El PSOE ha acusado este miércoles al PP de querer que «fracase» el diálogo con Cataluña iniciado en la mesa entre los gobiernos central y catalán mientras que su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, le ha restregado que hasta el expresidente del Gobierno José María Aznar habló con la banda terrorista ETA.

Así han replicado los socialistas y el grupo confederal a la moción que el PP ha llevado al Pleno del Congreso para instar al Gobierno a reconocer como «inviable jurídica y políticamente» cualquier referéndum que promueva la Generalitat de Cataluña, a comprometerse con que la mesa de diálogo «no tenga ningún efecto jurídico» y a circunscribir su relación institucional con el Gobierno catalán a lo previsto en la Constitución y el Estatut.

Durante la defensa de esta moción, la diputada ‘popular’ Carmen Navarro ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de haber «dado la espalda» al interés general con la activación de una mesa que considera una «farsa», de cuya última reunión no se sabe «nada» y cuyos protagonistas «mienten».

VOX DICE QUE SÁNCHEZ PODRÍA ACABAR «EN EL BANQUILLO»

Aunque el texto de los ‘populares’ no se votará hasta este jueves, Vox, Cs, UPN y Foro han adelantado su respaldo y no han ahorrado críticas hacia Sánchez, al que han acusado de haberse puesto «de rodillas» ante los independentistas sólo por «oportunismo político», como ha comentado Edmundo Bal (Cs), y al que el diputado de Vox Juan Carlos Segura vaticina que podría acabar «en el banquillo» si sigue por esos «derroteros».

Pese a este apoyo, la iniciativa no saldrá adelante. El PSOE, por boca de Francisco Aranda, ha dicho que «no queda otra que votar en contra» de una moción que se sitúa al PP al lado de «quienes quieren que fracasa el diálogo» con Cataluña. Aranda ha lamentado que los de Pablo Casado «renieguen» de la palabra, «corazón de la democracia», porque, a su juicio, eso es tanto como «cerrar el camino de las soluciones y perpetuar la disputa».

De su lado, Jaume Asens, de Unidas Podemos, se ha preguntado cómo es posible que el PP esté en contra de una mesa de diálogo entre dos gobiernos legítimos salidos de las urnas cuando en el pasado el Gobierno de José María Aznar incluso llegó a «acuerdos con ETA». «Sentarse y dialogar no es inconstitucional –ha proclamado–. Salgan del día de la marmota y dejen de aplicar el odio y la confrontación, que tenemos memoria».

«TERAPIA DE GRUPO DE LA DERECHA»

También ha puesto de relieve las conversaciones con ETA el diputado de Bildu Jon Iñarritu, quien ha señalado que la moción del PP es «incoherente» con su pasado, intenta «criminalizar» el diálogo y contrasta con lo que defendía Aznar, que llegó a decir que «la independencia vasca es legitima si no se impone por la fuerza».

En el PNV, Aitor Esteban ha rechazado la tesis de que la Constitución no permite un referéndum de autodeterminación y que la mesa de diálogo sea contraria al ordenamiento jurídico; desde ERC, Gabriel Rufián ha lamentado la «terapia de grupo de la derecha» que supone, a su juicio, esta moción y ha denunciado que los ‘populares’ estén en contra de la «política»; y Ferrán Bel, del PDeCAT, se ha preguntado por qué se preocupan por una mesa si creen que «no sirve para nada».

El Pleno del Consejo Fiscal que se ha celebrado este miércoles, y que ha sido presidido por la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ha puesto en marcha el proceso de elección de los miembros de la Comisión Ética Fiscal después de que se cierre el proceso participativo que se abrió con la elaboración del Código Ético.

En un comunicado remitido por la FGE se informa de que a fin de garantizar la máxima transparencia del proceso elección de miembros, se ha dado cuenta al Consejo de las bases para la convocatoria de las elecciones. Ese proceso de elección será abierto a toda la carrera fiscal y se votará a los miembros de la Comisión entre las candidaturas que se presenten.

En este consejo la Secretaría Técnica de la FGE ha expuesto al Consejo Fiscal el Plan de Formación que ha diseñado para el año 2022 con la participación de toda la carrera fiscal. Según el comunicado, los ejes estratégicos que articula el plan son: perspectiva de género e igualdad, lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, modernización, gestión del cambio y liderazgo, transparencia, comunicación y deontología de la carrera fiscal, especialización, derechos humanos, Estado de Derecho, derecho comparado, europeo e internacional, nuevos modelos de justicia -mediación, justicia restaurativa y conformidades-, y nuevo modelo de proceso penal y fiscal investigador.

Indican que este plan formativo permite garantizar a los fiscales una capacitación especializada, integral y de calidad. Añaden que en su elaboración se han tenido en cuenta las novedades legislativas, los últimos pronunciamientos jurisprudenciales nacionales y supranacionales y las propuestas presentadas por los integrantes de la carrera fiscal, por la Comisión Pedagógica, por la Comisión de Formación y por los fiscales de Sala especialistas.

INFORME SOBRE EL USO DE DATOS FINANCIEROS

Por otro lado, la FGE ha informado al Consejo Fiscal de la remisión por el Ministerio de Justicia de un borrador de Convenio para la Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Fiscal. De este borrador y de las observaciones que ha redactado la Fiscalía General, apuntan, se dará cumplida información a los miembros de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, que ya han sido convocados al efecto.

Una vez que dicha Comisión acuerde el contenido final de las observaciones, las mismas se harán llegar al Ministerio de Justicia a la mayor brevedad, a fin de que se ponga en inmediato funcionamiento un instrumento específico de prevención para la carrera fiscal en el marco de la administración de justicia.

En el día de hoy el Consejo Fiscal ha aprobado también el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de la información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, en el que se proponen algunos ajustes técnicos a la norma.

El hombre de 63 años acusado de matar a su pareja en Calpe (Alicante) en 2019, de una puñalada en el corazón, ha negado los hechos en la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial por un tribunal del jurado. «Yo no he hecho nada, la quería mucho y la echo de menos todos los días cuando me levanto, llevo más de dos años así», ha sostenido el hombre en el uso de su última palabra.

Así ha asegurado que eran «felices», que se iban a casar y que no tenía ningún motivo para matar a su mujer. De la misma forma, ha señalado que no hubo ninguna discusión previa a los hechos en la vivienda y que no maltrataba a la víctima, aunque sí discutían: «Éramos antiviolencia», se ha definido.

Durante el juicio los agentes y médicos forenses ha explicado que la víctima estaba en el suelo apoyada en un lado del acusado, que se encontraba inconsciente con un cuchillo clavado en la parte izquierda del abdomen.

No obstante, el acusado, que únicamente ha contestado a las preguntas formuladas por la defensa, sí ha reconocido que salieron a cenar a un restaurante y que consumieron alcohol, pero que una vez en la vivienda ella se fue a la cama y él se quedó dormido en el sofá. Posteriormente, ha añadido, se despertó directamente en el hospital.

Sobre la relación de él con la hija de la víctima ha indicado que era «normal» y que habían hecho planes con ella y su novio durante su estancia en España. También ha negado que la fallecida tuviera problemas económicos o deudas.

Las acusaciones han mantenido la petición de 24 y 25 años para el acusado por un delito de asesinato con agravantes de parentesto y por cuestión de género. La Fiscalía ha añadido finalmente esta circunstancia, aunque sin un aumento de la pena, al considerar que las pruebas han acreditado que la víctima sufría malos tratos.

«Sólo estaban ellos, no hay signos biológicos ni pruebas de la presencia de otra persona en el momento del suceso y ha quedado probado que él intentó quitarse la vida sin éxito», ha concluido el fiscal.

Igualmente, el ministerio público sostiene que también se ha acreditado que no hubo una pelea previa ni que fuera la víctima quien atacase primero y que, aunque el acusado hubiera bebido, sus facultades estuvieran tan mermadas como para no defenderse de una posible agresión.

Tanto la acusación popular, ejercida por la Generalitat, como la particular que ejerce la hija de la víctima, se han sumado a las conclusiones del fiscal y han insistido en que se trata de un asesinato por cuestiones de género.

Por contra, la defensa ha sostenido en su intervención que todas las acusaciones se han hecho en función de «hipótesis» puesto que «nadie sabe lo que ocurrió» y ha subrayado que ni la hija ni el novio alertaron a los servicios de emergencias y llamaron al exmarido de la víctima, que reside en Bélgica.

«Existía animadversión de la hija hacia su padrastro, yo planteo que no avisaron a emergencias o directamente a la Policía al descubrir lo ocurrido porque estaban esperando a que se murieran y que pareciera una pelea entre los dos, así de claro», ha declarado la defensa.

Del mismo modo, ha criticado que se ha fundamentado la acusación hacia el hombre en base a «dimes y diretes» y la declaración de la hija que llevaba «cinco años sin hablarse con su madre». «Si los agentes han declarado que estaba muy oscuro, no entiendo cómo la hija pudo ver tan rápido lo que había pasado cuando llegó a la vivienda de madrugada», ha expuesto. También ha recordado que no existen partes de lesiones ni denuncias previas que acrediten los malos tratos.

AUTOLESIÓN

Paralelamente, los médicos forenses que atendieron tanto a la mujer fallecida como al hombre han confirmado que ambos habían consumido alcohol y que en el caso de la víctima, solo tenía una herida «profunda», «mortal» y «certera» en el corazón, sin signos de violencia ni de defensa.

Por su parte, el acusado presentaba diez heridas en la parte izquierda del abdomen y que, aunque eran importantes, no eran «vitales». Asimismo, el hombre tampoco presentaba heridas de fuerza ni de defensa. Los forenses concluyen que la principal hipótesis es que las heridas del acusado fueron por autolesión, mientras que la mujer murió «casi en el acto».

El escritor y periodista estadounidense Patrick Radden Keefe ha asegurado tras la publicación de su libro ‘El imperio del dolor’ (Reservoir/Periscopi) que es «importante ser escéptico» con las grandes farmacéuticas pero no serlo tanto como para no ponerse la vacuna contra el Covid-19.

En una rueda de prensa en Barcelona, el autor del volumen que se adentra en la dinastía de farmacéuticos Sackler ha sostenido que es una industria «movida por el beneficio más que por la preocupación por la salud pública».

«A la vez, creo que no deberíamos ser tan escépticos como mucha gente en mi país que rechazan ponerse la vacuna, creer en la verdad científica o escuchar a los doctores. Reconozco libremente la incomodidad de publicar este libro en 2021″, ha contrapuesto.

De hecho el autor de ‘No digas nada’ ha afirmado que se ha puesto la vacuna de Pfizer, una de las empresas que salen en su libro por la vinculación que tuvo con ellos el patriarca de los Sackler, Arthur.

El imperio del dolor’ resigue tres generaciones de los Sackler, empezando por Arthur y sus dos hermanos, que tras nacer en el Brooklyn del ‘crack’ del 29 amasaron una fortuna multimillonaria a partir de los años 50 dedicándose a la farmacia, la comunicación médica, la filantropía y el coleccionismo.

Tras interesarse por los analgésicos –Arthur contribuyó al éxito del Valium con una campaña de márketing dirigida a los médicos– y comprar Purdue Pharma, la siguiente generación del clan, comandada por Richard Sackler, sacó al mercado el OxyContin, un fármaco opiáceo de absorción lenta pero que contenía dosis elevadas de oxicodona.

Muchos consumidores descubrieron, según narra Radden Keefe, que si trituraban las pastillas o las esnifaban podían colocarse, y además la compañía había omitido informar sobre el riesgo de adicción a la oxicodona, con la connivencia de un funcionario de la agencia regulatoria del medicamento.

«ACUSACIÓN AL SISTEMA»

Así, describiendo la implicación gubernamental, empresarial y de los médicos que recetaron el OxyContin, el autor ha dicho sentirse cómodo con la idea de que el libro constituye una «acusación a todo un sistema que ha descarrilado por el dinero, el poder y el capitalismo de libre mercado, que se han mezclado con consecuencias devastadoras».

Ha narrado que la crisis de los opiáceos en Estados Unidos ha comportado la muerte de medio millón de personas en los últimos 25 años y se calcula que hay más de dos millones de adictos.

Keefe ha asegurado que los Sackler «se han salido con la suya», porque pese a haber sido condenados a pagar una multa de 4.500 millones de dólares, lo harán durante los próximos diez años y, según él, la fortuna familiar, estimada en 11.000 millones, será todavía mayor cuando terminen de abonar lo debido, por los intereses de sus negocios.

EL LEGADO DE UN APELLIDO

Así, ha apuntado que «la única forma de rendimiento de cuentas» será el perjuicio causado al apellido familiar, si bien no será consuelo, ha dicho, para las madres que perdieron a sus hijos por sobredosis de medicamentos y que él ha entrevistado para documentarse.

Esta es una cuestión nuclear en su libro, pues los Sackler se dedicaron a patrocinar el máximo de instituciones culturales y científicas posible –como el Metropolitan de Nueva York o el Louvre de París–, algunas de las cuales han empezado a retirarlo tras el escándalo de la crisis de los opiáceos.

Radden Keefe ha dicho que ha recibido muchas amenazas legales, incluso antes de publicar el libro, y que descubrió que le vigilaban mientras estaba cumpliendo la cuarentena por la pandemia en su domicilio.

La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Alberto Sierra Olivan, un ciudadano español requerido por las autoridades de Perú por su participación en el tráfico de aves prohibidas, porque los hechos por los que es requerido no constituyen un delito en España.

Concretamente, Sierra había sido reclamado por el país sudamericano por un delito de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre después de que el acusado fuera detenido en el aeropuerto Internacional de Lima en 2016 con 34 aves de fauna silvestre en su poder sin tener autorización para ello.

En el auto que rechaza la entrega de Sierra, los magistrados coinciden con la Fiscalía, que defendía que los diferentes tipos de tucanes con los que fue sorprendido –como el cabezón o el rabirojo– no están protegidos en el Código Penal español, que tan solo contempla a la fauna nacional.

Además, recuerdan que en junio de 2020 ya se rechazó otra solicitud de extradición formulada por Perú utilizando el mismo razonamiento. Concretamente, después de que las autoridades requisasen a Sierra a varios ejemplares de los gallitos de las rocas, una especia protegida por la legislación peruana pero no por la española.

FISCALÍA Y DEFENSA DEFENDÍAN QUE SIERRA NO HABÍA COMETIDO UN DELITO

La decisión de la Audiencia Nacional se produce una semana después de que se celebrase la vista de extradición, en la que la Fiscalía y la defensa Sierra defendieron que el acusado no habría incurrido en ningún delito. Ambas partes coincidían en que se trataba, únicamente, de una sanción administrativa y en ningún caso un delito de contrabando.

Sierra fue detenido en septiembre de 2019 en Logroño por agentes de la Guardia Civil en cumplimiento de una orden internacional de detención que se basaba, precisamente, en la adquisición, transporte y entrega de esas mismas aves con la finalidad de su exportación a España.

Esto dio lugar a la apertura de la Operación Suzaku, culminada en noviembre de 2017, con la detención de una treintena de personas integrantes de una organización criminal dedicada a la introducción ilegal en España de aves y huevos, adquiridos en diversos países de África y Sudamérica.

La desarticulación de esta organización, que utilizaba mulas para el transporte de las aves o sus huevos por vía aérea, se saldó con la detención de 29 personas en distintos puntos del territorio nacional, así como en otros países, a las que habría que sumar otras 2 personas que han sido investigadas no detenidas en España.

El Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza ha dictado una sentencia en la que se le reconoce al torero aragonés Imanol Sánchez su derecho a percibir durante la pandemia la prestación extraordinaria de desempleo para artistas de espectáculos públicos, y ha condenado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al abono de la prestación correspondiente.

Previamente, el diestro había presentado una reclamación ante el SEPE, tras haberle sido denegada la petición que hizo amparándose en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que el Gobierno de España aprobó medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.

En la resolución de dicha denegación se indicaba que «solo incluye a efectos del acceso extraordinario a la prestación por desempleo establecida en el artículo 2, a los artistas en espectáculos públicos» y que el solicitante «está encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social como profesional taurino y no como artista».

El torero cumplía, según su abogado José Antonio Visús y su asesor laboral Alberto Joven, con el requisito de haber cotizado un mínimo de 20 días en los 365 días anteriores a la declaración del estado de alarma, y además había cotizado el máximo posible durante los años 2018 y 2019.

En la reclamación administrativa, se argumentaba que con la denegación de la prestación se vulneran los artículos 14 y 41 de la Constitución. «Sánchez no puede ser discriminado frente al resto de los trabajadores por el mero hecho de que su profesión sea la de matador de toros, y los poderes públicos deben de mantener «un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo».

Imanol ha sido uno de los diestros afectados por la pandemia y uno de los muchos profesionales taurinos a los que el SEPE denegó ayudas por su paro profesional. El afectado calificó este hecho de «decisión arbitraria y discriminatoria de Yolanda Díaz para acabar con la industria taurina, dado que la propia denegación emitida por el SEPE hacía alusión a su condición de torero para llevar a delante la misma, bajo indicación directa de la ministra y vicepresidenta del Gobierno».

Ante la denegación del SEPE, Sánchez decidió demandar a la Administración ante lo que consideró «un claro ejemplo de injusticia social», al entender que «la denegación de la prestación por parte del SEPE, por estar incluido en el Régimen General de la Seguridad como Profesional Taurino, vulnera no solo la propia norma, sino que además supone vulnerar los artículos 14 y 41 de la Constitución Española».

El Juzgado de lo Social ha dictado, en este mes de septiembre, la sentencia favorable a Sánchez, declarando al demandante el derecho a percibir la prestación económica de desempleo para artistas de espectáculos públicos, condenando al demandado al pago de la prestación que corresponda.

El torero de Pedrola ha manifestado lo siguiente: «Estamos muy satisfechos por esta sentencia, no se trata de la cuantía económica sino de luchar por la justicia, en este caso la de no discriminar una persona por su profesión».

El Papa ha recibido en el Vaticano a una familia de catorce afganos, entre ellos siete niños, que tuvieron que escapar de Kabul tras ser denunciados ante los talibanes por practicar la fe cristiana, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El escritor afgano Ali Ehsani, exiliado en Italia desde los años 90, había lanzado la voz de alarma ante las instituciones italianas y del Vaticano después de que esta familia fuera delatada por un vecino. «Yo les mandaba vídeos de eucaristías y ellos las ponían en el salón de su casa con volumen bajo, pero lo suficientemente alto como para que lo escuchase toda la familia», ha explicado.

Según su relato, un día, uno de los vecinos les preguntó por qué escuchaban «música extraña». «Después desapareció el padre; creen que lo secuestraron los talibanes y tuvieron que escapar», explica. Eshani acabó movilizando a todos sus contactos para ayudarles. «Se mueven de zona en zona, quieren salir del país, pero no tienen a nadie que les ayude. Busco un canal humanitario que se movilice por ellos», escribió en un periódico italiano.

Eshani es cristiano, uno de los pocos cristianos afganos que hay en el mundo. Lo descubrió cuando tenía 8 años porque sus compañeros de escuela le preguntaron por qué su padre no iba a la mezquita. «Se lo pregunté a mi padre, y él me dijo: ‘¿quién te ha dicho eso?’ Entonces me explicó que no debía decirle a nadie que nosotros éramos cristianos. Me contó que los cristianos iban a la iglesia, pero no me dijo mucho más por miedo a que yo contara nuestra fe y nos descubrieran», asegura.

Hoy tiene 38 años y es abogado en Italia. Huyó de Afganistán junto a su hermano, que falleció durante el viaje, tras ver cómo mataban a sus padres y arrasaban su casa. Eshani resumió la historia de su vida y el horror que sufrió por culpa de los talibanes en el libro ‘Esta noche miramos las estrellas’, publicado en italiano por la editorial Feltrinelli.

Finalmente, gracias a la intervención del Vaticano, algunos diputados del Parlamento italianos y la fundación católica ‘Meet Human’-la rama más reciente de la Fundación San Michele Arcangelo de Bérgamo-, los catorce miembros de esta familia pudieron llegar al aeropuerto Internacional Hamid Karzai y subirse a un avión fletado por las autoridades italianas. Actualmente, es la Fundación Meet Human la que se hace cargo de estas personas.

La Audiencia Nacional ha acordado extraditar a Colombia a Jonathan Andrés Zuloaga, alias ‘El Nene’, presunto jefe de sicarios de la organización criminal conocida como La Oficina.

Las autoridades colombianas reclaman a ‘El Nene’ por homicidio, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delitos que en España constituirían homicidio, dirección de organización criminal y tenencia ilícita de armas.

Sin embargo, el tribunal rechaza entregarlo por el delito de tráfico de estupefacientes porque en la petición de extradición «no se contiene una referencia ni un relato mínimamente individualizado y preciso» respecto a este ilícito.

De acuerdo con la solicitud cursada por Bogotá, a Zuloaga se le relaciona en concreto con la muerte a tiros de dos ciudadanos colombianos en episodios ocurridos en marzo y abril de 2015.

Además, la Justicia de Colombia le vincula a La Oficina como «jefe de sicarios o cabecilla, de acuerdo con diferentes interrogatorios y entrevistas aportados por testigos».

Durante la vista de extradición celebrada el pasado 15 de septiembre en la Audiencia Nacional, la defensa alegó que los hechos de los que se le acusa no son lo suficientemente concretos.

Los magistrados, en cambio, creen que la Fiscalía colombiana deja claro que se dirige contra varias personas por estos sucesos pero menciona expresamente a ‘El Nene’ como miembro de La Oficina.

Añaden asimismo que «el hecho de la residencia legal del reclamado en España con su familia tampoco constituye obstáculo ni razón atendible para pronunciarse en contra de la extradición».

AUTOR INTELECTUAL Y MATERIAL DE MÁS DE 100 MUERTES

La Policía Nacional informó el pasado mes de mayo de la detención de ‘El Nene’, al que se le atribuye la autoría intelectual y material de más de 100 muertes, entre ellas la de su suegra, que cometió, presuntamente, como venganza por un posible hurto de dinero propiedad de la organización criminal.

Zuloaga es considerado por Colombia como el cabecilla de la organización criminal con influencia en varios departamentos colombianos y que cuenta con ramificaciones internacionales a lo largo de todo el mundo.

‘El Nene’ Habría sido el encargado de la expansión y consolidación en Europa de este grupo. En particular, habría articulado actividades de narcotráfico a gran escala en Suramérica, Panamá, México, Estados Unidos y Cabo Verde.

Su entrada en España se produjo en 2015, con la supuesta intención de montar varias sucursales de La Oficina en España, Bélgica y Francia. Al ser detenido en 2019, se desestabilizó la línea de mando de la organización criminal, generando también un impacto significativo en las finanzas de la misma.

La organización Ríos con Vida ha decidido conceder su premio Ríos Vivos 2021 a la Plataforma en Defensa de las Fuentes y, por contra, ha otorgado su premio Ríos Muertos 2021 al Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats).

Según ha informado Ríos con Vida en nota de prensa, la Plataforma en Defensa de las Fuentes está integrada por distintos colectivos ambientales, sociales y vecinales de la comarca del Segura, como la Federación de Asociaciones de la Sierra del Segura, Ecologistas en Acción de Letur, Comunidad de Regantes Las Fuentes de Letur, Asociación ‘Sierra y Libertad’ (Férez), Asociación Cultural ‘Fuente del Partidor’ (Socovos), Asociación ‘Sierra del Agua’ (Riópar), Ecologistas en Acción de Albacete, Sociedad Albacetense de Ornitología y Asociación de Vecinos de Benizar y Comarca (Benizar – Moratalla).

Con este galardón, Ríos con Vida quiere reconocer el «firme y constante trabajo» de la Plataforma por la vida de cuencas fluviales de los ríos Mundo y Segura, caracterizadas por la irregularidad y la escasez de agua y especialmente vulnerables ante la explotación incontrolada y las presiones derivadas de la actividad humana, «un territorio de alerta permanente y un reto constante para los amantes y defensores de los ríos vivos».

Así, se premia especialmente la «destacada e incansable» presencia de la plataforma en las redes sociales, «con un contenido de altacalidad, técnicamente impecable, y un estilo educado y empático».

Por su parte, el Premio Ríos Muertos 2021 ha recaído en el Scrats, constituido por más de 60 comunidades de usuarios de la zona del Sureste y el Levante, incluyendo el Campo de Cartagena, que «defiende a capa y espada una vieja y obsoleta política del agua que mantiene a las cuencas del Segura y Tajo conectadas por un trasvase irracional e insostenible, que entre muchos graves problemas ambientales y sociales, asociados a la insoportable degradación del curso alto y medio del río Tajo, ha terminado por ocasionar el colapso ecológico del Mar Menor, con la complicidad o la inacción de las administraciones implicadas».

El acto de entrega de los Premios Ríos Vivos/ Ríos Muertos 2021 tendrá lugar el día 25 de septiembre a las 14.00 horas en el Hotel La Alberquilla, en Yeste (Albacete).

La acusación particular ejercida por el abogado Antonio Urdiales ha pedido al juez que investiga la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que cite a declarar en calidad de testigo a Susana Crisóstomo, directora de gabinete del Ministerio del Interior.

En un escrito de 20 de septiembre, el letrado ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que lleve a cabo a la citación al considerar que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska estaba «al tanto» de la llegada del líder polisario a territorio español.

«Salvo que la presencia de Ghali en Logroño, el 18 de abril de 2021, no le hubiera sido puesta de manifiesto a la Policía Nacional por un acto de revelación extrasensorial, lo lógico y normal es que el Ministerio del Interior estuviera al tanto de la operación», ha indicado.

La acusación ha defendido la tesis de que la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya –que ya figura como imputada en la causa– coordinó «con otros Ministerios» la entrada del líder polisario a España.

En concreto, ha señalado a la cartera de Interior, «habida cuenta de que la ambulancia que trasladó a Ghali desde Zaragoza hasta Logroño fue escoltada por fuerzas policiales», algo que ha desconocido en sede judicial el exjefe de gabinete de González Laya, también investigado en el procedimiento.

«Sobre el conocimiento de la Excma. Sra. Ministra de Defensa, Margarita Robles, dada su condición de exmagistrada, expreso mis reservas y es probable que fuese ‘puenteada», ha precisado el letrado.

TESTIFICAL DE CARMEN CALVO

La petición se enmarca en el escrito en el que pide las testificales de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo y su directora de gabinete, María Isabel Valldecabres, después de que ambas fueran señaladas por el exjefe de gabinete de Exteriores, Camilo Villarino.

La acusación ha destacado el relato de Villarino sobre una llamada telefónica que dijo recibir el 15 de abril de la jefa de gabinete de la vicepresidenta en la que ésta, «siguiendo instrucciones», le preguntó si se estaba sopesando la posibilidad de que Ghali viniera a España.

«Hay que presumir que Carmen Calvo tenía serias sospechas y alertas de que Ghali iba a ser introducido de forma clandestina», ha señalado como argumento para reclamar su comparecencia.

ENTRADA Y SALIDA DE GHALI

El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable para la mujer que asesinó al hijo de acogida de su pareja sentimental, de 8 años, en agosto de 2017 en Elda (Alicante).

La sala rechaza así el recurso de casación interpuesto por la condenada contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que, al igual que la dictada por la Audiencia Provincial, en aplicación del veredicto del jurado, le impuso, además, el pago de una indemnización de 125.000 euros a los padres de acogida del menor (120.000 euros a la madre y 5.000 euros al padre), y de una multa de 1.080 euros por simulación de delito.

Según los hechos probados, la mujer estranguló al menor con una camiseta que llevaba a medio poner u otra prenda tras abordarle «de forma repentina por la espalda» cuando estaba a solas con él en su domicilio el 30 de agosto de 2017, aprovechando conscientemente la diferencia de fuerza y corpulencia con el niño.

Posteriormente, relató a la policía que dos hombres desconocidos vestidos de motoristas y con casco puesto habían entrado en la vivienda sin su consentimiento y habían intentado abusar de ella, aunque desistieron después de que les hiciera creer que estaba embarazada. También les dijo que la golpearon y que acto seguido agredieron sexualmente al menor.

Para dar veracidad a su relato, había bajado los pantalones y los calzoncillos al cuerpo del menor y se cortó la camiseta y el sujetador que llevaba puestos, se golpeó la frente con una piedra, causándose una lesión, y se ató las manos con una cuerda, según los hechos probados.

El tribunal aprecia la agravante de alevosía que justifica la condena por un delito de asesinato y no por un delito de homicidio, como reclamaba la condenada en su recurso de casación. Recuerda que la jurisprudencia de la Sala reconoce, como regla general, la agravante de alevosía en ataques repentinos y por la espalda, «sin que advirtamos, en el caso que nos ocupa, excepción para apartarnos de ella».

MÁS DE UN INDICIO

El tribunal remarca que, a diferencia de lo que alega la condenada, han sido más de un indicio los tenidos en cuenta para definir la intención de la acusada y la manera «consciente, repentina y por la espalda» con que dio muerte al menor.

En esta línea, admite que es cierto que ha sido fundamental el informe de autopsia y la información ofrecida por los forenses, entre ella que el ataque tuvo lugar por la espalda, «pero no es el único elemento sobre el que ha formado criterio el jurado, pues están esas marcas en el cuello del menor y la inexistencia de ruidos de lucha o defensa, indicativos de lo sorpresivo o repentino de dicho ataque».

Tal y como ocurrieron los hechos, la sala considera que concurren los presupuestos característicos que definen la situación de indefensión e inferioridad de la víctima respecto de la condenada, «en tanto en cuanto ésta quiso aprovecharse de unas circunstancias objetivas, las buscara, o no, de propósito, para terminar con la vida del menor, en la medida que empleó en la ejecución medios, modos o formas tendentes directa y especialmente a asegurar el resultado de muerte, sin riesgo para ella que pudiera proceder de la defensa por parte del menor».

Así, sostiene que la condenada, en su idea de dar muerte al niño, se valió de unos medios de ejecución «que objetivamente eran idóneos para asegurar» el resultado «sin riesgo para ella» y que iban dirigidos a ese fin «desde el momento que los puso en marcha con aquel objetivo, lo que la hace merecedora del mayor reproche que conlleva la agravante de alevosía», subraya la sala en la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Luis Hurtado.

En su declaración ante la Audiencia, la mujer aseguró que el niño se había atragantado con un trozo de jamón, que intentó salvarlo «hasta el último momento» y que se inventó el asalto porque sufrió un ataque de pánico, una versión que rechazó el jurado popular que la consideró culpable de asesinato.

La Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de 20 años de prisión por delito de asesinato a Jonathan Witmar Berreondo Noriega como autor del conocido como ‘crimen de la maleta’ de Zaragoza, al ratificar las sentencias de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El TS ha estimado parcialmente el recurso de casación interpuesto por el condenado al rebajar el tiempo de libertad vigilada, tras el cumplimiento de la pena de cárcel, de diez a cinco años.

La Audiencia y el TSJA consideraron probado que el acusado mató en su casa de la capital aragonesa, el 14 de diciembre de 2018, a J.M.V.R., un transportista con quien se había citado por una aplicación telefónica para mantener relaciones sexuales, al que propinó 21 martillazos en la cabeza y la cara.

El Supremo entiende que tanto el tribunal del jurado de la Audiencia de Zaragoza, en primera instancia, como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la segunda, no vulneraron la presunción de inocencia del acusado al señalar que dio muerte dolosamente a su víctima, mientras mantenían relaciones sexuales, atacándola por detrás con un martillo, hasta romperle la cabeza, y salpicando de sangre la estancia en la que se producían estos hechos, terminando por introducir el cadáver en una maleta, buscando seguidamente una coartada, en realidad, atribución del hecho a un tercero, que se desmoronó por las múltiples contradicciones en las que incurrió.

La Sala ha desestimado las alegaciones del recurrente respecto a que no se habían tenido en consideración sus manifestaciones sobre que la autoría material fue obra de un tercero, y destaca, por el contrario, que la prueba fue suficiente y que el jurado rechazó con racionalidad la atribución de la responsabilidad a un tercero. El TS rechaza la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Así, recuerda que el jurado tuvo en cuenta para descartar esos argumentos del acusado, como son el posicionamiento de los teléfonos móviles; la admisión inicial de la autoría por parte del acusado; la mecánica de los hechos, que cuadra con tal admisión de hechos; los informes técnicos de investigación de los funcionarios policiales actuantes; el cruce de datos del teléfono móvil de ese tercero, a quien se quiere involucrar en los hechos y la creación de pistas falsas por dicha persona.

En la sentencia, ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, se subraya que «no sólo puede concretarse la inexistencia de una tercera persona cuando ocurren los hechos en la tarde del 14 de diciembre de 2018 por lo previamente expuesto y que la Policía concluye de manera racional y exhaustiva, sino también por las conclusiones de la pericia forense y el informe detallado que al respecto realizan en el Plenario».

«De manera que las pruebas practicadas –reza la sentencia–, de indudable contenido incriminatorio, junto al intento del acusado de eludir la acción de la justicia creando la excusa de atribuir la muerte por él causada a un tercero mediante la argucia de crear pruebas y pistas falsas, así como la especial violencia de la agresión con reiteración de hasta 21 golpes con un martillo en la cabeza de quien se hallaba postrado boca abajo en una cama, justifican no solamente la condena del inculpado sino la pena impuesta en la mitad exacta del arco de la señalada para el delito cometido».

El TS estima parcialmente el recurso del condenado únicamente en lo relativo a la medida de libertad vigilada impuesta al mismo, que fue de 10 años, y se establece en 5, ya que no puede tener una duración mayor en el caso de delito de asesinato.

Como responsabilidad civil, el TS ha confirmado las indemnizaciones fijadas en la sentencia recurrida, que fueron de 100.000 euros para la hija de la víctima, 50.000 euros para sus padres y 25.000 euros para sus hermanos.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha respondido a la petición que han realizado comunidades autónomas como Andalucía o la Comunidad Valenciana de crear un fondo compensatorio para las regiones infrafinanciadas, explicando que este fondo ya se planteó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que fue Madrid, entre otras, «la que se opuso».

Así se lo ha expuesto Montero al diputado de Compromís, Joan Baldoví, que durante la comparecencia de la ministra en el Congreso para hablar sobre la reforma del modelo de financiación autonómica ha reiterado la petición que acordaron este martes el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, de pedir un fondo compensatorio.

Ambos dirigentes se reunieron este martes para establecer un frente común en la negociación del modelo de financiación autonómica y reclamaron conjuntamente que, mientras se abre el debate para modificar el sistema de financiación, se cree un fondo transitorio compensatorio que pueda paliar la infrafinanciación de ambas comunidades autónomas.

Ante esto, la ministra de Hacienda ha alegado que esta posibilidad ya se planteó por algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, el pasado mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, llevándola incluso a una votación que fue rechazada por varias comunidades autónomas, entre la que se situaba la Comunidad de Madrid.

«Planteé la votación y ¿sabe usted quién se opuso? El señor Lasquetty, de la Comunidad de Madrid, porque no compartía que hubiera un fondo específico», ha apostillado la ministra de Hacienda exhortando a la bancada ‘popular’ a decidir con que autonomía se alinean.

«QUIERO PACTARLO CON USTEDES»

En este contexto, Montero ha señalado que mantiene su oferta de diálogo para pactar con el PP esta reforma del modelo de financiación autonómica. «Quiero pactarlo con ustedes, con el PP, los dos principales partidos de esta Cámara deberían estar de acuerdo con el futuro modelo de financiación», ha apostillado.

En cualquier caso, la ministra ha pedido a los ‘populares’ que «tomen la decisión» de elegir una posición común respecto a los distintos planteamientos que ya han exhibido, entre otros, los presidentes de la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia sobre los criterios que deben de primar.

La ‘popular’ Macarena Montesinos ha desdeñado la oferta de diálogo de Montero, convencida de que más pronto que tarde se convertirá en su habitual «rodillo y monólogo», y sobre todo, teniendo en cuenta que «en tres años» el Gobierno no ha hecho «ni un sólo acercamiento» para tratar este asunto con el primer partido de la oposición.

EL PP HABLA DE RODILLO

«Estamos dispuestos a hablar de todo, pero no a la subordinación a la que quieren someternos siempre, ni a perder el tiempo», le ha espetado la diputada por Alicante.

En línea con la ministra, la diputada del PSOE Patricia Blanquer, ha aprovechado su intervención para recriminar al PP que no actualizaran ni reformaran el modelo de financiación autonómica durante los años en los que tenían mayoría absoluta, algo en lo que ha incidido también la propia María Jesús Montero.

También el secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha dicho que el PP debe de tener «el rostro de hormigón armado» para quejarse ahora de que no se renueva el modelo de financiación autonomica cuando estuvo gobernando con mayoría absoluta y no hizo nada.

Para el socio morado del Gobierno, al sistema que aún está vigente «se le han visto las costuras» y debe ser modificado, pero considera que su diseño debe ligarse a una reforma fiscal y al «blindaje de los servicios públicos» fijando «un suelo de ingresos», más que un techo de gasto.

Por todo ello, ve difícil cerrarlo este mismo año. «Me hago cargo de la necesidad de compaginar lo urgente y lo importante, pero no nos queda más remedio –ha dicho a la ministra–. El objetivo es que tendrá que ser aprobado porque la alternativa del fracaso no debería existir».

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, se reunió este martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con el nuevo canciller de Venezuela, Félix Plasencia, en el cargo desde mediados de agosto.

Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press han precisado que el encuentro, el primero en persona tras varias conversaciones telefónicas previas entre los dos ministros, se enmarca en los contactos que ha venido manteniendo Albares «con todas las partes» en Venezuela.

El ministro inició dicha ronda de contactos a principios de septiembre, con una primera conversación telefónica con Plasencia, quien ha sustituido a Jorge Arreaza como jefe de la diplomacia venezolana.

Además, recibió en la sede de Exteriores al encargado de negocios de Venezuela, Mauricio Rodríguez, máximo representante del Gobierno de Nicolás Maduro en España, ya que ambos países mantienen rebajado el nivel de relaciones y no cuentan con embajador en sus respectivas capitales.

Albares también habló con Leopoldo López, una de las principales figuras de la oposición y que tras permanecer refugiado en la Embajada española en Caracas durante año y medio ahora reside en España. López es miembro de Voluntad Popular, el partido al que pertenece Juan Guaidó, al que algunos países como Estados Unidos consideran como presidente legítimo de Venezuela, pero no España.

Asimismo, contactó con Henrique Capriles, antiguo candidato opositor a la Presidencia y que se ha erigido en los últimos tiempos como una figura más partidaria del diálogo con el Gobierno que el bloque encabezado por Guaidó.

Tanto el encuentro con Plasencia, hijo de padres canarios y con doble nacionalidad, como el resto de contactos de las últimas semanas «tienen como objetivo apoyar el proceso de negociación» que han iniciado el Gobierno venezolano y la oposición en México, han destacado las fuentes.

Dicha negociación está mediada por Noruega y cuenta con Países Bajos como país acompañante de la oposición y Rusia del Gobierno venezolano. Además se ha creado un grupo de países amigos para respaldar el diálogo, entre los que está Estados Unidos pero no España por ahora.

El secretario general del PSOE en Cantabria y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Pablo Zuloaga, ve necesario recurrir la decisión del Gobierno central sobre la protección del lobo porque las comunidades «se quedan sin herramientas» para gestionar la especie; y ha abogado por «el diálogo entre gobiernos» para que las posturas «se acerquen».

«Instamos a los gobiernos en encontrarse, alcanzar vías de acuerdo y entender las reformas legales que desarrollemos de aquí en adelante en la búsqueda de soluciones», ha dicho Zuloaga, en relación a los «problemas» que causa el «constante ataque del lobo» a las cabañas ganaderas y la «agilidad en el pago de los daños», que es «una de las consecuencias más necesarias con el aumento de la población de lobos en Cantabria».

Así lo ha señalado el secretario socialista en la comunidad a preguntas de la prensa sobre los recursos que presentará en los tribunales el Ejecutivo autonómico (PRC-PSOE) por la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), quedando prohibida su caza en España a partir de este miércoles, según recoge la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que lidera Teresa Ribera (PSOE).

Zuloaga ha indicado que el Ejecutivo autonómico ha sido «claro» en la defensa de un modelo de gestión que, si bien es «mejorable», ha dado «sus frutos» a lo largo de los últimos tiempos en la comunidad.

En concreto, ha argumentado que son «recurrentes» los ataques de lobos en Cantabria y también, en algunos momentos, las denuncias de los ganaderos de la región por el «retraso» en el pago de las ayudas por los daños que producen estos ataques.

«Entiendo, como entendemos todos, que la política tiene que formar parte de las soluciones y que el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España tienen que buscar las vías de acuerdo y de diálogo para entender que los pasos que demos sean parte de la solución», ha valorado.

Asimismo, ha apuntado que tras la publicación de la orden en el BOE ayer, martes, el Ejecutivo cántabro ha sido «claro», junto a otras comunidades autónomas, en la «necesidad de recurrir» la decisión del Gobierno de España.

En este sentido, ha indicado que la protección sobre el lobo «se podrá dar en el momento que esté clara cuál es la estrategia nacional de preservación de la especie». «La verdad es que ahora mismo, tras la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado, las comunidades autónomas se quedan sin herramientas para gestionar una especie que sigue causando daños», ha afirmado.

El vicepresidente ha asegurado que los daños del lobo también «afecta muy negativamente» a los ganaderos, un sector económico que en Cantabria tiene «un gran respaldo» social y cultural. «No son el problema sino que son la solución a la lucha contra la despoblación y otras cuestiones que afectan muy negativamente a la sociedad de Cantabria», ha defendido.

En este sentido, ha añadido que la región «nunca ha sido ajena» a la defensa de la coexistencia del lobo con la ganadería extensiva.

«Desde el Gobierno de Cantabria lo que hacemos o lo que planteamos el Partido Socialista es ese diálogo entre los gobiernos para buscar soluciones y hacer un planteamiento en que las posturas se acerquen», ha sentenciado Zuloaga, para quien la prioridad es «mantener un modelo económico que sea sostenible y que, además, cuide un elemento tan negativo para nuestra tierra como es la despoblación de las zonas rurales».

Zuloaga ha hecho estas declaraciones este miércoles en el acto de presentación de las jornadas sobre movilidad segura y sostenible.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este miércoles que va a ser «difícil» consensuar el nuevo sistema de financiación autonómica, aunque ha apostado por el acuerdo «sin duda».

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios en Castellón al ser preguntado por el anuncio de la ministra de Hacienda respecto a que la reforma del sistema de financiación no se aplazará.

«Es muy positivo que la ministra afirme una vez más que en noviembre presentará un esqueleto de lo que será la propuesta del Gobierno respecto a la financiación y, lógicamente, en una situación de estas características, va a ser difícil encontrar un acuerdo, pero estamos por el acuerdo sin duda», ha dicho.

«Solo queremos que se respete la igualdad de los españoles», ha indicado el jefe del Consell, quien ha añadido que es «obvio» que hay comunidades autónomas que tienen mayores exigencias porque están en peor situación. «Todos los institutos de carácter económico, los laboratorios y los centros de investigación económica han señalado claramente que la Comunitat Valenciana es la peor financiada y, por tanto, es una situación que la propia ministra ha reconocido en reiteradas ocasiones que hay que superar», ha apuntado.

Puig ha asegurado que se aborda este proceso «desde la urgencia, la necesidad de llegar a acuerdos y desde una búsqueda de empatía para, sobre todo, garantizar un estado del bienestar potente en toda España y que cada comunidad autónomas lo pueda ejercer de acuerdo con su singularidad y su visión política».

Respecto a la reunión que ha mantenido con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, Puig ha subrayado que no están planteando un frente, «sino una alianza para conseguir una financiación justa para los valencianos y para garantizar un estado de bienestar potente en toda España».

«Nosotros seguiremos hablando con todas las comunidades autónomas porque necesitamos una conversación que nos haga superar tópicos y nos ayude a cohesionar el país, y eso hay que hacerlo por la vía del diálogo. Con Andalucía compartimos una urgencia en el cambio de modelo de financiación», ha finalizado.