El Gobierno ha reiterado este martes por boca de su portavoz, María Jesús Montero, su respeto por la decisión de Marruecos de suspender por segundo año consecutivo la operación Paso del Estrecho, dando por buena su justificación de que es por motivos sanitarios toda vez que este año la incidencia es aún peor.

«Respetamos la decisión de Marruecos», ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, subrayando que «responde a criterios estrictamente sanitarios», descartando así que tenga algo que ver con la crisis diplomática abierta en las últimas semanas con el país vecino.

En este sentido, la portavoz ha mostrado su comprensión por la voluntad del Gobierno marroquí de tratar de controlar la pandemia «de la forma que entiende más adecuada», lo que incluye suspender la llegada de los millones de marroquíes que viven en el extranjero a través de los puertos en el sur de España, limitando la posibilidad solo a puertos en Francia e Italia.

«Estamos viviendo una situación similar a la del año pasado, incluso con una incidencia acumulada superior» a la que había entonces, ha incidido, recordando que entonces «todos coincidimos en que era lo mejor» para priorizar la seguridad ciudadana.

ARREMETE CONTRA JUANMA MORENO

Por eso, ha asegurado que le «llama la atención» las declaraciones realizadas por el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien el lunes sostuvo que aunque aún no hay un cálculo sobre la repercusión en los puertos andaluces, es «evidente que para Andalucía va a tener un impacto económico importante» la decisión de Marruecos y echó en cara que su comunidad tenga que ser siempre la «pagadora» de los problemas que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores en cuanto a las relaciones con Marruecos.

En este sentido, Montero ha subrayado que el presidente andaluz pide este año «lo contrario» a lo que pidió el pasado pese a que la incidencia acumulada es superior a la que había hace un año por estas fechas, cuando reclamó la suspensión del Paso del Estrecho.

«Evidentemente por la cifra de contagios este año estaría más recomendada esta suspensión», ha reivindicado la también ministra de Hacienda, insistiendo en que «la seguridad sanitaria está por encima de cualquier otra consideración».

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, ha asegurado hoy que el presidente Pedro Sánchez, «está loco por vacunares cuanto antes» y además, está «muy contento» porque le tocará próximamente. Montero ha señalado que probablemente le toque en estos días, pero como inicia viaje a América Latina será a su vuelta.

Así lo ha explicado hoy la Portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que «no hay duda» de las ganas que tiene el presidente «desde el primer día» de recibir la vacuna.

«Está como todos los ciudadanos, esperando pacientemente que le toque en su rango de edad y por tanto, esperemos que pronto sea llamado para esa vacunación», ha dicho antes de añadir que «no ha podido ser hasta la fecha pero seguro que cuando vuelva de América Latina ya le tocará, si no le está tocando en estos días».

Montero espera que Sánchez se vacune «muy rápidamente por su seguridad» y también porque ya le toca por razones de edad, dejando claro que el presidente sólo ha expresado estar «muy contento» porque le toca próximamente. En este sentido, ha destacado la «ejemplaridad» del Gobierno de esperar a ser llamados desde sus puntos de vacunación. Una noticia que dan a conocer a los ciudadanos, según ha dicho, por si alguno tiene alguna duda y le puede servir ver que los ministros se vacunan.

Antes de su respuesta, Montero ha dicho estar segura de que las ministras de la cuota de Podemos, que estaban presentes en la rueda de prensa, estarían de acuerdo con ella en la respuesta y así ha sido en ambos casos. De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado «por reproducido lo que ha dicho la ministra Portavoz». «Lo dejo aquí», ha remachado.

Mientras que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que se ha molestado porque la llamaran la ministra de Podemos –«esta ministra de Podemos tiene nombre», ha puntualizado–, ha apuntado que en España tenemos la «enorme suerte» de que todo el proceso de vacunación se ha hecho siguiendo criterios estrictamente sanitarios.

Es algo, ha añadido, de lo que sentirnos «tremendamente orgullosos» porque no se vacuna a nadie antes ni «en función de tu cuenta bancaria, ni en función de la empresa para la que trabaje, sino siguiendo estrictamente criterios sanitarios como acaba de explicar la ministra Portavoz, en concreto respecto al propio presidente del Gobierno».

Los periodistas también la habían preguntado a Belarra si estaba de acuerdo con que se vacunase a la selección española de fútbol aunque no les toque por la edad, pero no se ha referido a esta cuestión en su respuesta.

Se ha limitado a decir de manera genérica que están a «la espera de la decisión que pueda tomar la Comisión de salud pública y convencida de que todas las decisiones que se van a tomar son siguiendo criterios sanitarios y que además esos criterios van a ser objetivos para todas las personas que se encuentren en esa situación».

La sorpresiva abstención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha obligado a la suspensión de la vista que estaba previsto que se celebrara este martes por el recurso contra la condena a 6 años y medio de prisión impuesta en septiembre de 2019 al juez de Canarias Salvador Alba, penado por confabular contra la también juez y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, han señalado fuentes jurídicas.

El magistrado adoptó la decisión de apartarse apenas 24 horas antes de la celebración de la vista fijada a las 10.30 de este martes. Las razones alegadas por Llarena han sido la relación profesional, relativamente frecuente y pública que ha mantenido con el condenado, por lo que ha querido evitar la suspicacia en terceros, según la misma fuente.

La sentencia condenó a Alba por delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho y falsedad en documento público, si bien le eximió de los de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos. También se le condenó a 18 años de inhabilitación y a pagar una multa 60.000 euros a Rosell por daños morales. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo en un plazo de 5 días.

PROCESO CONTRA ROSELL

El juez Alba fue juzgado por dar instrucciones al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a la juez y por entonces también diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que había sustituido en sus funciones, e iniciar en 2015 un procedimiento en su contra. Esas conversaciones fueron grabadas por Ramírez y se hicieron públicas, dando inicio posterior a esta actuación.

La Sala consideró probado que el juez Alba ofreció «una nulidad de declaración de las actuaciones» en su contra a cambio de «información lesiva» sobre Victoria Rosell.

«En el curso de la reunión [de Alba con Ramírez], el investigado informó al juez sobre estas relaciones [entre él y alguna de las empresas de Carlos Sosa, pareja de la jueza], suministrándole datos que no había podido obtener en las actuaciones y ambos acordaron la entrega de esta documentación», explicaba el texto judicial.

«A cambio», Alba prometió «una declaración de nulidad de las actuaciones» e «incluso pronunciarse sobre el fondo del asunto», algo que podría haber favorecido a los intereses de Ramírez «impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria».

INFORMACIÓN PARA IMPULSAR LA QUERELLA DE SORIA ANTE EL SUPREMO

Esa información, por su parte, servía para «incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por José Manuel Soria [entonces, aún ministro de Industria, Energía y Turismo] en el procedimiento penal promovido» por él contra Rosell y que estaba pendiente de admisión a trámite.

Fruto de lo ocurrido y de su «repercusión pública», el TSJC reconoce que Rosell sufrió «un relevante perjuicio a su consideración personal, profesional y social». Entre otras cosas, Rosell «renunció a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, perdiendo su consideración como diputada».

Unidas Podemos y Esquerra Republicana (ERC) quieren que el presidente del PP, Pablo Casado, comparezca ante la comisión del Congreso que investiga la operación ‘Kitchen’ y que este mismo martes ha acordado seguir trabajando hasta final de año.

Esquerra Republicana fue el único grupo que incluyó el nombre de Casado en su primer listado de comparecientes, pero su citación no salió adelante para la primera tanda de interrogatorios. Unidas Podemos siempre defendió interrogarle, pero cuando arrancaron los trabajos de este órgano no propuso formalmente su comparecencia porque no llegó a un acuerdo con el PSOE.

Ahora que se abre la posibilidad de plantear nuevas comparecencias, ERC está decidida a volver a intentar que se llame a Casado, mientras que el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado en rueda de prensa que también ven pertinente su testimonio y que harán lo posible por convencer al PSOE.

PODEMOS INTENTARÁ CONVENCER AL PSOE

Echenique ha señalado que la ex secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, imputada la semana pasada, fue «pieza fundamental» para que Casado se hiciera con el liderazgo del PP. «Es evidente que formaba parte de la ‘Kitchen’ y Casado algo tendrá que decir en términos políticos de todo esto», ha indicado Echenique.

Pero, el PSOE, según ha explicado su portavoz, Adriana Lastra, no ve necesidad, por ahora, llamar a Casado ante la comisión puesto que «no parece que, de momento, haya estado vinculado directamente en los hechos que se están investigando».

Por contra, Lastra no ha descartado apoyar la comparecencia de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que la semana pasada registró Vox, junto con la del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán.

SÁENZ DE SANTAMARÍA Y EL CNI

La presencia de la que fuera ‘número dos’ del Gobierno de Mariano Rajoy y responsable de los espías ya la solicitaron a principios de año ERC, Junts y Unidas Podemos que, según ha explicado Echenique, ha vuelto a registrarla ahora, ya que algunos de los que han desfilado por la comisión han señalado la participación del CNI e la trama ‘Kitchen’.

De su lado, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha admitido que el excomisario Villarejo implicó al CNI pero ha preferido no avanzar si apoyarán su comparecencia y la de Sáenz de Santamaría. A su juicio, debe interrogarse a personas que tengan una «relación objetiva» con los hechos investigados y, cuando éstos sucedieron, el ahora líder del PP «era diputado por Ávila».

ERC INTENTARÁ QUE TAMBIÉN VAYA AZNAR

Además, la prórroga de los trabajos de la comisión abre la posibilidad de volver a citar a algunos de los que ya comparecieron ante la misma. Según han avanzado fuentes de ERC, ellos serían partidarios de volver a interrogar a los policías Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo.

Entre los políticos, verían oportuno que volviera al Congreso ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y, además, intentarán de nuevo que en la próxima tanda de comparecencias se incluya al expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar.

Una reforma del Código Civil, que se ha introducido en la Ley que capacita jurídicamente a las personas con discapacidad, recoge el impedimento de los padres denunciados por maltrato a visitar a sus hijos. Esta medida entrará en vigor en septiembre.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada y en el texto, aprobado en el Congreso el 20 de mayo, se incluye una nueva redacción del artículo 94 del Código Civil, que se introdujo, a través de una enmienda del PSOE, durante la negociación de la norma en el Senado.

«No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos», recoge la ley.

«Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial», continúa la redacción.

EN COHERENCIA CON LA LEY DE INFANCIA

Finalmente, el artículo recoge que «no procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior».

El informe de la ponencia que detalla los trabajos realizados por los grupos parlamentarios en el Senado durante la tramitación de la ley, indica que estos párrafos en los que se «prevén los supuestos en que no procederá el establecimiento del régimen de visitas» se han realizado «en coherencia con las previsiones del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia».

Cabe destacar que esta norma se aprobó en el Congreso en la misma sesión del Pleno en la que se dio luz verde a la Ley que capacita jurídicamente a las personas con discapacidad en la que se recoge esta modificación.

Ha sido, precisamente, esta tramitación ‘paralela’ la que ha provocado que esta medida acabe en esta norma y no en la Ley de Protección a la Infancia. Fuentes del PSOE han explicado que al ir por el procedimiento de urgencia y tener poco tiempo para la negociación, se decidió recoger esta modificación, ya aprobada por consenso, en la Ley de capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

LA DECISIÓN ES JUDICIAL

Las mismas fuentes han explicado que el objetivo de esta medida es dar a los jueces las herramientas necesarias para poder modular los regímenes de visitas de forma rápida, frente a los procesos actuales más largos, si cree que esta decisión es lo más adecuado atendiendo al interés superior del niño.

Rechaza así las críticas que señalan que este texto automatiza la suspensión y merma la actuación del juez que, indican, es quien toma la decisión, tanto para suspender el régimen de visitas, como para no hacerlo.

También rechaza que no se respete la presunción de inocencia, como apuntan otras voces. Las fuentes socialistas recuerdan que las denuncias de violencia de género suelen ir acompañadas de indicios adicionales, como partes médicos o psicológicos, que son las que permiten al juez tomar esta decisión. Además, apuntan, las posibles denuncias falsas en este sentido apenas existen.

Desde el PSOE indican que la medida va al hilo de lo acordado en la Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, en materia de menores víctimas de esta lacra, así como en otras medidas similares que sí están incluidas en la Ley de Protección a la Infancia.

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha criticado este martes que el líder de ERC, Oriol Junqueras, admitiera que no ve viable la vía unilateral para la independencia, y considera que hay falta de coherencia entre los republicanos y que habrá una «guerra de poder interna».

En un mensaje enviado por whatsapp a los militantes del partido, ha manifestado su sorpresa por la posición de Junqueras: «Me pregunto porque con 33 diputados tienen el derecho a hablar unilateralmente de abrir una ‘nueva etapa’ y matar octubre de 2017. ¿De qué sirven las reuniones del independentismo, que debían fijar una estrategia conjunta? ¿Servirán para desarrollar la estrategia de ERC de forma conjunta?»

«La contradicción interna de ERC no cambiará nuestra estrategia del 52%», ha recalcado Batet, que desconoce si la posición de Junqueras es el precio que ERC ha negociado para la concesión de unos indultos que, precisa, podría otorgarse en un mes.

También cree que la frase de Junqueras sobre la unilateralidad se puede interpretar «como un aviso y una enmienda por el acuerdo a Aragonès para dejar claro quién manda», después de que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, asegurara que no renuncian a ninguna vía democrática.

RESTAR PROTAGONISMO

En su opinión, Junqueras quiso restar protagonismo al primer encuentro entre Aragonès y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que «inevitablemente, empezará una guerra de poder interna dentro de ERC, y algunos medios ya hablan de que habrá bicefalia si hay indultos (Aragonès, Govern; Junqueras, partido)».

Desde Junts, Batet ha explicado que pedirán las explicaciones oportunas en los mecanismos de coordinación establecidos, y preguntarán así a quién deben creer en ERC, a Junqueras o a Vilalta.

«Evidenciamos que es un problema de ERC y no de Junts. Nosotros tenemos un acuerdo votado por el 80% de la militancia por desarrollar. No renunciaremos nunca al 1-O y a la vía unilateral», ha subrayado.

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), se mantiene en el cargo después de que se cerrara sin acuerdo la reunión que mantuvo este pasado lunes con la dirección provincial del PP, formación con la que ha cogobernado desde el principio del mandato y que este martes ha roto este acuerdo pues pedía asumir la Alcaldía en la segunda parte del mandato.

Este martes han renunciado a sus competencias en el gobierno local los seis ediles del grupo del PP, a los que Luis Salvador, ha pedido, en una convocatoria de prensa en el Ayuntamiento, que reflexionen y vuelvan al equipo que gestiona el Ayuntamiento, y dos de Cs, uno de ellos el que ha sido su portavoz en el Consistorio, Manuel Olivares, que ha dejado el partido, que entiende que ha «virado al sanchismo». Lo releva el edil naranja José Antonio Huertas, que ha acompañado el alcalde en la comparecencia informativa y es el único corporativo que se mantiene con él al frente del Consistorio.

Después de que el ex presidente provincial del PP Sebastián Pérez se diera de baja de este partido sin renunciar a su acta de concejal, tras defender que al inicio del mandato municipal hubo un pacto entre los dos partidos por la fórmula del «dos más dos» que Salvador siempre ha negado, el secretario provincial popular en Granada, Jorge Saavedra, explicó en rueda de prensa que, «descartándose» el primero como «candidato a la Alcaldía», y dado que fue «el único obstáculo» para que hace dos años su formación obtuviera la vara de mando, se hacía necesario que el regidor por Cs diera «un paso al lado» al que Salvador se ha negado.

Hasta ahora Luis Salvador tenía cuatro de los 27 concejales que conforman la corporación, y gobierna en virtud del acuerdo que alcanzó al inicio de mandato con el PP –que obtuvo siete concejales en las pasadas elecciones municipales, entre ellos Pérez, ahora no adscrito– y Vox –que consiguió tres–. El PSOE fue la lista más votada y obtuvo una representación de diez ediles, y Unidas Podemos, tres.

«ESTABILIDAD» EN ANDALUCÍA

El regidor granadino ha asegurado que el debate del «dos más dos» no ha interesado más que a políticos y periodistas, y ha elogiado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por haber «conseguido la estabilidad» en el ámbito andaluz, «primando los intereses de los andaluces, sobre las encuestas».

«Lo que está pasando aquí no es pensar en los ciudadanos», ha reseñado Luis Salvador en referencia al PP de Granada que, a su parecer, «no ha parado de crear» un «debate estéril», mientras lo prioritario, a su parecer, es la lucha contra la pandemia y sus efectos. Preguntado por las limitaciones que le plantea la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que apunta a la necesidad de al menos tres ediles para la constitución de la Junta de Gobierno Local, sin entrar en cuestiones técnicas, ha indicado que se podría buscar la fórmula para constituir este órgano.

En cualquier caso, ha asegurado que su prioridad pasa este miércoles por un encuentro en que tiene previsto reunir a directores, coordinadores y demás personal directivo del Ayuntamiento para distribuir las tareas vacantes del equipo de gobierno local. A su parecer, las comisiones informativas y el Pleno ordinario de este mes se desarrollarán «con absoluta normalidad».

En su intervención ante los medios, Luis Salvador se ha referido a las conversaciones en los últimos días con el PP después de que este partido le reclamara la Alcaldía tras la marcha de Sebastián Pérez al grupo de no adscritos, lo cual para él ha sido una «excusa», pues con su marcha el equipo de gobierno local se podría haber apartado de la «inestabilidad».

PIDE RESPETO A CS COMO FUERZA DE CENTRO

Ha pedido, en este contexto, respeto a Cs, que es «la llave» de gobierno de unos 200 ayuntamientos de España, y «igual que ha dado otras» alcaldías «la de Granada le corresponde». En este sentido, ha asegurado que entablará conversaciones con todos los grupos políticos del Ayuntamiento, menos los no adscritos, incidiendo en que su partido «ha dado estabilidad a Andalucía», y a otros muchos territorios, también con base en pactos con el PSOE, y que es garantía de que no haya «ni un solo caso de corrupción».

Ha recordado, en este sentido, que hubo de «reaccionar» ante la detención por supuesta corrupción del exalcalde popular José Torres Hurtado en el pasado mandato municipal, lo que conllevó, pese a que había apoyado inicialmente al PP, que la alcaldía recayera en el socialista Francisco Cuenca, que ahora podría volver a gobernar bien con la presentación de una moción de censura para la que necesitaría sumar a sus diez ediles los tres de Unidas Podemos y un no adscrito siempre que no proviniera de Cs, pues en ese caso habrían de sumar uno más por cada uno de ellos para reforzar esa mayoría, al ser el partido del alcalde.

Cuenca también podría obtener la Alcaldía como cabeza de la lista más votada en las pasadas elecciones municipales si en un nuevo Pleno de investidura, una vez el alcalde dimitiera, ningún otro candidato obtuviera la mayoría absoluta del Pleno, que se sitúa en los 14 ediles.

No es por el momento la dimisión la salida por la que opta Salvador, que ha reseñado que «en política no se está para hacer amigos», sino «para ser responsables» y ha conminado a sus hasta ahora compañeros en el grupo de Cs, Manuel Olivares y Lucía Garrido, que se presentó como independiente, que dejen sus actas como concejales tras renunciar a sus competencias en el equipo de gobierno local. En su opinión, por su parte no ha roto «puentes» con ningún partido, y ha recordado el espíritu de la Transición, incidiendo en que no cierra «puertas» a nadie y que trabajará por la estabilidad.

Ha incidido en que él siempre reflexiona, y que «el PP tiene también tiempo para reflexionar» para que su decisión sea «reversible» a la par que ha señalado, en referencia a esta última formación y su decisión de dejar este martes el equipo de gobierno local, que «nunca en la historia de Granada un partido había cometido tal irresponsabilidad» y que «muchos militantes van a estar muy descontentos».

Se dispone, por tanto, a gobernar por decreto, en tanto los «alcaldes tienen muchas posibilidades» ateniéndose al reglamento local para que «las cosas funcionen bien» con base a técnicos y funcionarios que son los lo «garantizan» en «el día a día».

El presidente de la Comisión Informativa de Desarrollo y Sostenibilidad de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Roque Vicente, ha participado este martes en la presentación de la marca turística Camino de Santiago Arán-Pirineos, sumándose a otras administraciones altoaragoneses, francesas y catalanas.

Los peregrinos que atravesaban Francia rumbo a Santiago de Compostela debían salvar la barrera que suponía los Pirineos, haciéndolo principalmente por los puertos de Somport y Roncesvalles, aunque algunos utilizaban otras vías. Uno de los caminos alternativos llevaba a los peregrinos desde Saint Bertrand de Comminges, siguiendo el curso del río Garona, hasta llegar a los Pirineos. Tras atravesar esta cordillera, desde el Valle de Arán seguían el camino hasta Berbegal, donde enlazaban con el Camino de Santiago catalán.

La idea de retomar este camino olvidado por los peregrinos, pero que ha seguido manteniendo la conexión entre territorios vecinos, se presenta, según ha destacado Roque Vicente, como «una oportunidad de desarrollo turístico y social para territorios preocupados por la despoblación y falta de oportunidades».

Esas preocupaciones comunes y el interés por ofrecer alternativas de progreso han llevado a la Diputación Provincial de Huesca y a los ayuntamientos de las comarcas de La Ribagorza y el Somontano que atraviesan el recorrido a unir esfuerzos con la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, el Conselh de Val d’Aran y la Comarca de la Alta Ribagorça. «Esta colaboración es solo una simiente de lo que, esperamos, será una cooperación continuada en el tiempo no solo en este, sino en otros proyectos», ha señalado el representante de la DPH.

La idea de retomar este camino olvidado por los peregrinos, pero que ha seguido manteniendo la conexión entre territorios vecinos, se presenta, en palabras de Roque Vicente, como «una oportunidad de desarrollo turístico y social para territorios preocupados por la despoblación y falta de oportunidades».

Esas preocupaciones comunes y el interés por ofrecer alternativas de progreso llevaron a la Diputación Provincial de Huesca y a los ayuntamientos de las comarcas de La Ribagorza y el Somontano que atraviesan el recorrido a unir esfuerzos con la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, el Conselh de Val d’Aran y la Comarca de la Alta Ribagorça.

Durante los últimos meses se ha llevado a cabo la señalización del recorrido, labores en las que han participado la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Aragón y la Asociación Oscense de Amigos del Camino de Santiago. Además, se ha desarrollado una página web propia (caminodesantiagoaranpirineos.com) que facilita al viajero tanto la información del recorrido como los servicios disponibles a lo largo del mismo.

La creación de esta nueva marca turística ha implicado así mismo el diseño de un logotipo, que se ubica en las placas que lucen los establecimientos adheridos, en la credencial de los peregrinos y en los sellos para los alojamientos.

VALLE DE ARÁN-PIRINEOS

En su inicio, partiendo de Saint Bertrand de Comminges, la discurre paralela al río Garona, la ruta atraviesa el Valle de Arán, pasando por las localidades de Les, Bossòst y Vielha. Después, habiendo superado los Pirineos por el puerto de Vielha, avanza por el valle de Barrabés, ya en la Alta Ribagorça, hasta Vilaller.

A continuación sube Montanuy y Bonansa, y progresa por el valle del Isábena hasta Graus. Después de Torreciudad y Barbastro, llega a la localidad de Berbegal, donde enlaza con el ramal catalán del Camino de Santiago que viene de Montserrat.

El itinerario está totalmente señalizado con las marcas los senderos de Gran Recorrido (GR-211 y sus variantes en el Valle de Aran, y GR-17 en los tramos de la Alta Ribagorça catalana y Huesca).

El camino entre Saint Bertrand de Comminges y Berbegal consta de 14 etapas que suman 246,50 kilómetros de recorrido cargados de historia. Se visitan joyas del patrimonio como la catedral de Saint Bertrand, la iglesia románica de Bossòst, el núcleo antiguo de Vilaller, el conjunto monumental de Roda de Isábena o el monasterio románico de Obarra, junto con los cursos fluviales del Garona, Noguera Ribagorzana y Isábena; sin olvidar los paisajes de los valles de Aran, Barravés y Isábena, entre muchos otros atractivos que sorprenderán al visitante.

Los padres de un bebé que murió por exceso de calor en Ourense, a los que también se les imputaba un delito de lesiones a su mellizo, han aceptado tres años de cárcel en el juicio celebrado este martes.

En concreto, los hechos se remontan a los días 1 y 3 de marzo de 2019, cuando en el interior del domicilio familiar, situado en Ourense, uno de los dos progenitores «asió y presionó fuertemente», según el escrito fiscal, a uno de los bebés de un mes de edad, «con el conocimiento del otro progenitor que no trató de evitarlo».

Después de «zarandearlo con brusquedad y fuerza desproporcionada», según el auto, el menor sufrió cuatro fracturas en el costado izquierdo que requirieron asistencia facultativa y observación y vigilancia en la UCI pediátrica.

Asimismo, en la madrugada del 3 de marzo los encausados acostaron al otro hermano mellizo en un cuco en una habitación separada de la suya y, según Fiscalía, «obviando las normas esenciales de cuidado», encendieron y orientaron hacia el bebé un calefactor de aire calienteque «provocó un calor excesivo ocasionando la muerte del mismo, probablemente, por deshidratación».

Este martes, en el Juzgado de lo penal número 1 de Ourense, los padres han aceptado la petición de Fiscalía de 3 años de prisión reconociendo los hechos.

A pesar de que en un principio el Ministerio Público solicitaba 7 años de prisión, finalmente han llegado a conformidad entre las partes reduciendo la pena a los tres años aceptados. Uno por homicidio imprudente y dos años por las lesiones al otro menor.

RETIRADA DE LA PATRIA POTESTAD

Además, la sentencia les ha impuesto la retirada de la patria potestad del menor lesionado, que está tutelado por la Xunta de Galicia con una familia de acogida, y la obligación de indemnizar al menor lesionado con 11.400 euros: 5.400 por las lesiones y 6.000 euros por lamuerte de su hermano.

La cuantía ha sido solicitada por la defensa de la Fundación Amigos de Galicia, que se presentó como acusación particular y que ha tachado la cantidad de «simbólica» pero «importante para su futuro». «Con la sentencia dictada hoy nos aseguramos de que sus derechos han sido y serán protegidos, que es nuestro fin», ha puntualizado el abogado.

Al padre, en prisión por otro delito, le ha sido prohibido acercarse o comunicarse con el menor durante 8 años, una medida que no se impone a la madre porque participa de visitas programadas con el menor. «Ha cambiado mucho su conducta, está apegada al niño y consideramos que es lo mejor», ha explicado el letrado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este martes la gestión de las autonomías contra la covid-19 frente a un Gobierno central «desaparecido» salvo «alguna entrada o salida sorprendente» y, con el foco en la reciente marcha atrás del Ministerio de Sanidad sobre las restricciones para la hostelería y el ocio, ha pedido «un poco de respeto» a las comunidades.

Un día después de avanzar que la Xunta podría acudir al Tribunal Constitucional si el Ministerio no rectificaba las medidas y después de trascender que este trabaja en un nuevo documento para plantear a las comunidades, el presidente gallego ha aprovechado su intervención en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum en Madrid para cargar de nuevo contra la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así, ha aludido a los cambios de postura en diversas cuestiones y ha puesto el reciente ejemplo de las últimas restricciones, pero sobre todo, le ha acusado de dejar «solas» a las autonomías durante la mayor parte de la pandemia y después de reaccionar «tarde» por un «fallo estrepitoso» del sistema de alertas en España.

En este punto, ha esgrimido que las autonomías tomaron el mando y actuaron con «lealtad» con el Gobierno central acudiendo a su llamada cuando se les convocaba aunque fuese para «oír un extracto de la rueda de prensa del día anterior». Y es que Feijóo, quien ha rechazado que la política sea «confrontación», ha asegurado que hay «algunos», entre los que se ha incluido, que intentan practicar «la concordia».

Así, ha esgrimido que la Xunta, al igual que otros ejecutivos autonómicos, planteó por ejemplo la necesidad de impulsar una ley para gestionar la pandemia e incluso hizo un papel «asesor», dado que remitió una propuesta al Ejecutivo estatal. También ha resaltado la «anticipación» de la Xunta con varias medidas o el impulso de un comité de expertos para sustentar las medidas sanitarias.

Pero enfrente ha esgrimido que las autonomías se encontraron con improvisación. «Ahora el Ministerio va a dejar sin efecto la resolución sobre la hostelería que se le ocurrió imponer hace unos días», ha ejemplificado.

«NO IMPONER»: LA ACTITUD «RAZONABLE»

En este punto, se ha mostrado muy crítico con que el Gobierno «apareciese» en el mes de junio para «resolver el tramo final de la pandemia» después de «hibernar durante la segunda y la tercera ola».

A renglón seguido, ha tirado de símil futbolístico y ha comparado la pandemia con un partido y al Gobierno con quien quiere salir «cuando quedan diez minutos para el final» para «subir al palco a coger la copa». «Un poco de respeto a la gestión de la pandemia y a los comités autonómicos», ha reivindicado.

Y es que, bajo su punto de vista, si los gobiernos autonómicos han estado «solos para lo peor», parece «razonable» que ahora el Ejecutivo no les «imponga» medidas o que al menos «acuerden» los siguientes pasos a dar con las comunidades.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Además, el presidente gallego ha realizado un balance de la situación económica. En relación a este punto, ha subrayado que, en el caso concreto de Galicia, la pandemia interrumpió una senda de crecimiento continuado, con un crecimiento medio anual del PIB del 2,8% desde 2015.

Con todo, ha incidido en que la Comunidad resistió mejor que la media de España, liderando la caída del paro y con una subida de las exportaciones en el primer trimestre de casi un 11% –más del doble que la media nacional–.

Para reflotar la economía, Feijóo ha enumerado las medidas adoptadas en la Comunidad y el papel de los expertos económicos con los que ha contado su Gobierno, pero también trasladó la preocupación ante la crisis industrial acelerada por una transición energética abrupta, que «pone en riesgo miles de empleos en la Comunidad en el ámbito energético, forestal y en la cadena mar-industria».

«Hay una serie de tensiones que nos preocupan en el ámbito de las materias primas y del transporte», ha abundado, refiriéndose, a modo de ejemplo, a la falta de microchips en el ámbito de la automoción y al incremento de los precios en el transporte de contenedores.

En este escenario, Feijóo ha recordado la oportunidad que para la reactivación de la economía conllevan los fondos europeos Next Generation, haciendo hincapié en la inquietud que supone el hecho de que el Gobierno central «siga sin dar a conocer los criterios de reparto». Al respecto, ha insistido en la importancia de la concurrencia competitiva.

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha asegurado este martes que no renuncian a la unilateralidad porque el Estado «prácticamente obliga a ir por esa vía, porque no dejan otro margen de maniobra», ha avisado después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, dijera este lunes que la vía unilateral no es viable ni deseable.

«Habrá que hacer tantos 1-O como haga falta para defender nuestros derechos sociales y nacionales», ha advertido Estrada en rueda de prensa en el Parlament, en la que ha sostenido que el PSOE forma parte de la columna vertebral del Estado y es protagonista de la negativa a la amnistía y la autodeterminación.

Estrada considera que la situación requiere que el Govern genere las condiciones para un referéndum durante esta legislatura: «Ojalá fuera pactado, pero tendrá que ser unilateral, porque delante tenemos un Estado que no sabe dar una respuesta democrática al conflicto».

A preguntas de los medios, ha recordado que el Govern no tiene garantizado el apoyo de la CUP: «La confrontación se debe materializar y se debe llevar más allá de la retórica», no sólo en el ámbito político, sino también en el social, en materias como la vivienda.

Sobre la postura del líder de ERC, Estrada ha recordado que a quien deben exigir cumplir con los acuerdos es la Govern de ERC y Junts: «Junqueras tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión, y la CUP tiene todo su derecho del mundo a discrepar», y ha trasladado su solidaridad a Junqueras y al resto de encarcelados.

Ha rechazado aventurar si fue casual que Junqueras publicara su opinión el mismo día que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el del Govern, Pere Aragonès, coincidieron en un acto de Foment del Treball de condecoración al editor Javier Godó, evento «que dista mucho de todas las declaraciones que ha hecho Aragonès sobre una Generalitat de izquierdas y republicana».

REFERÉNDUM UNILATERAL

«El ejercicio del derecho a la autodeterminación sólo lo podemos conseguir a partir de la vía unilateral, alineando instituciones y la calle», ha remarcado la diputada, que ha insistido en que el diálogo con el Gobierno central será inútil, y en que el PSOE defiende en este asunto la misma postura que el PP.

Han llegado a la «triste conclusión de que el PSOE tampoco tiene interés en resolver el conflicto político de forma democrática» con la autodeterminación y la amnistía, y ha avanzado que no aceptarán que se trate de cerrar con un acuerdo político desde arriba lo que abrió la ciudadanía desde abajo, por lo que debe votar en un referéndum.

Estrada ha pedido al conjunto del independentismo popular «volverse a preparar» para organizarse si la coordinación estratégica entre partidos independentistas no funciona, y ha advertido de que no será fácil ni rápido, y que comportará riesgos personales y colectivos.

Ha dicho que la postura de Junqueras sobre la unilateralidad «no es ninguna sorpresa, encaja con este talante y estrategia» que defiende ERC apostando por el diálogo en la mesa con el Gobierno central, en la que la CUP no cree y no participará: «Ojalá fuera útil, pero el interlocutor no quiere hablar ni de amnistía ni de autodeterminación».

Sobre si la CUP participará en un encuentro entre partidos catalanes antes de la mesa con el Gobierno de Sánchez, ha afirmado que lo debatirán si se convoca y según su objetivo, y a asegurado a preguntas de los medios que el espacio de coordinación estratégica del independentismo está aún en una fase embrionaria.

POSTURA DE JUNTS

Después de que Junqueras haya detallado su postura, quieren que lo haga Junts, motivo por el que cree que el espacio de coordinación estratégica debe crearse con urgencia: «No se trata sólo de que la CUP se posiciona en contra de renunciar la vía unilateral en este marco en que nos fuerza el Estado español, sino que quien representa que la defiende sea capaz de desplegarla».

«Lo que no puede ser es que vengamos de una legislatura en la que la unilateralidad ha brillado por su ausencia, y ahora haya quien quiera aprovechar que ERC se posiciona de forma clara para situarse en las antípodas. No sólo se tiene que predicar, sino que se tiene que practicar», ha dicho Estrada sobre Junts.

La ex directora de la oficina barcelonesa de Método 3 Elisenda Villena ha asegurado este martes ante el juez del caso ‘Tándem’ que el ex secretario de Organización del Partido Socialista de Cataluña (PSC) José Zaragoza fue una de las personas que estuvo detrás del encargo a la agencia de detectives para que grabara la reunión de la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez –ex pareja de Jordi Pujol Jr– en el restaurante La Camarga.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha escuchado los testimonios de Villena y de un ex detective de Método 3 Julián Peribáñez, en un nuevo impulso a la pieza número 27 de la macrocausa ‘Tándem’, sobre los negocios oscuros del ex comisario José Manuel Villarejo, que hasta ahora permanecía secreta.

En esta pieza separada el juez intenta dilucidar el papel que Villarejo pudo jugar en los registros que se produjeron en febrero de 2013 en las sedes de Método 3 en Barcelona y Madrid y que llevaron a la detención de los dos testigos, de un tercero que también estaba citado para este martes pero que no ha podido declarar –el ex detective Álex Borreguero– y del dueño de la agencia, Francisco Marco.

Marco, que aparece como perjudicado en la causa, presentó una denuncia el pasado mes de julio en la que culpa a Villarejo de un presunto delito de detención ilegal porque le acusa de haber fabricado pruebas para propiciar dichos registros y arrestos con el objetivo de sustraer información sensible que estaba en poder de la agencia de detectives.

Sin embargo, según fuentes jurídicas, la figura de Villarejo apenas ha surgido hoy. Solo habría sido mencionado porque tanto Villena como Peribáñez han negado conocer al policía jubilado. Y ello porque el objetivo del juez era saber de primera mano lo que estos testigos habían afirmado ante el Juzgado de Instrucción Número 14 de Barcelona que investigó y archivó la presunta trama de espionaje en La Camarga.

CITA EN LA CAMARGA

Los hechos se remontan a julio de 2010, a una conversación entre Sánchez-Camacho y Álvarez en este ya famoso restaurante de la ciudad condal donde esta última habría revelado a la dirigente ‘popular’ aspectos de su relación sentimental con Jordi Pujol Jr, incluida la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales por parte del hijo del hijo del ex president.

Esta charla fue grabada por Método 3, si bien la incógnita a despejar por García-Castellón en estas comparecencias era si fue consentida y, por tanto, legal. Villena ha declarado que fue Zaragoza quien contrató a la agencia de detectives para este trabajo, pero que lo hizo en connivencia con Sánchez-Camacho porque por aquella época tenían un objetivo común: atacar a la extinta CiU.

No obstante, otras fuentes presentes en las testificales han matizado que Villena ha apuntado a Sánchez-Camacho como la persona que contrató a Método 3 y a Zaragoza como quien puso en contacto a la política del PP con la agencia de detectives para este encargo.

Los nombres de Sánchez-Camacho y Zaragoza ya habían planeado sobre el episodio de La Camarga, pero hasta ahora Método 3 se había amparado en el secreto profesional para no revelar la identidad de la persona que habría servido de enlace entre ellos y la entonces jefa de los ‘populares’ catalanes.

LOS NEGOCIOS DE VILLAREJO

Marco ya figuraba en el enjambre judicial de ‘Tándem’. El dueño de Método 3 también consta como perjudicado en ‘Land’, otra pieza separada que versa sobre el presunto encargo que Susana García Cereceda y Francisco Peñalver, administradores de Procisa –la inmobiliaria promotora de la lujosa urbanización ‘La Finca’ de Pozuelo de Alarcón–, habrían hecho al ex comisario para desacreditar a posibles herederos del emporio que dejó su padre, Luis García Cereceda.

Además, es el denunciante de una tercera pieza, la 28, donde se indaga si Villarejo mercadeó con información y documentación durante su estancia en la cárcel de Estremera, ofreciéndosela a periodistas y abogados a través de un preso de su confianza para «chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado».

‘Land’ y otras dos piezas –‘Iron’ y ‘Pintor’– se ventilarán en un mismo juicio que comenzará a finales de año en la Audiencia Nacional con una petición de pena de más de cien años de cárcel para el ex comisario. Será la primera vez Villarejo que se siente en el banquillo por ‘Tándem’.

Manuel Olivares y Lucía Garrido, dos de los cuatro concejales que ha tenido el grupo de Cs en el Ayuntamiento de Granada, han presentado en Secretaría General del Consistorio su renuncia a sus competencias en el gobierno local, después de que hayan hecho lo mismo los seis ediles del PP. Ambos partidos han cogobernado desde hace dos años y hasta este martes en la capital granadina, con el alcalde, el coordinador provincial naranja, Luis Salvador, al frente.

Las renuncias a sus competencias, manteniendo las actas de ediles como no adscritos, se han producido alrededor del mediodía, después de que en la mañana de este martes el presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, haya dado una rueda de prensa junto a sus concejales, que también han dejado sus cargos en el equipo de gobierno, tras el encuentro mantenido en la noche de este pasado lunes con Luis Salvador, quien, pese al ultimátum popular para relevarle en la Alcaldía, les «dejó claro que no se va y se queda en la trinchera».

El que ha sido portavoz del Grupo de Cs en el Ayuntamiento de Granada Manuel Olivares, que será relevado en este puesto por José Antonio Huertas, el único concejal de la formación naranja que seguirá gobernando con el alcalde, ha dejado la formación, pues entiende que «ha virado al sanchismo».

«Detrás de esto hay un pacto oculto con Pedro Sánchez», ha asegurado Olivares, quien ha señalado que la mejor salida para la situación en que se adentra el Ayuntamiento es buscar la vía para «seguir gobernando» en el marco del proyecto que han llevado adelante con el PP desde el inicio del mandato, aunque ello pasaría por la renuncia del alcalde y la convocatoria de un nuevo Pleno de investidura.

«Cualquier solución es mejor que la que estamos ahora mismo», ha señalado para indicar que no se va a afiliar al PP, y que, en su opinión, el alcalde no puede gobernar mediante decreto, sin reunir a la Junta de Gobierno Local, en referencia a que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas exige al menos tres ediles para la constitución de este órgano, incluyendo el regidor.

Olivares, que ha sido concejal con competencias en empleo, emprendimiento, turismo y comercio, ha manifestado que prefiere, en este contexto, «servir desde la oposición a servir en el Ayuntamiento», y que «jamás» ha «antepuesto» sus intereses personales al servicio público. «No podíamos ser partícipes de sostener un gobierno de dos personas», ha indicado en presencia de Lucía Garrido, que, visiblemente emocionada, ha dirigido unas palabras a los medios en la misma comparecencia de prensa, tras renunciar ambos a sus competencias después de los ediles del PP.

No voy a estar en un sillón por estar en un sillón», ha indicado Lucía Garrido, hasta ahora edil de Cultura, que ha señalado que «después de dos años» han sido estas sus «primeras declaraciones políticas» pues ha estado centrada en la gestión cultural, en la que se ha dejado «el corazón y la piel por hacerlo lo mejor posible.

Garrido, que concurrió como independiente en la lista de Cs, ha señalado que así «no se puede trabajar» si bien pretende «seguir trabajando» por Granada, como «siempre» ha hecho «desde los 17 años».

Hasta ahora Luis Salvador ha ostentado la Alcaldía de Granada con cuatro de los 27 concejales que conforman la corporación, en virtud del acuerdo que alcanzó al inicio de mandato con el PP; que obtuvo siete concejales –ahora son seis porque Sebastián Pérez se dio de baja del partido el pasado 26 de mayo manteniendo el acta de concejal– y Vox, que consiguió tres.

Abel M.L., el varón acusado de asesinar a Dolores Ortiz, la vecina de San Juan de Aznalfarache cuyo cadáver fue descubierto la madrugada del 1 de febrero de 2020 en la plaza de Blas Infante de dicho municipio aljarafeño, ha declarado este martes en el juicio que celebra en su contra la Audiencia de Sevilla que «nunca» agredió ni amenazó a la víctima, achacando a las drogas o «el mono» determinados aspectos de sus comparecencias previas en la fase de instrucción y las «contradicciones» que le ha atribuido la Fiscalía.

Mientras este hombre está acusado de asesinar a la que fuera su pareja la madrugada del 1 de febrero de 2020 en la plaza de Blas Infante de dicho municipio, arreándole más de 23 golpes con un objeto contundente y con borde mientras la víctima estaba acuclillada y cubierta por un abrigo fumando droga; durante su comparecencia en el juicio con jurado popular promovido en su contra ha negado cualquier autoría del crimen.

Abel M.L., quien ha accedido a responder a la fiscal y a su abogado defensor, pero no a las acusaciones particulares y popular, ha relatado que, en efecto, ambos eran toxicómanos y mantuvieron una relación aproximadamente entre 2006 y 2009, si bien ha precisado que se veían «un día sí y otro no» y ha asegurado que no llegaron a convivir juntos o si lo hicieron fue durante «poco» tiempo, toda vez que tras ello seguían encontrándose para consumir drogas.

EL TESTIMONIO DEL ACUSADO

Empero, frente a la acusación de que él utilizaba supuestamente a su expareja para que acudiera a comprar drogas y además le quitaba dinero y sustancias estupefacientes, Abel M.L., popularmente conocido como El Moco, ha asegurado que «nunca» obligó a Dolores Ortiz a buscar estupefacientes para él, así como que tampoco la forzó para que se prostituyese y así obtener dinero con el que adquirir las sustancias. Del mismo modo, ha negado que hubiese agredido a la víctima, pues se le achaca una presunta conducta violenta sobre la fallecida, que según la Fiscalía y las acusaciones tendría «miedo» de él.

Por contra, Abel M.L. ha asegurado que cuando se encontraba con Dolores Ortiz, ella «veía el cielo», pues usualmente él la «llevaba a desayunar» y le daba «cinco euros para una dosis». Así, ha insistido en que «nunca» agredió a Dolores Ortiz.

Ya rememorando la madrugada del 1 de febrero de 2020, el acusado ha relatado que vio a la víctima en la calle en dos ocasiones, la primera en la calle Venezuela sobre las 1 horas, cuando ella le habría preguntado si tendrían valor unos «cables» que llevaba en una bolsa; y la segunda sobre las 3,15 horas, cuando habría visto a la mujer siendo interpelada por una patrulla de policías nacionales, ante lo cual él se retiró de allí para comprar su última dosis de la jornada y sobre las 3,30 horas habría recalado ya en su vivienda, donde su hermano le «abrió la puerta», según ha relatado.

LAS «CONTRADICCIONES»

A tal efecto, tras señalar la fiscal del caso sus «contradicciones» con relación a su comparecencia en la fase de instrucción del asunto, cuando habría relatado que vio por primera vez a la mujer a las 2 horas de la madrugada y que él regresó a su hogar entre las 5,30 y 6 horas, –situándose a sí mismo en la calle en el lapso de tiempo en el que fue perpetrado el crimen–; el acusado ha alegado que si lo dijo de tal manera fue porque entonces estaba «bajo los efectos de la droga» o con «el mono», es decir el síndrome de abstinencia.

En esa misma línea, ha indicado que «puede ser» que la mañana siguiente al crimen coincidiese en la calle con un testigo al que según la investigación habría dicho que él habría matado a la víctima, pero negando que dijese tal extremo a esta persona, ante lo cual la fiscal ha señalado una nueva «contradicción» avisando de que en fase de instrucción, el acusado habría manifestado que «no conocía» al citado vecino y que no se encontró con él sobre las 9 horas.

En cualquier caso, El Moco ha defendido que habría coincidido en la calle con este vecino «sobre las 11» horas de ese día o del siguiente, negando que le hubiese manifestado que había «reventado la cabeza» a Dolores Ortiz, expresión esta última usada por la fiscal en su pregunta. El acusado, en ese sentido, ha asegurado que tan sólo habría dicho a esta persona que «habían matado a Loli», porque era lo que se comentaba «en el barrio».

«ESTABA YA MALO» DE NO CONSUMIR

Así, Abel M.L. ha encuadrado sus declaraciones en la fase de instrucción el caso en que «estaba ya malo» por el síndrome de abstinencia tras su arresto y «no era consciente» de lo que decía, asegurando que la Policía Nacional le «insistía» para que confesase el crimen, pero él es «inocente».

En paralelo, y a preguntas de su abogado defensor, ha insistido en señalar al varón con el que en el momento del crimen mantendría Dolores Ortiz una relación sentimental, achacando a la víctima «robos a sus clientes» como prostituta, entre otros aspectos.

Entre los testigos, una toxicómana amiga de Dolores Ortiz ha relatado que en una ocasión vio «muy asustada, llorando e histérica» a la víctima, que le reclamaba «que no la dejase sola, porque El Moco la tenía amenazada», extremo que habría sucedido aproximadamente «un mes» antes del crimen. Según ha testificado, la mujer no accedía a denunciar a Abel M.L., porque temía «represalias».

ELLA «TENÍA MIEDO» DE EL MOCO

Otra toxicómana también amiga de Dolores Ortiz ha explicado que la víctima y El Moco «no se llevaban bien» y ella le contó que «tenía miedo» de él. Es más, según ha relatado, ella habría manifestado que él la agredía y, en una ocasión, ella presenció cómo durante una «pelea» entre ambos por cuestiones de droga, Abel M.L. «arrastró por el suelo» a la fallecida.

Igualmente, ha prestado de declaración un agente que unos dos meses antes del crimen, intervino al presenciar «una reyerta» entre El Moco y la víctima, a la que Abel M.L. propinaba según sus palabras «empujones» y golpes que no llegaban a la intensidad de puñetazos. Tras el incidente, según ha narrado, Abel M.L. habría «perseguido» a Dolores Ortiz hacia su domicilio en una actitud «violenta» y con visible «agresividad», si bien finalmente ella «no quiso» interponer ninguna denuncia.

Este agente ha dicho además que El Moco «no era bien avenido en el mundo de la droga» y «usaba» a la fallecida para la adquisición de las sustancias, asegurando además que el acusado, a quien ha descrito como una persona «violenta» cuando sufre el síndrome de abstinencia, «era la pareja» real de Dolores Ortiz, quien también tenía «otras parejas adicionales» y relaciones «puntuales». En ese sentido, ante la figura del «novio» de Dolores Ortiz señalado por Abel M.L., ha zanjado que ella se relacionaba «con cualquiera que pagase».

Uno de los agentes de la patrulla de la Policía Nacional que coincidió con Dolores Ortiz la madrugada de los hechos, de su lado, ha testificado que la mujer les dijo que se marchaba porque «tenía un cliente», exponiendo que no le constaba que Abel M.L. la agrediese y que ella «se dejaba ver» con el individuo señalado anteriormente como pareja de la mujer en aquellos momentos.

Los grupos parlamentarios de Vox y Ciudadanos en la Asamblea Regional han dado por hecho que el PSOE, «con ayuda de otros partidos como ERC o Bildu», introducirá modificaciones en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Los portavoces del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, y del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte, han coincidido en este punto ante la toma en consideración este martes en el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

El portavoz liberal, Francisco Álvarez, ha recordado que el diputado regional socialista, Alfonso Martínez Baños, ya se refirió en su momento a la intención del PSOE de «reformar la composición de los grupos parlamentarios cuando se producían casos de los que ellos llaman transfuguismo».

En este sentido, ha recordado que se trata de «una reforma aprobada en abril de 2019 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el liberal, y que es fruto de un acuerdo y del diálogo que ahora los socialistas quieren orillar en este trámite parlamentario».

Ha añadido que «resulta penoso contemplar que en este asunto el PSOE se alinea con Vox y requiere de la colaboración, el apoyo y la complicidad de partidos tan alejados de la realidad de nuestra Región como ERC o Bildu».

Álvarez considera que «los socialistas quieren imponer apoyándose en la mayoría ‘frankenstein’ aspectos de nuestra convivencia, de nuestro marco democrático. No quiero ni pensar en qué ocurriría si la situación se invirtiera y fueran diputados de nuestra Región los que impusieran su visión sobre los estatutos vasco o catalán».

PODEMOS ENSALZA LOS «AVANCES EN POLÍTICAS SOCIALES»

La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, María Marín, que ha acudido este martes al Congreso a defender la reforma, ha reconocido que, como cartagenera, no es el Estatuto que a ella le gustaría porque «sigue sin reconocerse la singularidad cultural e histórica» de su tierra. «Nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco nos conformamos con ser menos, teniendo en cuenta que es una ciudad milenaria», ha aseverado.

Al margen de esta «particularidad» en la que cree que deben de seguir trabajando, ha reconocido que, «evidentemente», el estatuto «recoge avances en políticas sociales» con las que Podemos está «totalmente de acuerdo». Por ejemplo, ha celebrado que «se avanza en feminismo o en el reconocimiento de familias diversas y de los derechos LGTBI, así como en cuestiones medioambientales que tienen que ver con el ecologismo».

No obstante, Marín se pregunta si los avances se «materializan en algo» con la entrada en vigor de esta reforma, algo que «duda» debido la situación política que vive en este momento la Región, con un gobierno de «tránsfugas» donde la «ultraderecha» tiene cada día «más peso». No obstante, en la formación morada no pierden la «esperanza» y ha anunciado que van a seguir trabajando como han venido haciendo hasta ahora.

En declaraciones y al ser preguntada por las objeciones que plantean los ministerios al texto, Marín ha indicado que son «detalles» y ha reconocido que «todo es mejorable». «Nosotros vamos a seguir en ello», según Marín, quien ha recordado que el Estatuto lleva unos años «reformándose» con un trabajo «muy bueno» que hicieron los diputados en la novena legislatura.

«Desgraciadamente, en la Región tenemos ahora una situación muy difícil, con un presidente tránsfuga, porque se beneficia del transfuguismo del resto de diputados», según Marín, quien recuerda que en el Gobierno hay «tres expulsados y cuatro tránsfugas que ya no representan a absolutamente nadie, más que a sí mismos y los intereses de determinados lobbies».

VOX DA POR HECHO QUE SE CAMBIARÁ EL TEXTO

Por su parte, el portavoz de los autodenominados diputados regionales libres de Vox, Juan José Liarte, ha considerado que el Estatuto va a salir adelante tal y como hizo en el Senado, donde fue aprobado sin ningún voto en contra.

Sin embargo, cree que va a suceder lo que ya anunció Martínez Baños, y «las cosas que el PSOE no ha tenido mayoría suficiente para cambiarlas en la Región, las van a modificar arbitrariamente a través de una modificación del Estatuto de Autonomía que fue aprobado por unanimidad en Murcia».

«Evidentemente, van a pasar por encima de esa unanimidad y, con el apoyo de Bildu y Esquerra, van a intentar modificar otras leyes y regular materias que ni siquiera están en el Estatuto», según el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, quien cree que es algo «escandaloso», quien se pregunta si hay algún grupo político que «se atreviera a hacer esto a los vascos o a los catalanes».

A su juicio, tanto Cs como el PP «pecaron un poco de inocencia, porque pensar que el PSOE se vaya a comportar con lealtad es algo que no ha pasado nunca». A su juicio, lo más grave es que «aquí, al final, se está engañando a los ciudadanos de la Región imponiéndoles una serie de medidas».

Ha recordado que el Grupo Parlamentario Vox ha sido crítico con el Estatuto porque «tiene mucho de brindis al sol» como, por ejemplo, «en lo que respecta al blindaje de las políticas hídricas». Y es que, añade, «nosotros podemos poner lo que nos dé la gana, pero si el Ministerio cambia luego las reglas de explotación del trasvase seguiremos teniendo el problema exactamente igual».

Por su parte, el portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, ha reprochado que el Congreso de los Diputados aprobará el Estatuto de Murcia, «consumando un nuevo desastre del Estado de las autonomías». Pertenece, a su juicio, a «esos estatutos de tercera generación, dirigidos a la demolición de la unidad nacional siguiendo el modelo catalán».

A diferencia de otros estatutos, ha destacado que «ha sido aprobado con la mayoría unánime del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Podemos, dado que no dio tiempo a que Vox entrara en la Asamblea para denunciar este nuevo atentado a la unidad nacional». Ha reprochado que será «refrendado por esa misma gran mayoría del consenso ‘progre’, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos».

«UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

Por su parte, la dirección regional de IU-Verdes ha calificado de «oportunidad perdida» la reforma del Estatuto de Autonomía, a pesar de recoger «algunos avances importantes como pueda ser el blindaje de la reforma de la ley electoral para la que será necesaria una mayoría cualificada de tres quintos, la inclusión de impulsar políticas que faciliten el retorno de los murcianos emigrados, o un mayor desarrollo de los principios de política económica».

El coordinador regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha resaltado que «quizás la reforma más importante ha sido la introducción de todo un título completo dedicado a los derechos y deberes de los murcianos, así como a los principios rectores que han de garantizar dichos derechos, pero cree que «se queda corta, por lo que se pierde una oportunidad de conseguir una carta de derechos y deberes a la altura del siglo XXI».

En este sentido, desde la formación de izquierdas encuentran «incomprensible» que habiendo modelos de estatutos ya desarrollados, muchos de estos derechos se incorporen recortados; y también lamentan especialmente que el Estatuto no recoja una mención concreta a la defensa del sistema público como garante del derecho a la educación.

De igual manera, cree que «carece de sentido matizar a la baja el derecho a la garantía de un tiempo máximo de listas de espera con el término razonable cuando los plazos legales de espera están concretados en un decreto en vigor».

Para IU-Verdes, se pierde otra oportunidad de avanzar en cuestiones importantes para el desarrollo regional como es el tema de la financiación local.

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes un decreto que contempla la posibilidad de que los ayuntamientos impongan un canon para las viviendas deshabitadas y la posibilidad de su alquiler forzoso «en el caso más extremo». Con esta iniciativa, que desarrolla la Ley vasca de Vivienda, se pretende movilizar el parque residencial vacío y garantizar la función social de la vivienda.

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha comparecido para explicar el nuevo decreto sobre vivienda deshabitada en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno en Vitoria, en la que ha estado acompañado del portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria.

En él se establece el procedimiento para declarar deshabitada una vivienda y recoge las medidas que se adoptarán a partir de ahora para incentivar que estas sean movilizadas para su alquiler o compra, entre ellas el canon anual para residencias desocupadas.

La nueva normativa establece como vivienda deshabitada aquella que se encuentre desocupada de forma continuada durante los dos años a partir del día siguiente desde que pueda ser utilizada para uso residencial.

El decreto incluye los supuestos en los que la desocupación está justificada: las viviendas de segunda residencia, los casos de traslado temporal de domicilio por trabajo, salud, dependencia o emergencia social y los hogares ofertados en venta o alquiler a precios de mercado durante un mínimo de tres meses.

Asimismo, están exentos los pisos que se cedan a la administración para su alquiler protegido, los de entidades sin ánimo de lucro para acoger a personas migrantes, discapacitadas o víctimas de violencia de género y los que estén siendo rehabilitados o no cuenten con las condiciones mínimas de habitabilidad.

Los ayuntamientos serán los competentes para acreditar la desocupación de las viviendas y realizar las inspecciones –comprobaciones del padrón e identificación de consumos anormalmente bajos de electricidad, agua y gas–, aunque de manera subsidiaria también podrá hacerlo el Gobierno Vasco.

El procedimiento contará con un trámite de audiencia en el que se podrá frenar la declaración de vivienda deshabitada probando los supuestos en los que está permitido que permanezca vacía, incorporando la vivienda a programas públicos de alquiler social como Bizigune o poniendo la residencia en venta o alquiler a precios de mercado.

CANON ANUAL

En los casos en los que la vivienda sea declarada deshabitada, y una vez incorporada al Registro Autonómico de Viviendas Deshabitadas, el ayuntamiento impondrá el canon anual. Este será de 10 euros por cada metro cuadrado útil de la vivienda al año, una cifra que se incrementará un 10% por cada año de desocupación, con un máximo de tres veces el importe inicial.

Se tratará de un canon extra fiscal y corresponderá a los ayuntamientos recaudarlo y mantenerlo en el tiempo hasta que se revoque la resolución de vivienda deshabitada. Es un canon finalista cuyas cantidades serán destinadas a las políticas de vivienda del municipio.

ALQUILER FORZOSO

El Decreto establece, asimismo, la posibilidad de instar el alquiler forzoso a una vivienda deshabitada, medida que recoge la Ley de Vivienda para las residencias en esta situación y que estén ubicadas en zonas tensionadas.

Para ello, es necesario que exista una declaración anterior de esa zona o municipio como área de acreditada demanda y necesidad de vivienda. Para iniciar la tramitación de esta figura deben cumplirse dos requisitos, que haya al menos 100 demandantes de vivienda en alquiler inscritos en Etxebide cuyas peticiones no hayan podido ser atendidas en los dos años anteriores a través del parque público y que los precios medios de alquiler en la zona sea al menos un 10% superiores a la renta media de la localidad.

Estas áreas serán declaradas mediante una orden del consejero de Vivienda a petición de los propios ayuntamientos o de oficio. El alquiler forzoso se podrá efectuar en viviendas que se mantengan desocupadas transcurrido un año desde su declaración como vivienda deshabitada y obligará a tener por un máximo de cinco años –prorrogables otros cinco– la vivienda en alquiler público.

Las personas propietarias podrán percibir una renta en concepto de alquiler o, en caso de que no haya acuerdo, una indemnización. El decreto también prevé para los casos más extremos la expropiación forzosa, que se aplicará a viviendas deshabitadas por más de un año en zonas de acreditada demanda cuando la expropiación resulte adecuada para garantizar su uso o en casos en los que esa residencia esté en riesgo de ruina o incumpla las normativas de conservación y genere inseguridad para las personas. En estos casos, se priorizará su rehabilitación y puesta a disposición de asociaciones sin ánimo de lucro.

REGISTRO DE VIVIENDAS DESHABITADAS

El Registro de Viviendas Deshabitadas se ubicará en el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y servirá para hacer seguimiento de las viviendas declaradas deshabitadas. Será electrónico e incorporará las declaraciones realizadas, tanto por el Departamento como por los ayuntamientos de la comunidad autónoma, que tendrán la obligación de informar de las declaraciones de vivienda deshabitada y de las revocaciones.

Si la vivienda deja de estar vacía, las personas propietarias deberán informar de ello a la administración para que revoque la declaración. Por otra parte, en el momento en que la persona propietaria ponga a disposición de la administración su vivienda para alquiler público, se archivará el procedimiento.

AYUDAS PARA MOVILIZAR VIVIENDAS VACÍAS

Las personas propietarias de viviendas deshabitadas podrán acceder a las ayudas a la rehabilitación del Departamento de Vivienda y las obras para acondicionar aquellas que vayan a ser destinadas al alquiler protegido tendrán prioridad y ayudas adicionales.

Quienes posean domicilios vacíos, tendrán la posibilidad de ceder temporalmente estas residencias al Gobierno Vasco. Este, a través del programa Bizigune, lo pondrá a disposición de personas que soliciten un alquiler asequible y las personas propietarias recibirán una renta mensual que puede alcanzar hasta 650 euros mensuales.

La vivienda se devolverá al término del contrato en las condiciones en las que fue entregada. Asimismo, se podrán incorporar al programa de intermediación de alquiler ASAP, mediante el que se ofrece un sistema de garantías a través de pólizas de seguros para cubrir impagos, desperfectos y asistencia jurídica. En estos casos, las rentas a percibir por los propietarios podrían llegar hasta 775 euros al mes.

Arriola ha explicado que los departamentos de Vivienda y Hacienda del Gobierno Vasco han analizado la posibilidad de establecer mecanismos fiscales que «incentiven» el establecimiento de precios de alquiler por debajo de la media que presentan las estadísticas del mercado inmobiliario. Aunque ha recordado que la fiscalidad es una competencia que reside en las Juntas Generales de los territorios históricos, el consejero ha destacado que esta pude ser una herramienta «interesante».

MÁS DE 15.000 VIVIENDAS VACÍAS

Arriola ha cifrado en 15.134 las viviendas que podrían ser declaradas vacías en Euskadi, aunque ha precisado que antes de catalogarlas como tales, es necesario realizar un expediente previo para poder verificar con exactitud la situación de esos inmuebles.

Además, ha afirmado que aún es pronto para realizar una estimación sobre la cuantía que podrían ingresar las arcas públicas a través del canon a las viviendas vacías, si bien ha recordado que el establecimiento de este gravamen no responde al objetivo de obtener nuevos ingresos, sino al de «movilizar vivienda vacía».

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, considera capaz al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de asumir el «guión» que defiende el independentismo, como el referéndum pactado que plantea Oriol Junqueras y la ruptura de la Constitución. Dicho esto, y tras la carta del líder republicano cuestionando la vía unilateral y dando por buenos los indultos, ha recalcado que siguen existiendo «los mismos motivos» para manifestarse este domingo en la Plaza de Colón.

«Seguimos teniendo los mismos motivos y más motivos porque la música sigue siendo la misma y el guión que se puede ver en esa carta responde a una película que ya hemos visto en otras ocasiones», ha enfatizado, para añadir que esto «no es nada nuevo de lo que ya habían vivido no hace tantos años», en alusión al 2019.

Al ser preguntada expresamente si el PP ha perdido algún argumento para manifestarse el día 13 contra los indultos en la Plaza de Colón tras la carta de Junqueras, Gamarra ha dicho que «no han perdido ninguno» porque «el secesionismo ni se ha arrepentido ni acepta la Constitución».

Es más, la dirigente ‘popular’ ha recalcado que los independentistas «siguen reivindicando exactamente lo mismo, la amnistía y el referéndum», lo mismo que defendía antes de que se publicase esa misiva de Oriol Junqueras.

Gamarra ha señalado que Pedro Sánchez, al «haber decidido depender de los independentistas», estos siguen «avanzando» gracias a la «debilidad» del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, «caminando en contra del marco constitucional».

Según la portavoz del PP, «sin duda alguna» se puede «concluir» que el PSOE, Moncloa y Sánchez lo que sí que hacen es asumir el guión de ERC porque asumen la amnistía y asumen el referéndum, que es lo que quieren plantear en esa mesa entre el Gobierno de España y de Cataluña».

Por todo ello, ha insistido en que siguen «existiendo los mismos motivos para defender el marco constitucional» y «posicionarse en contra de unos indultos» que «cada día están más cerca», a pesar de que «no responden a un criterio de Justicia, equidad y utilidad pública sino única y exclusivamente a un criterio de utilidad política del presidente del Gobierno para seguir en la Moncloa».

«SÁNCHEZ ES CAPAZ DE CUALQUIER COSA»

Al ser preguntada si considera al Gobierno y al PSOE capaces de romper la Constitución para aprobar una ley de amnistía y aprobar un referéndum, la portavoz del PP ha dicho que ella «diferencia entre el PSOE y el sanchismo».

«Sánchez es capaz de cualquier cosa y creo que lo está demostrando. Si es capaz de seguir adelante con unos indultos que buscan es única y exclusivamente su permanencia en la Moncloa porque esos son sus socios, evidentemente tenemos muchos motivos para creer que es capaz de cualquier cosa», ha declarado en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.

Gamarra ha subrayado que no se trata solo de los indultos, ya que el Gobierno también prepara una reforma del Código Penal sobre el delito de sedición para «hacer un traje también a la medida de todos aquellos que no han sido juzgados».

Además, ha indicado que Sánchez sigue adelante con una mesa en la que los independentistas que aquellos que han sido «condenados por sedición y malversación le están marcando el orden del día, un día sí y otro también, por escrito y de manera oral» hablando de «la amnistía y el referéndum».

«Y el PSOE sigue dispuesto a sentarse para hablar de ello», ha afirmado, para añadir que «viendo los precedentes, hay motivos para creer que es capaz de hacerlo». Por eso, ha dicho que los constitucionalistas tienen que estar «alerta y movilizarse».

«EL FUTURO DE ESPAÑA LO DECIDIMOS TODOS LOS ESPAÑOLES»

En este sentido, ha subrayado que el PP seguirá defendiendo «el marco de convivencia y de concordia que representa la Constitución» y recurrirá esos indultos si se conceden, al tiempo que presentará mociones en los ayuntamientos y en los Parlamentos autonómicos.

«Y seguiremos diciendo alto y claro a los españoles que el futuro de España lo decidimos todos los españoles y no nos lo impone una parte de una comunidad, que lo que quiere es romper el marco de convivencia que entre todos nos hemos dado», ha afirmado, para añadir que parece que Sánchez está «dispuesto a renunciar a esa regla básica».

Gamarra ha recordado que recientemente el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, dijo que estaría dispuesto a tirarse por un barranco por el presidente, pero ha subrayado que «irán ellos porque la mayoría de la sociedad española tiene criterio suficiente y sabe leer entre líneas» para «ver lo que está ocurriendo».

«A estas alturas no engañan a nadie porque el que practica constantemente la mentira, los españoles saben perfectamente dilucidar cuando está mintiendo una vez más», ha señalado la portavoz del Grupo Popular.

SE RECHAZA EL PLENO MONOGRÁFICO CON SÁNCHEZ QUE PEDÍA EL PP

Además, Gamarra se ha quejado de que el PSOE y sus socios hayan rechazado en la Junta de Portavoces la petición de su partido para que Pedro Sánchez comparezca en un Pleno monográfico para informar de los indultos.

«Todos los españoles tenemos derecho a conocer cuál es la intención del Gobierno», ha proclamado la dirigente del PP, para criticar que «una vez más» se «vuelva a hurtar» al Congreso de su labor de control al Ejecutivo.