El Servicio de Epidemiología del Govern balear ha notificado este viernes al Ministerio de Sanidad un total de 72 nuevos contagios de coronavirus en las Islas, con lo que la cifra de casos acumulados asciende a 100.417 desde el inicio de la pandemia y el número de muertes aumenta a 994 tras notificar seis más.

La Conselleria ha informado de que el Servicio balear de Epidemiología ha notificado este viernes la defunción de seis personas a causa de la COVID. Todas han sido detectadas después de una revisión del Registro de Mortalidad y se produjeron en agosto.

Atendiendo a los datos ofrecidos este viernes por la Conselleria de Salud y Consumo, se han notificado 56 nuevas pruebas positivas, dos menos que la jornada anterior, con lo que la tasa de positividad se sitúa actualmente en el 2,4 por ciento.

Asimismo, la tasa de ocupación UCI se mantiene en riesgo bajo --5,8 por ciento--, con 20 personas ingresadas en cuidados intensivos, 17 de las cuales están en Mallorca, dos, en Ibiza y una en Menorca.

En cuanto al número de pacientes en planta, hay 51 personas hospitalizadas en las Islas, 36 en Mallorca y 15 en Ibiza.

Además, el servicio de Atención Primaria atiende actualmente a 848 personas en relación a la COVID-19.

Por otro lado, Baleares ha administrado 1.610.971 dosis desde que arrancó la campaña de vacunación en el archipiélago, de las cuales 844.275 se corresponden con pauta completa --un 81,58 por ciento-- y 863.440, con primera dosis --un 83,43 por ciento--.

El Parlamento de Canarias acogió este jueves la conferencia 'El Holocausto y cómo Ángel Sanz Briz, un joven diplomático español, salvó a miles de seres inocentes', a cargo de Juan Carlos Sanz-Briz Quijano, hijo del llamado 'Ángel de Budapest'.

En su intervención, condenó la "injusticia, crueldad y aterrador número de víctimas" que se produjeron en la II Guerra Mundial. "Tendremos que aprender de la historia para que semejante atrocidad jamás vuelva a tener lugar", señaló.

Sanz-Briz comenzó su intervención en el Parlamento de Canarias enviando su apoyo a los palmeros y palmeras "ante la tragedia que les ha tocado vivir", y explicó que durante la II Guerra Mundial, un grupo de diplomáticos españoles, "movidos por sus valores morales y dignos representantes de lo mejor de los valores humanos", arriesgó su vida para salvar al mayor número posible de judíos.

"Uno de estos hombres fue mi padre, el número 121 en ser nombrado 'Justo de las Naciones', una lista en la que hoy hay 28.000 que han arriesgado su vida para salvar la vida de al menos un judío", indicó.

Juan Carlos Sanz-Briz hizo un recorrido por la vida de su padre en Budapest desde que era "un pequeño oasis de paz ajeno a los horrores de la guerra" hasta que pasó a ser "una ciudad muy peligrosa donde las SS y los milicianos húngaros comienzan a sembrar el terror".

600.000 JUDÍOS EXTERMINADOS

De esta forma, contó cómo Ángel Sanz-Briz conoció "con horror y estupor" que en ocho meses habían sido exterminadas por los nazis 600.000 personas de Budapest.

"Entonces asumió un papel delicadísimo, porque su corazón y su moral no le permitían quedarse de brazos cruzados", indicó.

Valiéndose de una norma algo interpretable, el 'Ángel de Budapest' convirtió 200 pasaportes en 2.200 cartas de protección con las que pudo dar refugio y salvar a 5.500 personas.

Así, más de 50.000 personas, los descendientes, vivieron gracias a él. "Me impresiona que un hombre tan joven se jugase su vida y su carrera diplomática por actuar para proteger, en nombre de España pero sin el permiso de su Gobierno, a todas estas personas. Es algo muy bonito", dijo.

Además, se preguntó si "sirvió el Holocausto para que el ser humano se haya concienciado de que esto no puede volver a repetirse, desafortunadamente, la respuesta es no", aseguró.

Juan Carlos Sanz-Briz recordó también que los genocidios siguen ocurriendo pero se pueden "parar movilizando a la opinión pública". "Logremos que nadie sea injustamente perseguido por motivos raciales, de nacionalidad, convicciones o creencias", agregó.

La conferencia celebrada este jueves se enmarca en la programación de actos conmemorativos del 40 aniversario del Parlamento de Canarias y responde al afán de hacer de la Cámara, en esta décima legislatura, una institución más cercana y abierta a la ciudadanía, un espacio para el encuentro de ideas y para la reflexión.

La cita, presidida por el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, estuvo organizada con la cooperación del Centro Sefarad Israel- Ministerio Asuntos Exteriores, representado por Ángel Luis Pérez Quintero, quien intervino para agradecer al Parlamento su colaboración con esta iniciativa complementaria a la exposición 'Visados para la libertad. Diplomáticos españoles ante el Holocausto', que ha permanecido en la Sala Tindaya de la Cámara durante este último mes.

LA CONVIVENCIA SE PUEDE "PERDER EN SEGUNDOS", DICE MATOS

Gustavo Matos subrayó que los hechos narrados por Juan Carlos Sanz - Briz "no son tan lejanos en el tiempo", por lo que consideró necesario "saber explicar a las nuevas generaciones lo que ocurrió y lo fácil que es que vuelva a ocurrir".

Advirtió de que la convivencia y la libertad "se pueden perder en segundos y por esa razón hay que permanecer muy atentos a las señales de deterioro evidente".

El presidente recalcó la importancia de que quienes tienen responsabilidades públicas denuncien, "por pequeño que sea, cualquier atentado contra la convivencia y los derechos humanos" y recordó que en estas semanas se está "viendo cómo países miembros de la UE están echando un pulso al proyecto europeo" y también en en España se ven "señales de alerta".

Por todo ello, Matos afirmó que hay que ser "activistas de los derechos humanos y denunciar esas amenazas" y citó a Edmund Burke para decir que para que el mal venza, solo hace falta que los buenos no hagan nada.

"Ángel Sanz Briz es un ejemplo destacado de persona buena que no permaneció impasible y que arriesgó su vida para salvar la de miles de personas, pese a que podía haber mirado a otro lado y no actuar", indicó.

El presidente del Parlamento clausuró la conferencia destacando el "ejemplo de lucha por la vida y por la dignidad humana" del 'Ángel de Budapest'.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia, que condena a un varón a once años y un día de cárcel, por un delito continuado de abusos sexuales cometido sobre una niña de 12 años hija de su pareja sentimental, a la que convencía "con promesas de hacerle regalos y mantener económicamente a su familia". A la hora de desestimar el recurso de apelación del encartado, el TSJA zanja que "nada apunta a que sufriera presiones por parte de la Policía para reconocer los hechos bajo la promesa de quedar en libertad".

En una sentencia emitida el pasado 13 de octubre, difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA, la sala de lo Penal del TSJA aborda un recurso de apelación interpuesto por un varón, contra una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que le condena como autor de un delito continuado de abusos sexuales sobre menor de 16 años.

En concreto, la Sección Tercera de la Audiencia declaró probado que "desde finales del mes de abril o principios de mayo de 2019", Roberto Carlos Q.C., un ciudadano peruano de entonces unos 30 años, "con el deseo de satisfacer sus apetitos sexuales, comenzó a relacionarse" con la hija de su pareja sentimental, de 12 años a la fecha de los hechos, cuando la mujer se ausentaba del domicilio común de la capital andaluza.

Ello, "iniciando su acercamiento primero solicitando de la menor que le diera besos en la mejilla, para después pedírselo en la boca, luego en la boca con tocamientos en los pechos y vagina y, finalmente, llegando a tener relaciones sexuales completas con la menor, con penetración vaginal, lo que conseguía siempre con promesas de hacerle regalos y mantener económicamente a su familia".

El día 27 de octubre de 2019 sobre las 18 horas, según el relato de hechos probados, "con ocasión de irse su pareja del domicilio para hacer unas visitas y que el hijo menor de ella dormía la siesta, se acercó a la menor y empezó a tocarla por todo el cuerpo, llevándola seguidamente a su dormitorio y tras quitarle la ropa la echó en el suelo encima de una toalla y mantuvo con ella una relación sexual con penetración vaginal utilizando preservativo hasta eyacular, yéndose después al cuarto de baño, mientras ella se vestía, siendo sorprendida en ese momento por su madre que volvió de la calle más temprano de los esperado, a quien ambos le pidieron perdón por lo que habían hecho, marchándose después el acusado del domicilio tras recoger sus enseres".

LAS PENAS IMPUESTAS

Por tales hechos, Roberto Carlos Q.C. fue condenado a once años y un día de cárcel, cinco años de libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión, diez años de prohibición de acercarse a la menor o comunicarse con ella y una indemnización de 12.000 euros en favor de la misma.

En su recurso de casación, el condenado solicitaba la nulidad del testimonio de la menor, invocando la obligación de tomar "juramento a los testigos mayores de 14 años, lo que no ocurrió en el presente caso, en el que se eximió a la menor de prestarlo porque, realizándose la prueba a través de una videoconferencia con Nicaragua, lugar de residencia de la misma, al manifestar una funcionaria togada de Justicia de dicho país que se encontraba junto a la menor, que era menor de edad, el presidente del tribunal dijo que no era necesario el juramento".

"La omisión del juramento o promesa por parte de un testigo constituye en el derecho procesal penal español una mera irregularidad de la que no puede derivarse la nulidad de la declaración prestada, por no afectar al derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, sin que se indique en el recurso qué consecuencias negativas para la defensa del acusado se derivaron de la misma, a lo cual se ha de unir que la declaración se efectuó por medio de video conferencia, al residir la testigo en Nicaragua, estableciendo al parecer la legislación de dicho Estado la improcedencia de recibir juramento a los menores de edad", señala no obstante el TSJA.

NO HUBO "PROTESTA"

Durante el juicio, según abunda el TSJA, "el letrado defensor no manifestó oposición alguna, ni formuló su protesta, como hubiera sido procedente si estimaba que concurría un grave defecto procesal que pudiera afectar a la validez de la prueba, interviniendo activamente en el interrogatorio de la menor".

Igualmente, el condenado esgrimía en cuanto a su "reconocimiento de los hechos ante la Policía y el juzgado instructor, que no constituye prueba ni un indicio de su participación en el delito, pues se desdijo en su declaración indagatoria y en el plenario".

La condena, según el TSJA, se basa "en la declaración de la víctima, que la Audiencia consideró verosímil y contundente, y que además se vio avalada por la declaración de su madre, que la sorprendió en su dormitorio medio vestida momentos después de haber mantenido relaciones sexuales con el acusado, que estaba en el cuarto, pidiéndole ambos perdón por lo sucedido, tanto en ese momento como posteriormente por whastApp; en el reconocimiento del acusado ante la Policía y en el juzgado instructor; y el informe de las psicólogas".

"Muy relevante resulta la confesión del procesado en sede policial y ante el juez instructor, en ambos casos con asistencia de letrado y cumpliéndose todas las garantías procesales", señala el TSJA, según el cual frente a la tesis de la representación del condenado, "nada apunta a que sufriera presiones por parte de la Policía para reconocer los hechos bajo la promesa de quedar en libertad", extremos todos por los que el tribunal desestima el recurso de apelación.

Francia, Reino Unido e Italia son los países más premiados con el máximo galardón de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), sumando un total de 28 distinciones --once, nueve y ocho, respectivamente--, seguidos por Suecia, con seis reconocimientos; Estados Unidos, con cinco, y Canadá, con cuatro.

Mientras, el sueco Ingmar Bergman, el francés François Truffaut y el serbio Goran Paskaljevic son los directores que aglutinan más premios principales, con tres cada uno, entre Espigas y Lábaros de Oro, galardones que se han entregado ocho veces 'ex aequo' y que, en el caso del Lábaro, ha quedado desierto en seis ocasiones.

En concreto, Bergman logró sus tres máximas distinciones cuando estas llevaban aún el nombre de Lábaro de Oro --que se mantendría hasta la 19ª edición de la Semana-- y lo hizo con las películas 'Det sjunde inseglet' (El séptimo sello), en la quinta edición; 'Jungfrukällan' (El manantial de la doncella), un año después, y 'Nattvardsgästerna' (Los comulgantes), en la 11ª Seminci.

Con tres Espigas de Oro se hizo, por su parte, el serbio Goran Paskaljevic, por sus filmes 'Someone Else's America' (La otra América), en la 40ª edición; 'Optimistas', en la 51ª y, en la 54ª, 'Honeymoons'.

Mismo palmarés atesora François Truffaut, llevándose, en la quinta edición, la primera Espiga de Oro con 'Les quatre cents coups' (Los cuatrocientos golpes); en la 15ª, con 'L'enfant sauvage' (El pequeño salvaje) y, en la 17ª, por 'Les deux anglaises et le continent' (Las dos inglesas y el amor).

Y es que Francia, con once grandes premios, es el país más premiado en el festival vallisoletano: en la 55ª edición, la Espiga recayó 'ex aequo' en 'Copie Conforme' (Copia certificada), de Abbas Kiarostami y 'Sin retorno', de Miguel Cohan (España); en la también 45ª, 'ex aequo' para 'Requiem for a Dream' (Réquiem por un sueño), de Darren Aronofsky (EEUU) y 'La ville est tranquille' (La ciudad está tranquila), de Robert Guédiguian; en la 23ª, 'Pourquoi pas!!' (¿Por qué no?), de Coline Serreau; en la 22ª, 'Providence', de Alain Resnais; en la 17ª, fue para 'Les deux anglaises et le continent' (Las dos inglesas y el amor), de François Truffaut; en la 8ª, de nuevo, 'ex aequo' para 'Une aussi longue absence' (Una larga ausencia), de Henri Colpi y 'La steppa' (La estepa), de Alberto Lattuada (Italia); en la 5ª, 'Les quatre cents coups' (Los cuatrocientos golpes), de François Truffaut; en la 3ª, cuando la suma distinción era el Don Bosco de Oro, esta fue para 'Celui qui doit mourir' (El que debe morir), de Jules Dassin.

En la 15ª edición, el Lábaro de Oro fue para 'L'enfant sauvage' (El pequeño salvaje), de François Truffaut; en la 9ª, para 'Mort, où est ta victoire?' (Muerte, ¿dónde está tu victoria?), de Hervé Bromberger; y en la para 8ª, 'Le procès de Jeanne d'Arc' (El proceso de Juana de Arco), de Robert Bresson.

Le sigue, con otros ocho galardones, Reino Unido, cuyos máximos representantes en la historia de Seminci han sido Ken Loach y Terence Davies. Así, las premiadas han sido, en la 47ª edición, 'Sweet Sixteen' (Felices dieciséis), de Ken Loach; en la 44ª, 'East Is East' (Oriente es oriente), de Damien O'Donnell; en la 43ª, 'My Name Is Joe' (Mi nombre es Joe), de Ken Loach; en la 37ª, 'ex aequo' para Léolo, de Jean-Claude Lauzon (Canadá) y 'The Long Day Closes' (El largo día acaba), de Terence Davies; en la 33ª, 'Distant Voices, Still Lives' (Voces distantes), de Terence Davies; la 31ª, de nuevo, 'ex aequo' para 'Offret' (Sacrificio), de Andrei Tarkovski (Suecia) y 'Mona Lisa', de Neil Jordan; en la 9ª, 'This Sporting Life' (El ingenuo salvaje), de Lindsay Anderson; en la 13ª, 'Privilege' (Privilegio), de Peter Watkins y, en la 4ª, 'The Prisioner' (El prisionero), de Peter Glenville, quien fuese primer Lábaro de Oro.

El tercer país en el podio de la Seminci es Italia, con ocho máximos galardones en su haber: en la 61!, 'La Pazza Gioia' (Locas de alegría), de Paolo Virzì; en la 24ª, 'Le strelle nel fosso' (Estrellas en el pozo), de Pupi Avati; en la 20ª, 'Gruppo di famiglia in un interno' (Confidencias), de Luchino Visconti; en la 18ª, 'Ludwig' (Luis II de Baviera), de Luchino Visconti; en la 16ª, 'ex aequo' para 'La strategia del ragno' (La estrategia de la araña), de Bernardo Bertolucci y 'Shonen' (El muchacho), de Nagisa Oshima (Japón); en la 8ª, espiga 'ex aequo' para 'Une aussi longue absence' (Una larga ausencia), de Henri Colpi (Francia) y 'La steppa', de Alberto Lattuada; en la 7ª, 'Il posto' (El empleo), de Ermanno Olmi; en la 12ª, 'Francesco d'Assisi' (Francisco de Asís), de Liliana Cavani.

La vista convocada en la Audiencia Provincial de Baleares por una violación grupal a una menor de edad ha terminado este viernes sin acuerdo entre las partes, por lo que el caso irá a juicio en enero.

En la causa están acusados cuatro jóvenes para quienes la Fiscalía pide penas que suman 240 años de cárcel. La pena es tan elevada al considerar a cada procesado autor de un delito de agresión sexual y cooperador necesario en la participación de otros tres, por tratarse de una violación múltiple de forma simultánea.

Además, la Fiscalía pide otros siete años de cárcel para uno de los acusados por otro delito de favorecimiento de la prostitución de menores.

Los procesados han acudido a la Audiencia acompañados de numerosos familiares. Uno de los acusados, a su llegada al edificio judicial, ha negado su participación en los hechos y ha dado a entender que las relaciones sexuales fueron consentidas --afirmando ante los medios, en términos vulgares, que la víctima disfrutó de las relaciones--.

Tras varias horas en la Audiencia, finalmente los acusados han abandonado el edificio, tratando de tapar su rostro ante las cámaras con abrigos. Uno de los acusados, transportado desde prisión, también ha intentado ocultarse con una capucha al ser conducido por la Policía.

Los familiares de los procesados han increpado a los periodistas para que no grabaran y varios han realizado gestos insultantes a las cámaras. El juicio ha quedado señalado para el 28 de enero de 2022.

VIOLACIÓN GRUPAL

Los hechos se remontan a enero de 2016. Según el escrito del fiscal, tuvieron lugar en el domicilio de uno de los procesados, en Palma.

La Fiscalía sostiene que los chicos entraron con la víctima en una habitación, forzando la puerta con un palo, y le dijeron que debía mantener relaciones sexuales con todos ellos.

Siguiendo con el relato de la acusación, la chica se negó pero terminó manteniendo relaciones sexuales múltiples por miedo y ante la imposibilidad de defenderse.

Además, la Fiscalía acusa al morador de la vivienda de haber ofrecido "vender" a la chica, por 1.000 euros, a un quinto acusado --actualmente en busca y captura-- para prostituirla. Supuestamente, ambos llegaron a un acuerdo para repartirse las ganancias. Con todo, la menor no llegó a ejercer la prostitución.

La Fiscalía recoge que la víctima, que tenía menos de 16 años en el momento de los hechos, quedó en estado de shock tras la violación múltiple y que como consecuencia de los hechos ha recibido tratamiento psicológico. La acusación pública aprecia una agravante de trato vejatorio y actuación conjunta de varias personas.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita órdenes de alejamiento en favor de la víctima y una medida de libertad vigilada para los acusados por tiempo de diez años, una vez salgan de prisión.

Además, al morador de la vivienda le acusa de favorecer la prostitución y pide siete años de cárcel más, así como una multa de casi 8.000 euros. Igualmente, pide una indemnización de 100.000 euros para la víctima por los daños morales.

El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo interpuesto por Izquierda Unida (IU) contra el archivo de la querella que presentó junto al Partido Comunista de España (PCE) y al Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (FAIRADE) contra el rey Juan Carlos I por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a Hacienda.

La Sección Primera ha examinado el recurso y ha acordado "no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere" la ley del órgano de garantías.

Así lo ha informado IU en una nota, en la que ha avanzado que tras la negativa del Constitucional acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar la "inacción de la justicia española frente a Juan Carlos de Borbón y la vulneración de derechos fundamentales".

En su recurso, IU había pedido al tribunal de garantías que ordenara "la retroacción de todas las actuaciones al momento procesal anterior a la violación del derecho fundamental, debiendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordar la práctica de todos los medios probatorios propuestos en los sucesivos escritos interpuestos" por Izquierda Unida y "cuantos otros resulten procedentes".

La formación también había reclamado al Constitucional que proclamara "la necesidad de asegurar las condiciones para tener una justicia que no solo sea imparcial sino que también lo parezca a la hora de dilucidar sobre investigaciones que afectan al anterior Jefe de Estado".

IU Y EL PCE ACUDIRÁN AL TEDH

IU y el PCE han estimado acudir a Estrasburgo al considerar que no han obtenido ninguna respuesta satisfactoria en un asunto de "gran importancia no solo a nivel político y social, sino por la sensación de impunidad que deja en buena parte de la sociedad por la discriminación en el trato que la justicia muestra a determinadas personas y a su entorno de amistad y de negocios debido a su nombre y al cargo que ocupan".

Según han precisado en el comunicado, ambas formaciones barajan denunciar en su recurso cómo determinados autos dictados por la Sala Penal del Tribunal Supremo "han lesionado el derecho fundamental de la acusación popular a la tutela judicial efectiva, en su vertiente a formular con todas las garantías la acción popular".

La resolución del Constitucional tiene lugar después de que el pasado febrero el Supremo resolviera el archivo de la querella de IU al entender que estaba basada solamente en el "relato periodístico" y que para abrir una causa penal "se precisa algo más".

Al momento del archivo, los magistrados del Alto Tribunal indicaron que, "con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal". "Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito", señalaron entonces.

LOS PARTIDOS DENUNCIAN "ANIMADVERSIÓN" DEL SUPREMO

En el marco de su comunicado, desde IU y el PCE han insistido en que la interpretación que los tribunales españoles y la Fiscalía han hecho del concepto constitucional de inviolabilidad "no puede suponer de facto una suerte de impunidad absoluta para que el anterior jefe de Estado delinquiese sin que se le exija responsabilidad criminal alguna".

Para ambas formaciones la vulneración de este derecho fundamental se ha producido también "en su doble vertiente de obtener una resolución judicial motivada, razonada y razonable, así como el de seguirse una investigación y procedimiento efectivos ante el órgano judicial competente, derechos igualmente protegidos por el Art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

IU y el PCE también estudian elevar al TEDH lo que han considerado que son "descalificaciones" por por parte del Supremo en sus diligencias de archivo, lo que, a su juicio, "pone de manifiesto" la "animadversión" del Alto Tribunal "a la hora de referirse a una de las partes del proceso" cuando no se les ha permitido "ejercer con garantías la acción popular, haciendo de éste un proceso viciado y falto de imparcialidad".

La declaración del estado de emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020 en Galicia supuso, entre otras cuestiones, la activación del Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) en su nivel de emergencia de interés gallego (IG). Diecinueve meses después, el Gobierno autonómico ha dado por concluida esta situación extraordinaria, que este mismo viernes (una jornada antes de lo que se anunció por parte de las autoridades autonómicas) ya no está vigente y, por consiguiente, queda "desactivada" esa medida, que deberá ser comunicada hora a la Axencia Galega de Emerxencias.

La decisión, que no afecta por el momento a los protocolos educativos y "se entenderá sin perjuicio de la adopción por las autoridades competentes, se toma en un escenario en el que la incidencia de Galicia está en descenso desde el 21 de julio, con tres tramos de diferente intensidad en el descenso. El 28 de septiembre fue el día en que se detectó el tercer cambio, con porcentaje diario de -1,8%.

En el global de Galicia, a siete días la incidencia es de 7,29 casos por cada 100.000 habitantes, un porcentaje de positividad del 0,72. Santiago es la que presenta la incidencia acumulada más alta a siete días, con 10,3 casos.

Por grupos de incidencia, en las personas de 65 años y más, la tasa es de 5,09 casos por cada 100.000 habitantes. En este grupo de edad, la tasa de positividad es del 0,66%.

También la tasa de hospitalización mejoró, con ingresos del 0,52 y 0,11 en unidades de agudos y críticos, respectivamente, a siete días por cada 100.000 habitantes. El grupo de edad de 65 y más años es de 1,45 ingresos por cada 100.000 habitantes en agudos y de 0,29 en críticos, por encima de la media gallega.

CAMBIO DEL MARCO JURÍDICO

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó, al filo de la medianoche del jueves al viernes, una edición bis en la que se recoge el acuerdo del Consello de la Xunta por el que se levanta el estado de emergencia sanitaria que, en la práctica, unicamente proporciona un cambio de marco jurídico para la adopción de las normas de prevención contra la covid-19, ya que por el momento se mantienen vigentes las últimas restricciones (aunque con toda probabilidad este sábado cambian).

Ahora el Ejecutivo gallego se queda con la única herramienta de la ley de salud, reformada durante la pandemia para dar más instrumentos a la Xunta en la toma de decisiones para situaciones como la provocada por el coronavirus.

Por tanto, siguen vigentes --hasta la publicación de las nuevas medidas, que el Gobierno esperaba poder hacer efectivas este sábado-- las restricciones de aforo (al 90 por ciento de forma general) que han regido hasta ahora. De hecho, el propio diario oficial, que suscribe el levantamiento de las medidas que se decretaron con la llegada de la llamada 'nueva normalidad' en junio de 2020 (cuando Galicia salió del estado de alarma nacional), también matiza que, por el momento, siguen vigentes las últimas normas de restricción adoptadas por la Consellería de Sanidade (de hace dos semanas).

Es decir, el Gobierno gallego tiene pendiente de publicar (para su entrada en vigor) la decisión de elevar al 100 por cien los aforos en hostelería, ocio nocturno y resto de actividades.

La intención es que entren en vigor este sábado, pero como algunas de las cuestiones --como la obligación de presentar certificado covid para entrar en discotecas-- necesitan autorización del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), esta cuestión sigue sin ratificarse (a última hora de la mañana de este viernes). En todo caso, fuentes jurídicas han confirmado que este mismo jueves el Gobierno gallego envió la petición de autorización y es previsible que este viernes pueda completarse la desescalada.

PROTOCOLOS EN EDUCACIÓN PERMANECEN

El diario oficial también recoge que será la persona titular de la Consellería de Sanidade la que, como autoridad sanitaria, "establecerá las intervenciones públicas necesarias para garantizar los derechos y deberes" de los ciudadanos y, en particular, la adopción de medidas en el artículo 38 de la ley de salud gallega.

Por el momento, se mantienen, eso sí, los protocolos de adaptación al covid-19 en los centros de enseñanza no universitaria de Galicia para el curso 2021-2022, con el texto del 1 de septiembre de este año, y que hicieron conjuntamente las consellerías de Sanidade y de Educación, y sucesivas adaptaciones.

Precisamente, la desescalada en los colegios es una de la cuestiones que ha cobrado actualidad en los últimos días y, en concreto, está a debate el uso de las mascarillas en los recreos al aire libre. También está pendiente la suavización de medidas al respecto del acompañamiento de las madres, padres o tutores a los niños en los colegios, que actualmente no está permitida.

"El protocolo será plenamente aplicable hasta que los órganos competentes acuerden la finalización de la vigencia de las actuaciones coordinadas en salud pública frente a la covid-19 ara centros educativos durante el curso 2021/22", señala el DOG.

Las mujeres de todo el mundo vieron mermadas sus investigaciones científicas en la primera ola de Covid-19, especialmente en la franja de edad entre 25 y 45 años, con una disminución que llega a ser el 50% menor en función de la franja de edad y la disciplina. La hipotésis que justifica la reducción de las publicaciones entre científicas es que tuvieron que atender a las cargas familiares.

Así, se desprende de un estudio liderado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat de València (ETSE-UV) con la participación de cuatro instituciones europeas publicado en la revista Plos ONE y que es el más grande realizado hasta la fecha. sobre productividad científica, según han informado fuentes de la institución académica.

El estudio ha supuesto analizar 2.329 revistas de la plataforma Elsevier, con más de cuatro millones y medio de artículos de más de cinco millones de investigadores e investigadoras.

Al respecto, el investigador principal de este estudio en la UV, Francisco Grimaldo, ha explicado que la hipótesis probable de la brecha de género en esta edad son "las cargas familiares". En ese sentido, apunta a que las científicas jóvenes fueron las que principalmente se encargaron del cuidado de la familia y las responsabilidades del hogar, donde pasaron una mayor cantidad de tiempo de acuerdo con los datos de Google Mobility, con lo que "tuvieron menos tiempo para desarrollar sus investigaciones".

Con el inicio de la pandemia y el confinamiento aumentó enormemente la producción de artículos académicos, especialmente en los campos de medicina y salud ya que los científicos, en masculino, tenían más tiempo para trabajar y producir artículos.

Sin embargo, las científicas, que en principio estaban en las mismas condiciones, también aumentaron la producción, pero este crecimiento fue mucho menor que en el caso de los hombres. Es decir, se produjo más de lo habitual, pero los científicos en mayor cantidad que las científicas.

En ese sentido, el investigador Francisco Grimaldo y Daniel García (también de la UV) y expertos de la Universidad de Milán, la Universidad de Lund y la Universidad de Linnaeus, las dos últimos de Suecia), constan que publicar más puede permitir a muchos hombres darse a conocer y agrandar su currículo de investigador.

Por ello, advierten de que en los próximos años se podría ver cómo el camino iniciado en los primeros meses de 2020 "daría más frutos en la carrera de muchos hombres, no así en la de las investigadoras y científicas que se vieron obligadas a hacerse cargo de otras tareas que, se supone, son compartidas".

En ciencia es fundamental publicar las investigaciones y compartir los resultados, por lo que cada estudio es susceptible de convertirse en un artículo, si bien muchos no llegan a ver la luz. Las revistas científicas descartan miles de artículos cada año. La editorial Elsevier, que posee datos de 2.329 cabeceras científicas diferentes, ha cedido los datos anonimizados de todos sus artículos a la Universitat de València, tanto los publicados como los que no, lo que ha permitido realizar este estudio, según las mismas fuentes.

En el artículo publicado se menciona también la revisión de los papers que llegan a las revistas. Se trata de una tarea compartida en la comunidad científica a la que prácticamente la totalidad de científicas y científicos dedican una parte importante de su tiempo.

SIN DIFERENCIAS EN CORECCIONES

Con el aumento de los trabajos científicos, publicados o no, también aumentaron las correcciones. "Sin embargo, aquí no se ha constatado diferencia entre géneros, lo que viene a decirnos que las mujeres siguieron manteniendo su vocación de servicio a la comunidad científica", explica Grimaldo.

Este artículo es resultado del proyecto "Herramientas informativas avanzadas sobre la revisión por pares de artículos científicos", financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con referencia RTI2018-095820-B-I00.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ayamonte (Huelva), en el marco de la red ENFAST --European Network of Fugitive Search Teams--, a dos fugitivos, madre e hijo, buscados por las autoridades polacas por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales y que presuntamente habrían estafado unos 218 millones de euros a personas muy conocidas y mediáticas de Polonia, además de a otros ciudadanos anónimos, "aprovechando la popularidad y el prestigio profesional de la mujer detenida", que era una de las personas más buscadas en Polonia.

Según han indicado desde el cuerpo policial en una nota de prensa, las investigaciones policiales comenzaron a mediados del año 2019, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia en España de dos fugitivos calificados por las autoridades polacas como "los más buscados", al ser miembros de una sofisticada red de estafadores.

Los hechos por los que se les reclamaba ocurrieron en Polonia entre los años 2012 y 2017. Unos años antes, ambos fugitivos se establecieron en Suecia donde crearon su propia galería de arte. Así, la detenida se convirtió en una empresaria de prestigio, llegando a ser una de las personas con más ingresos del país escandinavo en el año 2007.

En este sentido, desde la Policía Nacional han indicado que su "alto nivel de vida" y su habitual presencia en eventos y fiestas "facilitó" el crecimiento y la expansión de sus actividades, "lo que le permitió ampliar sus horizontes empresariales", llegando a abrir galerías de arte en España, concretamente en la localidad malagueña de Marbella, y en Estados Unidos entre otros países. De esta manera, "creó un entramado empresarial que resultó ser una pirámide financiera para el blanqueo de capitales".

De este modo, cuando captaba a sus clientes, lograba que realizasen importantes inversiones en obras de arte "con promesas de obtener abundantes beneficios" en presuntas ventas posteriores de las piezas, si bien dichas ventas nunca llegaban a producirse.

La Policía Nacional ha indicado que algunas de sus víctimas aseguraban que la detenida "sabía cómo ganarse la confianza de las personas a las que iba a engañar, logrando estafar a individuos muy mediáticos y conocidos", así como que "también engañaba a personas totalmente anónimas" que llegaron a invertir todos los ahorros de su vida. Se estima que la cantidad total estafada asciende a unos 218 millones de euros.

Asimismo, han apuntado que la investigación ha sido "larga y complicada" debido a que el alto poder adquisitivo de los fugitivos les facilitaba moverse constantemente para escapar de las posibles investigaciones.

Los investigadores de Polonia lanzaron las labores de rastreo en más de 140 países y, fruto de estas gestiones, se tuvo conocimiento de que los fugitivos estarían ocultos en la provincia de Huelva. Tras múltiples gestiones y vigilancias, se pudo centrar su paradero en la localidad de Ayamonte donde fueron detenidos en la vía pública.

Euskadi mantendrá la obligatoriedad de llevar mascarilla en los patios para los menores de 12 años en una situación de la pandemia de la covid-19 que puede derivar en una "nueva ola", según ha asegurado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

En declaraciones a los periodistas en el BEC de Barakaldo, donde se ha presentado la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Euskadi 2021-2024, Sagardui ha recordado que, entre lo que se ha aprendido en esta pandemia, es que el virus "va buscando su supervivencia" y lo consigue "instalándose en las poblaciones más vulnerables".

"En estos momentos, la población infantil menor de 12 años es una de las más vulnerables que tenemos porque no hay una vacuna pediátrica que les hayamos podamos administrar", ha añadido.

Por ello, cree que hay que evitar que en los patios escolares "no puedan jugar entre ellos, al tener que mantener las distancias" si no llevan mascarillas. "¡Ayúdemosles!", ha emplazado.

La consejera ha explicado que el uso de la mascarilla es una de las medidas preventivas "para todos, para evitar ese contagio y evitar que se expanda el virus". En este sentido, cree que los niños menores de doce años deben llevarla en los patios "para protegerles" porque no es para "fastidiarles". "Estamos intentando mantener su normalidad en este fin de pandemia", ha manifestado.

Gotzone Sagardui ha indicado que el protocolo en Euskadi establece la utilización de las mascarilla en esos casos y ha recordado que la evolución de la pandemia "no es buena" y se está decidiendo si esto puede "transformarse en una nueva ola". "El contexto no invita a pensar que estemos en un momento de mayor relajación de las medidas", ha remarcado.

Por ello, ha llamado a contribuir a la prevención para la protección e impedir la expansión del virus. "Ponerse la mascarilla nos protege, pero también ayuda a la no expansión del virus", ha insistido.

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha acusado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y "todo lo que supone la estructura del Estado" de "lastrar" el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi.

En una entrevista a Radio Popular, Iturrate se ha referido a la transferencia a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los impedimentos que se están produciendo.

Tras recordar que existen "compromisos pendientes" con el PNV por parte del Gobierno central desde el acuerdo de investidura, Iturrate ha defendido la necesidad de que exista "una relación de sinceridad y colaboración" por ser "lo mínimo necesario para llegar a acuerdos presupuestarios".

Así, ha insistido en que el PNV lo que pide es que se cumplan los "acuerdos", ya que la formación jeltzale es un socio que actúa "con lealtad", por lo que exige "reciprocidad".

En relación al traspaso del Ingreso Mínimo Vital, Iturrate ha reconocido que está habiendo una colisión "pero lo firmado está ahí". "La voluntad del presidente del Gobierno está ahí pero hay obstáculos que lastran el traspaso: el ministro y todo lo que supone el Ministerio, la estructura del Estado", ha criticado.

No obstante, ha advertido que el PNV estará "firme y poniendo pie en pared en defensa de las competencias de Euskadi", como la del IMV, que "está comprometida".

Por otro lado, y en relación a los acuerdo entre PSOE y PP para renovar los órganos constitucionales, Iturrate ha considerado "lógico que se dé un juego de negociación entre partidos", pero "otra cosa es cómo se hace".

En esta línea, ha incidido en que al PNV le gustaría "otra forma de actuar por parte de PSOE y PP para que se "representase mejor la realidad de un Estado que es plural y plurinacional".

ENERGÍA

Por último, y en relación al incremento del precio de la electricidad y el real decreto aprobado por el Ejecutivo central, Iturrate ha considerado que éste tiene "cosas buenas y otras que no lo son tanto".

Asimismo, ha defendido que la acusación al PNV de que se posiciona a favor de las eléctricas es "tan burda que es una acusación de manual". "Lo que perseguimos es la defensa de los puestos de trabajo y de los proyectos industriales. El objetivo no es solo abaratar el precio para el consumidor domestico sino también para la industria", ha argumentado, para añadir que el decreto debe "corregirse y modificar algunos de sus apartados".

La Audiencia Nacional juzga a partir de este viernes a Abdelkader E.L.E., un hombre acusado de apoyar a la organización terrorista DAESH y de realizar publicaciones de contenido violento y radical en la red social Instagram.

Abdelkader, para quien la Fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión por un delito de enaltecimiento terrorista, habría difundido una serie de imágenes y videos que incitaban a la violencia contra los cuerpos policiales y otros de temática relacionada con el radicalismo violento islámico.

Asimismo, el Ministerio Fiscal interesa las penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo de 10 años. Y, por último, la medida de libertad vigilada por tres años.

Alternativamente, la Fiscalía propone que le sea impuesta por el delito de auto adoctrinamiento terrorista la pena de dos años y tres meses de prisión.

Con 687 seguidores en la red social, Abdeldaker tenía como foto de portada la frase 'Nadie os va a tocar mientras yo esté con vida'. Más abajo, en su muro, una serie de fotografías: un jinete a lomos de un caballo portando un fusil Kalashnikov, una persona que simulaba apuntar a un agente de policía por la espalda e incluso una instantánea de Osama Bin Laden con una bandera de DAESH.

IMÁGENES DE LAS TORRES GEMELAS O NIÑOS SOLDADO

Así se recoge en el escrito de acusaciones provisionales del fiscal, que también apunta a imágenes sobre el atentado de las Torres Gemelas, de muyahidines combatiendo y de niños uniformados y con armas.

La Fiscalía considera que esas publicaciones tenían la "finalidad de difundir el ideario violento de la organización terrorista DAESH y lograr que esta organización" consiguiera su "objetivo de instaurar violentamente un califato universal regido por la Sharia", la ley islámica.

Además, la incautación en julio de 2019 de una serie de dispositivos electrónicos a Abdeldaker permitió a la Guardia Civil averiguar que el acusado trató de adquirir más conocimientos eimágenes sobre el yihadismo violento y radical con la finalidad de difundirlos a terceras personas y lograr la implantación del DAESH.

Así las cosas, Abdeldaker seleccionaba desde internet o del material que recibía de otros usuarios el contenido de carácter yihadista que más se adecuaba a su ideología y procedía al tratamiento o edición de las imágenes para posteriormente compartirlo en Instagram y también en Facebook.

Los investigadores también encontraron en su teléfono más imágenes e, incluso, un contacto guardado con "grafía árabe", originario de Turquía y cuya imagen de perfil era una persona portando un arma corta, en posición desafiante.