La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años y cuatro meses de prisión a una mujer por apropiarse de 36.200 euros que extrajo de la cuenta corriente de la anciana a la que hacía los recados.

En una sentencia difundida este jueves y contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el tribunal considera a la acusada autora de un delito continuado de apropiación indebida por realizar hasta trece extracciones de dinero «sin el conocimiento ni consentimiento» de la titular de la cuenta.

Además de la pena de prisión, le impone el pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil que asciende a 36.200 euros, el importe de lo apropiado indebidamente.

Sin embargo, la Audiencia no puede extender este delito al periodo anterior, en el que la acusada aún no estaba autorizada en la cuenta de la anciana, ya que, según explicó la empleada del banco en el juicio, ella misma llamaba a la anciana cada vez que la implicada iba a sacar dinero para comprobar que la titular quería realizar la extracción.

APROVECHÓ LA AMISTAD CON LA ANCIANA

Según el relato de hechos de la sentencia, la ahora condenada, «aprovechándose de la amistad» que tenía con la anciana «derivada de que durante años era la encargada de darle la medicación, hacerle recados y la gestión del banco» y «con intención de obtener un beneficio económico ilícito y figurando como autorizada en la cuenta bancaria», realizó entre febrero de 2018 y enero de 2019 diversas extracciones de cantidades, «sin el conocimiento ni consentimiento» de la titular.

Los reintegros eran mensuales, salvo en junio, cuando se realizaron dos, y oscilaban entre los 1.000 euros que sacó en dos ocasiones, hasta los 5.000 euros que extrajo en una ocasión. La cantidad total asciende a 36.200 euros.

La resolución judicial señala que «no consta que con anterioridad» a la fecha en que la acusada se convirtió en autorizada de la cuenta extrajera otras cantidades «sin conocimiento, consentimiento ni autorización expresa» de la anciana, y tampoco que «hiciera propias cantidades extraídas por la acusada que le entregaba la empleada del banco en un sobre».

El tribunal ha tenido en cuenta, entre otras pruebas, la declaración de esta mujer, que llevaba veinte años trabajando en la entidad bancaria y conocía desde entonces a la anciana; declaración que «ha resultado decisiva para delimitar temporalmente la comisión del delito de apropiación indebida».

La empleada manifestó en la vista que con anterioridad a que la titular de la cuenta autorizara a la procesada, ella se encargaba de llamar a la anciana para confirmar la operación.

«Cuando recibía la cartilla con el DNI y el papelito de la anciana indicando la cantidad a sacar, la llamaba personalmente para confirmar dicha operación, por lo que hay que entender que dicha confirmación por la titular de la cuenta excluye, por aplicación del principio ‘in dubio pro reo’, que podamos declarar probado que la acusada extrajera, antes de la citada autorización de la nueva cuenta, las cantidades efectivamente retiradas de la cuenta», explica la sentencia.

EL HERMANO DESCUBRIÓ SALIDAS «EXTRAÑAS DE LA CUENTA»

También se ha considerado la testifical del hermano de la anciana, quien en una ocasión preguntó a la mujer cuánto pagaba a la acusada y ésta nunca le contestó, y otra vez en que le dijo que tenía que hacer testamento la acusada le llamó diciendo que dejara tranquila a su hermana.

También manifestó que un día acudió al banco y allí estaba la cartilla de su hermana, en la que había unas «salidas extrañas», y relató que ella «no gasta dinero» y que «de las cosas del banco no sabe nada porque todo lo llevaba su marido» antes de que éste falleciera.

En el mismo sentido, la médica forense confirmó al tribunal que la anciana «presentaba un deterioro cognitivo, no tenía valor del dinero y no conocía la equivalencia euros-pesetas».

DECLARACIÓN NO CONVINCENTE DE LA ACUSADA

Frente a todas estas pruebas testificales, el tribunal señala que la declaración de la acusada «no resulta en absoluto convincente» en tanto relata que sacaba dinero varias veces al mes al tiempo que reconocía que la anciana apenas gastaba unos 200 euros al mes. También aseguró que por entonces «tenía muchos gastos», entre otros, de caldera, ascensor o unas obras en el inmueble.

Sin embargo, la sala ha podido comprobar que tales gastos «no sólo no se han acreditado, sino que se ha aportado certificación» de la administración de fincas de la vivienda de la anciana en el que se informa que no hay ascensor y que tampoco existía acuerdo para realizar ningún tipo de obra en el inmueble.

Por todo ello, el tribunal considera a la acusada autora de un delito continuado de apropiación indebida por los reintegros realizados entre febrero de 2018 y enero de 2019, fecha en la que se dio de baja la cuenta al conocer el hermano de la anciana las «extrañas salidas» de dinero.

El director general de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, y el obispo de Guadix (Granada) y delegado para los medios de comunicación en la Asamblea de Obispos del Sur, Francisco Jesús Orozco, han firmado este jueves un convenio de colaboración para «divulgar el hecho y el sentimiento religioso católico a través de programas de radio y televisión, así como las actividades que desarrolle la Iglesia Católica en Andalucía».

De manera concreta, según ha informado la RTVA en una nota, la colaboración entre ambas partes se plasma en la realización de los programas de Canal Sur Televisión ‘Testigos Hoy’ y ‘Santa Misa’, y los programas de Canal Sur Radio ‘El evangelio del domingo’ y ‘Palabras para la vida’, además de las coberturas especiales de la Semana Santa y El Rocío, así como otros eventos procesionales o religiosos locales, tanto en televisión como en radio.

Con este convenio, Canal Sur Radio y Televisión «se compromete a difundir e informar a través de sus medios de los eventos y actividades de interés general organizados por las diócesis de Andalucía y la Asamblea de Obispos del Sur; poner a disposición de la audiencia en la web de Canal Sur los programas mencionados anteriormente, a través del servicio de radio y televisión a la carta y designar a un equipo de profesionales de RTVA y/o Canal Sur Radio y Televisión para que canalice las informaciones relacionadas con el convenio».

Por su parte, la Asamblea de Obispos del Sur de España facilitará a Canal Sur «contenidos sobre la actividad que desarrolla, así como el acceso a las fuentes, centros, edificios o inmuebles cuya titularidad ostente, para poder elaborar los distintos programas e informaciones».

Igualmente, la Asamblea mantendrá «un flujo de información de sus actividades con la radio televisión autonómica y le prestará asesoramiento, además de designar a una persona para que canalice las informaciones», según explica la RTVA, que detalla que el convenio firmado tendrá una vigencia de un año ampliable si las partes así lo acuerdan.

LOS PROGRAMAS

Desde la RTVA han explicado que ‘Testigos Hoy’ es un veterano programa de Canal Sur Televisión que muestra la realidad de la Iglesia Católica en Andalucía a través de entrevistas y reportajes, en sus aspectos espirituales, sociales y culturales. El espacio está atento a temas de actualidad desde la perspectiva del humanismo cristiano, y se emite todos los domingos a las 8,00 horas, presentado y coeditado por Susana Herrera y con Miguel Ángel Soler como editor.

Por su parte, bajo el espacio de la ‘Santa Misa’ se retransmite en la televisión andaluza la eucaristía del domingo desde una localidad de la comunidad autónoma a partir de las 9,30 horas.

‘El Evangelio del domingo’ es un informativo de la actualidad eclesial andaluza y reflexión sobre el Evangelio del día, dirigido por José Carlos Isla Tejera. Se emite en Canal Sur Radio los domingos a las 6,45 horas, y por Radio Andalucía Información (RAI) los domingos a las 9,00 horas.

Por su parte, ‘Palabras para la vida’ es un programa con reflexiones para animar desde la fe el día que comienza. Dirigido y presentado por Rafael J. Pérez, se emite a diario en Canal Sur Radio y Radio Andalucía información (RAI) a las 4,55 horas de la madrugada.

Estos espacios están disponibles en la radio televisión a la carta a través de ‘www.canalsur.es’.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el reingreso al servicio activo en la carrera judicial del exministro de Justicia Juan Carlos Campo Moreno. Concretamente estará en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano en el que obtuvo destino en diciembre de 2019.

El órgano de gobierno de los jueces también ha acordado mantener la continuidad en la situación administrativa de servicios especiales de la magistrada Pilar Llop Cuenca, que tras cesar como presidenta del Senado ha sido nombrada ministra de Justicia.

Campo había solicitado su reingreso a su plaza de magistrado el pasado lunes tras formalizarse su salida del Ministerio de Justicia con el traspaso de cartera a Pilar Llop.

El exministro tenía un plazo máximo de 10 días desde la publicación del cese para requerir el reingreso y de 20 días para incorporarse a su plaza, según recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su artículo 355.

Tal y como establece la normativa, Campo –en calidad de juez– tiene derecho a que se le reserve la plaza que ocupaba cuando pasó a ser ministro y no perderá su antigüedad en la Carrera Judicial.

DEBERÁ ABSTENERSE EN CAUSAS POLÍTICAS

La ley del Poder Judicial –en su artículo 351, apartado f– establece también que los jueces y magistrados que «sean nombrados para cargo político o de confianza» o «elegidos para cargos públicos representativos» y reingresen en la Carrera correspondiente «deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público».

En la Audiencia Nacional actualmente se instruyen causas en las que figuran como afectados o como acusaciones populares distintos partidos políticos; por ejemplo, el ‘caso Tándem’, en el que Podemos forma parte en alguna de sus piezas; el ‘caso Púnica’, que involucra al Partido Popular; o el ‘caso Gürtel’, en el que la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) –vinculada al PSOE– está como acusación popular. Si alguna de estas causas llegase a la Sección Tercera, Campo –por ley– deberá abstenerse.

Hasta ahora, la juez María Teresa García Quesada ha desempeñado la plaza de magistrada de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mientras Campo se encontraba en «situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial», tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 3 de marzo de 2020.

Recientemente, la Sección a la que se incorporará Campo celebró el juicio -que el pasado 17 de julio quedó visto para sentencia– contra la cúpula de la caja de ahorros Sa Nostra por una operación inmobiliaria de 2008. Y el pasado abril confirmó la decisión del juez que instruye el ‘caso Tándem’ de no abrir investigación sobre el contenido de los chats de los abogados de Podemos de los que, según la defensa del comisario José Manuel Villarejo, podría deducirse una supuesta connivencia del caso.

Asimismo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal fue la que confirmó el auto por el que el juez de instrucción del ‘caso Pujol’ propuso juzgar a la familia Pujol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

SEO/BirdLife valora que, tras 25 años, el Parque Nacional de Cabañeros cuente con un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) consensuado, una herramienta fundamental para asegurar un correcto uso y conservación de los valores de este espacio natural de Castilla La Mancha, y reclama que este plan se apruebe de manera urgente.

La ONG ambiental, que viene reclamando la aprobación de esta herramienta desde la creación del parque, en 1995, considera que el PRUG debería haber sido más ambicioso, pero reconoce que «no deja de ser el resultado de un proceso de consenso complejo entre todos los actores implicados en su conservación», tal y como ha informado la organización en nota de prensa.

Además, señalan que el trabajo debe continuar: «sin un plan de control de ungulados, basado en criterios científicos y ejecutado por personal especializado, el PRUG no será efectivo».

«Con la aprobación de este PRUG, el Parque Nacional de Cabañeros cuenta con una hoja de ruta que permitirá seguir unos criterios bien definidos que prioricen los recursos hacia la conservación de los valores naturales e impidan las principales amenazas a las que ahora se enfrenta el parque nacional», afirma Octavio Infante, responsable del programa de Conservación de Espacios de SEO/BirdLife.

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife y representante en el Consejo Asesor de la Red de Parques Nacionales, señala que «tras demasiados años de trabajo y esfuerzo, corresponde celebrar que este plan haya visto por fin la luz». «Sin duda, su excesivo retraso nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo mejorar la gobernanza de los santuarios de nuestra biodiversidad, que no pocas veces acaba atrapada en limbos de intereses políticos entre las distintas administraciones. Es preciso avanzar en la completa aplicación del régimen de protección de los parques nacionales».

Desde la organización aluden a la prohibición definitiva de la caza comercial, una actividad incompatible con la gestión y conservación del espacio según la Ley de Parques Nacionales, que ha sido uno de los temas que ha retrasado el proceso de aprobación de este instrumento obligatorio.

«El nuevo PRUG contempla un nuevo plan de control de ungulados, que regulará las poblaciones de ciervo (Cervus elaphus), incrementadas de forma artificial a lo largo de los años como consecuencia, principalmente, de la gestión cinegética con fines comerciales practicada en el interior del parque nacional» según Sara Cabezas, representante de SEO/BirdLife en el Patronato Rector del Parque Nacional de Cabañeros. Este Plan, aún por aprobarse, ha de contemplar la necesidad de basarse en criterios científicos, ser tutelado por la administración y ejecutado por personal especializado.

SEO/BirdLife valora, por otro lado, que el Plan Rector incluya un apartado específico sobre los espacios protegidos de la Red Natura 2000 que se solapan con la figura del Parque Nacional y que incorpore, de igual modo, el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Montes de Toledo.

Por otro lado, la ONG ambiental también subraya la inclusión de la Estrategia y Plan de acción de Turismo Sostenible, en el marco de la adhesión en 2009 del Parque Nacional de Cabañeros a la Carta Europea de Turismo Sostenible, lo que posibilitará mejorar considerablemente la conservación y puesta en valor de este espacio natural protegido.

Por otro lado, llama la atención sobre algunas amenazas que puede llegar a afectar a Cabañeros. En particular, pone el acento en un proyecto de minería de titanio en los municipios de Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo, próximos al parque, y que se encuentra en estos momentos en información pública.

Asimismo, el despliegue renovable en las proximidades –tanto de proyectos fotovoltaicos como eólicos– puede conllevar afecciones para la biodiversidad que se protege bajo la figura del Parque Nacional de Cabañeros.

En este sentido, SEO/BirdLife conmina a la Junta de Castilla-La Mancha a aprobar, con urgencia, una planificación del desarrollo energético en la región que incluya una zonificación ambiental vinculante que considere aquellos espacios de mayor valor ambiental como zonas de exclusión. Además, la organización reitera su llamamiento a las empresas promotoras para que planteen proyectos responsables, basados en estudios de impacto ambiental solventes que alejen estas instalaciones industriales de los espacios ricos en biodiversidad imprescindibles para hacer frente al cambio climático.

En este sentido, la ONG considera que el PRUG debería haber delimitado su zona periférica de protección y su régimen jurídico, tal y como marca la ley de Parques Nacionales, a fin de ofrecer mayor seguridad jurídica tanto al parque como a los agentes económicos y sociales de la zona.

La ley de diversidad familiar y apoyo a las familias reconocerá jurídicamente y protegerá a todas las familias de España sea cual sea «el estado civil, la orientación sexual o el origen de filiación», según el documento sometido a consulta pública por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que recoge los objetivos de la futura norma, y que ya ha recibido más de 250 aportaciones.

En concreto, uno de los objetivos que se marcan es «avanzar en el pleno reconocimiento jurídico y social de la diversidad de modelos de convivencia familiar» así como «contribuir a la redistribución de la renta y la riqueza de las familias, incluyendo a todos los modelos de familias, con independencia de circunstancias tales como el estado civil, la orientación sexual o el origen de la filiación». Así se indica en el documento del Ministerio de Derechos Sociales sobre el Anteproyecto de la ley.

En concreto, entre otros ámbitos, añade que se prevé regular el reconocimiento de las familias monoparentales a nivel estatal dotándolas de una acción protectora específica y la reforma de la Ley de protección a las familias numerosas.

«Es necesario ayudar a las familias en España atendiendo a su diversidad, en primer lugar a través de un reconocimiento legal de los distintos modelos familiares presentes en nuestra sociedad, ya que el actual ordenamiento jurídico no recoge adecuadamente ni con el suficiente grado de equidad las distintas realidades familiares», explica.

Se pretende, por otra parte, mejorar «significativamente» los apoyos para «atender las necesidades singulares que afectan a numerosas familias del país, ya sea por situaciones de dificultad o vulnerabilidad social y económica –las familias con hijos menores a cargo son las que mayor tasa de pobreza relativa presentan–, ya sea por razones estructurales o de composición de la unidad familiar».

Además, la ley, que prevén que esté aprobada a finales de año, propone medidas de apoyo a la conciliación y corresponsabilidad laboral y familiar «para avanzar en la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, ante los profundos cambios en la organización familiar».

En este sentido, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció este miércoles que están trabajando junto al Ministerio de Igualdad para aumentar los permisos de paternidad y maternidad de 4 a 6 meses.

Entre otras medidas en el marco de la futura ley, también avanzó que se creará una prestación universal por crianza, que no dependerá de la renta familiar, a lo que se sumaría la introducción de un permiso retribuido por cuidado.

«En España tenemos un problema y es que existe una amplísima diversidad familiar, muchísimas maneras de tener una familia y sin embargo, vemos cómo no todas tienen sus derechos garantizados, en concreto existe un problema gravísimo de conciliación y tenemos una deuda pendiente con las familias que acaban de tener un bebé», ha explicado Belarra este jueves en una entrevista en ‘Las cosas claras’ de La 1 de RTVE.

En concreto, la ministra ha insistido en que «muchas madres sienten la presión de incorporarse prematuramente al trabajo» y ha recordado que, según la OMS, se debería mantener la lactancia exclusiva durante seis meses.

«Esto, con un permiso de cuatro meses, es muy poco tiempo y es difícil, por tanto, en el marco de la ley de diversidad familiar vamos a proponer que los permisos se amplíen; y esto va a formar parte de la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado pero, desde luego, creo que es una medida de absoluto consenso», ha subrayado.

LA DIFICULTAD DE CRIAR EN ESPAÑA

Asimismo, tal y como ya avanzó este miércoles, Belarra ha destacado que la ley de diversidad familiar «también viene a reforzar el apoyo a las familias, con una propuesta de prestación universal por crianza que básicamente reconoce lo difícil que es criar en España y, si no tienes buenas condiciones económicas, muchísimo más».

En este sentido, ha incidido en que tener un hijo en España aumenta «de forma muy considerable» el riesgo de pobreza y ha añadido que «eso la cuarta economía del euro no se lo puede permitir.

Precisamente, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020, la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, que es de un 26,4% en general, se incrementa hasta el 49,1% para las personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo.

La ley de diversidad familiar se incluye como una reforma estructural del componente 22 del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha presentado para articular los fondos extraordinarios del programa NextGeneration UE.

Según recuerda el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Comisión Europea ha recomendado en reiteradas ocasiones a España la mejora del apoyo a las familias a fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social y «la pandemia de COVID-19 ha agudizado la necesidad de reforzar ese apoyo».

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados a la viuda y a los dos hijos del cámara de Telecinco José Couso asesinado hace 16 años en Bagdad por la omisión de protección diplomática.

En la sentencia, el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia recurrida, y que reconoció el derecho a una indemnización de 182.290 euros a la familia de Couso. Del total, 99.430 euros serán para la viuda y 41.430 para cada uno de los dos hijos.

Así, la ponencia del magistrado Wenceslao Olea Godoy declara que «los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional, para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito, conforme al Derecho Internacional, ocasionado directamente por otro Estado», en este caso Estados Unidos.

Eso sí, «siempre y cuando el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismos de Derecho interno del Estado productor del daño, siempre que estén establecidos y sea razonable obtener un pronunciamiento expreso en tiempo razonable». En este caso concreto, la Sala concluye que el Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado a otorgar a la familia de Couso.

LAMENTA QUE EL ESTADO DIESE «POR BUENOS LOS ARGUMENTOS DADOS»

La sentencia señala, en esta línea, que el Estado «estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estimara procedente que pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado».

Por eso, la Sala critica que el Estado optase por «dar la callada por respuesta» o que se limitase «a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud del hecho por el Estado que lo ocasionó». «En cuanto si bien es cierto que el Estado español no puede imponer dicha declaración en el ámbito internacional, tampoco está obligado a dar por buenas esas explicaciones, como ya antes se dijo», apunta.

Para el Supremo, «lo que no es admisible es omitir cualquier acción que no sea la de dar por buenas las escuetas explicaciones dadas por las autoridades del Estado que ocasionó el daño, sino la búsqueda de una valoración objetiva de los hechos, con las consecuencias que resultaran procedentes».

No obstante, para la Sala lo «decisivo» a la hora de «rechazar la argumentación del escrito de interposición» es que la Audiencia Nacional «no reconoce el derecho de resarcimiento por el fallecimiento del padre y esposo de los recurrentes, menos aún, porque deba el Estado español asumir el riesgo de un profesionalnacional que fallece en el ejercicio de su actividad».

«Sino que el título de imputación, necesario para apreciar la responsabilidad patrimonial, es el hecho de que el Estado español omitió la protección que le fue requerida y que estaba obligado, como hemos visto», continúa, señalando que eso «lo deja claro la sentencia» de la Audiencia Nacional.

EL TS RATIFICA LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La decisión del alto tribunal ratifica la sentencia dictada en enero de 2020 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que condenó al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco.

La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Ignacio De la Cueva, establecía que el Estado no había emprendido «acciones ante otro Estado» que había «incurrido en un ilícito internacional» a fin de conseguir reparación del daño causado por esa conducta.

«No consta la realización de gestión alguna tendente no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque, sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable. Y ello pese a las muy numerosas peticiones que al respecto de formularon por diversos grupos parlamentarios», decía la sentencia.

Así las cosas, la Abogacía del Estado recurrió la decisión de la Audiencia Nacional. La entonces portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aludió a «cuestiones técnicas» para justificar la actuación de los servicios jurídicos del Estado, resaltando que el Ejecutivo «siempre ha mostrado sus solidaridad y apoyo a la familia de José Couso».

Para la familia del cámara, la sentencia de la Audiencia Nacional supuso entonces un éxito judicial después de 17 años litigando para tratar de traer ante la justicia a los responsables del ataque al Hotel Palestina de Bagdad.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Badajoz, Ciudad Real y de la Comisaría Local de Alcázar de San Juan, procedieron el pasado 7 de julio, a la detención de cinco personas por la comisión de tres delitos de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonios forzados y otros relacionados, dando protección a dos niñas menores de edad.

A raíz de la denuncia de la inspección educativa de Fuente del Maestre (Badajoz), alertada por el repentino absentismo escolar de dos niñas de nacionalidad rumana, los agentes de la Brigada de Extranjería de la Comisaría Provincial de Badajoz iniciaron una ardua investigación que derivó en la provincia de Ciudad Real.

De las gestiones llevadas a cabo se pudo concluir que es práctica habitual entre determinado subgrupo cultural de origen rumano, el casamiento de niñas en edades tempranas, concretamente a partir de los doce años, concertándose el matrimonio entre las familias de los contrayentes o a través de intermediarios a cambio de una contraprestación económica de 6.000 a 7.000 euros.

Una vez casadas, las menores abandonan la escuela y el entorno familiar, desplazándose a la vivienda de su nueva «familia política», donde contribuyen en las tareas domésticas hasta que alcanzan la edad mínima legal para poder obtener un contrato de trabajo y contribuir así económicamente.

Como resultado de las investigaciones se logró identificar a una familia con tres niñas que cumplían con el modus indicado. Los policías averiguaron que las dos hermanas mayores contrajeron matrimonio, conforme a sus ritos, a la edad de catorce años. La menor de las tres hermanas, de tan sólo doce años de edad en el momento de inicio de la investigación, estaba siendo preparada para el casamiento, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Se llevó a cabo un operativo para la localización de las menores y de las familias implicadas, teniendo en cuenta la elevada movilidad, temporalidad y nomadismo de los investigados, quienes varían su residencia continuamente como consecuencia de su actividad laboral como temporeros agrícolas.

En octubre de 2020, en la localidad de Almendralejo, fue localizada la mayor de las hermanas, que fue «casada» con catorce años y que actualmente ya había alcanzado la mayoría de edad. Por estos hechos los padres del cónyuge fueron puestos en su momento ante la autoridad judicial que conocía del asunto.

Recientemente se tuvo información de la posible residencia de la segunda de las hermanas y de su familia política en la localidad de Herencia (Ciudad Real). Con la colaboración de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Ciudad Real y agentes de la Comisaría Local de Alcázar de San Juan, se confirmó dicho extremo y se intensificaron las investigaciones, averiguándose además la residencia de la tercera de las hermanas y de sus progenitores en una localidad próxima.

Las operaciones policiales ‘Bucarest’ y ‘Nunta’ finalizaron en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el pasado 7 de julio cuando se procedió a la detención de ambas familias, tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 48 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente quien, ante la gravedad de los hechos, procedió a la retirada de la patria potestad de ambas menores de 14 y 15 años que quedaron bajo la custodia de los servicios de protección de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El PP ha solicitado la comparecencia urgente en el Pleno del Congreso del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para informar de la «asunción de responsabilidades» derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que estableció el Gobierno en un decreto ley al inicio de la pandemia del coronavirus.

El PP tiene intención de forzar una votación sobre este asunto el próximo miércoles en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en periodos extraordinarios como el estival.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que la Justicia «es independiente» y «es muy grave que Sánchez presione a los jueces». «Pedimos su comparecencia en el Congreso y que asuma responsabilidades», ha recalcado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

GAMARRA EXIGE A SÁNCHEZ «SOMETERSE AHORA AL CONTROL DEL CONGRESO»

El jefe de la oposición, que ha pedido de nuevo al Gobierno sentarse con el PP para aprobar una Ley de Pandemias, ha afirmado que es «muy preocupante» que el Gobierno «arremeta contra el Constitucional por la alarma, como hizo con el Supremo por los indultos».

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha subrayado que el presidente del Gobierno «se excedió en sus poderes suspendiendo derechos de los españoles sin control parlamentario».

«Debe comparecer y dar explicaciones, someterse ahora al control del Congreso, no arremeter contra el TC», ha reclamado Gamarra en la misma red social, para confirmar que el PP ha registrado la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja.

EL PP PIDE TAMBIÉN QUE COMPAREZCA BOLAÑOS

Además, el Grupo Popular ha registrado la petición de comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, para que también rinda de cuenta de «la asunción de responsabilidades» derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional. Los ‘populares’ también quieren incluir este debate en la Diputación Permanente de la próxima semana.

El PP ha informado de que con la petición de comparecencia de Sánchez y Bolaños pretenden que el Gobierno informe en sede parlamentaria de las consecuencias que tendrá el fallo del alto tribunal.

En el caso del nuevo ministro de la Presidencia también sería para que dé cuenta «del contenido de los informes que se emitieron en el proceso de formación del expediente de elaboración de la norma», según ha informado en un comunicado el Grupo Popular.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha advertido de que la llamada que Carmen Calvo supuestamente hizo en nombre del Gobierno a Enrcarnación Roca, magistrada del Tribunal Constitucional, para que avalara el decreto ley que impuso el estado de alarma frente a la pandemia del coronavirus supone una «intromisión» del Ejecutivo en el poder judicial.

Así se ha referido Bal, en una rueda de prensa en la sede de Cs, a las informaciones según las cuales Roca, vicepresidenta del tribunal, aseguró este miércoles, durante el pleno del TC, haber recibido «presiones» de la ya exvicepresidenta primera del Gobierno.

La sentencia de este miércoles fue aprobada con los votos de seis de los jueces del Tribunal Constitucional –Roca entre ellos–, que sostienen que, para confinar a la población el año pasado, el Gobierno debió haber declarado el estado de excepción, no el estado de alarma, mientras que los otros cinco magistrados no apoyan esta tesis.

El dirigente de Cs ha afirmado que la actuación de Calvo fue «una intromisión en la arquitectura constitucional del Estado y en la necesaria independencia con que los magistrados del TC deben formar su criterio y emitir su voto en las sentencias».

PIDE «PRUDENCIA Y DECORO» A ROBLES AL HABLAR DEL TC

Además, se ha declarado «estupefacto» ante las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha criticado a los magistrados de ese órgano por hacer «elucubraciones doctrinales». «Debería tener más prudencia como miembro del Gobierno de España y más decoro como magistrada a la hora de hablar de las sentencias del Tribunal Constitucional», ha subrayado.

Bal ha dicho que «no se pueden tolerar los ataques al poder judicial» por parte de dirigentes políticos cuando los tribunales «fallan en un sentido contrario al que desean», que es lo que cree que hace el Gobierno. «No es más que populismo puro y duro», ha concluido.

En este sentido, ha censurado también las palabras del portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, que «insulta» al TC llamándolo «Tribunal Voxtitucional» simplemente porque no le gusta la decisión que ha adoptado.

Sobre la sentencia en sí, el portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos ha destacado que deja claro que «el confinamiento era la herramienta indispensable para poder luchar contra la pandemia», pero que el estado de alarma no era la herramienta jurídica adecuada para aplicarlo, sino que había que haber declarado el estado de excepción, por ofrecer «mayores garantías de control parlamentario del Gobierno» ante la limitación de derechos fundamentales.

Aparte de ofrecer «seguridad jurídica» de cara al futuro, el Tribunal Constitucional «apuesta por el régimen de mayores garantías constitucionales», lo cual es «una buena noticia», ha celebrado.

EL CONFINAMIENTO ERA «LA ÚNICA MEDICINA» FRENTE AL VIRUS

En cuanto al confinamiento de la población, decidido por el Gobierno y respaldado por el Congreso, «era la única medicina que teníamos» frente al virus en un periodo en el que se vivían «momentos de angustia» en la sociedad española y el Gobierno «daba palos de ciego», ha recordado Bal, cuyo partido siempre apoyó el mantenimiento del estado de alarma.

Por otro lado, el diputado ha señalado que el fallo del Constitucional pone de manifiesto que la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, «no es clara». Aunque el estado de alarma está pensado para las situaciones de epidemia, el tribunal no lo ve adecuado para establecer un confinamiento y en este caso se decanta por el estado de excepción, pero la ley dice que este instrumento es para cuando se producen graves disturbios de orden público.

Por tanto, ninguna de estas dos herramientas jurídicas «casa al cien por cien» con la situación que se dio durante la pandemia del Covid-19, según Bal. En este punto, ha asegurado que él pidió reiteradamente a Calvo el año pasado que se reformara esta ley, pero el Ejecutivo se negaba porque no quería «molestar a sus socios nacionalistas e independentistas» ampliando su poder frente a las comunidades autónomas.

LA ALTERNATIVA DEL PP AL ESTADO DE ALARMA NO SERVÍA

Respecto al plan B que el PP proponía aplicar como marco jurídico para las limitaciones de libertades y derechos tras el fin del estado de alarma, Bal cree que «no iba a durar ni cinco segundos en el Tribunal Constitucional», porque los ‘populares’ sostenían que «se podían restringir derechos fundamentales por ley ordinaria» y, por tanto, con «muchas menos garantías» que las que ofrece el estado de excepción o el de alarma.

En su opinión, el PP «ha estado jugando a tratar de mezclar dos problemas que no tienen nada que ver», hablando de una «ley de pandemias», cuando la sentencia del TC no dice «nada relativo a la legislación ordinaria», sino que se refiere a la norma de 1981 sobre los estados de alarma, excepción y sitio, que es una ley orgánica.

Por otra parte, el vicesecretario general de Cs ha recordado que, de cara al levantamiento del estado de alarma, también estuvo reclamando al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos que las medidas que adoptasen los gobiernos autonómicos para frenar los contagios fueran ratificadas por la Audiencia Nacional para así unificar los criterios en toda España.

Pero Calvo no accedió a ello, según Bal, porque eso también «molestaría» a los partidos nacionalistas e independentistas, que preferían que el aval judicial lo dieran los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades. El resultado de esto, ha añadido, es el «guirigay» actual que hace que unos tribunales convaliden el toque de queda en unos territorios y otros lo rechacen en otros.

AGILIZAR LA JUSTICIA DOTÁNDOLA DE MÁS MEDIOS

Por último, el diputado ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que «dote de medios suficientes a la Justicia y al Tribunal Constitucional» para que pueda responder de forma ágil a recursos como el que planteó Vox contra el decreto del estado de alarma.

En este sentido, ha afirmado que lo ideal habría sido que la sentencia se hubiera conocido el año pasado, mientras se debatían las prórrogas del estado de alarma –en vez de emitirse más de un año después de que se aprobara la norma–, y que el Ejecutivo «hubiera podido aplicar el estado de excepción» desde ese momento.

«Ningún gobierno en estos 40 años ha tenido el más mínimo interés en dotar a la Justicia de los medios necesarios para poder hacer su trabajo», y el de Sánchez «prefiere tener 22 ministerios y crear chiringuitos que invertir en el servicio de la justicia», que se ha revelado como «esencial en la pandemia para salvaguardar el régimen de garantías» al que tienen derecho «todos los españoles», ha manifestado.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y en colaboración con la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, han desarticulado la organización más activa dedicada a la importación y tratamiento ilegal de gases fluorados, ha informado la Dirección General de la Policía este jueves en una nota de prensa.

Cinco personas han sido detenidas como presuntos miembros de un complejo entramado empresarial dedicado a la importación, comercialización y distribución irregular de toneladas de gases, que empleaban para la refrigeración.

La organización realizaba esta actividad incumpliendo la normativa comunitaria, ya que carecían de la cuota obligada, provocando la emisión de toneladas de gases a la atmósfera sin autorización. Esta cuota, el límite de gases que puede importar un importador en un año, está establecido por la UE para cada país y se fija como medida de protección del medio ambiente.

Se trata de la mayor operación a nivel europeo contra el fraude de gases de efecto invernadero, con la intervención de más de 27.000 kilogramos de gases fluorados, que tenían un valor de mercado superior a 250.000 euros. Además, se descubrieron más de 180.000 kilogramos, con un valor superior al millón de euros.

LA INVESTIGACIÓN

Las investigaciones comenzaron a partir de las inspecciones practicadas en dos naves industriales de empresas ubicadas en la localidad ciudadrealeña de Almagro y en el municipio madrileño de Campo Real, y que se llevaron a cabo al tener conocimiento de la descarga de dos contenedores de botellas de gases fluorados que habrían sido importados sin cumplir los requisitos establecidos reglamentariamente.

En total, los agentes procedieron a la intervención cautelar de 2.126 botellas, equivalentes a más de 27.000 kilogramos de gases fluorados. Igualmente, fueron encontradas 1.068 botellas vacías ubicadas a la intemperie en un patio exterior, estando algunas de ellas prohibidas por la Unión Europea, con independencia del gas contenido.

Por último, localizaron un número indeterminado de botellas seccionadas por la mitad, lo cual suponía la emisión directa del gas residual a la atmósfera, así como un grave peligro.

Además de lo anterior, se observaron diferentes irregularidades de naturaleza administrativa relacionadas con la manipulación de recipientes, el etiquetado y repintado de botellas y la gestión de residuos, entre otros.

Distribuidos por España, Alemania, Francia, Portugal y Senegal Tras avanzar en la investigación, los policías determinaron que el ‘modus operandi’ del grupo criminal consistía en la creación de empresas a nombre de testaferros que se llevarían dedicando desde el año 2018 a la importación de gases fluorados de China, eludiendo los controles aduaneros mediante la declaración en los documentos únicos administrativos de una partida arancelaria incorrecta que no correspondía con el género importado.

Posteriormente, una vez en los almacenes de Almagro y Campo Real, se distribuían los gases fluorados mediante una empresa de logística a clientes de España, Alemania, Francia, Portugal y Senegal. Se calcula que el descubrimiento de la mercancía importada sería de más de 15.000 botellas de gases fluorados.

Aún se está analizando la documentación para calcular la cantidad total de gases importados. No obstante, teniendo en cuenta el volumen mínimo de los recipientes, los investigadores estiman que la cantidad de gas fluorado importado es superior a los 180.000 kilogramos.

En este punto, destacan que la mayoría del gas importado se trata de R134A, que tiene un potencial de calentamiento atmosférico de 1300, lo que significa que una emisión de una tonelada equivale a la emisión de 1.300 toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo en esta cantidad al potencial de calentamiento global.

En resumen, este grupo era presuntamente responsable de la emisión a la atmósfera, incumpliendo la normativa comunitaria y, por lo tanto, sin autorización, de lo equivalente a más de 234.000 toneladas de dióxido de carbono.

Por otro lado, se realizó una nueva inspección en el establecimiento comercial de un cliente final, en Tarragona, averiguando que se habría distribuido género que había sido previamente intervenido de manera cautelar. Además, se habrían distribuido botellas de gases fluorados que no contenían el gas etiquetado y facturado, para lo cual se manipuló el recipiente.

Todo ello lo llevaban a cabo con ánimo de lucro, ya que la botella facturada tiene un valor seis veces superior, y evadiendo la carga fiscal asociada.

Finalmente, la Policía Nacional desarrolló un operativo policial en el cual se practicó una diligencia de entrada y registro en el domicilio fiscal de la principal empresa, procediéndose a la detención de cinco personas como miembros de un grupo criminal y esclareciéndose los delitos de contrabando, contra el medio ambiente, estafa, desobediencia grave y pertenencia a grupo criminal.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha anunciado este jueves que la Diócesis y el Cabildo Catedral de Córdoba, titular de la Mezquita-Catedral de dicha ciudad, presentarán, en el plazo previsto para ello, que concluye el próximo lunes, alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio planteado por el Gobierno de la Nación, pues «no tiene en cuenta la libertad religiosa» y «se parece a los países dictatoriales, donde no puedes respirar sin permiso de la Administración».

A este respecto y en rueda de prensa, Demetrio Fernández ha explicado que «se trata de una ley invasiva, es decir, con una mentalidad de: el Estado soy yo y soy el propietario de todo, y a partir de ahí legisló sobre todo lo humano y lo divino», actuando el Gobierno de la Nación «sin tener en cuenta a los propietarios», ni el hecho de que «el 80 por ciento del patrimonio cultural en España es propiedad de la Iglesia Católica».

En consecuencia, «estamos ante una ley de Patrimonio, de esas que, de un tirón, te despluman de todo, porque te dicen», en cuanto a los bienes declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, como es el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que pasarán a ser «Patrimonio Mundial, que es una figura nueva que expropia a todos los demás», ya que las competencias para decidir sobre ese bien las «tendrá una comisión gestora», en la que tendrá «mayoría la Administración civil».

Ello, en la práctica, según ha asegurado Demetrio Fernández, constituye «una expropiación bastante abierta», y por ello la Diócesis y el Cabildo presentan alegaciones a dicho anteproyecto de Ley, «dentro del plazo legal que se nos ha dado», que es «corto, en vacaciones y con una ola de calor, pero, a pesar de todo, ya está todo redactado y lo mandaremos».

Así lo harán, ya que les parece que «es una ley con intenciones invasivas, expropiadoras y que no tiene en cuenta la libertad religiosa», la cual, según ha aclarado el obispo, no consiste solo en poder «rezar el Ave María», sino el que pueda hacerlo «en público y en privado», y que «pueda tener los medios para poder hacer esa expresión sin un control excesivo del Estado, pues que se parece a los países dictatoriales, donde no puedes respirar sin permiso de la Administración».

Por eso presentan la Diócesis y el Cabildo de Córdoba alegaciones a dicho proyecto legislativo, sin saber, según ha dicho Demetrio Fernández, «si otras instituciones, que han hecho declaraciones públicas» en contra del anteproyecto de Ley, «tendrán un estudio tan exhaustivo como el que han hecho el Cabildo y la Diócesis de Córdoba», y que constituye «un verdadero alegato, largo, minucioso, profundo, artículo por artículo, en conjunto y en detalle», demostrando que «en Córdoba no estamos dormidos», ya que todo ello les ha «afectado profundamente».

En relación con ello, el obispo ha dicho alegrarse por las «declaraciones que han hecho las autoridades civiles, porque también les afecta a ellos», a «las autonómicas y locales», si bien, según ha resaltado Demetrio Fernández, el proyeco legislativo «afecta sobre todo a la Iglesia».

Por eso, ha dicho esperar que, «tanto a nivel de Conferencia Episcopal, como a nivel de secretario de Estado y de Nunciatura, pues haya declaraciones o aportaciones, porque se toca el núcleo de la relación Iglesia-Estado, sobre el cual hay unos acuerdos, hay una Constitución española y hay unas leyes» previas, pero «esta ley no tiene en cuenta nada de eso y quiere saltar por encima de todo. Por tanto, es una ley que nos ha dejado estupefactos».