El Consejo Local de Aragón ampliado ha decidido, por unanimidad, prolongar la suspensión de las fiestas patronales en las poblaciones de la comunidad autónoma hasta el próximo 30 de septiembre. Inicialmente, se había establecido esta restricción a causa de la pandemia del coronavirus hasta el 31 de agosto.

De esta forma, se ha aceptado la propuesta presentada por el Gobierno de Aragón al citado órgano, formado por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de las tres capitales.

La sesión se ha celebrado por videoconferencia y ha sido presidida por la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, junto a la titular de Sanidad, Sira Repollés.

La decisión de prolongar la suspensión se ha adoptado tras conocer el informe de la situación sanitaria actual por la pandemia que ha trasladado la consejera de Sanidad, ha indicado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

SE VOLVERÁ A TRATAR A FINAL DE MES

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión, que había un «compromiso» del Ejecutivo para abordar esta cuestión, que se volverá a tratar en una nueva sesión de este órgano a finales de agosto «para valorar cómo está la situación y decidir qué hacer con el mes de octubre.

En ese encuentro, también está previsto abordar el inicio de curso escolar, a petición de la FAMCP, y propuesta que la consejera ha considerado «oportuna».

Pérez ha matizado que hay eventos de diverso tipo, en su mayor parte culturales, cuya celebración está perfectamente tasada en la normativa frente a la COVID-19 que ha ido emitiendo el Gobierno de Aragón.

El objetivo de la cita de este lunes ha sido evaluar la situación puntual de la pandemia en el contexto de la iniciativa local y tratar de consensuar con ayuntamientos, comarcas y diputaciones una posición común en relación con las fiestas. También se ha analizado la participación de los ayuntamientos en el Plan de Rescate a la Hostelería.

EL CONSEJO LOCAL

El Consejo Local de Aragón es el órgano de colaboración y coordinación entre el Gobierno regional y las asociaciones representativas de las entidades locales de la comunidad autónoma. Está adscrito al Departamento competente en materia de Régimen Local, en este caso, el de Presidencia y Relaciones Institucionales, y tiene carácter deliberante y consultivo.

Entre sus competencias, se encuentran efectuar propuestas sobre criterios generales en materia de atribución de competencias a las entidades locales o elaborar propuestas sobre los criterios generales de las relaciones económico-financieras entre la Diputación General de Aragón y la Administración local.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha informado este lunes que la tasa de incidencia del Covid-19 se ha estabilizado en la última semana, aunque ha hecho un llamamiento a la prudencia por la alta presión asistencial actual, ya que el aumento de contagios entre la población más joven ha hecho que aumente en la última semana un 40 por ciento los casos entre los mayores de 65 años.

Pedreño ha señalado que el mes de agosto se ha iniciado con una tasa de incidencia de 239,5 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y de 481,5 casos a catorce días, por debajo de las medias nacionales.

Por ello, el consejero, en la rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento Covid, ha indicado que se han intensificado los cribados poblaciones en diferentes puntos de la Región. Concretamente, se han realizado cribados en Murcia, Lorca, Yecla, Cartagena, Mazarrón, Jumilla, Caravaca de la Cruz, Alhama de Murcia, Blanca, Ricote y Abarán.

En total, se han llevado a cabo 2.223 pruebas de antígenos a personas de entre 14 y 39 años, con 68 positivos, lo que supone un porcentaje de positividad del 3,1 por ciento.

«Nadie está libre de este virus, incluyendo a la población más joven», ha recordado Pedreño, quien ha destacado que muchos de los ingresados actualmente corresponden al grupo de edad de 15 a 39 años, un 56 por ciento de los casos en la última semana.

La Región tiene actualmente 5.182 casos activos, después de que ayer se registrasen 185 nuevos contagios, de los cuales 42 corresponden a Cartagena; 31 a Murcia; 14 a Lorca; once a Caravaca de la Cruz; ocho en Mula y La Unión; siete a Torre Pacheco; cinco en Santomera y Totana; cuatro en Alcantarilla, Blanca, Fuente Álamo, Mazarrón, Molina de Segura y Pliego. El resto están repartidos por los demás municipios, ha señalado el consejero.

El total de personas en aislamiento domiciliario asciende a 5.034 y el de ingresadas en centros hospitalarios a 148, con edades comprendidas entre los 21 y los 93 años, de los que el 65 por ciento no están vacunados. De ellos, 30 personas, de entre 24 y 73 años, están en la UCI, de los que el 88 por ciento no han sido inoculados.

NIVEL 2

Con estos datos, la Región de Murcia se encuentra en nivel 2 medio de alerta, el mismo que los municipios de Aledo, Ojós, Ricote y Ulea; mientras que en el nivel 3 alto están el resto de localidades.

Pedreño ha recordado que en el nivel 3 la hostelería reduce su aforo interior al 30 por ciento, queda suspendida la actividad interior en el ocio nocturno y se limitan al 30 por ciento los aforos en celebraciones, sin sobrepasar las 30 personas si el acto es en interior y las 60 si es en exterior.

En esta línea, el Comité Covid, teniendo en cuenta estas cifras, ha decidido mantener las medidas vigentes autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por lo que quedan restringidas las reuniones a un máximo de diez personas no convivientes tanto en espacios públicos como privados, que no podrán producirse entre las 2.00 y las 6.00 horas.

Asimismo, continúa la orden de cierre para toda actividad no esencial entre las 2.00 y las 6.00 horas, y la prohibición de venta de alcohol en comercios y gasolineras entre las 22.00 y las 6.00 horas, además de la suspensión del interior del ocio nocturno y la limitación de aforos para celebraciones y fiestas, ya que suponen el origen del 83,1 por cinto de los contagios, ha indicado el consejero de Salud.

VACUNACIÓN ADOLESCENTES

En relación al proceso de vacunación, el consejero ha recordado que desde el domingo se abrió al tramo de 12 a 19 años en el municipio de Murcia con más de un millar de dosis puestas y este lunes se ha apliado a Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Lorca, Los Alcázares, Mula, San Pedro del Pinatar, Alhama de Murcia, Totana, Caravaca de la Cruz, Yecla, Águilas, Jumilla y Cieza. En el l resto de localidades se irá planificando en función de la disponibilidad de vacunas.

«Seguimos sin tener cerradas las dosis que llegarán este mes por lo que no podemos saber si todos los jóvenes de 12 a 19 años recibirán su dosis antes del inicio del curso, aunque esperamos que así sea», se ha quejado el consejero, quien ha recordado que esta semana se prevé el envío por parte del Ministerio de 58.500 vacunas de Pfizer y 29.370 de Moderna, y se espera inmunizar a cerca de 115.000 personas.

Pedreño ha aclarado que los nacidos en 2009 que este año cumplen 12 pero que todavía no lo han hecho, podrán ir solicitando cita para vacunarse una vez que hayan cumplido esa edad, ya que los protocolos sanitarios no permiten inocularles antes.

Hasta el momento, se han inoculado 1.711.353 dosis, con lo que la Región ha superado el millón de personas con, al menos, una dosis.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha lamentado la ausencia de Cataluña en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia celebrada este lunes, al tiempo que ha pedido que las decisiones que «afectan a todos» se adopten en este foro multilateral y no de forma «bilateral» en la reunión convocada para esta tarde entre el Gobierno de España y la Generalitat.

Así lo ha defendido Fernández Carriedo tras participar en la reunión, en la que ha urgido al Ejecutivo central a definir «cuanto antes» las líneas de actuación de este plan y de los fondos de recuperación llegados de Europa, así como los criterios de reparto de los mismos, tras lo que ha pedido más participación para las comunidades autónomas y que se «empiece a hablar» con ayuntamientos y diputaciones para incluirlas en la gestión y toma de decisiones sobre los mismos.

El consejero de Economía y Hacienda ha recordado que ya ha comenzado el mes de agosto sin que se haya iniciado la ejecución de los fondos, por lo que ha insistido en la necesidad de fijar los criterios de reparto «cuanto antes».

En este sentido, ha reconocido que sí se está gestionando parte de ellos a medida que se van confirmando las líneas que los definen, como es el caso del Plan Moves para promover la movilidad sostenible, pero ha advertido de que «quedan todavía muchas» por definir y «urge determinarlas cuanto antes», pues todas las cantidades deberán estar comprometidas antes del 31 de diciembre de 2023.

En cuanto a la ausencia de Cataluña en la Sectorial, Fernández Carriedo ha recordado que en la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue el Gobierno vasco el que «plantó» al resto para después abordar de forma bilateral con el Ejecutivo central cuestiones «que no se habían planteado» en el foro común.

En declaraciones, Fernández Carriedo ha explicado que el encuentro de este lunes ha servido para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informe a las autonomías sobre el Plan nacional para la recuperación, una vez aprobado por la Comisión Europea, así como de las normas y el reglamento para la gestión de los fondos europeos, que también ha recibido ya el visto bueno de Bruselas.

MULTILATERALIDAD

En esta reunión, Castilla y León ha abogado por la multilateralidad de las decisiones sobre estos fondos, de modo que ninguna región se vea privilegiada o perjudicada, pues como ha subrayado el consejero, la Junta no va a aceptar que la Comunidad se vea discriminada, puesto que Castilla y León «no es más que nadie», pero «tampoco menos que nadie».

En segundo lugar, Carlos Fernández Carriedo ha abogado por que estos fondos se centren en la lucha contra la despoblación, al hilo de lo cual ha alabado las palabras a este respecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la pasada Conferencia de Presidentes, pero ha advertido de que «más allá de palabras que siempre se agradecen», este objetivo debe plasmarse en los criterios de reparto y en el próximo modelo de financiación autonómica.

Por otro lado, Castilla y León, junto a otras comunidades autónomas, ha pedido mayor participación de éstas a la hora de decidir el destino de los fondos, a fin de que dichas cuantías puedan adaptarse mejor a las necesidades de cada territorio y se gestionen «con mayor eficiencia». «Pedimos que se nos deje este margen y no vengan tan encorsetados», ha insistido Fernández Carriedo.

En cuanto al compromiso anunciado por Sánchez de que las comunidades gestionarán el 55 por ciento de los fondos el primer año, Castilla y León ha pedido que esto se mantenga en ejercicios siguientes, ya que se trata de cuantías para proyectos en muchos casos con carácter plurianual.

Por último, ha reclamado que el Gobierno de España comience a hablar «ya» con las corporaciones locales para que estos fondos lleguen a ayuntamientos y diputaciones y puedan éstos, como conocedores de las necesidades de los municipios, participar en el destino del dinero.

La junta de gobierno local de Vila-real (Castellón) acordará este martes 3 solicitar la declaración de zona catastrófica en todo el término municipal ante los daños ocasionados por la granizada del pasado sábado.

Paralelamente, la Concejalía de Proximidad habilitará la oficina municipal de información al consumidor (OMIC) –cerrada habitualmente en agosto– tres días a la semana para orientar y asesorar a los vila-realenses que hayan sufrido algún daño en su propiedad sobre posibles acciones y gestiones ante sus seguros.

«La granizada del sábado por la tarde ha provocado graves daños en nuestra agricultura, ya bastante castigada por la plaga del ‘cotonet’ o la crisis de precios, y también en un buen número de propiedades privadas e incluso públicas, ya que también el edificio de la casa consistorial ha sufrido desperfectos en una ventana de la segunda planta», señala la primera teniente de alcalde, Silvia Gómez.

Desde el episodio de piedra, la central de Policía Local ha recibido avisos por desperfectos en numerosos vehículos, ventanas, desprendimientos de cornisas, problemas con cableado o también en alguna marquesina del autobús urbano.

Los efectivos de Servicios Públicos Vila-real y los agentes locales trabajaron durante el fin de semana en la comprobación de daños y colocación de vallas o cinta de precinto en aquellos elementos que pudieran constituir algún tipo de riesgo.

«Es evidente que los daños materiales han sido importantes, tanto en propiedades privadas como en nuestra agricultura, que nos preocupa de manera especial. Por eso, como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento de Vila-real se pone a disposición de la ciudadanía para ayudarla en todo aquello que podamos», agrega la edil en un comunicado.

Con este objetivo, el ejecutivo local ha adoptado rápidamente dos decisiones: solicitar a la administración competente la declaración de Vila-real como zona catastrófica, de manera que los afectados puedan acogerse a los beneficios previstos para este tipo de declaraciones, y habilitar una oficina de atención para orientar a la ciudadanía en sus gestiones y posibles reclamaciones.

También se ha acordado la apertura excepcional de la oficina durante las dos primeras semanas de agosto para atender las dudas que genera la situación y apoyar y orientar a los vecinos. En concreto, la OMIC abrirá tres días a la semana durante la primera quincena de agosto: los martes y miércoles por la tarde de 16 a 19 horas y los jueves por la mañana de 9.30 a 13.30.

Castilla y León ha notificado este lunes 483 nuevos positivos de COVID-19 –189 menos que ayer–, para sumar un total de 282.531 desde el inicio de la pandemia, con cinco fallecidos más para un total de 5.867; y 12 nuevas altas médicas, 31.573 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 282.531 positivos de COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 483 más en la última jornada. De ese total, 276.043 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

Los brotes activos registrados ascienden a 506, con un total de 2.700 casos vinculados a ellos.

VALLADOLID SUMA 128 CONTAGIOS

Por provincias, Valladolid es la que más positivos han notificado desde la jornada anterior, con 128 casos más para un total de 62.329; le sigue Burgos, con 111 positivos más y 48.058 en total; León, con 56 y un total de 48.610; Segovia, con 49 y 19.737 totales; Palencia, con 44 y un total de 23.372; Ávila, con 34 y un total de 15.151; Salamanca, con 26 y un total de 36.617; Soria, con 22 nuevos para un total de 11.634; y Zamora, con 13 y 16.823 en total.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 5.867, después de que se hayan registrado cinco nuevos decesos en las provincias de León (dos), Burgos (dos) y Valladolid (uno).

Del total, 1.194 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.176; Salamanca, que tiene 846; Burgos, 734; Palencia, 468; Zamora, con 439; Segovia, con 373; Ávila, con 348, y Soria, con 289.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 31.573, 12 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 7.703 en Valladolid; 5.455 en León; en Burgos, 4.558; en Salamanca, 4.201; en Palencia, 2.409; en Zamora, 2.074; en Segovia, 1.985; en Ávila, 1.823, y en Soria, 1.365.

INCREMENTO DE PACIENTES EN PLANTA

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 560 pacientes con COVID-19, 47 más que el día anterior. De ellos, 80 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI) –uno más que en el anterior parte–, mientras que en planta aumentan las cifras, con 480, 46 más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias –todos los que tienen unidades de este tipo– y ocupan un 24 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, mismo porcentaje que en la jornada precedente.

Así, se informa de 17 ingresados en el Complejo Universitario de Burgos; 13 en el Complejo Asistencial de Palencia; 10 en el Hospital Río Hortega y nueve el Clínico Universitario, ambos en Valladolid; siete en el Hospital de El Bierzo; seis en los complejos de León y Segovia; cuatro en el de Ávila, tres en Salamanca y Soria y dos en el de Zamora.

El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, ha exigido al Gobierno la «gestión directa» del 50% de los fondos europeos Next Generation para las comunidades y un acceso a las mismas «en igualdad de condiciones», de acuerdo con criterios de reparto que respondan a «principios de financiación autonómica».

Preguntado durante una visita realizada este lunes al Centro de Supercomputación de Galicia, Conde ha acusado al Ejecutivo central de buscar que las comunidades representen «agencias» ejecutoras de fondos europeos «decididos por Madrid» y ha reclamado que reciban una transferencia del 50% de las partidas y cuenten «con capacidad para tomar decisiones desde el punto de vista de los diferentes criterios de reparto».

En esta línea, el vicepresidente económico del Gobierno gallego ha defendido la necesidad de que los distintos territorios reciban «competencias» para «establecer criterios para asignar esos fondos». No obstante, ha lamentado que esta situación «no sea posible» en el ámbito de la política industrial, en la que ha denunciado que el Ejecutivo central «se ha reservado el 100% de fondos» y «el establecimiento de criterios» para la asignación de recursos.

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez «lleve a cabo proyectos piloto con comunidades» en un momento en el que «no están publicados los propios criterios» ni las órdenes de ayudas con cargo a los fondos europeos, por lo que le ha pedido que «vuelva al principio de la multilateralidad» en cuanto la gestión y el reparto de financiación.

«RETRASO» EN LA EJECUCIÓN

Además, Francisco Conde ha advertido del «riesgo» que conlleva que el Gobierno «esté retrasando la ejecución» de los fondos europeos y ha incidido en la importancia de que estas partidas «no establezcan más diferencias desde el punto de vista territorial».

Adicionalmente, ha reivindicado la «candidatura competitiva» y «clara» en relación a la transición energética presentada por Galicia, con 355 proyectos de los que 107 son privados y aspiran a movilizar 13.000 millones de euros. Así, ha recordado que la propuesta incluye iniciativas para «sectores estratégicos», como la automoción, la industria agroalimentaria y la aeronáutica, entre otros.

En concreto, España recibirá tras el primer anticipo un total de 19.000 millones de euros del fondo de recuperación de la Unión Europea en 2021 y tendrá que ir desbloqueando nuevos tramos cada seis meses a medida que cumple con una serie de objetivos e hitos pactados con la Comisión Europea.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha ratificado la Orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, del pasado 23 de julio, por la que –por un periodo de 15 días– se adoptan medidas de limitación de la movilidad en horario nocturno entre la 1 y las 6 de la mañana en los municipios de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro por razones de salud pública para la contención del rebrote de coronavirus.

En una sentencia de 19 folios los magistrados han estimado el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad del pasado 26 de julio por el que se denegaban las medidas solicitadas.

El Supremo ha considerado que las medidas «se hallan justificadas por razones de salud pública y ante la necesidad de evitar la propagación de la pandemia existente».

Los magistrados, además, han añadido que la Ley de Salud Pública de Aragón «permite la aplicación de medidas restrictivas de derechos fundamentales» con el objetivo de «contener el riesgo y proteger la salud pública».

Así, han subrayado que la normativa declara que en estos casos «procederá recabar la autorización o ratificación judicial, exigiendo la remisión de informe explicativo del riesgo». Los jueces han analizado los argumentos del Ejecutivo autonómico y han concluido que no hay razones para denegar la ratificación.

CONSIDERA QUE EL TSJ SE ADELANTÓ AL TC

En su auto, los magistrados de Aragón insistieron en su negativa al toque de queda al alegar que el Tribunal Constitucional aún no ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad –admitida en febrero– que planteó el propio TSJ al órgano de garantías sobre la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas para hacer frente a la covid en la que se ampara en el Gobierno autonómico para aplicar las restricciones.

El tribunal de instancia concluyó que el artículo 10.8 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa les impedía «adoptar cautelarmente medida ninguna» al estar pendientes de lo que decida el Constitucional.

La Sala Tercera del Supremo ha señalado que con la interpretación del TSJ aragonés se «está privando a la administración de la posibilidad de utilizar el mecanismo, que, conforme a la legislación sanitaria, permita la adopción de medidas urgentes y necesarias para la protección de la salud».

En este sentido, en la sentencia de este lunes los magistrados del Alto Tribunal han asegurado que la actuación del TSJ de Aragón supone «adelantarse» a la resolución que pudiera adoptar el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo autonómico presentó recurso ante el Supremo al considerar «inadecuada» la decisión judicial en el marco de la lucha contra la pandemia y reiteró que cualquier otra medida podría ser «menos efectiva y mucho más perjudicial» para la actividad económica.

Andalucía registra este lunes 2 y domingo 1 de agosto un total de 4.467 casos de coronavirus, un dato elevado pero el más bajo desde el miércoles pasado (3.848), según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado siete fallecidos, en la línea de este sábado (siete), pero más que el lunes pasado (uno).

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad registra 32 días de subidas consecutivas y se sitúa en 584,3 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, dos puntos más en 48 horas –el domingo no se actualiza la tasa– y 71,5 puntos más en un semana. La región no tenía una tasa tan alta desde el 12 de febrero (583,7).

Los 4.467 positivos de este lunes y domingo se registran tras los 5.138 del sábado, los 5.099 del viernes, los 4.893 del jueves, los 3.848 del miércoles, los 4.754 del martes y los 4.673 de este lunes y domingo.

Por provincias, Sevilla desbanca a Málaga como la que más suma con 966 la primera y 942 la segunda, seguidas de Cádiz con 739, Jaén con 428, Granada con 407, Huelva con 365, Almería con 360 y Córdoba con 260. Los siete muertos se registran en Málaga (cinco), Granada y Córdoba (uno en cada una).

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS

Andalucía ha registrado una bajada de hospitalizados tras cinco días en ascenso hasta un total de 1.207, 18 menos en 48 horas y 235 más que hace siete días, mientras que los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se han mantenido en 223, 46 más que el lunes pasado.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 473 y 88 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 206 y 37 en UCI, Cádiz con 136 y 15 en UCI, Córdoba con 122 y 25 en UCI, Granada con 107 y 25 en UCI, Almería con 65 y 14 en UCI, Jaén con 50 y once en UCI y Huelva con 48 y ocho en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 716.178 casos confirmados –4.467 en 24 horas– y ha alcanzado las 10.365 muertes, siete más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 52.098, 117 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.776 –seis más–, y el número de curados es de 626.957, después de añadirse 1.803.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.365 fallecidos desde el inicio de la pandemia –siete más–, Sevilla con 2.060 se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.810 –uno más–, Málaga con 1.729 –cinco más–, Cádiz con 1.518, Jaén con 1.021, Córdoba con 985 –uno más–, Almería con 847 y Huelva con 395.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 716.178 desde el inicio de la pandemia –4.467 más–, liderados por Sevilla con 153.341 –966 más–, seguida de Málaga con 136.195 –942 más–, Granada con 101.150 –407 más–, Cádiz con 100.689 –739 más–, Córdoba con 65.715 –260 más–, Almería con 62.173 –360 más–, Jaén con 57.805 –428 más– y Huelva con 39.110 –365 más–.

MÁS DE 100 INGRESOS

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 52.098 –117 más en 24 horas–, con Sevilla a la cabeza con 11.495, seguida por Málaga con 9.386 –81 más–, Granada con 8.664 –uno más–, Cádiz con 6.142 –cinco más–, Córdoba con 4.924 –15 más–, Jaén con 4.881 –seis más–, Almería con 4.086 y Huelva con 2.520 –nueve más–.

De ellos, 5.776 han pasado por la UCI en Andalucía –seis más–, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.147, seguida de Granada con 1.125, Málaga con 880 –cinco más–, Almería con 696, Cádiz con 671, Córdoba con 611, Jaén con 461 y Huelva con 185 –uno más–.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 626.957 en toda la región, 1.803 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 136.917 –366 más–, seguida de Málaga con 111.543 –422 más–, Granada con 91.857 –36 más–, Cádiz con 86.016 –243 más–, Córdoba con 57.301 –99 más–, Almería con 56.140 –104 más–, Jaén con 52.998 –256 más– y Huelva con 34.185 –277 más–.

SOLO GRANADA Y SEVILLA POR DEBAJO DE 500

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 584,3 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Málaga a la cabeza con 823,5. Detrás se sitúan Huelva con 617,1, Cádiz con 612,6, Córdoba con 575,5, Almería con 534,1, Jaén con 503,8, Sevilla con 461,9 y Granada con 452,4.

El Ayuntamiento de Barakaldo ha convocado en la mañana de este lunes la Mesa Antiagresiones para condenar dos casos de violencia machista sufridos por dos vecinas de la localidad en las últimas horas.

Por su parte, el Departamento vasco de Seguridad ha confirmado el arresto este domingo de un varón en el municipio por un delito de violencia de género.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el primer suceso ocurrió ayer domingo, cuando una mujer de 30 años denunciaba que su pareja había mantenido relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. «La Ertzaintza está al frente de la investigación y la mujer agredida ha sido informada de los recursos municipales que tiene a su disposición, tanto de apoyo psicosocial como jurídico», ha añadido.

Por otro lado, el Consistorio ha denunciado un segundo caso conocido esta misma mañana y que en estos momentos se sigue investigando. La mujer cuenta con el apoyo de las educadoras sociales que están coordinadas con la técnica de Igualdad para apoyar y ofrecer a la mujer agredida los recursos psicosociales y jurídicos.

La Mesa Antiagresiones está formada por las asociaciones feministas de la ciudad, grupos de mujeres, el colectivo LGTBIQ+, responsables policiales, la técnica de Igualdad del Área de Mujer y los partidos políticos municipales. De forma conjunta se ha analizado lo ocurrido y decidido las acciones de respuesta pública ante los hechos en base al documento aprobado a finales del pasado año.

En este caso, según recoge el Protocolo de Respuesta Pública, el Ayuntamiento colocará el punto lila en el balcón, difundirá a través de las redes sociales el mensaje de condena a los dos casos y se sumará a las concentraciones que se convoquen desde el movimiento feminista para mostrar a la ciudadanía su rechazo a cualquier tipo de violencia machista.

La Mesa Antiagresiones ha hecho además un llamamiento a los barakaldeses para que acudan a la convocatoria de protesta planteada por el movimiento feminista de la ciudad para así exteriorizar públicamente su apoyo a las mujeres agredidas, así como su repulsa a sus agresores.

DECLARACIÓN

Asimismo ha aprobado una declaración en la que recuerda que la violencia machista significa «una grave vulneración de los Derechos Humanos y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+ que la viven y enfrentan».

«La violencia machista no se reproduce como un hecho aislado, sino que forma parte de un entramado de valores y conductas basados en un sistema de creencias que hunde sus raíces en la subordinación de las mujeres a los hombres, además de castigar otras maneras de expresión y comportamientos en esta sociedad», ha indicado.

Por ello, el Ayuntamiento de Barakaldo ha subrayado su firme rechazo ante cualquier tipo de acto de violencia machista y se compromete «como institución pública comprometida en la lucha contra la violencia machista, a seguir trabajando para garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+ impulsando políticas favorables que garanticen la plena igualdad de toda la ciudadanía del municipio».

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha anunciado que va a publicar este lunes, 2 de agosto, una orden para limitar la movilidad nocturna de 01.00 a 06.00 horas en los municipios oscenses de Jaca, Huesca, Barbastro y Monzón desde esta misma medianoche y por un periodo de 15 días.

Así lo ha comunicado el Ejecutivo autonómico después de que el Tribunal Supremo haya dictado este mismo lunes una sentencia que autoriza a Aragón a implementar este toque de queda.

El Gobierno de Aragón ha explicado que se va a aplicar esta medida en estos cuatro municipios por ser los que tienen la mayor incidencia de casos de coronavirus en la comunidad autónoma. Si bien en todos ellos ha descendido en los últimos días, siguen presentando las tasas más elevadas de Aragón, con Jaca que suma 1.058 casos por 100.000 habitantes durante los últimos siete días; Huesca, 458; Barbastro, 437; y Monzón, 395.

El Ejecutivo ha precisado que el aval del Supremo se produce después de que el Gobierno autonómico presentase un recurso de casación tras la denegación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de la autorización judicial preceptiva para establecer ese toque de queda.

Ha añadido que el Supremo tacha en su sentencia de «inadecuada» la argumentación esgrimida por el TSJA y asegura que es este órgano judicial quien debe resolver las solicitudes que se le planteen, a pesar de estar pendiente de resolución una cuestión de inconstitucionalidad.

Desde el Ejecutivo autonómico han añadido que Aragón justificó esta medida por su «efectividad» para reforzar el control de la interacción social de la población general y especialmente de los más jóvenes en horario nocturno, en espacios públicos y privados.

Por este motivo, el Gobierno regional ha aplaudido la decisión del Supremo, avalando la argumentación proporcionada por el Departamento de Sanidad en defensa de la salud de los aragoneses.

Baleares pedirá desde este mismo martes vacunación completa, certificado de haber superado el coronavirus o una prueba de detección hecha 72 horas para acceder a las residencias de personas mayores.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Govern, Iago Negueruela, que ha adelantado, además, que a partir del 14 de agosto también habrá que aportar certificado de vacunación o de haber pasado la enfermedad o una prueba de detección en las 48 horas previas para asistir a un gran evento cultural o deportivo de 1.000 personas en interior o 5.000 en exteriores.

Tras las reuniones del Consell de Govern, así como de la Mesa de Diálogo Social, Negueruela ha indicado, igualmente, que los trabajadores no vacunados de las residencias de personas mayores tendrán que someterse a tres pruebas de detección semanales –dos de ella, como mínimo, PCR– cuyo coste, de momento, asumirá el Ejecutivo.

Las actuales medidas, que incluyen la prohibición entre las 01.00 y las 06.00 horas de las reuniones entre no convivientes, serán objeto de revisión global el próximo 23 de agosto.

ACCESO A LAS RESIDENCIAS

Además de vacunación o prueba negativa para acceder a los geriátricos –requisito del cual estarán exentos los menores de 12 años– las salidas de residentes se permitirán con la firma previa de un consentimiento en el que se garantice que, durante el tiempo fuera de la residencia, solo se relacionarán con personas vacunadas o que cumplan los requisitos anteriores.

Asimismo, los trabajadores no vacunados y que no puedan demostrar haberse recuperado de la enfermedad en los últimos seis meses se tendrán que someter a tres pruebas de detección semanales, de las cuales al menos dos tendrán que ser PCR.

Estas medidas estarán en vigor desde que se publiquen en el BOIB hasta el 23 de agosto, coincidiendo con la revisión de la medida de limitación de la movilidad.

GRANDES ACONTECIMIENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

En relación a los grandes acontecimientos tanto culturales como deportivos, hasta día 14 de agosto se mantienen las medidas actuales.

Sin embargo, a partir de ese día se permitirán los acontecimientos deportivos y culturales con un aforo máximo del 50 por ciento, 1.000 personas en interiores y 5.000 personas en exteriores.

En este caso, todos los asistentes mayores de 12 años tendrán que aportar prueba de vacunación, recuperación de la enfermedad o PDIA realizada en las 48 horas previas al acontecimiento.

Además, ha señalado el conseller, se podrá pedir autorización a las direcciones generales correspondientes para aumentar la capacidad máxima de determinados acontecimientos, que se podrá otorgar en función de una evaluación de riesgo de la actividad y de la situación epidemiológica.

CAMPAMENTOS

Otra medida de las aprobadas este lunes afecta a los campamentos de verano, puesto que los monitores que participen tendrán que someterse a test semanales antes del inicio de la actividad.

CONTROLES EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS

Así mismo, se ha considerado necesario prorrogar las medidas que se contienen en el Acuerdo del Consell de Govern de 14 de junio de 2021 por el cual se establece la medida excepcional de control en la entrada de personas en Baleares, procedentes del resto de comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante parte del mes de junio y todo el mes de julio de 2021, para hacerlas efectivas hasta el día 15 de septiembre de este año.

La portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Ruth Merino, y el diputado, Carlos Gracia, han presentado este lunes en Les Corts un decálogo para «salvar el turismo» en la Comunidad Valenciana en el que destacan medidas como el fin del toque de queda, el aumento de ayudas para el sector y bajarle los impuestos.

Según han afirmado en una rueda de prensa que han ofrecido este lunes en Les Corts, el turismo se ha visto «ninguneado» por «algunos miembros del Consell», lo que, a su juicio, ha traído consecuencias «devastadoras».

El decálogo de Ciudadanos propone eliminar todas las restricciones que afecten al desarrollo de la actividad turística; aprobar un plan económico plurianual y una partida específica para los presupuestos de 2022; suspender la carga fiscal autonómica a todas las empresas vinculadas al sector; elaborar un Plan de Turismo con un horizonte hasta 2027, aprovechando la recepción de los fondos europeos, para trabajar en el turismo sostenible, más digitalizado y más desestacionalizado; acelerar el ritmo de la vacunación; aumentar el número de rastreadores y pruebas PCR; agilizar los trámites para la adjudicación de las plazas del Imserso; promover campañas turísticas; fomentar los espectáculos seguros; y, promover que el Bono turístico de la Comunitat Valenciana esté disponible durante todo el año.

Merino ha hecho hincapié en que, desde su partido, consideran que debe levantarse el toque de queda porque es una medida «infundada» ante la que han asegurado no saber qué criterios se siguen para aplicarla en algunos municipios y en otros no. Aunque han afirmado que sirve para doblegar la curva, creen que «los perjuicios no están compensados con lo que se soluciona».

Por su parte, Gracia ha aclarado que no son propuestas nuevas, pero son «necesarias» para este sector que, denuncian, «todavía no se han puesto en marcha» por parte del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. En este sentido, ha pedido más ayudas económicas y que se agilicen los trámites para solicitarlas, ya que, según el diputado, muchas «todavía no están en los bolsillos de los solicitantes».

En esta línea, ha criticado la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «no ha pedido un plan para el sector turístico». En este sentido, la formación naranja quiere que se aprovechen los Fondos Next Generation y los Fondos Feder hasta 2027 para crear un Plan de Turismo con un horizonte hasta 2027. También piden la reducción del IVA en todos los productos y servicios turísticos y la disminución de la carga fiscal con carácter autonómico.

En cuanto a los bonos turísticos, reclaman que puedan utilizarse durante todo el año y no solo de septiembre a marzo porque «las olas van y vienen». Asimismo, consideran que debe crearse un bono ‘senior’ para dar respuesta a lo que llaman «el desastre del Imserso», de forma que este pueda desestacionalizar el turismo que consideran que debe promocionarse en el extranjero con más campañas en colaboración con los ayuntamientos.

«IMAGEN DE CONFIANZA»

Respecto a la pandemia, Gracia ha declarado que «es fundamental proyectar una imagen de confianza», por lo que han denunciado la cantidad de vacunas que la Comunitat Valenciana recibe y han reclamado una vacunación más ágil que creen que puede conseguirse con la promoción de la autocita y la vacunación durante 24 horas.

Asimismo, han apuntado que debe haber más política de prevención en colaboración con las farmacias, y han solicitado más rastreadores, pruebas PCR y el uso del pasaporte covid para que puedan celebrarse eventos.

En este sentido, el diputado ha denunciado que la Conselleria de Sanidad «no es capaz de utilizar todos los medios que tiene a su alcance para luchar contra la pandemia».

Además, la síndica ha calificado los efectos de la gestión de la pandemia en la comunidad de «preocupantes e insoportables» y estima que la solución está en «sancionar a los que incumplen las normas y no a la población en general». De hecho, ha opinado que la clave está en «encontrar el equilibrio que el Botànic no encuentra entre cuidar la salud y no hundir la economía«.

«ESCASA INFLUENCIA» DE PUIG

En cuanto a la gestión de Puig, tanto Gracia como Merino, también han subrayado la «escasa influencia que tiene Puig en Madrid que se ha visto reflejada en la Conferencia de Presidentes donde no se ha tocado la financiación ni el intolerable recorte del Tajo-Segura, que supone otra patada en el estómago de los valencianos, además de la humillante situación de las dosis de vacunas».

Euskadi ha registrado este pasado domingo 767 nuevos casos de covid-19, lo que supone 160 menos que un día antes y reduce la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas al 10,5% y la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes a 858,29. Los hospitales vascos mantienen a 60 pacientes en las UCI, tres menos que el sábado, y a 239 en planta, una veintena más.

Según los datos del Departamento vasco de Salud, a lo largo del domingo se han realizado 7.280 PCR y test de antígenos, con 457 positivos en Bizkaia, 200 en Gipuzkoa, 95 en Álava y 15 en personas con residencia fuera de Euskadi o sin determinar.

Estos 767 contagios detectados suponen el 10,5% de las pruebas diagnósticas practicadas, casi dos puntos menos que el sábado. La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 33,3%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 48,2% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes baja once puntos y se sitúa en 858,29. Supera la media Bizkaia, con una tasa de 932,25, mientras que en Gipuzkoa la incidencia es de 773,81 y en Álava de 654,43, en los tres casos con una evolución descendente.

También se ha reducido la razón de tasas de incidencia, que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana y se coloca en 1,06 (-0,03) para el conjunto de Euskadi. El número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, ha subido, por contra, a 0,90 (+0,01).

Los tres territorios vascos han registrado el domingo menos contagios que el sábado. Dentro de Bizkaia, los municipios con datos más elevados son Bilbao con 151, Getxo con 38, Barakaldo con 23, Durango con 17, Basauri, Portugalete y Sestao con 16 en los tres casos, Leioa con 15 y Galdakao con 12.

En Gipuzkoa, San Sebastián con 43 contagios e Irún con 27 son las localidades con cifras más elevadas, mientras que en Álava Vitoria concentra 72 de los positivos.

Con los datos de esta pasada jornada, más de 70 poblaciones de más de 5.000 habitantes presentan tasas acumuladas superiores a los 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, entre ellas las tres capitales.

También forman parte de este listado las localidades guipuzcoanas de Andoain, Aretxabaleta, Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irún, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga.

A ellas se unen los municipios vizcaínos de Abadiño, Abanto Zierbena, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Berango, Bermeo, Derio, Durango, Elorrio, Erandio, Ermua, Etxebarri, Galdakao, Gernika, Getxo, Gorliz, Güeñes, Leioa, Lekeitio, Markina-Xemein, Mungia, Muskiz, Ondarroa, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, Trapagaran y Zalla. En el caso de Álava, están en ‘zona roja’ Agurain, Amurrio y Llodio.

JÓVENES

Por edades, destacan de nuevo los contagios en la franja de edad de entre 10 a 19 años, con 204 positivos, y de entre 20 y 29 años, con 187. En estos colectivos la tasa de incidencia acumulada en 14 días es de 2.445 y 2.667, respectivamente. Teniendo en cuenta solo a los jóvenes de 17 y 18 años, la incidencia es de 5.347.

Le siguen en número de casos las personas de entre 50 y 59 años, con 89 positivos; el colectivo de 30 a 39 años, con 77 casos; la población de 40 a 49 años, con 60 contagios; y los menores de nueve años, con 58. Además, se han dado 38 positivos de personas de 60 a 69 años, 28 en la franja de 70 a 79 años, 17 en la población de 80 a 89 años y cinco en mayores de 90 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más baja se da entre las personas de 70 a 79 años, de 184, mientras que en el conjunto de mayores de 65 años es de 231,81 (tras sumar 3,64 puntos en la última jornada).

EN LOS HOSPITALES

En las plantas de los hospitales vascos, han ingresado durante el domingo 33 pacientes con covid, dos más que el sábado, y hay en total 239 enfermos, 20 más que el día anterior y una docena más que hace una semana.

Además, 60 personas con esta enfermedad permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos, tres menos que el día anterior pero cuatro más que siete días antes.

Los locales de Formentera también deberán cerrar a las 01.00 horas, al igual que en el resto de Baleares, limitándose también el número de comensales en las mesas.

Así, podrán reunirse en una misma mesa cuatro personas en interior y ocho en exterior, según las nuevas medidas que se aprobarán en el Consell de Govern y que se aplicarán desde el sábado.

En rueda de prensa, el conseller de Vivienda y Movilidad, Josep Marí, ha explicado en Formentera las nuevas restricciones y ha destacado que se mantienen las limitaciones de reuniones sociales de 01.00 a 06.00 horas.

Según Marí, la pretensión del Govern es «unánime» a la hora de adoptar medidas para «salvar vidas» y para contener la evolución de la pandemia, que sigue en niveles «muy elevados».

Así, ha recordado que en Mallorca la incidencia a 14 días se sitúa en 903 casos por cada 100.000 habitantes; en Menorca en 811 casos; en Ibiza se mantiene en 1.750 casos y en Formentera en 873.

La tasa de positividad es del 12,85 por ciento, triplicando los parámetros registrados a finales de junio.

Según ha destacado también la presidenta insular Alejandra Ferrer, en Formentera hay en estos momentos 109 casos activos.

Ferrer ha insistido en que las medidas deben ser «coherentes y justas» y, sobre todo, «efectivas», explicando que desde Formentera han pedido que se revise la reducción en una hora del horario de la apertura de los establecimientos.

La presidenta ha reconocido ser consciente de que una hora más para estos locales significa «mucho» y algunos, incluso pueden plantearse cerrar.

Además, ha considerado que la medida puede ser «contraproducente» y «no tendrá la efectividad que esperamos», recordando que nunca en la Isla se habían producido botellones, algo que sí sucede en estos momentos.

Ferrer ha recordado además su petición de que se aumenten los refuerzos en la Isla, también por parte del servicio de Emergencias, para ayudar al cumplimiento de la normativa anti Covid.

En cuanto a la situación en Ibiza, el conseller Marí ha destacado además el alto grado de capacidad de transmisión, del 1,04 por ciento en el caso de Ibiza. «No estamos fuera de peligro», ha manifestado en rueda de prensa.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha reconocido, por su parte, que la situación sanitaria es «preocupante» sobre todo por la presión hospitalaria que está provocando la evolución de la pandemia, aunque todavía puede controlarse. También ha reiterado la importancia de la vacunación.

Sobre las medidas, Marí ha señalado que no varían mucho de las actuales y ha explicado que la temporada ha comenzado y está funcionando mejor de lo esperado.

En relación al cierre de los locales a las 01.00 horas, el presidente ha reiterado la necesidad de profundizar en medidas restrictivas para impedir concentraciones de personas una vez cierran estos establecimientos, evitando el riesgo que suponen los botellones o fiestas ilegales.

También ha explicado que es necesario un trabajo coordinado entre administraciones para evitar estos eventos ilegales antes de que tengan lugar.

«Seguimos insistiendo en esta cuestión. Hay que dar un paso al frente, hacer un frente común», ha añadido Marí en relación a las fiestas ilegales.