y a identificar al sujeto, momento en el que este se abalanzó contra los ertzainas, por lo que fue detenido por un delito de desórdenes públicos y de atentado contra agentes de la autoridad.

Al paso de esta marcha, se lanzó un bote de humo contra una tienda de Iberdrola ubicada en al calle Dato, lo que ennegreció su fachada. Posteriormente, el acto de protesta finalizó al dispersarse los manifestantes.

Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria denominada Fresa-M ha permitido desarticular una organización criminal que introducía cocaína en España en el interior de piñas «preñadas» con la detención de cinco personas y la intervención de 16 kilos de la sustancia.

Los agentes intervinieron en el Puerto de Algeciras un cargamento de 22 toneladas de piñas, entre las cuales se encontraron 16 piñas «preñadas» y que en su interior llevaban ocho kilos de cocaína. Los envíos de fruta procedían desde Costa Rica y utilizaban una empresa cántabra como intermediaria con los cabecillas de la organización.

La Guardia Civil empezó a investigar esta empresa, que aunque tenía su sede social en Madrid, realizaba su actividad en la localidad de Guarnizo (Cantabria) y se dedicaba a la exportación e importación de fruta a Colombia.

Esta investigación, realizada junto a la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, puso al descubierto un descuadre en la facturación de los movimientos de mercancías, al mismo tiempo que la Guardia Civil tenía sospechas de esta empresa en tránsito de mercancías por el puerto de Valencia.

ENVÍO DE PRUEBA AL PUERTO DE MÁLAGA

El empresario afincado en Cantabria realizó varios viajes a Barcelona en julio, donde habría mantenido contactos con la cúpula de la organización criminal. Poco después, llegó a Málaga un contenedor lleno de piñas procedente de Costa Rica en el que no se encontró droga, lo que hizo pensar a los agentes que se trataba de un envío de prueba.

Posteriormente, realizaron el envío intervenido con la cocaína al Puerto de Algeciras en un contenedor que tenía como destino la localidad de Seseña, en Toledo. En el operativo se detectó la presencia en el lugar de destino de la carga de la cúpula de la organización, que abandonaron la zona al llegar el transporte a la nave.

El resto de piñas que no contenían droga se entregaron al Banco de Alimentos de Madrid para su distribución entre personas necesitadas.

El 17 de marzo se procedió a la detención del empresario asentado en Cantabria y de su pareja, tras la cual se practicaron cinco registros en viviendas, locales y una nave de Madrid, Seseña y Alfoz de Lloredo, donde los agentes localizaron documentación relacionada con la investigación.

En los días siguientes se detuvo a otra persona más en Cantabria, un hombre natural de Turquía y con relación directa con la nave de Guarnizo.

Finalmente, se detuvo al cabecilla de la cúpula en abril en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, cuando intentaba abandonar España con destino a Colombia. Otro miembro de la organización, el encargado de encontrar dentro del cargamento las piñas «preñadas», fue detectado y detenido en Getafe.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche han trasmitido al Defensor del Pueblo sus quejas sobre la calidad de la asistencia sanitaria que reciben, el «trato inadecuado» que afirman que reciben por parte de algunos funcionarios y la «ausencia de información comprensible» sobre su situación administrativa o acerca del procedimiento a seguir para formular una solicitud de protección internacional.

Así lo refleja el Informe anual de esta Institución, publicado este jueves, tras una visita sorpresa que realizaron en noviembre al CIE en compañía de un intérprete, al objeto de comprobar la situación de ocho internos respecto de los que se habían recibido quejas.

También se querían conocer las medidas de contingencia adoptadas, en relación con la situación de emergencia como consecuencia de la pandemia covid-19, tras la reapertura del centro. El nivel de ocupación era muy bajo en ese momento, con tan solo 43 internos. Cuatro de estos internos ya habían sido puestos en libertad en el momento de la visita. El Defensor mantuvo entrevistas individuales con los otros cuatro.

Además de constatar las quejas antes expuestas, respecto al protocolo que se sigue ante la emergencia sanitaria, el departamento comprobó que algunas de las medidas adoptadas deberían ser revisadas para que no produzcan limitaciones de derechos «desproporcionadas».

Así, en la sala de entrevistas se habían cerrado las ventanas de comunicación con el fin de evitar el intercambio de documentos en papel. Se alegaba por parte de la dirección del centro que se permitía la toma de fotografías de documentos con el teléfono móvil.

El seguimiento de las alegaciones de malos tratos que realizan los internos del CIE de Madrid ha sido, como todos los años, objeto de supervisión por parte del Defensor del Pueblo.

Por respeto al principio de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional impide a esta institución entrar en el examen individual de las quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y le obliga a suspender su actuación cuando se interpusiese demanda o recurso ante los tribunales de Justicia.

ACTUACIONES ANTERIORES

Por otro lado, finalizaron las actuaciones practicadas, en relación con presuntos malos tratos denunciados por internos y que personal del Defensor del Pueblo trasladó a la fiscalía, con motivo de una visita no anunciada realizada en octubre de 2016. Ya dieron cuenta en el pasado informe anual de que estas diligencias fueron sobreseídas en 2019.

Las otras, en las que varios de los internos fueron acusados por la participación en un motín, finalizaron en enero de 2020 condenando a los acusados como sendos autores de desórdenes públicos y quebrantamiento de medida cautelar. Concluyeron también las actuaciones iniciadas en 2017, tras las alegaciones de malos tratos e insultos de índole racista y xenófobo a varios internos por parte de funcionarios de policía.

Tras la estimación del recurso interpuesto por el Ministerio fiscal, contra un auto de archivo provisional de diligencias previas, no recibieron declaración al denunciante por haber sido ya expulsado a su país, lo que motivó el sobreseimiento.

Por ello, el Defensor ha dado cuenta a la Fiscalía General del Estado de las «graves consecuencias de la falta de adopción de medidas de suspensión de la expulsión acordada, en los casos en los que consta denuncia por la presunta comisión de malos tratos, toda vez que la expulsión de los interesados supone la imposibilidad del órgano judicial competente de tomar declaración e impide el esclarecimiento de los hechos enjuiciados».

Ha sido sobreseído también el procedimiento judicial incoado en 2019, tras deducir el Juzgado de Control de CIE testimonio por un delito de tortura. La Fiscalía interpuso recurso contra una primera resolución que acordó el sobreseimiento provisional y solicitó la práctica de ciertas diligencias. Este recurso fue desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid.

En junio de 2019, cinco ONG que prestan asistencia social o jurídica a los internos en el CIE de Madrid presentaron escrito ante la Dirección General de la Policía, solicitando la apertura de un expediente disciplinario al director del citado centro, alegando reiteradas vulneraciones a derechos de los internos. En enero de 2020, al no recibir respuesta, solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo.

La Administración ha informado de que se abrió una información reservada, que continuaba abierta a la espera de que se produjera la resolución judicial firme sobre los hechos. Dicha intervención judicial ha impedido que se comunique al promovente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley Orgánica 5/2010, el acuerdo de incoación de expediente disciplinario o el archivo. Una vez que se adopte dicho acuerdo en uno u otro sentido, darán conocimiento al denunciante.

ACCESO AL PROCEDIMIENTO EN FRONTERA

Tras la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros, el Defensor del Pueblo volvió a recibir quejas relacionadas con las dificultades para solicitar asilo en el CIE de Aluche, tras la notificación de un vuelo de repatriación. De este mondo, solicitaron información urgente a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que indicó que no constaba que el interesado se hubiera dirigido en ningún momento a los funcionarios manifestando su voluntad de pedir asilo, pese a los días que llevaba internado.

Tampoco constaba que hubiera registrado la intención de solicitar protección internacional en el libro de registro habilitado para ello, ni que se hubiera efectuado ninguna comunicación al respecto por parte de las ONG que realizan visitas al CIE. No obstante, en respuesta a las actuaciones iniciadas por el Defensor del Pueblo, se indicó que se contactaría con el interno para facilitar el registro de la solicitud, si así lo deseaba.

La Administración reitera que en este tipo de centros se tramitan todas las solicitudes de protección internacional, incluso cuando la manifestación de la voluntad de solicitar asilo se lleva a cabo de forma verbal, como puede comprobarse al analizar los listados de los operativos de repatriación.

En el CIE de Madrid, existe un punto de registro para la recogida de las peticiones y quejas de los internos, entre ellas las solicitudes de asilo, donde debe hacerse entrega de una copia sellada y registrada de la petición.

El Defensor realizó una Sugerencia a la Dirección General de la Policía para que se deje constancia documental en todos los expedientes de personas privadas de libertad en el centro de que se ha informado por escrito del derecho a solicitar protección internacional, así como extremar las precauciones para que siempre se entregue este documento, se proceda al registro de la petición y se entregue copia al solicitante.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, constata que en 2020 hubo «cientos de ciudadanos a la espera de poder examinarse» del permiso de conducir y que fueron «muy numerosas» las quejas por este motivo recibidas en la institución.

«En este ejercicio hay una referencia a las repercusiones de la pandemia sobre la Administración de tráfico, que se ha visto notablemente afectada tanto en el ámbito nacional como en el municipal», indica Fernández Marugán en el informe anual de la institución, donde precisa que las quejas relativas al procedimiento sancionador de tráfico han sido 237, frente a las 243 del año anterior.

En el documento, presentado este jueves de forma telemática ante el Parlamento, el Defensor del Pueblo matiza que «si bien ya con anterioridad a la emergencia sanitaria existían retrasos significativos en la celebración de las pruebas, consecuencia de las menguantes plantillas de examinadores, la pandemia ha agravado la situación».

En este contexto, ha constatado que los efectos de la pandemia de Covid-19 han tenido «repercusión» en la Administración de Tráfico y Seguridad Vial, y opina que «el esfuerzo de la Dirección General de Tráfico (DGT) para adaptar su funcionamiento a una situación de excepcionalidad sin precedentes debe ser destacado».

Asimismo, señala que la comunicación telemática entre las autoescuelas y las jefaturas provinciales de tráfico «no estuvo exenta de dificultades», y el envío de los permisos provisionales desde las jefaturas provinciales de tráfico, una vez que los aspirantes han sido declarados aptos, «también se ha demorado algunos meses, siendo esta situación reconocida por la Dirección General de Tráfico en los informes enviados a esta institución».

CITA PREVIA PARA TRÁMITES

En relación con la cita previa para trámites de tráfico, la institución afirma en su informe que la suspensión de la atención presencial en las jefaturas provinciales de tráfico como consecuencia del confinamiento domiciliario declarado por el estado de alarma, así como la reanudación del servicio con todas las garantías sanitarias, han provocado «unas preocupantes listas de espera para la obtención de cita previa».

«A pesar de que existe la posibilidad de que muchos trámites se puedan realizar de forma telemática, son muchos los ciudadanos que todavía no están familiarizados con el uso del certificado digital y necesitan acudir presencialmente a las dependencias de la jefatura provincial», advierte.

En este sentido, el Defensor del Pueblo explica que en 2020 se han recibido quejas del funcionamiento del sistema de cita previa de la gran mayoría de jefaturas provinciales de toda España: Madrid, Segovia, Málaga y Granada, Barcelona, Tarragona, Valencia, Toledo, Zaragoza, Alicante, Navarra, Ceuta, Lugo, Vizcaya, Islas Baleares, Murcia, Girona y Lleida.

Por otra parte, detalla que dirigió una recomendación a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para iniciar los estudios necesarios para la creación de un registro nacional de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Según ha manifestado, el objetivo de este registro es «que permita, en todo momento, a las administraciones públicas con competencias en materia de tráfico, disponer de información actualizada sobre la tenencia y vigencia de las citadas tarjetas por parte de los beneficiados». El Defensor no ha recibido contestación por parte de la Secretaría de Estado, a pesar de haber requerido la remisión de la contestación.

Finalmente, en materia de circulación de vehículos de movilidad personal (VMP), el Defensor del Pueblo cree que en 2020 «continúa sin estar bien regulada en las ordenanzas de muchos municipios y escasamente vigilada por los agentes municipales».

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha atribuido a intereses estratégicos la falta de acuerdo entre ERC y Junts para la formación del nuevo Govern, y ha alertado de que «muchísima gente ya se está desentendiendo» de la negociación y la política catalana.

En una entrevista, ha afirmado que está siguiendo las negociaciones desde la cárcel y lo está «viviendo muy mal» porque considera que ya se podría haber cerrado un acuerdo hace tiempo.

«Lo vivo muy mal y la prueba es que hay muchísima gente que ya se está desentendiendo. A mí me llegan muchas cartas de mucha gente que dice: ‘Ya se lo harán, ya no hablamos de política y ya se lo harán porque estamos desesperados», ha lamentado.

Preguntada por quién cree que tiene la responsabilidad de la falta de acuerdo, Forcadell ha contestado que cada partido está llevando a cabo sus estrategias y considera que ERC quiere cerrar el acuerdo rápido para tener Govern lo más pronto posible, que ella ve necesario para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía por la pandemia, y que «a Junts le interesa más retrasar» el acuerdo.

Forcadell está convencida de que habrá pacto y de que no se repetirán elecciones, y espera que el retraso de las negociaciones al menos sirva para cerrar un buen acuerdo que evite las discrepancias entre los socios del gobierno de los últimos años: «Si este retraso sirve para que sea un pacto bueno, un pacto fuerte y para que se corrijan los errores de la anterior legislatura, bienvenido sea».

Ante los ultimátums que ha puesto ERC, Forcadell entiende que se pongan fechas porque cree que puede ser útil para acelerar las negociaciones, pero ha defendido que hay tiempo para buscar un acuerdo: «Hasta el 26 de mayo se tiene que agotar» la negociación, y ha recordado que cuando ella presidía el Parlament Carles Puigdemont fue investido dos horas antes de finalizar el plazo límite.

GOVERN EN SOLITARIO ANTES DE ELECCIONES

Así, ha advertido de que repetir elecciones «sería muy grave, sería malgastar este 52% que se ha conseguido» a favor del independentismo.

La expresidenta del Parlament ha sostenido que lo que le gustaría es un gobierno amplio con ERC, Junts, CUP y comuns, aunque reconoce que ahora mismo no es viable, por lo que apuesta por un Govern de coalición entre republicanos y Junts.

Sin embargo, ha advertido de que prefiere un Govern en solitario de ERC antes de repetir elecciones: «Sería peor que haya elecciones, prefiero un gobierno en solitario con acuerdos puntuales que se repitan elecciones».

PAPEL DEL CXREP

Sobre uno de los escollos de la negociación, que es la dirección estratégica del proceso independentista y el papel del Consell per la República (CxRep), Forcadell ha apostado por que las decisiones de la estrategia independentista las tomen el Parlament y el Govern, y no la entidad presidida por Puigdemont.

Ha argumentado que Parlament y Govern son quien tiene la soberanía y donde están los representantes salidos de las urnas y, por tanto, quién Febe tomar las decisiones sobre el proceso de independencia, y que el CxRep debe tener un papel importante, pero «en el proceso de internacionalización del conflicto de Cataluña».

CREE QUE LA ANC YA NO BUSCA LA UNIDAD

Forcadell, que fue presidenta de la ANC entre 2012 y 2015, ha apuntado que la entidad ha cambiado respecto a cuando ella la lideraba, ya que cuando se fundó y cuando ella la presidía el objetivo era «unificar al independentismo» y considera que ahora ya no lo es.

«Ahora el objetivo no es este porque los tiempos han cambiado, los socios han cambiado, el Secretariado ha cambiado y el liderazgo ha cambiado. Ahora no es este el objetivo, es otro. Si el objetivo no es unir, entonces influyes de otra manera, no es lo mismo», aunque ha dicho que lo respeta porque es lo que han decidido los socios actuales de la ANC.

En este sentido, ha admitido que «es posible» que la entidad esté más alineada a una de las partes del independentismo, pero ha añadido que la ANC sigue siendo importante para el movimiento independentista y que ahora Òmnium tiene «un papel muy relevante que hace años no tenía».

Mujeres por la abolición ha organizado este sábado una marcha virtual con la que se pretende reclamar la abolición en España de la prostitución, la pornografía, la explotación reproductiva de las mujeres y los roles de género. Pero, además, en esta edición se incluye entre las medidas a combatir, las leyes de autoidentificación de género, como la Ley Trans redactada por Igualdad.

Se trata de la III de este evento, en el que participan, según ha informado la organización, más de 90 agrupaciones feministas del país, así como de otros 15 estados, como Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, México, Alemania, Argentina, Bolivia y República Dominicana.

El ‘modus operandi’ de esta marcha virtual es que todas aquellas mujeres que quieran unirse compartan imágenes y videos en sus redes sociales, interactuando entre ellas y compartiendo experiencias a través hashtag que se revelará «momentos antes del inicio» del acto.

Por cada interacción en redes sociales con el hashtag de esta marcha, será contabilizado por la organización como un kilómetro recorrido.

CONTRA LOS ROLES DE SEXO

Las entidades implicadas ha explicado que este año, además de las reclamaciones habituales para la abolición de la prostitución y la pornografía, se ha decidido incluir la eliminación de los roles de sexo «ante las pretensiones de introducir leyes de autoidentificación de género» en la legislación española que, a su juicio, «refuerzan los estereotipos sexistas» y «llevan a eliminar los derechos conseguidos por las mujeres a lo largo de la historia».

«En ese sentido hacemos constar en nuestro manifiesto, firmado por más de 1.000 mujeres y 120 asociaciones, que como feministas radicales, no podemos concebir que la opresión sexual se conceptualice como algo identitario», apunta la organización.

Según han explican las entidades, no creen en «la idea de la identidad de género», ni apoyan «toda la industria médico-farmacéutica que se erige alrededor de esta idea de que los roles sexuales sean algo innato».