La Comunidad de Madrid ha notificado 782 casos nuevos de coronavirus, de los que 494 corresponden a las últimas 24 horas, y un único fallecido más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada anterior, correspondiente al lunes, se notificaron 132 casos nuevos de coronavirus, de los que 112 correspondían a las últimas 24 horas, y cuatro fallecidos más en los hospitales, mientras que el mismo día de la semana anterior se registraron 513 casos nuevos, 362 en el último día, y dos fallecidos.

El número de hospitalizados se sitúa en 288 en planta --28 menos respecto al día anterior-- y 153 en UCI --cuatro menos--, mientras que 58 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.670.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 743.272 positivos, un total de 116.134 casos han requerido hospitalización, 11.900 han precisado UCI y 102.906 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 831.086 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 24.296, de los cuales 5.068 han sido en centros sociosanitarios, 17.825 en hospitales, 1.373 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días es de 82,97 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en novena posición tras Comunidad Valenciana (83,54), Navarra (92,86), País Vasco (97,05), Canarias (113,47), La Rioja (134,41), Cataluña (147,39), Andalucía (163,07) y Cantabria (179,96).

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, con datos de este domingo, se han administrado un total de 5.307.013 dosis de las 6.205.995 recibidas, con 2.108.131 segundas dosis registradas y 180.351 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 35,5%.

Teniendo en cuenta sólo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representan el 42,9%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han notificado 7.091 nuevos casos de COVID-19, 3.911 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 4.040 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.799.733 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 106,82, frente a 100,06 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 50.687 positivos.

En el informe de este martes se han añadido 40 nuevos fallecimientos, en comparación con 30 el martes pasado. Hasta 80.829 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 46 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 2.389 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España (2.495 ayer) y 620 en UCI (644 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 284 ingresos (244 ayer) y 406 altas (128 ayer). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 1,96 por ciento (2,04% ayer) y en las UCI en el 6,73 por ciento (6,92% ayer).

Entre el 19 y el 25 de junio, las comunidades autónomas han realizado 603.952 pruebas diagnósticas, de las cuales 386.896 han sido PCR y 217.056 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 1.284,29. La tasa total de positividad se sitúa en el 5,01 por ciento, frente al 4,67 por ciento de ayer.

Unas 700 familias en situación de vulnerabilidad se encuentran en lista de espera para iniciar una nueva vida en un pueblo de la España vaciada, gracias al proyecto 'Pueblos Madrina', que la Fundación Madrina viene desarrollando desde hace 17 años.

En dicho periodo de tiempo, el proyecto ha conseguido alojar a más de 300 familias y 1.000 niños en aldeas y pueblos de toda la geografía española, una labor que expusieron la semana pasada al Ministerio de Transición Ecológica.

Según explica la Fundación, inicialmente, el perfil de las familias eran inmigrantes y asilados antes de la pandemia. Si bien, en la actualidad, y motivado por la crisis social derivada de la pandemia, el 50% son familias españolas y en nueva pobreza.

Además, el proyecto rural de la Fundación Madrina incluye "abuelos madrina", que son personas mayores del entorno rural que "adoptan" a una madre gestante o madre joven no menor, con la idea de acompañarla y, por otra parte, beneficiar a las jóvenes madres con un hogar.

La Fundación destaca que este proyecto permite a muchos pueblos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, y valles, como el Amblés, Ambroz, La Corneja, beneficiarse de la repoblación con la llegada de nuevas familias con hijos menores en edad escolar. Además, señala que otros muchos más aguardan en las comunidades de Aragón, Galicia y Andalucía.

Estas familias consiguen que pequeños municipios de menos de 500 habitantes no cierren la escuela, como es el caso de Berrocal en el Valle de la Corneja, donde dos familias con 8 y 3 hijos han conseguido que en lugar de cerrar la escuela puedan abrir ahora dos aulas. Además, en abril nació el primer bebé de estas familias repobladoras de la España vaciada en Ávila.

Sobre la experiencia, muchas familias aseguran haber encontrado en los pueblos "la felicidad y la libertad". Por su parte, los abuelos de las poblaciones celebran que con los niños que están llegando es como "si les hubiera tocado la lotería".

En cuanto al coste, la Fundación estima que realojar a una familia en un pueblo cuesta 15.000 euros al año --5.900 euros de inversión y el resto, 9.000 euros, de gastos mensuales--. De momento, la Fundación está costeando estos primeros gastos de realojamiento de las familias que, por término medio, consiguen sus trabajos en el plazo de un mes. Realojar 1.000 familias costaría 15 millones de euros al año, si no se consigue empleo rural.

DE COLAS DEL HAMBRE A COLAS DE FAMILIAS SIN TECHO

La Fundación Madrina pone en valor este proyecto ante la situación de pobreza en la que viven muchas familias en las ciudades, donde las denominadas "'colas del hambre' se están transformando en 'colas de familias sin techo'", con familias que no pueden pagar los alquileres ni las facturas de luz, según aseguran.

Precisamente, la Fundación trata de luchar también contra la pobreza energética, generando Cooperativas energéticas o Comunidades energéticas. Con este fin, y en colaboración con 'Light for Humanity', proporcionará electricidad a los Pueblos Madrina y también a la Cañada Real en Madrid. Se trata de lograr la autosuficiencia o "soberanía energética" de los pueblos y la generación de empleo rural.

En este sentido, se desarrollarán determinados proyectos forestales en la España vaciada, de la mano de ingenieros agrónomos y forestales en una especie de "traje a medida" para cada pueblo que aproveche su entorno y riqueza ecológica, con el fin de generar empleo rural, 4 o 5 empleos por pueblo.

Se crearán igualmente viveros forestales y de plantas ornamentales, así como hornos de leña vegetal y plantas de biomasa, entre otros proyectos, cada uno de los cuales será tutelado desde la Escuela de Ingenieros Forestales de Madrid y servirán para un trabajo fin de curso de los alumnos que terminan la carrera.

El Tribunal de Cuentas seguirá mañana con la vista para escuchar a la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado tras haber terminado este martes las alegaciones de los letrados de los ex cargos del Govern de la Generalitat de Cataluña, a los que ha pedido una fianza inicial de 5.422.879,48 euros en concepto de responsabilidad contable, por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

Tras una jornada de casi ocho horas, las defensas deberán volver mañana para conocer también la exposición de los representantes legales de la Generalitat, del Diplocat y de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, antes de que el tribunal acuerde si hace o no alguna modificación al acta de liquidación provisional.

Durante la vista de este martes, los letrados han tenido 10 minutos cada uno para presentar sus alegaciones sobre los 504 folios que han recibido por parte del órgano fiscalizador y que han analizado en la misma sede del Tribunal de Cuentas durante tres horas.

El ex consejero de la Presidencia y letrado de varios de los ex cargos señalados Francesc Homs ha reprochado el procedimiento. "Analizar un texto de vocación jurídico de 500 páginas para presentar alegaciones, cuando además hay en juego tantos millones de euros, no permite posibilidad de defenderse ni es proporcionado ni lógico", ha dicho en declaraciones a la prensa a su salida del tribunal.

"RAZONES POLÍTICAS"

Homs ha asegurado que la justificación que ha dado el órgano fiscalizador de la presunta responsabilidad contable de sus clientes y el resto de ex cargos "es básicamente por razones de naturaleza política". "Más que el Tribunal de Cuentas es el tribunal de pasar cuentas", ha indicado tras insistir en que las "pocas respuestas" que ha conocido por parte de la instructora han sido "inconsistentes".

En este sentido, ha reprochado que se concluya que la responsabilidad contable sea consecuencia de fomentar el proceso secesionista de Cataluña, "tal y como si el hacer esto estuviera prohibido por la ley".

Homs ha subrayado que, aunque el Tribunal de Cuentas reclama una suma por el presunto uso irresponsable de fondos de la Generalitat en el exterior, no hay una sentencia que condene a los ex cargos por estos hechos, a diferencia de la sentencia del 'procés' y la del 9-N.

Ha insistido en que en este caso "ni siquiera" se activaron mecanismos del Ministerio de Interior. "No estamos ante una actuación prohibida; la instructora ha llegado solita a la conclusión de que era inconstitucional", ha añadido.

5,4 MILLONES ENTRE 34 EX CARGOS

Según el acta de liquidación provisional, se les reclama a 34 ex cargos --incluidos el ex presidente catalán huido Carles Puigdemont y el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras-- cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex consejero de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex consejero de Economía Andreu Mas-Collet por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Han quedado fuera de la lista de presuntos responsables los ex consejeros de Presidencia Jordi Turull y Neus Munté. Así, también han sido desestimados otros seis ex cargos y en el acta de liquidación provisional facilitada este martes a las defensas figuran un total de 34 nombres.

Fuentes del procedimiento han explicado que los ex cargos tendrán un plazo de 15 días hábiles desde el momento en que reciban la versión definitiva del acta de liquidación provisional para depositar las fianzas requeridas. De no abonar el dinero se procederá al embargo de bienes. Los letrados podrán recurrir una vez entregado el dinero.

DOS CAUSAS, UN JUICIO

Las mismas fuentes han precisado que este expediente y los 5,4 millones que finalmente se aporten se sumarán a los 4,1 millones que ya fueron consignados a través de la denominada Caja de Solidaridad por el coste que --según el Tribunal de Cuentas-- representó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; sobre esta cantidad ya se presentó recurso ante el Tribunal Supremo.

Así, la causa por el presunto uso indebido de fondos de la Generalitat en Cataluña y la causa por los gastos en el exterior serán una sola que se juzgará en conjunto. Si tras el juicio se concluye que no son responsables de dicho uso irregular, se les devolverá la fianza.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido que no existe ningún tipo de "incompatibilidad ni conflicto de intereses" por el hecho de que su marido, Mariano Bacigalupo, sea miembro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha recordado que fue nombrado consejero del regulador por el anterior Gobierno del PP.

En su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados, Ribera respondió así a los ataques recibidos por parte de la oposición calificando a Bacigalupo de autor del "tarifazo" de la luz.

El diputado del PP Juan Diego Requena había criticado a Ribera que la CNMC no es un organismo independiente, ya que "quien controla el tarifazo es su marido".

Requena subrayó que el hecho de que regulador y regulado tienen una incompatibilidad "es algo obvio" y mostró la preocupación del PP por el motivo de que al Gobierno "se le acumulen los casos de incompatibilidad". "No es un ataque personal, es una lícita preocupación en algo tan importante como la factura de la luz", añadió.

Así, la ministra aseguró que "no hay una relación de subordinación entre el regulador gubernamental y el regulador sectorial", ya que tienen funciones "distintas y se trata de un órgano colegiado".

Además, recordó que Bacigalupo fue elegido para el cargo hace cuatro años con un nombramiento "firmado por un señor que se llama Luis de Guindos Jurado" y con un respaldo "unánime", por lo que "no existe ningún tipo de incompatibilidad" entre ambos cargos.

En este sentido, consideró que igual el PP se ha "arrepentido" de ese nombramiento y ha decidido "utilizarlo como excusa para la renovación de cualquier otro órgano".

"HERMANOS GEMELOS" QUE HAN SIDO MINISTRO Y SECRETARIO DE ESTADO.

"Pero no es infrecuente encontrar situaciones parecidas cuando uno observa que hay hasta hermanos gemelos que han sido ministro y secretario de Estado, con sus respectivas mujeres como directoras generales simultáneamente, alguna de ellas en cargos tan importantes como la Oficina Económica del presidente del Gobierno", indicó en referencia a los hermanos Nadal (Álvaro y Alberto), ministro de Industria y Energía y secretario de Estado de Energía con el PP, respectivamente.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno calificó todo esto de "anecdótico", aunque pidió ser "cuidadosos" a la hora de lanzar "insidias personales".

Andalucía ha registrado este martes 29 de junio un total de 1.095 casos de coronavirus, una cifra similar a la registrada el pasado martes (1.098), según datos consultados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado siete fallecidos en las últimas 24 horas, una cifra parecida a la del martes pasado (ocho), aunque superior a las de este lunes y domingo (uno).

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado por undécimo día seguido y se sitúa en 163,8 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 0,4 puntos menos en un día y 7,7 menos en siete.

Los 1.095 casos de las últimas 24 horas se registran tras los 1.260 del lunes y domingo, los 1.327 del sábado, los 1.328 del viernes, los 1.440 del jueves, los 1.175 del miércoles y los 1.098 del martes pasado.

Por provincias, Málaga se sitúa como la que más casos suma con 272, seguida de Cádiz y Córdoba con 170 cada una, Sevilla con 159, Granada con 155, Jaén con 75, Almería con 61 y Huelva con 33.

Los siete fallecidos se reparten entre Sevilla, Jaén (dos en cada una), Cádiz, Córdoba y Málaga (uno cada una).

SUBEN LOS HOSPITALIZADOS

Andalucía ha registrado este martes un aumento en el número de hospitalizados con coronavirus hasta los 552, 15 más en un día, pero 57 menos que hace siete días, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) también han aumentado hasta 125, uno más en un día y 18 menos en una semana.

Sevilla es la provincia con más hospitalizados con 144 y 43 pacientes en UCI, seguida de Málaga con 82 y 14 en UCI; Córdoba con 75 y 21 en UCI; Jaén con 70 y 17 en UCI; Granada con 80 y 17 en UCI; Cádiz con 57 y siete en UCI; Huelva con 25 y dos en UCI y Almería con 19 y cuatro en UCI.

CASI 50.000 PERSONAS HAN PASADO POR EL HOSPITAL

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 616.929 casos confirmados --1.096 en 24 horas-- y ha alcanzado las 10.187 muertes tras sumar siete. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 49.336, 117 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.551 --cinco más--, y el número de curados es de 589.531 después de añadirse 1.162.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.187 fallecidos desde el inicio de la pandemia --siete más--, Sevilla con 2.035 --dos más-- se mantiene como la provincia con más muertes; seguida por Granada con 1.779; Málaga con 1.671 --una más--; Cádiz con 1.498 --una más--; Jaén con 1.009 --dos más--; Córdoba con 972 --una más--; Almería con 833; y Huelva con 390.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 616.929 desde el inicio de la pandemia --1.096 más--, liderados por Sevilla con 136.525 --159 más--, seguida de Málaga con 106.340 --272 más--, Granada con 91.661 --156 más--, Cádiz con 85.282 --170 más--, Córdoba con 51.767 --170 más--, Almería con 55.612 --61 más--, Jaén con 51.692 --75 más-- y Huelva con 33.468 --33 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 49.336 -177 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 11.059 --47 más--, seguida por Málaga con 8.361 --nueve más--; Granada con 8.305 --25 más--; Cádiz con 5.877 --dos más--; Jaén con 4.737 --uno más--; Córdoba con 4.674 --cuatro más--; Almería con 3.919 --siete más-- y Huelva con 2.404 --dos más--.

De ellos, 5.551 han pasado por la UCI en Andalucía --cinco más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.109; seguida de Granada con 1.092 --tres más--; Málaga con 799 --dos más--; Almería con 676; Cádiz con 662; Córdoba con 581; Jaén con 454 y Huelva con 178.

CÓRDOBA SITÚA SU TASA EN 259,2

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 589.531 en toda la región, 1.162 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 129.673 --179 más--, seguida de Málaga con 102.078 --223 más--; Granada con 87.301 --53 más--; Cádiz con 81.315 --182 más--; Almería con 54.347 --56 más--; Córdoba con 52.845 --160 más--; Jaén con 50.136 --139 más-- y Huelva con 31.836 --170 más--.

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 163,8 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia Córdoba a la cabeza con 259,2. Detrás se sitúan Granada con 205,2, Huelva con 172,1, Málaga con 171,8, Sevilla con 152,4, Cádiz con 143,2, Jaén con 139,9 y Almería con 71,2.

ANDALUCÍA REDUCE DISTANCIA CON LA MEDIA NACIONAL

Atendiendo a los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad, Andalucía ha registrado 13.856 casos en los últimos 14 días con una tasa de 163,7 por cada 100.000 habitantes --superior a la media nacional de 106,82--, y 6.196 en los últimos siete días con una tasa de 73,2, superior a la nacional de 57,79.

El Gobierno contabiliza 523 pacientes covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 2,91% de camas, por encima de la media nacional situada en el 1,96%, y 131 en UCI, que registran una ocupación del 7,01% de las camas, superior a la media nacional de 6,73%. Además, registra 67 ingresos por covid en las últimas 24 horas y 93 altas.

Telecinco, Diario de Almería y Onda Aranjuez se han alzado ganadores de la XVIII edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, cuyo objetivo es incentivar la difusión de reportajes que ayuden a concienciar a la sociedad sobre la necesidad de mantener conductas responsables al volante.

En concreto, los galardonados son Francisco Iván Gómez de Diario de Almería por el trabajo 'No bebo mucho, pero aquel día me excedí y cogí el coche. No lo volvería a hacer nunca' en Prensa Escrita y Medios Online; Luis Henares de Onda Aranjuez por el reportaje 'Una mañana fría, el secreto familiar' emitido en el programa 'Aranjuez Abierto' en la categoría de Radio; y, por último, Blanca Vives, del programa 'Quijotes del Siglo XXI' de Telecinco por el trabajo 'María José Jiménez. La tenacidad de una madre' en la categoría de Televisión.

Además, el Premio Solidario, dotado con 10.000 euros netos, ha recaído en la Pastoral de la Carretera, servicio que ofrece la Iglesia para alentar el anuncio y la vivencia de la fe cristiana de los profesionales, conductores, peatones y viajeros en el uso de la vía pública y de los vehículos.

Por otro lado, se ha anunciado el ganador del Premio Honorífico de Periodismo por la Seguridad Vial, que en esta edición se ha entregado a Jesús Soria por su gran labor de divulgación de la seguridad vial a lo largo de su carrera profesional, especialmente en la revista 'Tráfico y Seguridad vial' de la Dirección General de Tráfico (DGT), que dirigió desde su fundación en 1995 hasta 2017.

Los madrileños Teatros del Canal han acogido la gala de entrega de los premios en la que ha actuado como maestra de ceremonias la periodista de Antena 3, Mónica Carrillo.

Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, ha destaado que "2020 ha sido un año muy complejo también en el ámbito de la seguridad en carretera". "Por eso, el periodismo sobre seguridad vial se hace más necesario que nunca, ya que estamos en un momento crítico en el que los accidentes están aumentando", ha afirmado.

"Por eso, debemos mantener la misma actitud responsable que hemos demostrado estos meses de atrás con la pandemia, protegiéndonos para proteger también al resto de conductores y peatones", ha recalcado Mar Garre.

El jurado, presidido por Pere Navarro, ha valorado las cerca de 1.600 candidaturas presentadas a esta edición del premio. La valoración se ha efectuado basándose en criterios como la calidad, la labor de concienciación y el enfoque de los trabajos presentados.

La Comisión de Seguimiento del 'Acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia', reunida este martes, ha creado un grupo de trabajo con el objetivo de aplicar el 'Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea', presentado el 18 de marzo.

En el grupo participan las principales plataformas prestadoras de servicios de alojamiento de datos (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Microsoft y TikTok) bajo el paraguas de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital).

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha presidido virtualmente la reunión en el Ministerio del Interior, acompañado en línea por el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, que ocupa la Secretaría Técnica del Acuerdo.

En esta décima reunión se han incorporado al Acuerdo la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ambas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Su participación facilitará la mejora de la lucha contra el discurso de odio que, de manera integral, desarrollan las instituciones enmarcadas en el Acuerdo contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil.

Según informa el Ministerio del Interior, el encuentro ha permitido revisar la hoja de ruta para mejorar la respuesta penal a los delitos de odio, desde las distintas instituciones con competencias en la materia, y se ha impulsado el trabajo de formación de operadores jurídicos y otros cuerpos de la Administración.

También se ha evaluado la participación de España en el sexto ejercicio de monitorización del cumplimiento del código de conducta firmado por la Comisión Europea y las plataformas de Internet en el año 2016 para combatir el discurso de odio en Internet y las redes sociales.

El 'Acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia' data de 2015 y se renovó en septiembre de 2018. Fue suscrito por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los ministerios de Justicia, Interior, Educación y Formación Profesional, Cultura y Deporte, Derechos Sociales y Agenda 2030, Igualdad, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Centro de Estudios Jurídicos.

En el Acuerdo participan como observadores de la sociedad civil siete plataformas que han estado presentes en esta última reunión de la Comisión de Seguimiento: el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, la Plataforma del Tercer Sector, la FELGTB, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y la Plataforma de la Infancia.

El 60% de los españoles posee al menos habilidades digitales básicas, un patrón similar al del promedio europeo, según un estudio elaborado por la Fundación Cotec en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) presentado este martes en el marco del Mobile World Congress de Barcelona (MWC) en un acto que ha contado con la participación del CEO de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, y la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia.

Según el estudio, las comunidades autónomas con mayor renta media por habitante concentran también los mayores niveles en cuanto a habilidades digitales de la población. Así, por encima quedan los territorios más ricos, como Madrid (67,4%), Cataluña (67,2%), Navarra (61,7%) y País Vasco (61,5%). Por debajo, con hasta 15 puntos porcentuales de diferencia, aparecen territorios cuyo PIB por habitante está por debajo de la media nacional, como Galicia (52,1%), Cantabria (54,8%) o Murcia (55,1%).

El estudio, denominado 'Competencias digitales y colectivos en riesgo de exclusión social en España', busca identificar a los colectivos con mayor riesgo de quedar excluidos de la economía y la sociedad digital en España. Según Cotec, el nivel de estudios, la ocupación y la edad son los tres factores que en mayor medida determinan la brecha en competencias digitales, a diferencia del género, que es mucho menos significativa a nivel estadístico.

Así, entre los resultados que destaca el estudio, se encuentran que tener más de 55 años aumenta en 23,1 puntos porcentuales la probabilidad de tener habilidades bajas o directamente de no tenerlas.

Además, el salto de contar con estudios básicos a estudios medios representa tener 17,6 puntos más de alcanzar un nivel de competencias digitales avanzado, aumentando a 36,2 puntos si se alcanzan estudios superiores. La diferencia de estar desempleado a ocupado aumenta en 4,3 puntos porcentuales la probabilidad de tener unas habilidades digitales avanzadas.

El trabajo utiliza los datos que proporciona el indicador de competencias digitales de la población integrado en la dimensión de capital humano del índice sintético DESI (Índice de la Economía y Sociedad Digitales) que elabora la Comisión Europea, así como los microdatos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación de los hogares (Encuesta TIC-H) del INE, además de otros que provienen de la Encuesta Cotec-Sigmados de percepción social de la innovación.

EL 'EFECTO COVID' EN LAS ACTIVIDADES DIGITALES

El documento se fija en particular en los datos de 2020 para analizar si hay un efecto Covid en lo que se refiere a las actividades digitales que realiza la población.

Según el estudio, el aumento en el uso de Internet en 2020 es similar al de 2019, por lo que no hay un efecto Covid a nivel agregado. Sin embargo, sí se ha visto un incremento de uso de determinadas actividades digitales, como es el caso de las redes sociales, la banca on line, el correo electrónico, la búsqueda de información sobre temas de salud o bienes y servicios y el uso de la Administración electrónica.

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

"La digitalización ha aportado muchos beneficios, sin embargo, no podemos obviar que la era digital también esconde urgentes desafíos, que están generando desequilibrios y desigualdades. Es lo que nosotros llamamos emergencia digital que engloba retos relacionados con el acceso, el uso, implementación e impacto desigual de la tecnología", ha señalado Carlos Grau.

Por su parte, Garmendia ha destacado que España está ante un "riesgo verosímil" de que la digitalización conduzca al país hacia un escenario en el que las brechas sociales existentes se amplíen. Por ello, indica que la inversión en educación no solo es la más rentable desde el punto de vista del crecimiento económico, sino también como vía para facilitar la transformación digital.

El líder del PP, Pablo Casado, expondrá este miércoles ante el Pleno del Congreso con un "discurso contundente" el rechazo de su partido tanto a los indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre como a la mesa de diálogo con la Generalitat que impulsa el Gobierno. Además, defenderá la Constitución y las instituciones del Estado ante la "ofensiva" del Ejecutivo y, en especial, el "ataque" al Tribunal de Cuentas, según han avanzado fuentes del partido.

El PP considera que el perdón que quiere otorgar el presidente del Gobierno "va más allá del delito de sedición" porque también quiere "perdonarlos por los más de cinco millones de dinero público que malversaron" y así lo denunciará en su intervención parlamentaria el jefe de la oposición, según han informado las mismas fuentes.

Casado acudirá a esta sesión plenaria --que debatirá también sobre el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de junio-- consciente de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, utilizará en su defensa los argumentos de concordia y convivencia que ha expuesto en sus intervenciones públicas y el apoyo al diálogo que han defendido públicamente los empresarios catalanes, las diócesis catalanas e incluso la Conferencia Episcopal.

EL PP RECALCA QUE NO ADMITE "PRESIONES"

La dirección nacional del PP ha subrayado estos días que no admiten "presiones". "Los únicos accionistas del PP son los españoles. Solo a ellos nos debemos", ha proclamado el jefe de la oposición en varias ocasiones esta última semana a raíz de la decisión del Consejo de Ministros de aprobar la medida de gracia para los nueve condenados por el 'procés'

El propio Casado ya subrayó este lunes que se mantendrá "firme" en su posición ante los "disparates" que está cometiendo Pedro Sánchez porque, según dijo, su partido no puede ser "cómplice" de los pasos que está dando el Gobierno para mantenerse dos años más en el Palacio de la Moncloa.

El líder del PP considera que "no se puede aceptar un golpe a la legalidad" y que los indultos van a generar "más frustración", una opinión que, según fuentes del partido, recoge el sentir mayoritario de la sociedad española. "Preferimos perder votos antes que perder el alma, al contrario de lo que hace Sánchez", ha repetido estos días, parafraseando así las palabras que Múgica dirigió a Sánchez.

"SÁNCHEZ, AL SERVICIO DEL PROCÉS"

Fuentes de la cúpula del PP han señalado que Pablo Casado hará un análisis de situación de los últimos días, en los que ha quedado constatado que la palabra de Sánchez "no vale nada" porque "todo lo que dijo que no haría, finalmente lo ha hecho".

En el PP ven a Sánchez al "servicio del procés" y, de hecho, creen que negocia en La Moncloa con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "la derrota de la democracia española". Según fuentes del partido, con los indultos Sánchez "ya ha premiado la deslealtad y la corrupción nacionalistas" y ahora, gracias a él, la Generalitat "se pone al servicio de los indultados, y en contra de la mayoría de los catalanes". "Sánchez se ha convertido en el cooperador necesario del segundo procés", aseguran desde 'Génova'.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS, LA "CHINA EN EL ZAPATO DE SÁNCHEZ"

Además, Casado aprovechará para denunciar en el Congreso el ataque del Gobierno a las instituciones, como el Tribunal de Cuentas, un órgano que se ha convertido en "la china en el zapato de Sánchez y los independentistas", según señalan las fuentes consultadas.

El PP considera que el hecho de que siga adelante el proceso por malversación "incomoda a los indultados y, por tanto, incomoda a un Sánchez que actúa como abogado defensor y que quiere liquidar cualquier problema judicial que les afecte". A su entender, el perdón que quiere otorgar Sánchez "va más allá del delito de sedición, también quiere perdonarlos por los más de cinco millones de dinero público que malversaron".

Y ante las informaciones que apuntan a que Moncloa no descarta una reforma del Tribunal de Cuentas si el PP no pacta, fuentes de la cúpula del partido han señalado que Casado ya advirtió este lunes que ésa era una de las opciones que podrían producirse, como ya hizo el PSOE registrando una proposición de ley para rebajar las mayorías en el sistema de elección del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ).

"No tienen límites, pero no aceptamos presiones. Nos debemos a los españoles", han indicado las mismas fuentes del PP, que responsabilizan al presidente del Gobierno de ser el que bloquea la renovación de los órganos del Estado y pretender que los españoles "paguen la corrupción y malversación de los independentistas".

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA SÁNCHEZ

Después de que Vox y Cs hayan animado a Pablo Casado a presentar una moción de censura, el PP tiene claro que la solución pasa por unas elecciones y así lo ha exigido la cúpula del partido estos últimos días.

"Nos daban un plazo, pero se pueden ahorrar el plazo porque sin duda alguna serán los españoles los que hablen en las urnas en cuanto las urnas se vuelvan a poner y ahí será donde uniendo el voto de centroderecha podamos forjar una alternativa que es lo que se necesita en este país", ha afirmado este martes la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

De esta forma ha respondido al portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quién había dicho que no querían "meter prisa" al PP con la moción de censura y que las semanas de verano eran un momento para que los 'populares' "meditaran" sobre esa iniciativa. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha avisado a Casado que si al final la moción la presenta Vox y no el PP, Sánchez "saldrá reforzado".

El Grupo de Apoyo Democrático y Coordinación electoral del Parlamento Europeo ha sancionado al eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, y a la de Podemos, Idoia Villanueva, por romper las reglas de las misiones electorales en los comicios de Ecuador al presentarse como observadores internacionales al margen de la Eurocámara.

Según una carta de los copresidentes del grupo en la Eurocámara de apoyo a la democracia y coordinación electoral, el comportamiento de ambos vulnera las reglas del Parlamento Europeo y de los estándares internacionales y se les aplica el reglamento relativo a la participación en misiones de observación.

En el caso de Pineda, queda excluido hasta finales de 2021 de participar en ninguna delegación parlamentaria de observación y se le avisa de que en caso de estar implicado en una situación similar se le suspenderá para el resto de legislatura. El eurodiputado de IU viajó el pasado mes de diciembre a Venezuela en el contexto electoral y en febrero ejerció como observador y emitió juicios sobre los comicios de Ecuador.

Por su parte, la Eurocámara reprende a Villanueva, secretaria de Internacional de Podemos, que diera entrevistas a la televisión ecuatoriana en relación a una misión internacional en el país en dichas elecciones y que durante su intervención apareciera como "observadora internacional. En este sentido, la eurodiputada 'morada' ha sido apercibida de que otra situación similar implicará una exclusión de futuras misiones.

La carta de los copresidentes David McAllister y Tomas Tobé pone el acento en que el código de conducta de los miembros de las misiones de observación, que quebraron ambos eurodiputados españoles, garantiza que las actividades de apoyo a la democracia que realiza el Parlamento Europeo se llevan a cabo de manera imparcial.

En febrero ya avisaron en otra misiva de que "ningún" eurodiputado había recibido el mandato de observar o comentar el proceso electoral en Ecuador "en nombre del Parlamento Europeo" e indicaron que si alguno decidía viajar "lo hará a título propio".

OTROS SANCIONADOS

Aparte de los dos políticos españoles, han sido sancionados, ya con aviso o excluidos de futuras misiones, otros nueve parlamentarios por presentarse como observadores en procesos electorales, han informado fuentes parlamentarias.

Es el caso de los franceses ultraconsevadores Virigine Joron, Hervé Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Thierry Mariani y Philippe Olivier, por su actividad en la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia.

Por su papel en las elecciones de Venezuela el pasado diciembre, que la UE no reconoció después de que no contaran con las condiciones democráticas mínimas y la participación de la oposición, la Eurocámara censura a los irlandeses Clare Daly y Mick Wallace, de La Izquierda, mientras que Leïla Chaibi, de la Francia Insumisa, recibe un aviso por su actividad en Ecuador.

El diputado italiano del Partido Popular Europeo, Fluvio Martusciello, es reprendido por su viaje a Kazajstán en el contexto de las elecciones legislativas que dieron una amplia mayoría al presidente, Nursultan Nazarbayev, al margen de la Eurocámara.

La Fiscalía Anticorrupción interesa seis años de cárcel y una multa de 550.000 euros para el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la pieza de 'Lezo' relativa a las irregularidades cometidas en adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal de Isabel II y que supuestamente tenían como objetivo obtener comisiones ilegales con la intermediación de sociedades afines al exdirigente del PP.

En el escrito de acusación del Ministerio Público se imputan al ex presidente 'popular' dos delitos de cohecho penados cada uno con tres años de cárcel. Idéntica condena por los mismos delitos se solicitan para el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; para el hermano de Ignacio González Pablo Manuel; para su cuñado José Juan Caballero; y para el socio de la empresa TCT José Antonio Clemente.

Anticorrupción explica que esta pieza 2 de 'Lezo' comprende los hechos relativos a las ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Fue licitado por el Canal y adjudicado en marzo de 2003 a 'ACS Proyectos, Obras y Construcciones' que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse 'Dragados'.

Indica que al año de realizarse esta adjudicación, desde la dirección del Canal, ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel e Ignacio González ---presidente del ente público CYII y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012---, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, "se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".

Señala que guiados con ese fin convinieron con Dragados que el Canal del Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería --TCT--. Los socios de esa empresa eran Clemente, el hermano del presidente y Caballero, si bien estos dos últimos ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid.

La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, merced a la intervención de los investigados Ignacio González e Ildefonso de Miguel.

Además, en julio de 2006 se convocó otro concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de CYII-Tercer Depósito y en diciembre se acordó por unanimidad su adjudicación a la UTE formada por TCT, SOTO ONCE SL e IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA. "De todos los asistentes a ese Consejo solo los acusados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo", añade.

"En definitiva, la actuación conjunta de los acusados (...), permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones", dice el escrito de acusación.

TCT NO TENÍA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

En cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados, el 15 de junio de 2006, con anterioridad a que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos aduciendo que en un concurso había sido la oferta más ventajosa.

Lo cierto es que los socios de TCT habían acordado reservadamente con los responsables de Dragados "incrementar en un 47% el importe a cobrar". El 15 de junio de 2006 Dragados firmó con TCT ese contrato por importe de 160.204,79 €, cuyo objeto era la ejecución de un hoyo número 4 de prueba en el campo de golf, si bien este objeto se amplió después con cuatro anejos de fechas 10 de agosto, 15 y 24 de noviembre de 2006 y 14 de febrero de 2007 por importes respectivos de 2.292.232,82 €, 298.830,24 €, 286.270,58 € y 30.326,40 €. Así, el importe total de los trabajos que DRAGADOS subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros.

Tras exponer estas cifras, la Fiscalía indica que TCT se fundó en mayo de 2003 con la razón social de trabajos de ingeniería, y que no fue hasta 2008 cuando incluyó la realización de proyectos deportivos. "Sin embargo, la sociedad carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos incluidos en el modificado", apunta.

EL 8 POR CIENTO DE INTERMEDIACIÓN

Dado que los encausados eran incapaces de ejecutar esos trabajos deportivos, los subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España. Acordaron con ellas percibir una comisión del 8 por ciento por su intermediación.

Fieldturf emitió tres facturas a TCT por importe de 270.204 euros y Onlygolf emitió hasta once facturas por importe total de 2.605.805 euros. Al tiempo, TCT emitió trece facturas contra DRAGADOS por importe total de 3.257.039,12 euros, de forma sucesiva y correlativa a las catorce facturas emitidas por Onlygolf y Fieldturf contra TCT por importe de 2.876.010,16 euros, obteniendo así un beneficio de 381.029 euros "por su innecesaria e impuesta intermediación".

La Fiscalía indica que entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, en un escenario de precrisis económica, los acusados fueron repartiéndose parte de los beneficios "según un plan perfectamente documentado". Así, Pablo Manuel González que se ocultaba bajo las siglas PG recibió 101.348 euros que recibió mediante 20 entregas en efectivo.

Juan José Caballero, oculto bajo las siglas JJC, recibió 94.425 euros en once entregas, y José Antonio Clemente, oculto bajo las siglas "JCM", le correspondieron 71.199 euros. Esos pagos se hicieron contra facturas de emitidas por sociedades instrumentales.

LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN

En 2006 el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de ese tercer depósito a una UTE formada por TCT, Soto Once SL e Iridium Concesiones de Infraestructuras (de Dragados). Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad 'Green Canal Golf' que firmó en 2007 la concesión, y al poco subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 €.

A su vez, ese mismo día TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el canon mensual a 7.941€, consiguiendo así, por su mera intermediación un beneficio aproximado de 124.000 euros.

Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y José Luis Ortiz, el ex jefe de Gabinete de esta última, declararán este miércoles como imputados ante el juez que investiga la 'Operación Kitchen' por su presunto papel en la supuesta trama de espionaje parapolicial al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, escuchará primero a López del Hierro, citado a las 10.00, para continuar con Ortiz, a las 12.00, tras interrogar esta misma semana a la propia Cospedal y al ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera. Además, el viernes comparecerá el comisario jubilado José Manuel Villarejo, y el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez lo hará el 12 de julio.

El juez imputa tanto al matrimonio como a Ortiz presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con el dispositivo parapolicial costeado con fondos reservados que se habría montado en 2013 desde el Ministerio de Interior para espiar a Bárcenas y su familia y evitar que la información comprometedora que tuvieran sobre el PP y sus dirigentes cayera en manos de la Justicia.

Para ello, se apoya en parte en las agendas personales incautadas a Villarejo el pasado mes de octubre, que abarcan el periodo temporal en el que se habría desarrollado la 'Operación Kitchen' hasta el punto de que han permitido al juez situar su arranque en el 11 de julio de 2013 por una nota referida a 'Chisco', como apodó el policía retirado a Martínez, donde se lee: "Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo".

La sucesión de notas en estos cuadernillos manuscritos han llevado a García-Castellón a sospechar que Cospedal y López del Hierro, a través del ex jefe de seguridad de ella, Andrés Gómez Gordo, habrían tenido una participación "decisiva" para que el chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos --también investigado--, accediera a espiar a la familia. Según declaró el propio Ríos, aceptó el encargo porque venía de su "admirado" Gómez Gordo, conocido como 'Andy' en la causa.

En concreto, el instructor resaltó en el auto de imputación una mención realizada por Villarejo el 18 de julio de 2013 junto a las siglas IHL, que aludirían a López del Hierro. "Aviso contacto Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo". Y añadió sobre Cospedal: "Varios contactos y posible cita". Meses después, en septiembre, hizo un apunte revelador sobre 'Cospe': "Control 'LB'".

DESMARQUE DE LA 'KITCHEN'

Sin embargo, Cospedal ha negado este martes, en su declaración ante García-Castellón, cualquier vínculo con 'Kitchen', afirmando que tuvo conocimiento de la supuesta operación por los medios de comunicación. Tampoco supo nada de Ríos hasta que el asunto saltó a la primera plana, ha añadido. Además, ha dudado de que Gómez Gordo participara en el fichaje del conductor para la trama y, en todo caso, ha rebajado su relación y la de su marido con 'Andy'.

En cambio, ha reconocido que conocía a Villarejo y que se reunió varias veces con él en la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Según fuentes jurídicas, ha contado que contactó con el comisario en 2009 porque al escuchar al fallecido dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba decir en una intervención parlamentaria que lo oía todo se preocupó pensando que podía haber investigaciones sobre el PP y sus cargos.

Se lo presentó su marido, ha expuesto, como un policía en excedencia dueño de una consultora importante, muy bien relacionada, que hacía labores de inteligencia. En la primera reunión en el cuartel general de los 'populares' estuvieron los tres, pero después los encuentros fueron solo entre ella y Villarejo y, al menos uno, se produjo fuera de la sede de Génova, en una cafetería.

Cospedal ha recalcado que ni a título personal ni en nombre del partido hizo encargo alguno a Villarejo y que, en consecuencia, tampoco le pagó. Su único objetivo, ha justificado, era que el comisario la mantuviera al corriente sobre las filtraciones que se hacían a la prensa del PP y de ella. En este sentido, ha puesto de relieve que la información que le proporcionaba el policía retirado no siempre era útil y que muchas veces ya estaba en fuentes abiertas.

CANAL DE COMUNICACIÓN CON COSPEDAL

En cuanto a Ortiz, el instructor le señala como uno de los canales de comunicación de Villarejo con la ex secretaria general del PP, tanto en una etapa previa donde el objetivo era "salvar al tesorero", como en la posterior fase con la 'Operación Kitchen', conforme al hilo temporal que trazan las citadas agendas.

García-Castellón llamó la atención sobre una serie de apuntes. Una del 30 de septiembre de 2013, en la que Villarejo escribió junto a 'Orti': "Aviso copia dada al 'Andy'. Agradeció mensaje, lo transmitirá a 'Cospe'". Y al día siguiente completó: 'Andy' "muy contento por los datos que le di para la 'Cospe'".

En este contexto, el magistrado de la Audiencia Nacional considera conveniente interrogar a Ortiz sobre si efectivamente recibió alguna copia de manos de Gómez Gordo y, en ese caso, si se la entregó a Cospedal.

En la etapa de concordia con Bárcenas también aparece Ortiz. "Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a 'Cospe'", comenta Villarejo sobre 'Orti'. Para el juez, esta "dación de cuenta" del ex comisario al jefe de Gabinete de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha "carece de toda lógica".

EL 'PROYECTO SMP'

Otra de los temas sobre los que podría girar el interrogatorio de este miércoles es el llamado 'Proyecto SMP', que se habría encomendado a Villarejo como "un proyecto de estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG", sumario 'Gürtel', aunque el juez sigue sin ver un nexo con el matrimonio Cospedal-López del Hierro.

Las supuestas injerencias en la investigación de 'Gürtel' centraron la comparecencia judicial del ex jefe de la UDEF el pasado lunes, que rebatió la versión ofrecida hace dos semanas por el inspector principal de ese caso de corrupción, Manuel Morocho, según el cual recibió numerosas y diversas presiones --desde destinos dorados a sobrecarga de trabajo y revisiones constantes de sus informes-- para que dejara de investigar los hechos, algo a lo que no sucumbió.

Morocho, según los audios de su declaración, denunció en concreto que sus mandos le pidieron quitar de sus informes los nombres de dirigentes y personas vinculadas al PP, entre ellos los del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y López del Hierro, a los que pretendía aludir por "determinadas contraprestaciones" y como donante de la 'caja b', respectivamente, en base a los famosos 'papeles' de Bárcenas.

Olivera negó que el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, le llamara para saber si Morocho había aceptado alguno de los puestos de trabajo que le ofrecían --oficial de enlace en Lisboa, embajadas e incluso la ONU--, al tiempo que defendió que las continuas modificaciones eran habituales en todos los informes emanados de la UDEF, no solo con los relativos a 'Gürtel'.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez intervendrá para favorecer a los políticos independentistas catalanes a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros aunque eso suponga "desprestigiar" a esta institución.

"Imagino que se darán instrucciones a la Abogacía del Estado para que diga que no existe quebranto patrimonial en todos estos hechos que, claramente, son ilícitos" respecto a "la disposición del gasto público", ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja tras participar en la Junta de Portavoces.

Sánchez asegura, "muy ufano", que no dirá a la Abogacía del Estado cómo tiene que actuar en este caso, pero "perdonen que me ría", ha manifestado al recordar que él mismo, cuando trabajaba como abogado del Estado, recibió "instrucciones muy claras y contundentes" del Ejecutivo para que modificara su escrito de acusación contra los líderes del proceso separatista de 2017 en Cataluña y le cesaron "por no cumplirlas".

Bal considera una "buena noticia" que el Tribunal de Cuentas haya determinado la responsabilidad contable inicial que se reclama a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a otros 38 antiguos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las 'embajadas catalanas' y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).

Significa que "en España funcionan las instituciones" y que "quien la hace la paga", ha concluido tras destacar que estos políticos emplearon dinero de los catalanes y de todos los españoles para "realizar un plan delictivo" con el objetivo de desarrollar una república catalana independiente.

En el mismo sentido, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha señalado en Twitter que "los políticos separatistas desviaron millones de euros para hacer propaganda contra España" y "lo justo es que paguen de su bolsillo un dinero que tenía que haber ido a sanidad o educación". En cuanto al Gobierno, "debe respetar el trabajo del Tribunal de Cuentas", ha agregado.

LA ABOGACÍA DEL ESTADO Y LA FISCALÍA DEBEN ACTUAR

El portavoz parlamentario de Ciudadanos cree que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía deberían iniciar un procedimiento de resarcimiento civil por el daño que causaron esas autoridades. "Si la Abogacía del Estado recibe presiones, me parecería absolutamente inconcebible e inadmisible que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no ejercitara la acciones en defensa del erario público", ha afirmado.

Bal ha pedido al Gobierno "pleno respeto" hacia las acciones del Tribunal de Cuentas, que, según ha subrayado, forman parte de "la actividad jurisdiccional de un órgano constitucional" que depende directamente del Congreso de los Diputados.

Por ello, ha criticado que desde el Ejecutivo hayan tratado de "quitar importancia" o "rebajar la jerarquía" de ese tribunal sugiriendo que "se trata prácticamente de un órgano administrativo sujeto a las instrucciones de la Administración".

En este contexto, ha preguntado a Sánchez si solamente pretende "indultar de sus responsabilidades económicas a sus amigos separatistas" o si hará lo mismo con Fèlix Millet y Jordi Montull, condenados a pagar más de 3,5 millones de euros por el expolio del Palau de la Música.

SÁNCHEZ ACEPTA EL "CHANTAJE" DEL INDEPENDENTISMO

Según el dirigente de Cs, el Gobierno continúa "aceptando la política de chantaje a la que se encuentra sometida España" por parte de los partidos independentistas porque Sánchez "sigue con su plan para mantenerse en la Moncloa a toda costa, sin importarle el descrédito institucional" de España y estando dispuesto a "atacar y menospreciar" al Tribunal de Cuentas.

"Esto no nos extraña porque ha sido la tónica general del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos" al llevar a cabo "ataques constantes a la independencia del poder judicial" e insistir en "vilipendiar nuestras instituciones", que son "la última barrera frente a las arbitrariedades del Gobierno y frente al fanatismo de los separatistas", ha indicado.

Bal ha advertido de que Ciudadanos está en una "ofensiva general" para proteger al Tribunal de Cuentas y el dinero público e intentar que el Ejecutivo "no sucumba ante las presiones del independentismo". Según ha señalado, ese organismo sirve"para cobrar las deudas que tienen los independentistas con todos los españoles", pero Sánchez "quiere utilizarlo para pagar las deudas que tiene con el separatismo" con el fin de mantenerse en el poder.

PIDE AL GOBIERNO QUE SE COMPROMETA A NO INTERFERIR

La formación naranja ha registrado este martes en el Congreso una batería de preguntas sobre este asunto dirigidas al Gobierno para las que solicita respuesta por escrito.

En primer lugar, quiere saber si, para "reparar el daño infligido al prestigio" de las instituciones, el Ejecutivo va a rectificar las palabras del ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos). Ambos han dicho que las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas contra políticos independentistas imputados o condenados son "piedras en el camino" del diálogo sobre Cataluña.

Unas declaraciones sobre las que Ciudadanos pregunta si son "una contraprestación a los partidos separatistas cuyos líderes han sido condenados por malversación y sedición" y si el Ejecutivo es consciente del "perjuicio" que causan al Tribunal de Cuentas, al "poner en cuestión su función e independencia" y "menoscabar la credibilidad de las instituciones españolas" y "la independencia del poder judicial".

Por último, Cs insta al Gobierno a asumir el compromiso de "no presionar, coaccionar ni sembrar dudas sobre la labor de los servidores públicos del Tribunal de Cuentas" y asegurar que no va a someterlos a sus "directrices o instrucciones, dictadas en última instancia por las formaciones separatistas que le dan apoyo parlamentario".

La Rioja no ha tenido que lamentar fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que este martes han subido ligeramente los casos activos al pasar de 263 a 268 (5 más), mientras que también se ha incrementado mínimamente la incidencia acumulada a 14 días, desde los 133,47 casos por cada 100.000 habitantes, hasta los 133,79 de hoy.

Además, se han registrado 35 nuevos positivos, por lo que desde el inicio de la pandemia se han notificado 31.955.

De acuerdo con las cifras que acaba de actualizar este martes el Gobierno de La Rioja, desde que comenzó la pandemia, un total de 778 personas han fallecido por la enfermedad, 300 de ellos residentes de centros de mayores.

En cuanto a la presión asistencial, ha subido ligeramente con respecto a hace 24 horas, con tres persona más, al pasar de 20 pacientes ingresados ayer por Covid-19 en los hospitales riojanos a los 23 que se contabilizan este martes.

En concreto, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 13 personas en camas de hospitalización ocupadas por pacientes Covid-19 (dos más que ayer), con dos ingresos y ningún alta. Por contra, en la UCI, hay 6 pacientes Covid (igual que hace 24 horas).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-Covid (19 a día de hoy, dos más que hace 24 horas), la UCI riojana tiene 25 pacientes y se encuentra al 58,14 por ciento (unos cinco puntos más que ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra cuenta con cuatro pacientes ingresados en planta Covid-19, lo que supone uno más que ayer lunes, lo que supone un nuevo ingreso y ningún alta.

Por lo demás, la Incidencia Acumulada a catorce días en la región se ha incrementado mínimamente desde los 133,47 casos por cada 100.000 habitantes ayer, hasta los 133,79 de este martes.

Por contra, la IA a siete días se ha reducido con respecto a hace 24 horas pasando de 58,77 casos por 100.000 habitantes a 55,95 casos hoy. En cuanto a la tasa de positividad, baja también ligeramente con respecto a hace 24 horas, del 4,78 al 4,51 por ciento.

Finalmente, hay 6.651 personas en cuarentena frente a las 6.618 del viernes. Por último, las residencias riojanas siguen estando libres de casos en sus 33 centros.

La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonés, ha comenzado pasadas las 17.00 horas, tras recibir el jefe Ejecutivo al mandatario catalán arriba de la escalinata de entrada al Palacio de la Moncloa.

Tras bajar Aragonés de su coche oficial, y subir las escaleras hasta donde le estaba esperando Sánchez, el presidente del Gobierno le ha saludado con el gesto de la mano en el pecho. Por su parte, Aragonés no ha realizado en ese momento ningún gesto visible.

Después, ambos han posado ante los fotógrafos a las puertas de Moncloa, a un metro de distancia el uno del otro y con dos banderas españolas y dos catalanas tras ellos, antes de dirigirse al interior del edificio, sin apenas hablar entre ellos.

El presidente catalán ha mantenido para su encuentro con Sánchez el pin de una flor amarilla que siempre lleva en la solapa, en señal de apoyo a los condenados por organizar el procés --que ya están fuera de la cárcel tras haber sido indultados hace una semana por el Gobierno--, y a los dirigentes independentistas que huyeron al extranjero.

Sánchez y Aragonés se reúnen este martes por primera vez y con el objetivo de sentar las bases de la nueva etapa de diálogo que quieren abrir para solucionar el denominado conflicto catalán; una cita a la que el Ejecutivo central y el catalán llegan desde posiciones alejadas --y con discrepancias incluso dentro de lado independentista entre ERC y Junts--.

Mientras que Aragonés volverá a defender el referéndum de autodeterminación y la amnistía, Sánchez ya ha dejado claro que no va a aceptar nada que quebrante la legalidad. En todo caso, el primer reto que abordarán este martes será decidir cómo y cuándo retomar la mesa de diálogo que servirá para dar cauce a este nuevo intento de negociación.

UNA SEMANA DESPUÉS DE LOS INDULTOS

El encuentro de este martes se produce justo una semana después de que el Gobierno concediera los indultos a los organizadores del procés que seguían en la cárcel, como un "claro" gesto "a favor del diálogo", en palabras de Sánchez, para "pasar página" y buscar una solución al conflicto.

No obstante, los organizadores del procés todavía están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas, por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Y precisamente este martes por la mañana está previsto que un total de 42 ex altos cargos independentistas conozcan la reclamación que les hace este órgano.

El Ayuntamiento de València ha sacado a contratación la restauración del cuadro 'La Inmaculada Concepción y los Jurados de la ciudad de València', pintado por Jerónimo Jacinto Espinosa en 1662.

La obra está en mal estado de conservación por su ajetreada historia, ya que ha mudado varias veces de ubicación, desde la desaparecida Casa de la Ciudad, en el Consolat de Mar y, finalmente, en el Museo Histórico Municipal, ha indicado el consistorio en un comunciado.

Pero también por las diversas y no siempre adecuadas intervenciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. Una simple inspección visual hace patente las numerosas lagunas y repintes de la tela, algunas de los cuales se realizaron sobre la capa original.

Procede abordar la restauración integral del lienzo, intervención que afecta tanto la consolidación del bastidor como del apoyo de la capa pictórica, la limpieza de polvo y suciedad, la retirada de barnices y repintes, y la consolidación general, como paso previo a la reintegración cromática, que debe ser hecha por manos expertas en la materia y con experiencia acreditada para conseguir que la obra recupere su esplendor original.

La concejala del ramo, Glòria Tello, ha indicado que la obra "constituye una de las más importantes obras de arte de las colecciones pictóricas municipales y es un verdadero tesoro para el Museo Histórico, ya que no sólo es testigo de una advocación y de una ideología de la que se hacía partícipe la ciudad, sino que expresa una clara manifestación de municipalismo a través del retratos de los jurados en él representados'.

"Previamente a la intervención, se han realizado los estudios previos necesarios para orientar el trabajo a realizar. A tal efecto, la obra permanece en el Museo de Bellas Artes desde entonces, ya que los análisis no se podían hacer en el Museo Histórico. Y permanecerá hasta el final de la intervención, pues es precisa una sala suficientemente grande para llevarlas a efecto. Al finalizar, volverá a ser exhibida en el Museo Histórico Municipal", ha detallado Glòria Tello.

A partir de hoy se publicará, en el Perfil del Contratante de la web municipal, el oportuno contrato de servicios para la restauración de la obra. El procedimiento de licitación será abierto simplificado, con el fin de asegurar la publicidad y transparencia, garantizar la pública concurrencia y la libertad de acceso a las licitaciones a toda persona o empresa capacitada. El valor estimado del contrato es de 70.000 € y la duración será de 12 meses. Habrá 15 días naturales para presentar propuestas.

El abogado Gonzalo Boye, que defiende al expresidente del Govern Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que llevará la causa del Tribunal de Cuentas ante "la justicia belga y a la que haga falta si tiene alguna repercusión económica o del tipo que sea".

En declaraciones, Boye ha instado a esperar qué resuelve el tribunal al terminar la vista en la que fija la liquidación provisional por el presunto desvío de fondos en las delegaciones del Govern en el extranjero: "De momento el tribunal solo ha hecho papeles. Si va a entrar en bienes y efectos de Puigdemont, eso ya es otra cosa".

"Si alguien me mete la mano en la cartera, creo que es claro lo que está haciendo", ha dicho al preguntársele por qué presuntos delitos podría empezar el procedimiento judicial en Bélgica, donde Puigdemont tiene fijada su residencia y donde podría afectarle un posible embargo.

Este martes, el Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en casi dos millones de euros la responsabilidad contable que tendría que satisfacer Puigdemont por el presunto desvío de fondos para las delegaciones del Govern en el extranjero y al Diplocat.

Boye ha advertido de que los actos judiciales en España pueden tener consecuencias en otras jurisdicciones y ha afirmado que el equipo de la defensa de Puigdemont va a reaccionar a lo que resuelva el Tribunal de Cuentas, y ha tachado de "espectáculo humillante, abusivo, inquisitorial y absolutamente tendencioso" la vista que ha empezado este martes por la mañana.

SIN SUPLICATORIO AL EUROPARLAMENTO

Boye ha explicado que ha advertido a la instructora del caso que no había pedido un suplicatorio al Parlamento Europeo para procesar a Puigdemont a pesar de tener inmunidad como eurodiputado: "Se lo he dicho claramente y ha dicho que no lo necesita", ha asegurado.

El abogado ha avisado de que "esto también es una situación que excede el ámbito hispánico y traspasa los Pirineos, pero es una decisión de ella", y ha explicado que este asunto sería competencia de la Eurocámara y del Tribunal General de la UE.

"Hay cuatro o cinco posibles vías. Las tenemos estudiadas en función de lo que ella haga", y ha tachado de inseguridad jurídica la forma en que se está desplegando el procedimiento.

El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) ha hecho entrega este mediodía de las Banderas Q y "Safe Tourism Certified" a un total de 324 playas españolas de 98 municipios costeros españoles y a 36 instalaciones náutico-deportivas.

El acto, que ha tenido lugar este martes, ha estado presidido por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente del ICTE, Miguel Mirones.

En lo que a Banderas Q se refiere, que certifican la calidad de los servicios prestados, se han entregado 254 a las playas y 24 a instalaciones náutico-deportivas de 98 ayuntamientos de toda la España costera.

Asimismo, los ayuntamientos han certificado un total de 165 playas y 17 puertos deportivos con el sello "Safe Tourism Certified", creado por el ICTE para garantizar el cumplimiento del protocolo de prevención de riesgos frente al Covid-19.

Durante el evento, Reyes Maroto ha destacado el compromiso colectivo por la calidad y la seguridad turística del ICTE y ha subrayado que su búsqueda constante de la calidad y seguridad en el destino es "un ejemplo que debe marcar la hoja de ruta recuperar el turismo".

ANDALUCÍA LIDERA AMBOS RANKING

La lista de Banderas la lidera Andalucía con 131 playas certificadas, seguida por la Comunidad Valenciana con 51, la Región de Murcia con 23, Galicia con 19, Islas Baleares con 15, las mismas que Cataluña. Cantabria con 11, Asturias con tres, Ceuta con dos y Euskadi y Canarias cierran la lista con una cada una.

En cuanto al sello "Safe Tourism Certified", Andalucía también ocupa la primera posición con 89 playas certificadas, seguida por la Región de Murcia con 20, la Comunidad Valenciana con 17 e Islas Baleares con 16 y Cataluña con nueve.

En el caso de los puertos deportivos, Galicia se sitúa en primera posición con 14, seguida por la Comunidad Valenciana con cuatro, los mismos que Baleares y Andalucía con dos.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, ha reclamado este martes que las universidades cuenten con la "financiación necesaria" pero también con una "legislación valiente".

"Pedimos la palabra en la toma de decisiones. Queremos que se escuche a la Universidad. No escondan a la Universidad", ha reclamado durante su discurso en su toma de posesión en el campus de Móstoles, y a la que ha asistido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, ha trasladado a sus compañeros que no vale pedir a los demás que tengan en cuenta a la Universidad sino que les ha instado a ser "valientes" a la hora de pronunciarse porque cree que deben "correr riesgos". En este sentido, ha hecho un llamamiento a que se diga lo que piensan sobre las 17 EBAu, sobre el diseño curricular de los grados o sobre el modelo constitucional.

"Debemos abandonar la comodidad de quienes hacemos un trabajo que nos gusta y nos apasiona. Debemos a esta sociedad que nos financia con sus impuestos la valentía de darles voz y respuesta a sus problemas", ha manifestado.

Asimismo, ha pedido trabajar por mejorar el futuro, luchar por la equidad y por no permitir que la Universidad "sea un negocio". "Es de un derecho fundamental, pero solo garantizaremos este derecho si es de calidad, el resto es un engaño", ha dicho. Para el rector, no se trata de pedir a la sociedad que les soporte económicamente sino de garantizar que van a dejar lo mejor en ellas. "La Universidad aislada no es Universidad", ha apostillado.

REDES DE INTEGRACIÓN

Por otro lado, ha hecho hincapié en que el futuro de las universidades no tiene otra alternativa que ser "transnacional" y por ello es necesario trabajar "en sólidas redes de integración que establezcan campus conjuntos en los que la formación sea de manera híbrida y donde la cooperación sea un requisito previo para el aprendizaje".

"Europa y sus universidades no pueden renunciar al liderazgo de la ciencia ni de los valores de libertad y justicia", ha declarado, al tiempo que ha subrayado que considera que España tiene "un papel principal" en la construcción de este continente pero también de nexo con Iberoamérica y África.

En este sentido, ha sostenido que las universidades españolas tienen un papel protagonista en la próxima década. Ramos ha incidido en que en el mundo hay más de 25.000 universidades y la probabilidad de que una persona nacida en España acabe estudiando en una de las mil mejores universidades es la tercera más alta del mundo.

"La URJC consiguió estar en este selecto club hace dos años. Conseguido este gran logro, nuestro nivel de ambición y el de profesores y resto de personal de la URJC ha dado un paso decidido al frente. No nos conformamos. Anunciamos hoy un nuevo nivel de ambición para nuestra Universidad: queremos servir más y mejor a nuestro entorno", ha declarado.

AYUSO LE DA LA ENHORABUENA POR SU TRABAJO

Por su parte, al tomar la palabra tras el rector, la presidenta de la Comunidad le ha dado la enhorabuena en nombre del Gobierno regional y de todos los madrileños. "Has renovado mandato como respuesta a tu gran trabajo al frente de esta universidad", ha señalado.

Ayuso ha puesto en valor que durante los últimos cuatro años Ramos, a quien avala "una brillante formación académica" como ingeniero de Telecomunicaciones, ha liderado "un esfuerzo en transparencia sin precedentes, que se ve reflejado en los ranking de transparencia" así como ha acercado a la URJC hacia a las primeras posiciones en "rendimiento académico o en calidad de sus títulos".

"Te conocemos por tu vocación, por cambiar las cosas desde tu circulo familiar, en el que me consta que te apoyas tanto, hasta toda la comunidad universitaria", ha trasladado. Para la dirigente madrileña, en esta universidad "ha escrito una página importante de la historia" de la región.

Ayuso, quien ha coincidido con el rector en criticar las 17 EBAU en España, ha señalado que la universidad tiene por delante unos retos "enormes" y ha dado su palabra que desde la Comunidad de Madrid van a trabajar a su lado, defendiendo una universidad "fuerte y comprometida" y apostando porque todos los alumnos "puedan llegar a lo más alto según su esfuerzo y su vocación".

Melilla vacunará esta semana a jóvenes de entre 22 y 29 años de edad. "Hemos entrado en una jornada histórica", ha afirmado el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE), quien prevé que la próxima semana vacunarán hasta jóvenes de 16 años, nacidos en 2005.

En rueda de prensa, Mohand ha explicado que este martes se han vacunado a los nacidos entre 1992 y 1995, es decir, entre 29 y 26 años de edad; el miércoles será el turno de los nacidos entre 1996 y 1998, es decir, entre 25 y 23 años de edad, y el jueves los nacidos en 1999, o lo que es lo mismo, los que tienen 22 años, todos ellos vacunados con Pfizer.

Asimismo, ha avanzado que la próxima semana "podría culminar, previsiblemente, con la vacunación de los jóvenes de 16 años, el límite que marca la estrategia de vacunación" ,ha subrayado el titular de Salud Pública, "algo que era inimaginable cuando comenzamos el 27 de diciembre porque este calendario estaba previsto para finales de verano".

MENORES DE 16 AÑOS

Mohamed Mohand ha señalado además que empezarán a vacunar a menores de 16 años cuando el Ministerio de Sanidad lo autorice "para asegurar una vuelta a clase como la conocíamos antes" de la pandemia.

El político socialista ha manifestado que estar vacunando a ciudadanos a edades tan tempranas antes de que comience julio "es una realidad con un calendario de vacunación bien gestionado, rápido, acertado, que ha animado a la gente a vacunarse".

El consejero ha señalado que, una vez que la próxima semana completen todas las edades, comenzarán con "las repescas", para que todos aquellos que no se hayan vacunado aún por el motivo que sea, ya sea laboral, personal, enfermedad o bien porque no querían en el momento que le correspondía, "podrán hacerlo durante la campaña de vacunación", que proseguirá, aunque se concluya con los grupos etarios, es decir, por franjas de edades.

El consejero, por último, ha anunciado que se han puesto con el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) por si quedan residentes por vacunar, para que lo hagan, al dejar claro que en los centros de vacunación no se está exigiendo ningún tipo de documentación ni de otro tipo para inocularse. "Se vacunarán en Melilla todos los que quieran", ha querido dejar claro.

Las plataformas de contenidos audiovisuales 'online' o servicio de video bajo demanda por retransmisión en directo y de intercambio de video deberán financiar a RTVE, lo que provocará que empresas como Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ o YouTube tengan que dedicar el 1,5% de sus ingresos en España a tal fin.

Así consta en la nueva versión del Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que ha sido modificado y se abre a una segunda audiencia e información públicas para que los agentes implicados propongan modificaciones hasta el próximo 12 de julio a las 9.00 horas.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales han detallado que la modificación "más relevante" del texto es el cambio de la Ley de Financiación de RTVE, que establece que su financiación se realice "con aportaciones de todos los agentes presentes en el mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia".

En esta línea, pasan a aportar a la financiación de RTVE los prestadores de vídeo bajo demanda y las plataformas de intercambio de vídeos, junto a la televisión lineal en abierto y la de pago. Deben realizar su aportación tanto aquellos que están establecidas en España como los que están establecidos en otro país de la Unión Europea siempre que ofrezcan sus servicios en España.

"Se da un paso más en esa propuesta, en esa idea de establecer un terreno de juego equilibrado para todos los actores del sector y que todos ellos tengan las mismas obligaciones", han defendido las fuentes de la Secretaría de Estado.

Asimismo, en el texto se habilitan nuevas fuentes de ingreso para RTVE, de modo que la empresa pública podrá obtener ingresos por ciertas formas de publicidad, por ejemplo, por patrocinios o por publicidad en sus canales internacionales y en los contenidos digitales.

También se permitirá la inserción de publicidad en los canales de RTVE en las plataformas de intercambio de vídeos generados por los usuarios o en las funcionalidades digitales que permitan el acceso a sus contenidos con posterioridad a su emisión lineal.

Otro aspecto relevante en este ámbito es que se suprime la aportación directa que realizan en la actualidad los operadores de telecomunicaciones. No obstante, seguirán contribuyendo a la financiación de RTVE de manera indirecta, a través del pago de la tasa por uso del espectro radioeléctrico que se eleva a 480 millones de euros al año.

La Ley de Financiación de RTVE, que entró en vigor en 2009, establece una tasa a los canales privados en abierto del 3% de sus ingresos brutos; a los de pago, del 1,5%, y a empresas de telecomunicación, del 0,9%. Ante la reestructuración de la tasa, las fuentes de la Secretaría de Estado han precisado que la previsión es que la financiación de RTVE se mantenga y que la Corporación "no va a estar infrafinanciada".

PROMOCIÓN DE OBRA AUDIOVISUAL EUROPEA

Por otro lado, el nuevo texto refuerza la promoción de obra audiovisual europea en obras de productor independiente, incrementando las obligaciones de inversión. Así, los prestadores que estén obligados deben cumplir las dos obligaciones, cuyos porcentajes no se suman entre sí.

La primera de estas obligaciones es destinar el 3,5% a obra audiovisual, en cualquier formato, de productor independiente que además deberá realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Este porcentaje supone un incremento respecto del 0,9% actual.

La segunda es que deben destinar el 2% a la financiación de cine de productor independiente que también deberá realizarse en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Esta obligación ya figuraba en el texto de la primera audiencia y supone un incremento respecto del 1,8% vigente.

Respecto a la definición de productor independiente, se mantiene la del texto sometido a primera audiencia, que considera productor independiente a todo aquel que no esté vinculado empresarialmente con un prestador de servicios de comunicación audiovisual obligado a cumplir con la obligación de financiación de obra audiovisual europea.

Igualmente, se recoge de forma explícita el respeto a la igualdad y la no discriminación por cuestión de género, al tiempo que se incorpora la promoción de códigos de autorregulación que protejan a los usuarios frente a contenidos que puedan atentar contra la dignidad de la mujer o fomenten valores sexistas, discriminatorios o estereotipados.

Asimismo, la nueva disposición adicional tercera prevé el fomento a la producción de obras audiovisuales dirigidas o producidas por mujeres a través de las convocatorias de ayudas con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual.

Por último, se ha incluido entre las medidas del Plan Trienal de Impulso del sector audiovisual contemplado en el artículo 149, el fomento y difusión de obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres.

FAVORECER LA ACCESIBILIDAD A LOS CONTENIDOS

Respecto a la accesibilidad a los contenidos audiovisuales, se incrementa el porcentaje de contenidos accesibles que tienen que garantizar los prestadores y se incluyen nuevos prestadores en esta obligación, como son los prestadores de televisión lineal de pago y los servicios a demanda.

En relación con la protección de los menores, se retoma la franja de protección reforzada de la tarde en el servicio de comunicación audiovisual televisivo en abierto, dado el reconocimiento y la extensión de su uso por parte de los usuarios.

En lo que se refiere a la publicidad de bebidas alcohólicas se prohíbe que se dirija específicamente a menores y dé la impresión de que su consumo contribuye al éxito social o sexual, o lo relacione con ideas o comportamientos que expresen éxito personal, familiar, social, deportivo o profesional.

El horario de emisión de publicidad en televisión de bebidas alcohólicas de menos de 20 grados se mantiene como en la legislación actual y podrá emitirse entre las 20.30 y las 5.00 horas. La publicidad de bebidas con más de 20 grados solo podrá emitirse en la franja de 1.00 a 5.00 de la madrugada, en línea con lo establecido para juego, esoterismo y paraciencias.

El Gobierno espera poder aprobar el Anteproyecto de Ley General de Comunicación audiovisual en Consejo de Ministros a finales de octubre o primeros de noviembre, para después proceder a su tramitación en el Congreso de los Diputados.

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado ha aprobado este martes la moción presentada el pasado mes de enero por el Grupo Parlamentario Socialista que insta al Gobierno a aprobar y poner en marcha este mismo año el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo.

Dicha Estrategia se aprobó en noviembre de 2015, por unanimidad de todo el arco parlamentario, con el objetivo de servir de marco de referencia para la definición de acciones estatales, autonómicas y locales que mejoren la calidad de vida de las personas en el espectro del autismo y de sus familias. El documento recoge 15 líneas estratégicas que, en el plazo de un año, deberían haberse concretado en un Plan de Acción con medidas y acciones concretas.

Autismo España lamenta que, "cinco años después, el desarrollo de ese Plan de acción está paralizado", pese a que la asociación viene trabajando con los diferentes Gobiernos que se han sucedido desde entonces. Sin embargo, no han logrado medidas concretas ni dotación presupuestaria. Por eso, añaden, "es tan importante esta aprobación para las personas con autismo y sus familias".

"La puesta en marcha del Plan de Acción de la Estrategia Española en TEA daría respuesta a una de las principales demandas del colectivo y del movimiento asociativo del autismo en general y permitiría empezar a desarrollarlo en coordinación con las administraciones autonómicas, Ministerios competentes y entidades representativas de familiares y personas con TEA".

POSICIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS

Desde el Grupo Socialista en el Senado, Estefanía Martín Palop ha hecho un llamamiento a la concienciación y a la inclusión de las personas con TEA, destacando las medidas llevadas a cabo por el actual Gobierno en relación con la discapacidad, a las que se sumaría la puesta en marcha del Plan de acción de la Estrategia Española en TEA.

Mientras, el Grupo Parlamentario Popular ha visto rechazada su enmienda de adición para impulsar las modificaciones legislativas indispensables para la protección efectiva de los derechos de las personas con autismo y desbloquear la proposición de ley de accesibilidad cognitiva que salió precisamente del Senado, y que actualmente está parada.

Por lo que respecta al Grupo parlamentario mixto, ha destacado la importancia de la atención temprana para los niños y niñas con diagnóstico de TEA, poniendo de manifiesto la disparidad en el acceso a los servicios que se produce entre los diferentes territorios, tomando como base los datos del reciente estudio publicado por Autismo España.

Desde Ciudadanos, por su parte, se ha hecho hincapié en la urgencia de la aprobación de este plan de acción, que ya lleva demasiado retraso, garantizando unos objetivos claros, una dotación de recursos suficientes y una buena coordinación con las administraciones implicadas.

Y por último, el Grupo Parlamentario Vasco también ha votado a favor, aunque se ha mostrado desfavorable a regular mediante una estrategia nacional una competencia que corresponde a las comunidades autónomas.

El Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla ha condenado al encargado de una tienda de animales de la ciudad hispalense, por un delito contra la protección de la flora, fauna y animales domésticos, al tener en su establecimiento un geco crestado, un geco diurno de Madagascar, un camaleón pantera, un águila de Harris, ocho serpientes pitón, un varano y una tortuga falsa mapa, sin cumplir los requisitos obligados respecto a estas especies por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y el reglamento de la Unión Europea de protección de la fauna y flora silvestres.

En esta sentencia, emitida el pasado 7 de junio, el Juzgado de lo Penal número 15 declara probado, por conformidad entre las partes del procedimiento judicial, que agentes de la Guardia Civil realizaron en enero de 2019 una inspección en la tienda de mascotas que regentaba el acusado, H.G.G., de unos 33 años, descubriendo los mismos que en este establecimiento de Sevilla capital había "para su venta hasta 14 animales de especies amenazadas".

Se trataba, en concreto y según la sentencia, de un geco crestado, un geco diurno de Madagascar, un camaleón pantera, un águila de Harris, ocho serpientes pitón, un varano y una tortuga falsa mapa.

Los ejemplares pertenecían a especies abarcadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y el reglamento de la Unión Europea de protección de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, toda vez que estos animales estaban en la tienda "en condiciones no apropiadas, por el incumplimiento del real decreto 7/2018 que establece los requisitos de documentación, tenencia y marcado de especies amenazadas de fauna silvestre", según la sentencia condenatoria.

En concreto, el acusado "carecía de documentación que acreditase el origen legal de los animales, que carecían a su vez de marcado, informe de cesión o, en su caso, de factura de compra con los datos de contacto de criador, nombre de la especie, fecha de nacimiento y origen, careciendo asimismo de certificaciones de la autoridad española administrativa del Ministerio de Comercio" encargada de aplicar la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, toda vez que "en algunos casos, pese a la tenencia de un número de permiso, el mismo no amparaba a los concretos ejemplares que poseía".

Y es que el la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres o convenio de Washington de 1973 estipula que las especies abarcadas por el mismo no pueden poseerse si no es con una autorización oficial que concede el Ministerio de Comercio.

Así las cosas, el acusado ha sido condenado por un delito contra la protección de la flora, fauna y animales domésticos a una multa de 1.200 euros y dos años de inhabilitación especial para empleo relacionado con los animales y del derecho de cazar o pescar.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la aprobación, este martes, de la Ley Trans en el Consejo de Ministros es una muestra" de la "fortaleza" del Gobierno de coalición y de que cuando "hay que negociar" y se producen "debates profundos" que duran "meses", los socios son capaces de "dialogar" y "cumplir" con el pacto de coalición. "Es un día histórico", ha agregado la ministra.

Montero ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, junto a su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo, para explicar el contenido de la norma que recoge los derechos específicos de las personas trans, y también medidas para garantizar los del colectivo LGTBI, así como su no discriminación.

La titular de Igualdad ha destacado que esta norma recoge la "libre determinación" de las personas trans con un sistema de doble comparecencia, "sin testigos", ni "pruebas"; así como su despatologización. Ambas medidas, ha señalado, eran reclamadas por el colectivo y por los principales organismos internacionales para "garantizar los derechos humanos".

El texto también incluye "una batería importante" en materia de derechos LGTBI, legisla "por primera vez" los derechos de las personas intersexuales, permite la filiación de un hijo a parejas de lesbianas o bisexuales sin casarse, el acceso a la reproducción asistida a lesbianas y personas trans con posibilidades de gestar o recoge sanciones frente a las discriminaciones a personas del colectivo, entre otras medidas, según ha apuntado la ministra.

UNA NORMA "MEJORABLE"

Aunque en su intervención ha señalado que se trata de un "buen texto legislativo" y considera que sitúa a España a "la vanguardia" europea en materia de derechos de las personas LGTBI, Montero también ha reconocido que se trata de una norma "mejorable, como toda ley" y, en este sentido, se ha referido al reconocimiento de las personas no binaries o a las garantías de derechos para las personas trans migrantes.

La titular de Igualdad ve posible mejorar la norma en estos y otros aspectos durante el trámite parlamentario en el Congreso y el Senado y, ha indicado, los grupos tendrán el "apoyo" del Gobierno en este proceso. A las formaciones en las Cámaras también les ha recordado la "urgencia" que supone poner en marcha esta ley, teniendo en cuenta la "realidad" de las personas trans.

La ministra ha recordado que ya pidió perdón ante la Cámara baja por la tardanza en la aprobación de la norma, entre otras cosas. Lo hizo después de que el texto no fuera tomado en consideración en la Cámara baja tras la decisión del PSOE de abstenerse.

UNA NEGOCIACIÓN "LARGA Y DIFÍCIL"

El cambio de posición de los socialistas antes esta ley, especialmente el de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, que ha sido crítica con la autodeterminación de género, ha sido una de las principales cuestiones que se ha trasladado a Montero durante la rueda de prensa.

La titular de Igualdad ha señalado que ha sido una negociación "larga y difícil", pero ha indicado que, en dichos encuentros, ha habido "muchos más momentos de acuerdo" que han permitido llegar hasta la aprobación de este martes y a un texto que "cumple con los estándares internacionales".

"Creo que es evidente que ha sido larga u difícil, pero también que ha dado sus frutos y por eso digo que muestra la fortaleza del Gobierno", ha declarado, para indicar que las posibles diferencias que había entre socios no ha "impedido trabajar" en la ley.

Montero también ha sido preguntada por la oposición que ha mostrado una parte del movimiento feminista hacia esta ley. En este sentido, ha señalado que, "siempre" que se aprueban leyes "de este calado", como "el aborto o el matrimonio igualitario" siempre se genera "debate social" e incluso "oposición", pero, a su juicio, "años después nadie se reconoce en oposición" a los textos porque son medidas que sirven para "mejorar la sociedad" y la "vida de las personas".

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 86 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas. Por provincias, Toledo ha registrado 42 casos, Ciudad Real 14, Guadalajara 11, Albacete 10 y Cuenca 9.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 196.178. Por provincias, Toledo registra 72.523 casos, Ciudad Real 47.587, Albacete 29.481, Guadalajara 26.895 y Cuenca 19.692.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 47.Por provincias, Toledo tiene 18 de estos pacientes (15 en el Hospital de Toledo y 3 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 13 (5 en el Hospital de Ciudad Real, 3 en el Hospital de Puertollano, 2 en el Hospital Mancha Centro, 2 en el Hospital de Tomelloso y 1 en el Hospital de Valdepeñas) y Guadalajara 8 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara).

De su lado, Albacete tiene 7 (3 en el Hospital de Almansa, 2 en el Hospital de Hellín y 2 en el Hospital de Albacete) y Cuenca 1 (ingresado en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 21. Por provincias, Toledo tiene 9 de estos pacientes, Guadalajara 5, Ciudad Real 3, Albacete 3 y Cuenca 1.

En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en Castilla-La Mancha. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.069.

Por provincias, Toledo registra 2.284 fallecidos, Ciudad Real 1.730, Albacete 886, Guadalajara 628 y Cuenca 541.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Cuatro centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De los cuatro centros, dos están en la provincia de Toledo, uno en Ciudad Real y uno en Albacete. Los residentes con caso confirmado son 11.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.049.

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado ha aprobado este martes por unanimidad una moción presentada el pasado mes de enero por el Grupo Parlamentario Socialista que insta al Gobierno a aprobar y poner en marcha este mismo año el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo.

Dicha Estrategia se aprobó en noviembre de 2015, por unanimidad de todo el arco parlamentario, con el objetivo de servir de marco de referencia para la definición de acciones estatales, autonómicas y locales que mejoren la calidad de vida de las personas en el espectro del autismo y de sus familias.

El documento recoge 15 líneas estratégicas que, en el plazo de un año, deberían haberse concretado en un Plan de Acción con medidas y acciones concretas.

Desde la confederación Autismo España advierten de que cinco años después, el desarrollo de ese Plan de acción está "paralizado" y han trabajado con los diferentes gobiernos que se han sucedido desde entonces, pero lamentan que aún no han logrado "medidas concretas ni dotación presupuestaria".

Por ello consideran tan importante la aprobación de esta moción porque "la puesta en marcha del Plan de Acción de la Estrategia Española en TEA daría respuesta a una de las principales demandas del colectivo y del movimiento asociativo del autismo en general".

Además, destacan que "permitiría empezar a desarrollarlo en coordinación con las administraciones autonómicas, ministerios competentes y entidades representativas de familiares y personas con TEA".

Durante el debate de la moción, desde el Grupo Socialista en el Senado, Estefanía Martín Palop ha hecho un llamamiento a la concienciación y a la inclusión de las personas con TEA, destacando las medidas llevadas a cabo por el actual Gobierno en relación con la discapacidad, a las que se sumaría la puesta en marcha del Plan de acción de la Estrategia Española en TEA.

Martín ha parafraseado al presidente de Autismo España en su última intervención en las Cortes, aludiendo a que las leyes son importantes, pero más importantes son aún las acciones políticas concretas que consiguen cambiar la vida de las personas.

La fundación Músicos por la Salud, en colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI), la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) y Es Música (Federación de la Música de España), ha solicitado a los Gobiernos y organismos sanitarios que sigan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de aplicar políticas que empleen las artes en el sistema sanitario.

Esta iniciativa pretende lograr el soporte de las administraciones que permita incluir a los intérpretes musicales en los entornos sanitarios, con el propósito de mejorar la experiencia y la calidad de vida de los pacientes, residentes y personal sanitario, así como complementar y humanizar los protocolos del tratamiento.

"Es muy interesante apoyar acciones como la de Músicos por la Salud, que permita mejorar las condiciones sanitarias de nuestros pacientes. En esta ocasión, aportando lo mejor de nuestra música, una vez hemos podido comprobar en un último año lo crucial y estratégico que es contar una sanidad sólida, sostenible y de calidad", ha comentado el director de Relaciones Institucionales de la SGAE, Iván García Pelayo.

Por su parte, la directora de Proyectos de Es Música, Lidia Gámez, ha subrayado la importancia de la música "para la salud y para despertar emociones, sobre todo en situaciones de especial vulnerabilidad, como es estar ingresado en un hospital". "La música nos devuelve la capacidad de sentirnos vivos", ha añadido Gámez.

El vicepresidente de AIE, Luis Mendo, ha declarado que, al margen "del indudable efecto terapéutico de la música", esta iniciativa a la que ha calificado de "impagable" significa "dar un paso más y poner en valor la actividad de los artistas, así como dignificar el trabajo de un colectivo que está atravesando momentos difíciles". "Ojalá iniciativa genere trabajo y dentro de un tiempo los músicos consigan plaza fija en los hospitales", ha concluido.

Por último, el presidente de Músicos por la Salud, Guillermo Giner, ha recordado cómo la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto la dureza que supone para las personas el aislamiento social en hospitales y centros sociosanitarios y cómo la música se ha mostrado como "una herramienta de cohesión". También ha animado a la ciudadanía a que respalde el proyecto para solicitar al Gobierno y a los organismos competentes que sigan la recomendación de la OMG e incorporen las artes en el sistema de salud.

Además, de la SGAE, AGEDI, AIE y Es Música, se han sumado también a la petición de la fundación Músicos por la Salud, entre otros, la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ACESEA), la Asociación Española Orquestas Sinfónicas (AEOS), Berklee College of Music, la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM), la Fundación Albéniz (Escuela Superior de Música Reina Sofía) y Melboss Music.

La petición cuenta ya con el apoyo de artistas como Álex Ubago, David Otero, Ismael Serrano, Efecto Mariposa, David Summers, Vega, Conchita, Daniel Marco (Despistaos), entre otros.

El 'macrobrote' de Covid-19 asociado a viajes de estudios a Mallorca suma un total de 656 afectados en la Comunidad de Madrid, con 593 estudiantes que han dado positivo y 63 casos secundarios que se han contagiado por contacto estrecho con los anteriores, según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Como consecuencia del mismo, además, hay 2.595 personas en cuarentena y una persona continúa hospitalizada. En concreto, se trata del padre de uno de los estudiantes.

De este modo, en el último día se han contabilizado un centenar más de estudiantes que han dado positivo, pasando de 493 a 593, mientras que se ha incrementado el número de contagiados secundario en una treintena, de 33 a 63. Además, al menos 21 estudiantes procedentes de la Comunidad de Madrid continúan aislados en Mallorca.

Los jóvenes, procedentes de 31 institutos madrileños, se alojaron en ocho hoteles de Mallorca entre el 18 y el 20 de junio y tuvieron "un programa de actividades con festivales y demás bastante intenso". Los estudiantes han admitido un "incumplimiento generalizado de la obligatoriedad del uso de la mascarilla".

La Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad acordó el pasado jueves que aquellas personas que estén o bien hayan participado en viajes de fin de curso a Mallorca sean considerados "contactos estrechos" tras los contagios detectados en las últimas horas.

El Govern balear ha comunicado que ha abierto expediente a los organizadores de un concierto de Reguetón en la Plaza de Toros de Palma e investiga a nueve hoteles por los brotes asociados a los viajes de fin de curso.

Además de Madrid, el 'macrobrote' afecta a jóvenes de otras siete Comunidades Autónomas: Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón.

El Ministerio del Interior está evaluando en la actualidad las peticiones de una docena de presos con expedientes en curso por reasignación de sexo, en aplicación de la instrucción 7/2006 de Instituciones Penitenciarias para internos transexuales. En este sentido, esperará a la aprobación definitiva de la nueva Ley Trans por si debe modificar los criterios de actuación en los centros penitenciarios.

La instrucción sobre 'Integración penitenciaria de personas transexuales' derogaba una anterior de 2001 sobre los criterios para ordenar el ingreso en las cárceles "en el marco de la separación interior que, por razón de sexo, establece el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/1979". La norma establecía como criterio el de la "identidad sexual aparente de estas personas, tomando en consideración sus caracteres fisiológicos y su apariencia externa".

En la etapa de Mercedes Gallizo al frente de Instituciones Penitenciarias se dictó un nuevo procedimiento para "hacer efectivos los criterios de acción positiva, como instrumento para avanzar en su integración social normalizada, dentro y fuera de los recintos penitenciarios".

Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran que el criterio con los presos transexuales que regula esta instrucción de 2006 se aplica en la actualidad a una docena de casos, de una población reclusa de 47.000 internos, bien porque habían iniciado el proceso antes de ingresar en el establecimiento, bien porque lo han solicitado una vez iniciado el cumplimiento de la condena.

Las citadas fuentes añaden que esperarán al desarrollo legislativo tras aprobar el Consejo de Ministros de este martes el anteproyecto de la nueva Ley Trans y de Igualdad LGTBI con vistas a actualizar la instrucción de 2006, si esto fuera necesario.

PRECEPTIVOS INFORMES MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS

"Podrán acceder a módulos y condiciones de internamiento adecuados a su condición las personas transexuales sin identidad oficial de sexo acorde con esta", recogía el texto aprobado en 2006, que añadía que esto se podía hacer "con los preceptivos informes de valoración médica y psicológica y el reconocimiento de la identidad psico-social de género".

La instrucción de 2006 autorizaba los cambios de módulos o centros penitenciarios para los internos 'trans' cuya identidad oficial de sexo no concordaba con su identidad psico-social de género, sin que este reconocimiento implicara el de una nueva identidad jurídica en el interior o exterior de las cárceles.

También se regulaba el "acceso a los servicios especializados de salud para el proceso de transexualización, en las condiciones establecidas para la ciudadanía por el servicio público de salud correspondiente", garantizando por ejemplo el tratamiento endocrinológico prescrito bajo supervisión médica periódica.

CACHEOS, ZONAS COMUNES Y CAMBIO DE NOMBRE

De esta forma, Instituciones Penitenciarias regulaba situaciones como los cacheos, que se hacen por "métodos electrónicos y, en todo caso, con respeto a la identidad de género reconocida", así como el acceso a las instalaciones de uso colectivo para "compatibilizar la protección de su derecho a la intimidad y del resto de personas que las utilicen".

"La Administración instará al empleo del nombre adecuado a su identidad de género", continuaba la instrucción de 2006, en vigor en la actualidad, "con exclusión de las de carácter oficial, incluida la documental, en que se seguirá empleando el nombre oficialmente acreditado".

Prisiones fija un plazo de 30 días desde la apertura del expediente de solicitud del interno transexual para emitir informe médico y psico-social, aunque la dirección del centro, previa motivación, puede ampliar el plazo. En el informe debe constar todo el proceso de transexualización y cualquier información relevante de su historia clínica.

La dirección del centro tiene a partir de entonces 15 días para resolver el expediente. En aquellos casos que no se apruebe el traslado a otro centro penitenciario, la instrucción obliga a "adoptar las medidas necesarias para garantizar una integración penitenciaria adecuada a su identidad de género".

El preso que cuente con una resolución negativa puede interponer recurso de alzada ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de otras acciones previstas en el ordenamiento penitenciario.