El portavoz adjunto de Exteriores del Grupo Popular, Pablo Hispán, ha denunciado este viernes el intento del Gobierno de «blanquear y avalar» en el Consejo de Europa los pasos que está dando para conceder indultos a los líderes del ‘procés’, abrir una mesa de negociación «política» con la Generalitat y reformar el delito de sedición. A su entender, el Ejecutivo está «internacionalizando su proceso de rendición del Estado de Derecho» y, con ese objetivo, ha buscado que le hagan un «informe a la carta».

Así se ha referido al documento redactado por el socialista letón Boris Cilevics, que se votará el próximo 21 de junio en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europea, en el que se aconseja a España que reforme el delito de sedición para que no parezca que se castiga la libertad de expresión como vienen sosteniendo los independentistas catalanes a raíz del juicio de los presos por el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017.

La conclusión del informe es que «la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal», pero al mismo tiempo se subraya que varios altos políticos catalanes fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos en apoyo del «referéndum inconstitucional» sobre la independencia de Cataluña.

«TRATAR DE BLANQUEAR LO QUE ES IMBLANQUEABLE»

En declaraciones, Hispán ha asegurado que el Gobierno está «internacionalizando su proceso de rendición del Estado de Derecho y ha buscado un socialista letón que le haga un informe a la carta para tratar de blanquear algo que es imblanqueable, que es la negociación política, la reforma del Código Penal y los indultos».

Ante la posibilidad de que ese documento vaya a contar con el apoyo del PSOE en el Consejo de Europa, el diputado del PP por Granada ha señalado que este viraje es «el mismo» que ha hecho Pedro Sánchez porque hace dos años en la campaña electoral prometió «traer a Carles Puigdemont a España y reformar el delito de referéndum ilegal».

Y en este momento, ha proseguido, el presidente del Gobierno trata de «indultar» a los condenados por el ‘procés’, «blanquear» lo que hicieron y «buscar una negociación política con los independentistas». Según ha reiterado, es «todo lo contrario de lo que había dicho» en 2019.

«Lo que está haciendo el Gobierno es lo mismo que hizo con la doctrina Parot en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, buscar la internacionalización del proceso y una especie de pista de aterrizaje para hacer todos los cambios y todas las modificaciones, tanto vía indultos como vía reformas legislativas», ha abundado.

CRITICA LAS «MANIOBRAS» DE EXTERIORES

El dirigente ‘popular’ ha criticado que el Ministerio de Exteriores esté «maniobrando» y «moviéndose activamente para intentar doblegar el Estado de Derecho en España, utilizando todos los recursos e instrumentos para ello, tanto políticos como diplomáticos».

Ante ese debate y votación del informe que se celebrará el día 21 en Estrasburgo, Hispán ha recalcado que el Partido Popular dejará claro que el Gobierno de Mariano Rajoy «actuó perfectamente» y se «reaccionó ante un golpe de Estado», por lo que ahora «los indultos no pueden ser una puerta de atrás para el Estado de Derecho».

El parlamentario ‘popular’ ha recalcado que su formación no va a cejar en el intento de denunciar «todo lo que está haciendo el Gobierno en contra del Estado de Derecho en España» al tratar de «blanquear y avalar» los pasos que está dando Pedro Sánchez en su negociación con los independentistas.

Hispán ha indicado que, aunque el informe reconoce que en España hay un «Estado de Derecho que funciona», lo que no se puede hacer es «establecer una hoja de ruta favorable a los intereses de los independentistas y de Pedro Sánchez». «Esa conjunción que ahora se llama mesa de negociación política», ha apostillado.

EL DOCUMENTO DE VENDRELL MUESTRA QUE TODO ES UNA «MASACARADA»

Además, ha subrayado que se puede olvidar que, «precisamente porque hubo un Gobierno del PP que se negó a dialogar y discutir sobre la unidad de España, se organizó un golpe de Estado». «Y eso es lo que ahora mismo el señor Pedro Sánchez ha aceptado y además vemos cómo los independentistas siguen en la hoja de ruta unilateral», ha enfatizado, después de que se haya conocido que la Guardia Civil intervino en octubre de 2020 la hoja de ruta de ERC para forzar los indultos y reactivar la vía unilateral.

«Las informaciones que hemos conocido en la prensa del señor Vendrell –exsecretario de Organización del partido y unos de los líderes del ‘procés’ en la sombra del 1-O– muestran que esto es todo una mascarada, que todo es una inmensa mentira», ha aseverado.

Hispán, que era hasta ahora jefe de gabinete de Pablo Casado, ha desembarcado este mismo mes de junio en la portavocía adjunta de Exteriores en el Congreso del Grupo Popular y estará al frente del área internacional que supervisará los fondos de reconstrucción europeos.

El Gobierno está «relativamente satisfecho» con los resultados que está dando la diplomacia discreta adoptada para resolver la crisis con Marruecos, según han señalado este viernes fuentes diplomáticas, que sin embargo señalan que no habría habido ningún contacto entre los ministros de Exteriores de los dos países.

Desde el estallido de la crisis con Marruecos, inicialmente por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por motivos humanitarios y que Rabat ha reconocido posteriormente que está relacionada con el Sáhara Occidental, el Gobierno ha venido amparándose en la discreción en sus contactos para resolverla, sin entrar en detalles sobre con quién se estaba hablando.

«Estamos relativamente satisfechos y por eso vamos a seguir manteniendo esta línea», han aseverado fuentes diplomáticas, que sin embargo han reconocido no tener constancia de que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, haya hablado con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en las últimas semanas.

El deseo es «normalizar» la relación cuanto antes partiendo eso sí de la premisa de que «la posición de España respecto al Sáhara no ha cambiado ni va a cambiar», han señalado las fuentes. Esto es lo que desearía Marruecos, que quiere que se sigan los pasos de Estados Unidos que, con Donald Trump al frente, el pasado diciembre reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

El Gobierno, han insistido las fuentes, ha mantenido la coherencia desde el inicio de la crisis con el país vecino, incidiendo en que su resolución requiere de las dos partes y recordando a Rabat que los dos países tienen una «relación estratégica» en numerosos ámbitos y que España es clave en su relación con la UE.

En este sentido, ante el malestar expresado por Rabat a la resolución aprobada por la Eurocámara, las fuentes han recordado que esta institución tiene la potestad de aprobar los textos que considere oportunos.

Asimismo, han descartado la acusación por parte del Gobierno marroquí de que España está buscando «europeizar» la crisis, insistiendo en que Ceuta es territorio español y por tanto comunitario y dado que España es miembro de la UE prácticamente todas las cuestiones que tenga con países vecinos también tienen carácter europeo.

Por último, en cuanto a la posibilidad de abandonar la excepcionalidad prevista para Ceuta y Melilla dentro del espacio Schengen, planteada la víspera por el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, durante una visita a la primera, las fuentes han aclarado que esta es «una opción entre varias» que el Gobierno está barajando.

«No hay una decisión tomada», han recalcado las fuentes, considerando por tanto prematuro evaluar los efectos que de aplicarse pueda tener. En virtud de esa excepcionalidad, los residentes en las provincias marroquíes de Nador y Tetúan no necesitan visado para entrar en las dos ciudades autónomas, cosa que sí sucede para el resto de marroquíes o para aquellos que viajen al resto del territorio español.

Un total de 41 menores han sido asesinados en España por la violencia de género desde 2013, año en el que se empezaron a contabilizar de forma oficial estos datos. En lo que va de año, el Gobierno cuantifica oficialmente, 3 asesinatos, entre los que se incluye el de Olivia, una de las menores de Tenerife secuestradas por su padre hace más de un mes, y está a la espera de conocer el paradero de su hermana pequeña Ana.

Desde agosto de 2015, con la puesta en marcha la Ley de la Infancia y la Adolescencia, se comenzó a considerar a los menores expuestos a la violencia de género como víctimas de esta lacra. Para ello, la norma incluyó reformas en hasta una veintena de reformas que implicaban al Código Civil, la Ley de Seguridad Social o la Ley de Extranjería, entre otras.

Sin embargo, los datos oficiales de asesinatos ya se venían recogiendo desde dos años antes. En 2013 fueron 6 los menores asesinados por las parejas o exparejas de sus madres, una cifra que descendió a 4 un año después y se elevó a 5 en 2015.

En 2016, por su parte, se registró una muerte de un menor por violencia de género y en 2017 se contabilizó el número más alto, hasta ahora, en este sentido: 8 niños fueron asesinados por violencia de género en España ese año. En 2018 fueron 7 los niños asesinados, mientras que en 2019 y 2020 se registraron 3 víctimas, en cada uno de esos años.

También son tres los menores víctimas de esta lacra que se han contabilizado hasta el momento en lo que va de 2021, después de que este jueves se haya encontrado el cuerpo de una de las menores de Tenerife secuestradas desde hace más de un mes por su padre, durante el régimen de visitas. La Guardia Civil sigue buscando a su hermana en la costa de la isla canaria.

UNA MENOR DE 11 AÑOS Y UN NIÑO DE 7

Además, 9 de marzo una niña de 11 años fue asesinada a tiros por su padre en Madrid, después de que el hombre intentara incendiar la casa en la que estaban la menor y su madre (que también fue asesinada); mientras que el pasado 17 de mayo un niño de 7 años fue asesinado, también junto a su madre, en Mallorca. La mujer había denunciado en dos ocasiones a su presunto agresor.

«No hay palabras para acompañar a Beatriz en estos momentos de terrible dolor. Esta violencia que se ejerce contra las mujeres madres para golpear donde más duele es una cuestión de Estado. Estamos aquí para lo que sea necesario. No más», ha escrito en su cuenta de Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, en referencia a la madre de las menores de Tenerife.

La violencia que se ejerce contra las mujeres a través de sus hijos, de la que habla la titular de Igualdad, es conocida como violencia vicaria y es considerada un tipo de violencia machista.

CONCIENCIACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA VICARIA

Tal y como ha explicado el exdelagado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, es un ejemplo de lo que se conoce como «violencia extendida» y no se produce solo con el asesinato de los menores, sino que durante el periodo anterior al crimen, el agresor utiliza a los niños para tener el «control y dominio», en este caso de la mujer.

Lorente ha recordado que, desde que se tienen datos, hay una media de cinco niños al año que son asesinados por la violencia vicaria y cree que la sociedad necesita «tomar conciencia» de estos datos y esta situación para conseguir ser «coherentes» con esta violencia.

«Cuando un hombre entra en un bar y agrede a alguien y después a las dos personas que intentan separarlo, se le condena por agredir a tres personas», ha señalado el exdelegado de Gobierno, antes de apuntar que cuando se condena a un hombre por violencia de género solo se le atribuye maltrato a la mujer y no hacia sus hijos.

En este sentido, también ha indicado que, si se está negando la violencia de género, «como hace la ultraderecha», hay que pensar en lo olvidada que puede estar aquella que sufren sus hijos.

Entre los casos más conocidos de esta práctica, están el de José Bretón, que asesinó a sus hijos, de dos y seis años de edad, tras la separación con su mujer; o el de Ángela Carreño, que tras denunciar por maltrato a su marido en 51 ocasiones, este asesinó a la hija de ambos, de 7 años, de un tiro, durante el régimen de visitas.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de dos años y seis meses de prisión impuesta el pasado febrero por la Sección Primera de la Audiencia Provincial a un acusado que abusó sexualmente de una menor de 8 años que estaba al cuidado de su esposa.

Además de la pena de cárcel, la Sala también ha ratificado el resto de penas impuestas por la Audiencia: tres años y nueve meses de prohibición de acercamiento y comunicación, cinco años de libertad vigilada y 12.000 euros de indemnización para la víctima, ha informado el TSJN en un comunicado.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, los magistrados del TSJN dan por reproducidos los hechos probados por la Sección Primera de la Audiencia. Desde abril de 2018 hasta la fecha de los hechos, la niña pernoctaba de domingo a jueves en el domicilio que su cuidadora compartía con su esposo en una localidad de la merindad de Sangüesa.

Sobre las 22 horas del 13 de mayo, el procesado, de 63 años, se dirigía a su dormitorio, situado en la primera planta de la vivienda, cuando al pasar por la habitación que ocupaba la niña, esta le llamó para que le acercara la mochila del colegio.

«El acusado acercó la mochila a la menor y, tras sentarse en la cama junto a ella, que permanecía tumbada, mientras repasaban las multiplicaciones, comenzó a tocarle la zona genital externa sobre la ropa, y, tras bajarle el pantalón del pijama, le chupó dicha zona», según consideró probado la Audiencia.

La niña se dirigió a la planta baja a hablar con su cuidadora, a la que contó lo ocurrido. La esposa no le creyó, y su marido negó los hechos.

A la mañana siguiente, ya en el colegio, la niña le narró lo ocurrido a su tutor, quien llevó a la menor al despacho de la orientadora. Allí la víctima volvió a relatar, en esta ocasión por escrito a petición de la orientadora, los abusos sufridos. Como secuelas, la menor, que manifestó malestar emocional relacionado con los hechos, ha precisado de tratamiento psicológico.

La defensa recurrió la condena ante el TSJN, mientras que el Ministerio Fiscal y la acusación particular abogaron por la confirmación de la sentencia.

En su recurso, la defensa alegó error en la valoración de la prueba al entender que el testimonio de la menor no podía constituir prueba de cargo suficiente para anular la presunción de inocencia.

Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN confirma la valoración de la prueba testifical realizada por la Sección Primera de la Audiencia. Asimismo, el Tribunal descarta igualmente la existencia de una motivación espuria en las manifestaciones de la víctima.

Para los magistrados, «la persistencia en la incriminación resulta innegable en este procedimiento», ya que la niña relató lo sucedido a distintas personas, en concreto a su profesora, a la orientadora del centro escolar, a la doctora del centro de salud, a su padre, a su madre y a la psicóloga forense, «e incluso lo recogió por escrito a solicitud de la orientadora del colegio, sin que se aprecien variaciones sustanciales».

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a la acusada V.C.L. a 11 años tres meses y un día de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa al intentar matar de varias puñaladas a su expareja en Ciudad Real.

Según los hechos probados de la sentencia, la procesada y el denunciante, C.E.G.P., habían mantenido una relación sentimental análoga al matrimonio durante 13 meses hasta febrero de 2018 cuando cesó tanto la convivencia que mantuvieron en un piso de Ciudad Real como la relación sentimental.

Fruto de esa relación nació un hijo en común y el menor quedo bajo la guarda y custodia de hecho de la acusada, conviviendo con la misma en el indicado domicilio. Las visitas se desarrollaban en el domicilio familiar en el que convivió la pareja.

Así, el fallo señala que con fecha 8 de febrero de 2018, el denunciante presentó en sede judicial demanda sobre la guarda, custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos contra la procesada, siendo admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Ciudad Real con traslado de la demanda a la demandada para contestar a la misma.

Con todo, sobre las 20.30 horas del día 6 de abril de 2018, C.E.G.P. llegó al que fue domicilio familiar para visitar a su hijo, como había ocurrido en veces anteriores dada su corta edad, y una vez allí, se suscitó entre la expareja una fuerte discusión a causa de la demanda civil antes reseñada, en el transcurso de la cual, la acusada se dirigió al interior de la cocina, cogiendo un cuchillo de grandes dimensiones y se dirigió donde se encontraba la víctima.

Con ánimo de acabar con su vida y, sorpresivamente, sin posibilidad de defensa alguna por parte de este, al encontrarse de espaldas a su atacante, le propinó una fuerte puñalada por la espalda a la altura del reborde interno de la escápula izquierda que penetró hasta la pleura pulmonar ocasionando un neumotórax con colapso pulmonar, potencialmente mortal de no haberse actuado con asistencia médica inmediata, reza la sentencia.

Acto seguido y tras producirse ese primer apuñalamiento, C.E.G.P., poniéndose de frente a la acusada, recibió de esta, con idéntico ánimo, una segunda puñalada dirigida a la zona del pecho que el denunciante logró desviar impactando en la cara anterior del tercio superior del brazo izquierdo.

Tras esta segunda puñalada se inició un forcejeo en el que el denunciante trató en todo momento de arrebatar, sin éxito, el cuchillo a la acusada, cayendo ambos al suelo.

En el curso de este forcejeo la acusada profirió una tercera puñalada a la víctima en la cara posterior del antebrazo derecho a la altura del codo derecho. De igual modo y como consecuencia de coger el filo del cuchillo con su mano derecha, C.E.G.P. sufrió heridas defensivas en zona palmar derecha y en varios dedos.

El PP de Galicia estará representado el domingo en la manifestación contra los indultos a los líderes del procés que se celebrará en la Plaza de Colón de Madrid. Será a través de su secretario general, Miguel Tellado, y del presidente de Novas Xeracións (NN.XX.), Adrián Pardo, toda vez que el líder de la formación y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá alegando un viaje para reunirse con el papa Francisco el lunes.

En su habitual rueda de prensa de los viernes, Tellado ha negado que haya «ningún tipo de tibieza» en los populares gallegos al condenar la intención del Gobierno central de conceder esos indultos: «Estamos tan comprometidos como los demás». Así, más allá de su presencia y la del presidente de NN.XX., ha destacado que el partido desarrollará actividades «en distintas plazas gallegas» para el domingo, coincidiendo con la concentración en Madrid.

Eso sí, preguntado por la ausencia no solo del presidente gallego, sino también por la de otros ‘barones’ territoriales como Juan Manuel Moreno (Andalucía) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), el secretario general del PPdeG ha descartado que sea algo llamativo: «Estamos saliendo a las calles diariamente a conseguir firmas» contra los indultos.

«Si a usted (se dirige al periodista) le parece poco que el ‘número dos’ del PP de Galicia acuda a la cita de Colón, pues no le puedo hacer nada más», ha insistido, al tiempo que ha defendido que las recogidas de rúbricas las promueven las direcciones «autonómica, provincial y local».

Aunque ha dicho desconocer la cifra de firmas que llevan hasta el momento, Tellado sí ha afirmado que la respuesta de la ciudadanía «está siendo mayoritaria en las ciudades». «La gran dificultad que encontramos es decirle a la gente que respete las distancias», ha añadido.

«NO VA DE FOTOS»

Asimismo, sobre si evitará una foto con representantes de Vox el domingo, el secretario general del PPdeG ha insistido en que la protesta del domingo «no va de fotos», sino «de cumplir la ley y no retorcerla para los intereses de ningún partido» y en contra del «sentir mayoritario de la sociedad española».

Junto a esto, ha recordado que la concentración está convocada por la plataforma Unión 78, no por ningún partido, por lo que se puede sumar a ella «quien quiera». «Creemos que es una obligación de todos los demócratas levantar la voz contra lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez», ha recalcado.

Precisamente, el ‘número dos’ de los populares gallegos ha avanzado que llevarán una iniciativa en contra de los indultos al Parlamento de Galicia para buscar que la oposición –BNG y PSdeG– se «retrate» ante un tema que «preocupa mucho al Partido Popular, a todos los gallegos y al conjunto de españoles».

Desde Galicia vivimos con preocupación cómo Cataluña, que fue un modelo de desarrollo territorial y de progreso, se sumía cada vez más en un conflicto social que dividió familias y radicalizó a la sociedad catalana y a su economía«, ha explicado.

SÁNCHEZ «VENDIÓ A ESPAÑA»

Tellado ha recalcado que la «farsa de referéndum constitucional» del 1 de octubre de 2017 terminó con los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición, desobediencia y por malversación al destinar el dinero «de todos los contribuyentes para cometer sus delitos».

Por eso, ha lamentado que el propio Pedro Sánchez asegurase en campaña «que jamás indultaría a los condenados», que «declararía delito» la convocatoria ilegal de un referéndum y que «traería de vuelta» al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont «para ser juzgado». «Pero todo cambió cuando necesitó de los independentistas para gobernar España», ha esgrimido Tellado.

Y es que, para el secretario general del PPdeG, Sánchez es un presidente que «puso en venta» la Constitución y «los principios más básicos» de la democracia española: «Un presidente que vendió a España, y por tanto a Galicia, a cambio del poder y de unas semanas más o unos meses más en el palacio de La Moncloa».

«Después de esto, será mucho más fácil para Junqueras conseguir un indulto político de Sánchez que para Pedro Sánchez conseguir un indulto electoral del conjunto de españoles», ha advertido Tellado.

INICIATIVA EN EL PARLAMENTO

En este contexto, el PPdeG ha registrado una proposición de ley en el Parlamento de Galicia para que la Cámara manifieste su rechazo a estos indultos y el BNG y PSdeG «demuestren si están de lado de la Constitución o de los independentistas».

«Si están del lado de la justicia o de las corruptelas y de los favores políticos que intenta impulsar Pedro Sánchez. Si están del lado de los gallegos o del lado del mandato de Pedro Sánchez», ha enumerado.

Con todo, Tellado ha dicho que «ya conoce la respuesta», puesto que el PSdeG-PSOE es «un satélite» de Ferraz sin «autonomía ni interés en representar la voluntad de los gallegos; y el BNG está «radicalizado» y «copia de los independentistas catalanes la hoja de ruta de la confrontación social».

El juez que instruye el caso ‘Popular’ ha acordado citar en calidad de imputados tanto al que fuera director financiero de la entidad en 2016 cuando se produjo la ampliación de capital, Francisco Sancha, como al director de Cumplimiento Normativo en ese momento, Juan José Rubio.

En un auto de 9 de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, indica que dado que Sancha tuvo ese cargo durante la ampliación de más de 2.500 millones de euros «participó» en consecuencia en la ponderación de las estimaciones de capital que precisaba Banco Popular.

Indica el magistrado que Sancha formaba parte del comité de dirección y era vocal del comité de riesgos por lo que «es verosímil que conociera e incluso alentara la concesión de financiación a cierto perfil de clientela para que participaran en la ampliación de capital».

Con estas nuevas citaciones, programadas ambas para el 29 de junio, la Audiencia Nacional quiere seguir profundizando en ese hito de la causa. Una de las líneas de investigación gira en torno a si el Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para que acudieran a esa ampliación de capital de mayo de 2016, que fue por más de 2.505 millones, y si «de forma deliberada no la restó del capital regulatorio».

ADVIRTIÓ A LA OFICINA DEL CONSEJERO DELEGADO

Sobre Rubio Fernández, el magistrado indica que con fecha de 2 de octubre de 2017 los vicesecretarios del Consejo de Administración del Popular remitieron un informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que advertían de que el director de Cumplimiento Normativo había manifestado que tuvo constancia de que se estaba financiando la adquisición de acciones.

Ese informe apuntaba además que Rubio Fernández lo puso de manifiesto a la Oficina del Consejero Delegado, «sin que se adoptara ninguna decisión para evitar dicha financiación o para, en su caso, transmitir las instrucciones precisas a Intervención General para que el importe que correspondiera fuera deducido del capital regulatorio de la entidad de acuerdo con la normativa vigente».

Por eso, el juez cree que su declaración como investigado deviene necesaria para que explique su intervención en esa ampliación como ‘compliance officer’, habida cuenta del «comportamiento presuntamente anómalo» del Popular. El juez rebaja no obstante el peso de su citación como investigado, ya que apunta que tras escucharle ponderará su estatus procesal, y puede que lo transforme en testigo.

En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución de la entidad, una que abarca las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital, y otra que atañe a las filtraciones a prensa de un año después y que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha defendido hoy un concierto económico en todo el «ámbito autonómico» y advierte de que lo que no se puede hacer es «generalizar la desigualdad».

Así se ha pronunciado Puig en una entrevista en Onda Cero donde ha afirmado que le gustaría que «Cataluña estuviera sentada en la mesa multilateral sobre el modelo de financiación (autonómica) y que esté en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes».

A este respecto ha afirmado, sobre una posible expansión del concierto económico, que si «el modelo de financiación futuro pasa por traer el Concierto a todo el ámbito autonómico, perfecto, lo que no se puede es generalizar la desigualdad».

El presidente valenciano también ha afirmado que los indultos a los políticos presos por el ‘procés’ catalán «no van a solucionar nada de manera inmediata, pero es un mensaje positivo para la sociedad catalana».

Puig ha apostado por tener «lealtad y confianza en el gobierno», y ha incidido en que él defendió la postura que le trasmitió el Ejecutivo de Rajoy ante el Comité de las Regiones pese a no estar de acuerdo.

VE LOS INDULTOS DE UTILIDAD PÚBLICA PARA FAVORECER EL ENCUENTRO

Respecto a los presos, el dirigente valenciano ha incidido en que llevan «un tiempo en la cárcel y hay que actuar por utilidad pública», por lo que se ha posicionado a favor de los indultos «si esto favorece un encuentro para este desencuentro».

«Otras vías de respuesta ya sabemos dónde nos han conducido. La foto de pasado mañana no es la mejor vía para el reencuentro», ha agregado en referencia a la concentración que se celebrará el domingo en la Plaza de Colón, convocada por una plataforma cívica pero a la que han confirmado su asistencia los líderes de PP, VOX y Ciudadanos.

En este sentido, ha considerado que «se ha visto que, frente a una actuación, hay un resultado» y ha agregado que «si alguien incumple el estado de derecho, hay que castigarlo: el espacio de la justicia hay que garantizarlo, pero ahora toca el espacio de la política».

NO VE A PUIGDEMONT EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN: ES ENTRE GOBIERNOS

Puig ha recordado que «ha habido pena y cumplimiento de la pena». «No critico las sentencias, pero esto es una gracia del gobierno para facilitar situaciones de reencuentro», ha agregado.

En este sentido, ha incidido en que el diálogo «no está condicionado» a los indultos, pero sirven para «facilitarlo». «Si al general Armadas se le pudo indultar, a los presos de Cataluña también se le puede indultar», ha añadido.

Preguntado respecto al expresident Carles Puigdemont, ha señalado: «De momento van a hablar los gobiernos, y ese es el planteamiento. El señor Puigdemont no está». «Hay una diferencia, uno huyó y los otros se quedaron a asumir su responsabilidad», ha agregado.

«Yo respeto absolutamente a la gente que está en contra de los indultos como me gustaría que me respetaran a mí. Nadie por defender la posición que yo no defiendo es facha, ni yo soy un bolivariano», ha defendido Puig, quien también ha considerado conveniente que de alguna manera se «desdramatice toda la tensión política que existe».

Según ha señalado Puig, «España no es Madrid. Si somos capaces de rebajar el tono de los debates, funcionaría mejor el país». «Aquí no se trata ni de estigmatizar, ni de fanatizar ni estar en posiciones irreconciliables», ha agregado.

La Fundación Villacisneros ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los actos de homenaje al etarra Txabi Etxebarrieta que tuvieron lugar en Bilbao el pasado 6 de junio por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.

«No vamos a permitir que se reiteren los homenajes a terroristas y tampoco que sus organizadores intenten sortear la ley con engaños para quedar impunes», ha dicho en un comunicado.

Tanto la Fundación Villacisneros como la Asociación Dignidad y Justicia denunciaron la convocatoria de los actos previstos en las calles de Bilbao y en el cementerio de Derio.

Según ha explicado la fundación, los convocantes, que habían anulado las convocatoria iniciales tramitadas en el Ayuntamiento de Bilbao ante dicha denuncia, finalmente realizaron los actos de homenaje en la calle en vez de en locales municipales.

«Una treta que no puede quedar impune, pues pudo verse cómo jaleaban al terrorista por el casco viejo de Bilbao y posteriormente llevaban flores y bailaban un ‘aurresku’ ante su tumba en el cementerio de Derio», ha indicado.

La Fundación Villacisneros ha defendido que, a pesar de que «se respira un ambiente en el que este tipo de actos son disculpados o no se les presta mayor importancia», «cumplir la ley sigue siendo necesario y las víctimas del terrorismo no pueden ser humilladas impunemente».

«Las leyes de protección de las víctimas del terrorismo dicen que los poderes públicos deben evitar y perseguir estos actos y, si por razones políticas no lo hacen, nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir cumpliendo nuestro compromiso con ellas para que la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia no sean papel mojado», ha afirmado.

Además, ha considerado que, «cuando todavía quedan más de 300 asesinatos de ETA sin autor conocido, resulta vergonzoso que, debiendo evitar los homenajes, los responsables del Gobierno vasco se limiten a contemplar el desarrollo de estos actos delictivos con la pasividad propia de un mero espectador».

«Estamos seguros de que, si el homenajeado no hubiera sido un terrorista independentista, su comportamiento habría sido distinto», ha señalado, expresando su deseo de que «esta denuncia sirva para que en el futuro abandonen la equidistancia que les caracteriza en esta materia».

DENUNCIA DE DIGNIDAD Y JUSTICIA

La Asociación Dignidad y Justicia presentó un escrito a la Audiencia Nacional para que prohibiera los homenajes a Etxebarrieta programados los días 4 y 6 de junio en Bilbao, al ver en ellos presuntos delitos de enaltecimiento al terrorismo y de humillación y menosprecio a las víctimas del terrorismo y sus familiares.

Sin embargo, el Juzgado Central de Instrucción Número 4 que dirige José Luis Calama rechazó la petición al entender que en este caso no había constancia alguna que permitiera sostener, «con la exigencia que en Derecho se requiere para poder restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos», que se fuera a cometer un delito.

El juez recalcó que debía ser «la autoridad gubernativa competente, en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad», quien determinara si la convocatoria denunciada se ajustaba a la normativa para su celebración.

Con todo, optó por no prohibir los homenajes a Etxebarrieta, «sin perjuicio de que, si en el control y seguimiento de la manifestación anunciada se produjeran actos que pudieran constituir ilícitos penales, se proceda a identificar y, en su caso, detener a sus autores e instruir las correspondientes diligencias».

En este sentido, la Asociación Dignidad y Justicia ultima una querella por presuntos delitos de enaltecimiento de terrorismo por los actos celebrados en memoria del etarra en Bilbao y otros puntos del País Vasco durante esos días.

La ministra de Derechos Sociales y aspirante a liderar Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este viernes que el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Pablo Echenique, es «imprescindible» para su proyecto, zanjando así que se vaya a retirar de la política pronto.

El propio Echenique ha querido aclarar en redes sociales, tras una entrevista radiofónica en la que decía que no iba a tardar mucho en volver a su profesión anterior a la política, que la decisión de volver a presentarse a las listas de cara a las próximas elecciones de 2023 «ni siquiera pensada ni hablada», aludiendo con ello a que sus planes no pasan ahora por dejar la política.

Durante un acto de su candidatura para la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación, la ministra ha querido agradecer «especialmente» al portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja que le acompañe en el número siete de su lista al Consejo Ciudadano estatal de la formación morada.

Además, le ha trasladado que sabe muy bien Echenique es «absolutamente imprescindible» por el «tamaño» de los «ataques furibundos del acoso mediático y judicial» que ha recibido, al igual que ocurrió a su juicio en el pasado con el éxlíder del partido Pablo Iglesias.

«Pablo (Echenique) eres imprescindible en este proyecto y sabes que si pretendes volverte a tu trabajo, te perseguiré en la retirada y te traeré de vuelta», ha exclamado Belarra provocando, con estas palabras, la sonrisa del diputado.

Esta mañana y durante una entrevista a Aragón Radio, Echenique ha generado revuelo al señalar que no tardará «mucho en volver» a su profesión porque es un «defensor» de que no se debe estar «mucho tiempo en política», agregando que aún no había pensado sobre si iba a repetir en la candidatura de Unidas Podemos para las generales.

Posteriormente, Echenique ha escrito en redes sociales para ironizar de que algunos analistas ya estén hablando de que deja la política. «Me preguntan en una entrevista si me voy a volver a presentar. Contesto que eso no está ni siquiera pensado ni hablado y ya tenemos a la tertulianez diciendo que dejo la política. Detecto ciertas ganas de que me vaya entre los poderes mediáticos», ha recalcado en un mensaje en Twitter.

Los estatutos de Podemos establecen una limitación de 12 años de mandado para cargos públicos e internos, salvo que de excepcionalmente los inscritos voten prologar ese mandato más tiempo.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha explicado este viernes que en estos momentos se permiten las visitas con «total normalidad» a las residencias de mayores, pero ha señalado que, aunque son «sensibles» a la petición de las familias de permitir el contacto físico, sigue sin estar permitido al igual que para la población general porque, ha recalcado, «no se puede exceptuar precisamente al colectivo más vulnerable».

Oltra, en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el pleno del Consell, ha se ha referido así a las críticas de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE) porque su departamento haya desestimado todas las propuestas de flexibilización de las medidas anticovid que había solicitado en los centros de mayores.

Al respecto, ha explicado que con la incidencia acumulada actual de la Comunitat Valenciana, por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, la resolución establece que en los centros libres de covid «el régimen de visitas se mantendrá con normalidad». Por ello, ha apremiado a Aerte a que si conoce de algo caso que no se cumple y es asociado suyo que le recuerde la normativa y si no lo es, que lo comunique a la Conselleria y «la Conselleria actuará».

Otra cosa, ha aclarado, es que se mantiene la obligatoriedad de mantener la distancia y «no se puede alterar esa normativa porque dependen de las autoridades sanitarias, que saben lo que se debe hacer en cada momento». «El contacto físico se permitirá en cuanto la Conselleria de Sanidad lo autorice», ha garantizado.

En esta línea, ha subrayado que se aplica la «misma normalidad» en las residencias que tiene la población general porque, ha apuntado, «no tiene sentido que una persona mayor que vive en su casa tengan unas restricciones y en una residencia no se cumplan», cuando además en los centros los usuarios también salen y entran trabajadores que aún no están vacunados. «Hasta no haya una vacunación grupal las autoridades sanitarias no retrasarán estas medidas que son protectoras», ha recalcado.

«Somos sensibles y sabemos lo importante que es el contacto, hemos recibido las peticiones de Aerte y se han hablado con los técnicos de Sanidad y han señalado que todavía no se puede relajan la distancia social», ha apuntado.

RESERVA DE PLAZAS

Además, ha recalcado que la pandemia sigue ahí y de hecho hay cuatro residencias con brotes abiertos porque, ha recordado, la vacuna evita la letalidad, pero no da una cobertura del cien por cien de modo que se puede contraer la enfermedad pero de forma más leves.

Por ello, se ha rechazado también la petición de Aerte de eliminar la reserva de plazas para posibles aislamientos porque puede seguir habiendo contagios y precisamente las residencias es donde el impacto ha sido terrible». No obstante, ha recordado que desde abril se rebajo esta reserva de plazas a la mitad.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona y ha validado el artículo 137 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) siempre que se intérprete en el sentido de que la duración de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo prevista en delitos electorales se determine en función de la pena impuesta.

El precepto cuestionado regula que, además de la pena por delito electoral, debe imponerse la de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo. Pese a avalar la norma, el tribunal de garantías deja constancia de la conveniencia de una pronta reforma legislativa en esta materia.

Se trataba del caso de un hombre condenado por eludir su obligación de personarse a la constitución de la Mesa electoral en la que le había correspondido integrarse en las elecciones municipales y europeas de mayo de 2019.

La Audiencia de Barcelona consideraba que este artículo no determina la duración posible de dicha pena, en cuanto no aparece vinculada directamente a las que prevé la LOREG para cada uno de los delitos electorales, sin que esa deficiencia pueda ser suplida con la remisión que hace la Ley electoral al Código Penal. A su juicio, dicha omisión estaría vulnerando el principio de legalidad penal establecido en el artículo 25 de la Constitución.

REMITE AL CÓDIGO PENAL

La sentencia explica que la LOREG, en coherencia con el carácter de ley penal especial de la parte que dedica a los delitos electorales, remite a la aplicación del Código Penal en todo lo que no esté regulado en ella, lo que significa que se aplicará en todo aquello que la legislación penal especial no prevea.

La aplicación de ese criterio hace que la supuesta laguna del artículo 137 de la LOREG pueda ser salvada por remisión a lo dispuesto en el artículo 33.6 en relación con el artículo 56.1 del Código Penalcuando, en relación con la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, dispone que «tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal» o alude a que la privación del derecho de sufragio pasivo lo es «durante el tiempo de la condena».

En consecuencia, concluye el Constitucional, ha de entenderse que el artículo 137 LOREG no incurre en la indeterminación que aprecia el órgano judicial de Barcelona, por cuanto la pena de inhabilitación que prevé ha de tener una duración equivalente a la de la respectiva penaprivativa de libertad impuesta en cada litigio concreto. En conclusión se aplica, en el caso de que la pena impuesta sea la de multa, el mecanismo de conversión a responsabilidad personal subsidiariadel artículo 53 del Código Penal.

Más de 25.000 jóvenes vascos han escuchado en directo los testimonios de víctimas del terrorismo y han visitado exposiciones que abordan de forman «crítica» la actividad terrorista y otras expresiones violentas a través del programa del Gobierno Vasco ‘Adi-adian’, según ha informado el consejero de Educación, Jokin Bildarratz.

Bildarratz ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de Vox respecto al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo inaugurado el pasado 1 de junio en Vitoria-Gasteiz.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha pedido al consejero que «no deje pasar la oportunidad» que ofrece la apertura de este centro y que establezca la visita a este espacio como medida «obligatoria» para los alumnos de ESO y Bachillerato.

Martínez ha propuesto esta medida para combatir el «olvido» que, según ha dicho, existe en la sociedad, especialmente entre los jóvenes, respecto a lo que ha supuesto el terrorismo de ETA en Euskadi, una situación que a su juicio evidencia la ineficacia de las políticas de memoria del Ejecutivo autonómico.

El consejero ha afirmado que el Memorial de Vitoria –impulsado a través de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo– se añade al «itinerario general de la memoria» que ya existía en Euskadi, que está integrado por el Museo de la Paz de Gernika, el Centro de Recursos Pedagógicos sobre Derechos Humanos Eskura, el Instituto de la Memoria-Gogora, y el espacio expositivo Martxoak 3 Memoria Gunea.

«EMPATÍA Y SOLIDARIDAD»

Bildarratz ha destacado que el Gobierno Vasco «lleva trabajando desde hace más de dos legislaturas en la promoción de la empatía y la solidaridad con las víctimas, y en la consolidación de la cultura de los derechos humanos».

Como ejemplo, ha citado el programa ‘Elkarrekin’, iniciado en 2014 y a través del cual se han desarrollado 394 iniciativas de formación y dinamización en materia de derechos humanos, solidaridad con las víctimas y resolución pacífica de conflictos. En estas iniciativas han participado 295 centros educativos y 53 entidades sociales.

Por otra parte, ha informado de que el programa ‘Adi Adian’, puesto en marcha en 2013, ha permitido que más de 25.000 jóvenes hayan escuchado en directo el testimonio de víctimas de ETA y de otros grupos terroristas que han actuado en Euskadi. A través de este programa también se han realizado visitas a exposiciones que abordan de manera «crítica» la violencia y el terrorismo.

«ESCUCHA ACTIVA» A LAS VÍCTIMAS

El consejero ha destacado que la «escucha activa» de los testimonios de las víctimas «tiene un alto valor pedagógico», y contribuye de forma «determinante» a reforzar la cultura de los derechos humanos.

Por ese motivo, ha reafirmado su compromiso de seguir promoviendo la escucha de esos testimonios por parte de alumnos de Bachillerato, FP y Universidad. No obstante, ha precisado que «en última instancia», son los centros educativos los que, en el ámbito de su autonomía, han de decidir sobre la «idoneidad» de aplicar unos u otros programas a sus alumnos.

Bildarratz ha reivindicado la «larga andadura» de Euskadi en materia de «deslegitimación del terrorismo», y ha afirmado que todas las iniciativas que contribuyan a ese objetivo «suman».

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha manifestado que espera el «apoyo unánime» de todos los grupos para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término ‘disminuido’ ya que, en si opinión, seguir denominando ‘minusválido’ o ‘disminuido’ a una persona con discapacidad «tras más de 40 años, es ofensivo en el lenguaje actual».

Calvo se ha manifestado de este modo ante los medios al asisitr a la reunión del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, celebrada este 11 de junio en Madrid. Como ha señalado la vicepresidenta, las personas con discapacidad representan cerca de 4 millones de personas en España, de las cuales, el 60% son mujeres y niños.

«Hemos avanzado en estas dos legislaturas. En 3 años se han hecho reformas que ellos estaban esperando y que suponen seguir allalando obstáculos para que puedan seguir ejerciendo sus derechos y libertades en la condiciones de igualdad idóneas a como lo hacemos las pesronas que no tenemos discapacidades. Esa es una de las grandes pruebas de resistencia de la calidad de una democracia, de la dignidad de una democracia», ha enfatizado.

En este punto, se ha referido a «la más importante de las modificaciones, al artículo 49 de la Constitución». «Queremos que no sean denominados de ninguna manera peyorativa, tras más de 40 años seguir denominándolos minusválidos o disminuidos es ofensivo en el lenguaje actual. El respecto debido se circunscribe a que los llamemos personas simplemente con discapacidades, como ellos quieren», ha puntualizado.

Por ello, se ha mostrado confiada en que esta reforma «tenga apoyo unánime» ya que, como ha enfatizado, «significa un paso al frente de una concepcion muy difernte de cómo viven estas personas su día a día y los esfuerzos que tienen que hacer para que el esfuerzo sea de todos y no solamente de ellos».

Sobre la reforma –calificada de «gran paso adelante»–, Calvo ha indicado que se ha hablado y discutido con el colectivo y se han hecho modificaciones para mejorar su participación electoral, para sacar a las mujeres y las personas que no quieren ser esterilizadas forzosamente cuando son incapacitadas judicialmente o para mejorar las prestaciones, entre otros aspectos.

«Tenemos un gran compromiso con el mundo de las personas con discapacidad en nuestros país y un particular compromiso con la protección de las mujeres y las niñas», ha reiterado. En este sentido, ha explicado que «no se trata de integrar a las personas con discapacidad como si estuvieran fuera», porque «son compatriotas en las mismas condiciones de exigencia en el ejercicio de sus derechos, libertades y posibilidades».

Por ello ha reclamado «hacer un esfuerzo colectivo, de toda la sociedad, porque a todos corresponde que esa igualdad de oportunidades sea una realidad». «La prueba que da la medida de la calidad deun sistema político que se fundamenta en valores, sobre la dignidad, está residenciada justo en qué hacemos con las personas con discapacidad», ha sentenciado.

La Xunta de Galicia y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han establecido un nuevo acuerdo de colaboración para planificar, implantar y mantener un plan gallego ante emergencias radiológicas, así como para definir los mecanismos de comunicación entre ambas administraciones en caso de darse una situación de riesgo.

El convenio, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue firmado el pasado miércoles 2 de junio por el presidente del CSN, Josep Maria Serena i Sender, y por el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo de la Xunta, Alfonso Rueda.

El acuerdo, que se establecerá por cuatro años prorrogables a otros cuatro, viene a renovar dos anteriores establecidos entre las dos administraciones –de 1990 y de 2012– ya que el último de ellos quedó sin efecto en octubre de 2020.

Según se desprende del texto del BOE, el Consejo de Seguridad Nuclear asesorará a la Xunta para elaborar el plan autonómico de emergencias radiológicas y, para hacerlo efectivo, enumera las atribuciones que tendrá cada institución.

Así, corresponde a la Administración gallega activar la situación de emergencia radiológica o, en su defecto, el Plan Territorial de Emerxencias (Platerga) para adoptar las medidas de protección de la población. El Gobierno autonómico también debe informar «de forma inmediata al CSN sobre cualquier accidente nuclear o radiológico del que tenga conocimiento que pueda afectar a los habitantes o al medio ambiente».

Además, la Xunta se compromete a tener en cuenta las recomendaciones del CSN relacionadas con estas medidas de seguridad y a «intercambiar toda la información que sea necesaria» para coordinar las actuaciones a través del 112 Galicia.

Mientras tanto, las funciones que asume el Consejo de Seguridad Nuclear pasan por informar a las autoridades autonómicas de cualquier accidente «que comporte riesgo» para las personas y el medio ambiente, activar su propio plan de emergencias en caso de uno de estos episodios, así como poner sus recursos a disposición del operativo e informar a la comunidad internacional de ser necesario.

El CSN también se compromete a asesorar al director del plan de emergencias, a dar apoyo técnico y a poner en práctica las medidas de protección radiológica «necesarias para paliar las consecuencias del accidente».

Para velar por el cumplimiento del convenio, ambas administraciones constituyen una comisión de seguimiento compuesta por tres miembros de cada una de las partes.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Por parte de la Xunta, participan el director xeral de Emerxencias e Interior, el subdirector xeral de Planificación e Protección Civil y el jefe del Servizo de Vixilancia Radiolóxica; y por parte del CSN, el director técnico de Protección Radiológica, el subdirector de Emergencias y Protección Física y el coordinador técnico de la Subdirección de Emergencias y Protección Física.

La comisión de seguimiento, que tendrá una presidencia rotativa de carácter anual entre la Xunta y el CSN, se reunirá al menos una vez al año.

No en vano, el texto publicado este viernes en el BOE asegura también que la implementación y el desarrollo del convenio «no supondrá incremento de la dotación de los capítulos de gasto de los presupuestos» de cada una de las administraciones.

La candidata a las primarias del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este viernes que los socialistas andaluces «tenemos derecho a decidir por nosotros mismos» y ha abogado por la «defensa de la blanca y verde» de Andalucía en Andalucía.

Díaz ha señalado también en un acto de su candidatura en Marbella (Málaga) que «tenemos un proyecto fuerte, de valentía, de ilusión y convencido de que vamos a volver a ganar y a gobernar en Andalucía».

«Llegamos a la recta final de esta campaña que, para nosotros, es una ola imparable de ilusión, valentía y esperanza. Hacerlo aquí, en la Costa del Sol rodeado de compañeros y compañeras que son un ejemplo de socialismo, entrega, resistencia y buscar siempre la igualdad de oportunidades en favor de las personas, me da el aliento definitivo en las últimas 72 horas de cara al domingo», ha indicado.

Díaz ha hecho hincapié en que han hecho una campaña «enorme, hemos ido a 300 municipios, son miles los compañeros y compañeras que se han movilizado por todos los rincones de Andalucía». «Mucha gente joven, muchas mujeres valientes, muchos socialistas honestos, muchos hombres y mujeres de toda la vida del partido que están dando la cara, defendiendo un proyecto de izquierdas que nos va a devolver al gobierno de Andalucía y que defiende la voz propia, la autonomía, el autogobierno y la defensa de la dignidad de Andalucía», ha enfatizado.

«El próximo domingo nos jugamos la antesala de volver al Gobierno de nuestra tierra, que va a ser muy pronto. Pero nos jugamos también nuestro derecho a decidir aquí, en Andalucía, los hombres y mujeres libres del PSOE de Andalucía», ha añadido.

En este sentido, ha agregado que «este partido tiene la capacidad, el derecho y la oportunidad que tienen otros socialistas en España, decidir aquí en esta tierra por nosotros y nosotras qué es lo que queremos». «Igual que otros socialistas en España tienen derecho a decidirlo por ellos mismos, los socialistas andaluces también», ha apuntado.

«Lo estamos viviendo con intensidad, con una alegría enorme. Hacía mucho tiempo que no veíamos al PSOE de Andalucía levantarse de esta manera, viviéndolo con emoción y esto va a marcar un antes y un después en nuestro partido. Hemos puesto rumbo de volver al gobierno», ha finalizado.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Lugo han detenido a un varón vecino de esta ciudad, que cuenta con «innumerables antecedentes», como autor de un delito de lesiones graves tras apuñalar a un joven con un cuchillo de cocina en una pelea después de una discusión.

Así lo ha informado la Policía Nacional, que ha relatado que los hechos sucedieron en la noche de este jueves pasado cuando se recibió una llamada en la sala del 091 para alertar de que había un joven en la zona de Marques de Ombreiro tirado en el suelo.

Por este motivo las dotaciones en servicio se dirigieron al lugar, donde comprobaron que un joven, acompañado por una mujer, estaba tirado en el suelo «con un golpe en la cabeza y una herida incisa en el costado izquierdo», destacan las mismas fuentes policiales.

Por ello, se solicitó asistencia sanitaria para socorrer al herido, ya que los agentes no podíam determinar el alcance de las lesiones. Finalmente el lesionado fue trasladado al Hospital Universitario Lucus Augusto (HULA).

Al tiempo, los agentes trataron de averiguar la causa de las heridas, ante lo que averiguaron que fueron causadas en un domicilio cercano al entablarse una discusión entre la víctima y el agresor, que propició después de una pelea, en el marco de la que el detenido esgrimió un cuchillo de cocina con el que asestó la puñalada al herido.

Con ello y los datos que se pudieron recabar, la Policía estableció un dispositivo en el implicó a todas las dotaciones en servicio, con el fin de lograr la localización del autor del apuñalamiento.

EN UNA VIVIENDA

Tras unas horas de búsqueda, el presunto agresor fue localizado en una vivienda, a la cual accedieron los agentes tras «franquear la puerta una de las personas que fue identificada por las víctimas», indican las mismas fuentes, mientras que los demás participantes en los hechos fueron identificados.

Así, el presunto autor de las lesiones ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales. Previamente, fue llevado a un centro médico para ser visto por personal sanitario debido a las heridas que también presentaba.

A lo largo de este viernes, y una vez finalizado el atestado policial, está previsto que el arrestado pase a disposición de la autoridad judicial, a la que se han trasladado las actuaciones.