La negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022 ya ha entrado en su recta final, aunque las posiciones entre los socios de Gobierno para alcanzar un acuerdo están aún "alejadas y distantes", sobre todo en lo referido a materias de política fiscal y de vivienda.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha propuesto aprobar las cuentas públicas para el próximo año el 28 de septiembre o el 5 de octubre, pese a que Unidas Podemos señala que la coalición está aún "lejos" de alcanzar un acuerdo, según ha admitido la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
El Ejecutivo dio el pistoletazo de salida a la elaboración de las cuentas públicas el pasado mes de julio, cuando se dio 'luz verde' al límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2022, que se mantiene en los 196.142 millones de euros, lo que supone apenas 45 millones más que la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
Por ello, jugarán un papel fundamental los fondos europeos que suponen la llegada de nuevas partidas por importe de 75.000 millones para estos tres años. Los Presupuestos para 2022 irán en línea con las orientaciones presentadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España ante por la Comisión Europea.
Según explicó el propio Sánchez en su discurso de apertura del curso político, las cuentas supondrán un apoyo a la recuperación, evitando "una retirada prematura" de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea, sobre todo, para hacer realidad el "impulso reformista" que ha planeado el Gobierno.
Con esta meta en el horizonte, el Ejecutivo ya ha iniciado su primera ronda de reuniones presenciales con los portavoces de todas formaciones parlamentarias para pedir su apoyo a los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Pero antes de que los Presupuestos lleguen al Congreso, PSOE y Unidas Podemos deben terminar de negociar las cuentas dentro de la coalición; una tarea que comenzaron ya hace semanas y que vuelve a poner el foco en sus principales discrepancias, como la política fiscal, la futura ley de vivienda, que deberían haber aprobado hace meses --según el acuerdo para los Presupuestos de 2021--, o la reforma laboral.
DUDAS SOBRE ESPERAR A LAS CONCLUSIONES DE LOS EXPERTOS FISCALES
Sobre la reforma fiscal, uno de los puntos fundamentales para Unidas Podemos, tanto la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido en varias ocasiones en que se pretende abordar una vez se haya recuperado la economía.
Las responsables de la parte económica del Gobierno han recordando que se ha puesto en marcha un comité de expertos que deberá tener sus conclusiones sobre la reforma del sistema tributario español en febrero de 2022, con lo que el grueso de la reforma no entraría en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación.
No obstante, Unidas Podemos quiere que en las cuentas públicas de 2022 figure ya un tipo fijo del 15% a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades. "Nadie comprendería que cuando la OCDE ya ha decidido que debemos tener un impuesto de Sociedades en el entorno del 15%, España no diera el paso adelante", ha reprochado la titular de Trabajo.
Y a juicio de Unidas Podemos, actualmente se produce una situación que define como "inconstitucional", dado que hay grandes empresas y entidades financieras "que llegan a pagar casi un 0%" en este tributo, mientras la gente abona por IRPF al menos un 15%.
Sobre esta propuesta en concreto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó pronunciarse durante la rueda de prensa ofrecida esta semana en Nueva York con motivo de su intervención en el 76º periodo de sesiones de Naciones Unidas, pero tampoco la rechazó de plano. "Cuando se conozcan los detalles, verán lo que contiene", aseguró el jefe del Ejecutivo.
VIVIENDA
En cuanto a la política de vivienda, las principales discrepancias se circunscriben a los mecanismos para limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas.
La negociación entre los socios de Gobierno para consensuar la Ley de Vivienda actualmente está bloqueada y acumula ya nueve meses de retraso, al persistir las diferencias sobre la fórmula de regular el alquiler.
No obstante, el pasado mes de julio, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y su nuevo equipo mantuvieron una reunión con una delegación encabezada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha servido para retomar los contactos con vistas a la elaboración de la Ley.
Precisamente, esta regulación formó parte del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para los actuales Presupuestos, pactando aprobar en enero esta ley en el Consejo de Ministros e iniciar en febrero su tramitación en el Congreso. Para ello, la ley debía contemplar la regulación del precio de los alquileres y posibilitar rebajas en los precios en zonas tensionadas.
Sin embargo, las reticencias del PSOE a la hora de desarrollar esta regulación, apostando por incentivos fiscales y no por posibilitar la intervención de las administraciones, ha encallado las negociaciones. El retraso alcanza ya los nueve meses y Unidas Podemos no acepta otra fórmula que no sea la de poder 'congelar' y bajar los alquileres en zonas tensionadas.
El desbloqueo de esta normativa cobra relevancia de cara a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2022.
