El empresario Javier López Madrid y la doctora Elisa Pinto han presentado sendos recursos en los que piden al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que reabra la investigación destinada a averiguar si el ejecutivo contrató al entonces comisario José Manuel Villarejo para que hostigara a la dermatóloga con el objetivo de impedir que le denunciara a causa de un conflicto de carácter personal que ha llegado a tres juzgados.

Los dos escritos, instan al magistrado a revertir el auto dictado el pasado 27 de julio con el que puso fin a la instrucción de esta pieza separada 24 de la macrocausa ‘Tándem’ proponiendo juzgar a López Madrid por cohecho activo y a Villarejo y su socio Rafael Redondo por cohecho pasivo.

Según relata el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, López Madrid contrató a Villarejo en septiembre de 2013 para que llevara a cabo labores de hostigamiento contra la doctora. Así, García-Castellón detalla que la habrían advertido en persona, para pasar después a seguimientos e incluso interferir en la investigación policial una vez presentada la denuncia de Pinto contra López Madrid.

Pinto, que ha pedido 6 años de cárcel tanto para López Madrid como para Villarejo y Redondo, pretende que el juez acuerde las diligencias que le fueron denegadas y que consisten en profundizar en la «trama policial» que el comisario habría puesto «al servicio particular» de López Madrid, para lo cual consideró necesario interrogar como investigados a los ex comisarios Enrique García-Castaño, Andrés Gómez Gordo y José Luis Conde.

En este sentido, la abogada de Pinto destaca que cuando ésta interpuso su primera denuncia por el presunto encargo de López Madrid a Villarejo para acosarla «nadie le prestó la más mínima atención, nadie la creyó, incluso llegaron a archivar en abril de 2016» porque en ese momento nadie investigaba al comisario.

Por eso, expone, «esta parte ha tenido que reproducir las piezas como en un puzzle, investigando ‘motu proprio’ con pruebas halladas en un proceso y en otro, para lograr esclarecer la verdad».

EN PLAZA DE CASTILLA

Y es que la batalla judicial entre Pinto y López Madrid se extiende a otros dos juzgados madrileños: Los de instrucción número 39, que ha procesado a López Madrid por delitos de acoso y amenazas –al que después ha sumado un delito de lesiones–, y a Villarejo por la puñalada que le habría propinado a Pinto; y número 26, que investiga los supuestos mensajes y llamadas amenazantes de la doctora hacia el empresario y su entorno.

Los dos coinciden en que lo actuado en los juzgados de instrucción de Madrid es relevante para esta pieza de ‘Tándem’, si bien López Madrid en su recurso pide incorporar solamente la investigación llevada a cabo en el número 26 porque entiende que en esa sede judicial ha quedado acreditado que el empresario «ha sido, precisamente, quien ha sufrido las conductas que el auto de forma incorrecta le atribuye».

A este respecto, insiste en que no es cierto que contratase a Villarejo para hostigar a la doctora y que no denunciara, ni que una vez denunciado interfiriera en la investigación judicial.

Aduce López Madrid que no sería justo que García-Castellón tuviese en cuenta la causa del 39 y obviase la del 26. De lo contrario, advierte, «bien podría concluirse que se está utilizando lo que sirve para imputar y se omite de forma deliberada lo que obliga a exculpar».

«No puede, so pena de tratar al justiciable como una marioneta que habrá de someterse a lo que se haya prejuzgado, omitirse lo que beneficia a alguien», argumenta haciendo hincapié en la «pena de banquillo» que conlleva la apertura de juicio oral contra toda persona.

Cabe recordar que López Madrid fue juzgado en el caso Bankia y García-Castellón le ha enviado a juicio, junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero en el marco del caso ‘Lezo’.

También está investigado en ‘Púnica’ por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, por el amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una iniciativa de Vox para modificar la normativa del Tribunal Constitucional con el fin de poner plazos máximos a las sentencias del órgano de garantías.

El Pleno del Congreso ya había rechazado la propuesta el pasado febrero y ahora ha sido derrotada en la Comisión Constitucional con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Bildu, entre otros. El PP ha optado por abstenerse.

COMO MÁXIMO, TRES MESES PARA SENTENCIAR

Con esta proposición no de ley, Vox instaba al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para establecer un plazo máximo de tres meses para que resuelva los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, y de dos semanas cuando se trate de recursos de inconstitucionalidad contra la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio y contra cualquiera de sus prórrogas.

La formación también planteaba en su texto la «limitación del ámbito de los recursos de amparo», de tal manera que el Constitucional «solo resolviese aquellos con verdadero interés constitucional y desechase los recursos cuyo objeto ya ha sido resuelto en procesos anteriores similares o sobre los que existiese una jurisprudencia constitucional consolidada».

El diputado de Vox José María Sánchez García ha sido el encargado de defender la propuesta. En su intervención, ha hecho referencia a la resolución del tribunal de garantías por la que se declaró inconstitucional el primer estado de alarma impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha destacado el hecho de que la sentencia se dio a conocer cuando la medida del Ejecutivo ya había recaído. «Esta situación es un escándalo», ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que el alcance jurídico actual de las decisiones del tribunal es «escaso» y que un pronunciamiento a destiempo «pierde la totalidad de su sentido». «Esta experiencia no puede volver a producirse», ha añadido.

Así, ha defendido que esta situación se podría remediar «con relativa facilidad», en referencia a la iniciativa presentada por su partido. Y ha insistido en que su propuesta «no es imposible». «No estamos pidiendo una labor sobrehumana ni nada semejante», ha señalado.

Los argumentos esbozados por Sánchez García no han conseguido recabar el apoyo del resto de los partidos en la Comisión. El PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y Ciudadanos se han mostrado en contra de la iniciativa.

PSOE, UNIDAS PODEMOS, BILDU Y CS EN CONTRA

El diputado del PSOE Diego Taibo Monelos ha asegurado que la propuesta no pretende mejorar la agilidad procesal del Tribunal Constitucional, sino que ve otra finalidad: «La de siempre, la fijación que tiene su partido político con los derechos de las mujeres –ha explicado–. Y así le dedica buena parte de su PNL y, miren que casualidad, que entre los recursos de inconstitucionalidad todavía pendientes de resolver está el de la ley del aborto de 2010».

Según Taibo Monelos, la formación quieren que se apruebe una reforma legal para «obligar» al tribunal que resuelva ese recurso y en el sentido que quiere Vox.

El diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra coincide. Ha asegurado que su formación está de acuerdo con que las dilaciones indebidas en asuntos de trascendencia política no contribuyen a la confianza en la justicia, pero ha avisado que no respaldaría la iniciativa de Vox sin la enmienda del PP.

«Creemos que en la exposición de motivos se ve una intención de decirle al Tribunal Constitucional lo que tiene que decir de determinados asuntos, cosa que no es en absoluto compartida por este grupo parlamentario», ha indicado.

Pilar Garrido Gutiérrez, diputada de Unidas Podemos, ha asegurado que su grupo parlamentario está en contra de la propuesta porque considera que es «un poco hipócrita». Ha aprovechado su intervención para reprochar al PP que mantenga el bloqueo sobre la renovación del tribunal de garantías. En este sentido, ha puntualizado que «lo fundamental es que todas las fuerzas políticas colaboren a cumplir la Constitución».

LA ABSTENCIÓN DEL PP

En el marco del debate, la diputada del PP María Jesús Moro ha defendido una enmienda al texto de Vox, aunque ha sido desestimada y finalmente los ‘populares’ se han abstenido.

Moro ha asegurado que aunque coincide en parte con el diagnóstico que realizan los de Abascal, «el problema no es que la norma no contemple plazos o que estos sean inasumibles». Según ha dicho, «los plazos existen, pero no se cumplen».

Así, ha admitido que se trata de un «verdadero problema de seguridad jurídica». Pero ha precisado que lo que hace falta, a su juicio, es un análisis más profundo de las causas por las que el Tribunal Constitucional no es capaz de resolver con mayor celeridad.

La formación planteó una enmienda para instar al Gobierno a presentar un proyecto de actualización de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, previo informe de expertos constitucionalistas, de la Comisión Constitucional del Congreso y de todos los órganos consultivos.

Según el PP, este estudio debía abordar el análisis de «medidas dirigidas a incrementar la eficacia del tribunal en el ejercicio de sus funciones en la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad» para evitar «parálisis injustificadas».

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debe explicar en comisión de investigación si ordenó la entrada en España del líder el Frente Polisario, Brahim Ghali, que estaba «en busca y captura por genocidio, terrorismo y violación».

El PP ya ha avanzado que pedirá la creación de una comisión de investigación en el Congreso para aclarar las circunstancias de la estancia y hospitalización en España de Ghali y para desvelar quién dio las órdenes para su entrada y salida del país sin la documentación pertinente, según ha señalado su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

El anuncio llega después de que el juez que investiga los hechos haya citado como imputada a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, y que se haya pedido la declaración de otros miembros del Gobierno como la exvicepresidenta Carmen Calvo.

¿UN DELITO DE ENCUBRIMIENTO?

«Sánchez debe explicar en comisión de investigación si ordenó la entrada de Ghali estando en busca y captura por genocidio, terrorismo y violación», ha asegurado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Es más, el jefe de la oposición ha avisado al presidente del Gobierno que «abusar de funciones públicas para eludir una investigación judicial es un delito de encubrimiento según el artículo 451 del Código Penal».

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, considera que el presidente del Gobierno está «acorralado» por la imputación de la exministra de Exteriores. «Habría que preguntarse si fue la señora Laya la que dio la orden o alguien la autorizó a llevar a cabo esta gestión de la crisis«, ha indicado en RNE.

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa de Unidas Podemos que insta al Gobierno a retirar las condecoraciones otorgadas a miembros de regímenes totalitarios internacionales como el dictador argentino Jorge Rafael Videla o el guineano Teodoro Obiang, así como a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o por actuaciones de carácter antidemocrático.

En concreto, la proposición no de ley insta expresamente al Ejecutivo «a que proceda a la revisión y retirada de las condecoraciones y distinciones otorgadas a miembros de regímenes totalitarios y a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o actos delictivos que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales».

La propuesta ha cosechado el respaldo del grueso de los grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, mientras que Vox la ha rechazado y el PP ha optado por abstención.

Durante la defensa de la propuesta, el diputado de En Comú Gerardo Pisarello se ha preguntado «cómo puede ser que algunas normas no tenga salvaguarda en materia de Derechos Humanos» y ha pedido apoyo para revocar estas distinciones a quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad con el fin de «reparar» a sus víctimas, entre ellos a «líderes de regímenes totalitarios».

ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA

El grupo confederal recuerda en su texto, como ha hecho Pisarello, que algunos de estos «personajes» han sido distinguidos con la Real Orden de Isabel la Católica, que reconoce «comportamientos extraordinarios de carácter civil» en «beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional».

En concreto, cita al dictador argentino Jorge Rafael Videla, condenado en su país como autor de 469 crímenes de lesa humanidad, y a Gregorio Conrado Álvarez Armelino, general golpista de Uruguay, condenado por múltiples delitos de homicidio y desapariciones forzadas.

También destaca que Juan Carlos I premió con esta distinción a Teodoro Obiang, quien «llegó al poder en Guinea Ecuatorial por medio de un golpe de Estado y continúa persiguiendo a la oposición política de su país desde hace más de cuarenta años», y menciona las medallas policiales «reconocidas a funcionarios franquistas que han difundido el terror desde los aparatos represivos del Estado» como ‘Billy el niño’.

Tanto ERC como Bildu han celebrado que uno de los dos partidos que conforman el Gobierno haya presentado esta proposición para poner fin a lo que consideran una «anomalía» y un «sinsentido», y en el caso de la izquierda abertzale su diputado Jon Iñarritu ha pedido extender la retirada de esas distinciones también a los terroristas de Estado.

LA DEMOCRACIA NO DEBE SER SELECTIVA

Desde Ciudadanos, José María Espejo ha justificado su apoyo a la iniciativa de Unidas Podemos en que su partido siempre tendrá «un compromiso inequívoco» con la democracia y la libertad, pero ha pedido a los proponentes que muestren «la misma energía» para denunciar y combatir los homenajes a etarras en País Vasco y Navarra. «La democracia no debería ser selectiva», ha dicho.

El PSOE, socio en el Ejecutivo, también ha respaldado el texto de Unidas Podemos pero ha recordado que la Ley de Memoria Democrática, que se encuentra en tramitación en el Congreso, ya contempla que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para retirar las condecoraciones anteriores que resulten incompatibles con los valores democráticos.

Desde el PP, Jaime Mateu ha cuestionado que los de Ione Belarra pidan retirar condecoraciones a Videla u Obiang y no exijan lo propio para regímenes como el cubano, les ha acusado de «sectarios» hagan y, al igual que Ciudadanos, les ha retado a condenar los homenajes a etarras.

En la misma línea, el diputado de Vox Carlos Zambrano ha tachado de «despropósito» la iniciativa del grupo confederal, al que ha acusado de haberse puesto «el disfraz de demócrata» cuando «apoyan» dictaduras como la cubana o la venezolana, llaman a negociar con los «golpistas» y ven «natural» hacer homenajes a etarras.

El director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea (CE), Daniel Calleja, se ha alineado este jueves en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y se ha mostrado a favor tanto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como de reformar el sistema de elección de sus vocales siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa. No obstante, ha evitado referirse a cuál de las dos acciones debe ir primero.

En nota de prensa sobre el encuentro, desde el ICAM señalan que Calleja ha apuntado que si bien España es un país sobre el cual la Comisión ha expresado una opinión «globalmente positiva» y desde el punto de vista del Estado de Derecho es un estado «plenamente homologable a las grandes democracias europeas», el informe de la Comisión apunta sobre todo a la necesidad evitar percepciones por parte de la ciudadanía de falta de independencia.

Además, en su exposición, ha desgranado los grandes retos que afronta la Unión Europea en la actualidad. Desde el desafío sanitario, con el objetivo de construir una Europa de la salud, hasta la protección de los valores del Estado de derecho, amenazados por las reformas que ponen en entredicho la independencia judicial en países como Polonia. Calleja también ha desglosado los cinco grandes retos de Europa, que incluyen también la recuperación económica y la gestión de los fondos Next Generation, la transición ecológica y digital y la necesidad de articular una verdadera política europea de seguridad y defensa para hacer frente a las amenazas geopolíticas.

El alto funcionario europeo, que cuenta con un equipo de 300 abogados y abogadas de 27 estados miembros para hacer frente a estos desafíos, también ha abordado la importancia de la primacía del derecho europeo o el valor del secreto profesional de los abogados.

Sobre este asunto se ha pronunciado también el decano de la abogacía madrileña, José María Alonso, en sus palabras de bienvenida, cuando ha recalcado la preocupación que existe en el mundo de la abogacía respecto a la paulatina erosión del secreto profesional de los abogados con la transposición de la directiva europea DAC 6. «Parece que el secreto profesional de los abogados se va reduciendo porque vienen normas desde Europa y nosotros tenemos que velar por que sea respetado».

Por su parte, Calleja se ha mostrado favorable a respetar el principio del secreto profesional de los abogados, «fundamental para el ejercicio de la abogacía», recordando no obstante que no es un derecho absoluto, «hay ciertos límites».

Frente a las inquietudes trasladadas por el decano de la Abogacía madrileña, Calleja se ha referido a la necesidad de fomentar el diálogo entre los estados miembros para que, sobre la base de una reflexión abierta, la CE pueda en un futuro proceder a modificaciones legislativas o establecer criterios de interpretación, todo ello bajo el marco del diálogo europeo, examinando los distintos intereses en juego y bajo el paraguas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Alonso ha apuntado además que el secreto profesional «no es un derecho del abogado, es un derecho del ciudadano y un deber del abogado el velar por que se cumpla». «No podemos ceder ni un milímetro, es consustancial a nuestro ejercicio. La norma debe ser el secreto profesional y la excepción el levantamiento de ese secreto», ha declarado.

LA EUROPA DE LA SALUD EN PANDEMIA

En su intervención, Calleja ha afirmado que el derecho comunitario es la mejor garantía para superar los grandes retos europeos que rebasan la dimensión puramente nacional. Esos desafíos, según ha desglosado el alto funcionario, tienen que ver en primer lugar con la construcción de una Europa de la salud para hacer frente a crisis sanitaria como la actual, en la que ha destacado la capacidad europea para suministrar 700 millones de vacunas en el interior y otras tantas en el exterior o la puesta en marcha en tiempo récord de un Certificado digital al alcance de 400 millones de personas en 42 países.

Respecto a la recuperación económica, el segundo de los grandes retos a los que se ha referido, Calleja ha destacado la enorme dificultad jurídica para sacar adelante los fondos europeo Next Generation, teniendo en cuenta que la UE por primera vez se va a endeudar en los mercados. Un hecho, la emisión de deuda conjunta, que el funcionario europeo ha calificado de «momento Hamiltoniano», en relación a la mutualización de la deuda por parte del Gobierno Federal de Estados Unidos.

También ha recalcado la transición ecológica y digital como uno de los grandes ejes de la política europea en el futuro, y en particular el pacto verde europeo, «la iniciativa más ambiciosa que se ha puesto en marcha en los últimos años». Asimismo, el responsable jurídico europeo se ha referido a la importancia creciente de la justicia climática para lograr los objetivos climáticos del continente, con casos recientes que han permitido frenar la tala ilegal de bosques en Polonia.

POLONIA Y HUNGRÍA

En cuanto a la protección de los valores del Estado de derecho, el cuarto de los desafíos mencionados, las amenazas más recientes procedentes de países como Polonia o Hungría han encontrado la respuesta firme de los servicios jurídicos de la Comisión, con la apertura de sendos procedimientos en base al artículo 7 para que el Consejo pueda tomar decisiones. Otra de las herramientas al alcance de la CE es la condicionalidad de los fondos europeos, esto es, la posibilidad de suspender la financiación a los países que no respeten la normativa europea, mecanismo que exige dos requisitos para su activación: violación del estado de derecho y que afecte negativamente a los intereses financieros de la Unión.

Además, Calleja ha mencionado la publicación anual del informe de la CE sobre la situación del Estado de Derecho, en la que la institución europea ofrece una fotografía de cada uno de los estados miembros con los aspectos a mejorar.

Otro de los puntos tratados en su intervención ha sido el de la dimensión geopolítica de la Unión Europea, con la crisis de Afganistán o el acuerdo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos como ejemplos más recientes de la necesidad de impulsar una acción decidida de la UE en materia de seguridad y defensa.

«No tenemos garantizada nuestra defensa y debemos adaptarnos a esa situación», ha afirmado Calleja, alentando a la UE a dotarse de una capacidad operativa apoyada en activos civiles y militares conforme a los principios de las Naciones Unidas.

El acto ha contado con la asistencia del ex Comisario Europeo de Energía y ex ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, quien en su intervención ha destacado de Daniel Calleja la trayectoria «salpicada de jalones de éxitos» de un «gran jurista y europeísta», cuyo paso por las direcciones generales de medio ambiente o empresa, así como por los gabinetes de varios comisarios españoles, le dan una visión global del proyecto europeo y le convierte «en una persona idónea para abordar todos los retos a los que la UE se enfrenta hoy».

La Comisión Constitucional del Congreso ha rechazado este jueves una iniciativa del PP que buscaba censurar el apoyo al comunismo de miembros del Gobierno, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que instaba a condenar lo que llaman «apología» de esta ideología desde las instituciones.

La iniciativa, defendida por la portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Edurne Uriarte, ha recabado el apoyo de Vox y Ciudadanos, pero ha sido derrotada con los votos del resto de grupos, salvo el PNV, que se ha abstenido.

El PP sostiene que las declaraciones realizadas por determinados públicas de líderes políticos en los últimos meses han puesto de manifiesto que la cultura política española «sigue teniendo un problema significativo con la legitimación deltotalitarismo comunista».

«Mientras que la legitimación de los totalitarismos nazi y fascistas es claramente rechazada en España, persiste, sin embargo, la defensa de los totalitarismos comunistas. Y no se trata de un problema limitado a una minoría de la población, sino que tal defensa es realizada desde las propias instituciones políticas y por parte de líderes relevantes», señalan los ‘populares’.

Según ha señalado Uriarte, «una grave muestra de esa legitimación del comunismo» se produjo el pasado 23 de marzo cuando el Pleno del Congreso rechazó una propuesta del PP para instar al Gobierno a adherirse a la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 de condena a los totalitarismo nazi y comunista.

«Varios líderes de la izquierda y del nacionalismo defendieron el comunismo y se negaron a equiparar los totalitarismos fascistas y nazi con los comunistas», lamenta el primer partido de la oposición que recogía en su iniciativa los argumentos esgrimidos entonces por varios diputados como Oskar Matute (Bildu), Albert Botrán (CUP) o el secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del PCE, Enrique Santiago, que habló en nombre de Unidas Podemos.

«Y, sorprendentemente, el portavoz del Partido Socialista, Rafael Simancas, utilizó el mismo argumento que el portavoz de Unidas Podemos para justificar y apoyar el comunismo, el argumento de que es intolerable equiparar el totalitarismo comunista con el nazi», rememora la iniciativa ‘popular’.

EQUIPARARLO AL NAZISMO

Uriarte también ha mencionado unas declaraciones de Yolanda Díaz –autora del prólogo de una reciente reedición del Manifiesto Comunista– en las que aseguraba que «El comunismo es igual a democracia e igualdad», y otras del exvicepresidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, quien en respuesta a la pregunta de si elegía comunismo o libertad, proclamó: «¡Qué cojones!, comunismo».

«Son tan solo algunas de las numerosas defensas públicas del comunismo que se han producido recientemente en nuestro país y que ilustran la gravedad del problema. Mientras que la apología del fascismo y del nazismo es rechazada contundentemente en las instituciones políticas y en la sociedad española, la apología del comunismo permanece en nuestro país y es protagonizada y alentada por varios líderes políticos», alertaba el PP.

Los argumentos de Uriarte han sido avalados por los portavoces de Vox, Francisco José Contreras, y de Ciudadanos, José María Espejo, pero han recabado críticas del resto de formaciones que han intervenido y que, finalmente, han rechazado la iniciativa.

La nueva Ley de Bienestar Animal en la que trabaja el Gobierno prohibirá la cría de mascotas a particulares, la compra de animales en tienda y propone la reconversión de los zoos en lugares de cría autóctona en cautividad, entre otras materias, según ha explicado este jueves el director general de Derechos de los Animales, Sergio G. Torres.

En una reunión en el Congreso con más de medio centenar de colectivos y entidades relacionadas con la protección animal, Torres ha expuesto las líneas generales del texto en el que trabaja su departamento.

Uno de los objetivos de la norma, según ha indicado el director general, es el «sacrificio cero» y, para ello, una de las claves es el «abandono 0». En esta línea, la norma creará hasta seis registros estatales: de animales de compañía, de núcleos zoológicos, de criadores, de inhabilitados para pertenencia de animales, profesionales del comportamiento animal y de entidades de protección animal.

El primero de ellos busca establecer un mayor control de estos animales coordinado entre las 17 CCAA y de sus datos, tanto de su procedencia como sanitarios; el de núcleos zoológicos no solo permitirá tener un registro completo, ya que muchas CCAA no cuentan con él, y tener un sistema homogéneo alfanumérico en todo el país, sino también evitar que «criadores piratas» puedan publicar anuncios en plataformas de Internet. Este último punto se verá también reforzado, además, por el nuevo registro de criadores.

Los particulares no podrán tener más de cinco animales en su hogar y quienes quieran tenerlos deberán registrarse como núcleos zoológicos. En el caso de que un particular cuente con cinco o más mascotas cuando se apruebe la ley, no estará fuera de la ley pero no podrá adquirir más.

LA CRÍA SÓLO PERMITIDA A PROFESIONALES

La norma también prevé un registro nacional de inhabilitados para la tenencia y trabajo con animales de compañía que, aunque no puede ser público por la protección de datos, no permitirá a estas personas registrar un animal en el sistema. «El veterinario no tendrá que ser policía», ha señalado Torres.

El director general también ha destacado que se regulará a quienes trabajan con animales, que también quedarán registrados, que deberán estar formados en criterios de positividad razonados y con una formación concreta; mientras que el registro de las entidades de protección animal tiene como objetivo una mayor «profesionalización» de las mismas.

Con este sistema en funcionamiento, apunta Torres, se estará cada vez más cerca del «sacrificio cero» y también de una mejor regulación de la cría. De hecho, ha destacado Torres, «la cría estará exclusivamente permitida a profesionales registrados» y se limitará el número de camadas dependiendo de las necesidad de núcleos zoológicos y establecimientos, todo ello «supeditado a un control veterinario».

En este sentido, se prohibirá, por ejemplo, la cría cuando haya más de un 25% de cosanguinidad en los animales o cuando haya enfermedades genéticas.

RECONVERSIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS

Del mismo modo, se regulará el sacrificio animal, que sólo se permitirá «a excepciones vinculadas a situaciones eutanásicas», explicitado «bien» en la norma, que «no exista la posibilidad de que alguien, por cuestión de saturación del centro o por comportamiento del animal, pueda acceder a la vía del sacrificio».

Otra de las medidas destacadas de esta norma que también van en la línea del sacrificio cero, es la prohibición de los animales en tienda. «Evita la compra compulsiva», ha señalado Torres, y actúa en cuanto a la «situación de bienestar» de las mascotas «en estos espacios».

Del mismo modo, se prohíbe la cría de especies no autóctonas incluidos los zoológicos, que «dejaran de poder comprar animales, sobre todo grandes mamíferos y cetáceos». El objetivo, ha explicado el director general, es la «reconversión estos espacios» como centros de «reintroducción de especies autóctonas». Como ejemplo ha puesto el papel del zoo de Madrid en la repoblación de la nutria ibérica en el país, gracias a su cría en cautividad.

En materia de animales no autóctonos, la norma también trata la creación de un «listado positivo de animales de compañía», que determinará qué animales se puedan comprar y vender fuera del país y que se basará en tres ejes: que no sean un problema salud publica, que no sean un problema de seguridad pública –no permitirá los venenosos–, y que no sean un problema para el medio ambiente –no permitirá a los actuales exóticos invasores–.

TAUROMAQUIA y PERROS DE CAZA

Sobre los animales en espectáculos, Torres ha recordado que hay muchos de ellos ya regulados por las normas autonómicas, aunque sí ha apuntado que esta ley regulará de forma «estricta» romerías, cabalgatas y otros actos del estilo en los que participan animales. Según ha explicado, se ha trabajado con colegios de veterinarios para determinar una limitación de temperatura, edad u otros aspectos a partir de los cuales en animal no podrá acceder a esa tarea.

Lo que no se incluye en la nueva Ley de Bienestar Animal es la tauromaquia por ser «prácticos», según ha indicado Torres. Aunque reconoce que esta postura puede llevar a críticas, el director general cree que es «necesario sacar una buena ley como esta» que implica «a más de 35 millones de animales» y evitar que su aprobación «pueda ser ralentizada» y no llegue antes de acabar la legislatura.

En cuanto a los perros de caza, el texto los trata como cualquier otro perro, es decir, quien tenga cinco deberá estar registrado como núcleo zoológico, si quiere criar como criador y deberá tener unas instalaciones adecuadas, entre otros aspectos. Esto, ha indicado Torres, estará controlado por las fuerzas y cuerpos de seguridad que, con los sistemas de identificación que pone en marcha esta ley y los ya existentes, podrán controlar que las vacunaciones e identificaciones están en regla.

EN VIGOR ANTES DE 2023

La regulación de las colonias felinas, la prohibición de la cría de animales usados para la peletería, la regulación de los santuarios de animales o la prohibición del tiro al pichón o las peleas de gallos, la esterilización generalizada de las mascotas o la participación de animales en medios de comunicación, son otras de las cuestiones que se incluyen en el texto.

El borrador de esta ley, ha explicado el director general de Derechos de los Animales, saldrá a consulta pública el próximo 6 de octubre y se espera que en noviembre llegue al Consejo de Ministros en primera vuelta. A partir de ahí, el texto deberá pasar por la tramitación, primero dentro de las instancias del Gobierno, y después parlamentario. A esta última fase, Torres espera que se llegue en enero del próximo año y que «el 1 de enero de 2023 esté en vigor».

Finalmente, Torres ha llamado a «apretar» a las entidades para que, ahora que se están negociando los Presupuestos Generales del Estado, se logre una reducción del IVA veterinario al 10%. Además, ha recordado que el posible cambio de la situación animal en el Código Penal es competencia de Justicia, un Ministerio al que, ha apuntado, ya han enviado un texto propuesta por el que se cambie el tipo de animal actual del Código Penal por «animal vertebrado».

El PSC celebrará este domingo su tradicional Fiesta de la Rosa con el líder del PSC en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa; el primer secretario del partido y ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, como cabezas de cartel, de un evento que el año pasado no se celebró a causa de la pandemia de Covid-19.

El encuentro se celebrará como es habitual en la pineda de Gavà (Barcelona), y contará a partir de las 12.00 horas con las intervenciones de Illa, Iceta y Sánchez, además de la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, que relevó en el cargo precisamente a Sánchez tras dejar la Alcaldía al ser nombrada ministra.

Cumpliendo con las restricciones establecidas por la pandemia, el aforo se limitará a 500 personas –en 2019 congregó a 25.000 en el mismo espacio– y el evento se ceñirá a las intervenciones previstas, han detallado fuentes socialistas.

Han señalado que se trata de un «reencuentro de la familia socialista» que se producirá después de que el año pasado no se celebrara por la situación de la pandemia, y por primera vez desde que Illa pasó a liderar el PSC en el Parlament.

En la Fiesta de la Rosa de 2019 –la que fue su 30 edición–, participaron Iceta junto a Sánchez, entonces como alcaldesa de Gavà; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Manel Cruz, lo que reunió a unas 25.000 personas, aseguraron los socialistas.

PRIMERA VEZ DE ILLA

Illa, que se postula a suceder a Iceta como primer secretario del PSC, quiere erigir a su partido como la alternativa al Ejecutivo de Pere Aragonès, para lo que ha articulado un ‘Govern alternativo’ con el que quiere ejercer una oposición constructiva pero firme.

Así, esta será la primera vez en la que Illa participe en la Fiesta de la Rosa como jefe de la oposición y como líder parlamentario del PSC, después de que sustituyera a Iceta al frente de la candidatura socialista en las elecciones catalanas de febrero.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que en todos los hospitales de Galicia se está cumpliendo la ley del aborto vigente en España. «En cualquier hospital del Sergas, cualquier médico que no sea objetor de conciencia, está realizando abortos con normalidad», ha señalado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el máximo mandatario autonómico ha recordado que una de las cuestiones que concreta esta norma es el derecho a la objeción de conciencia por parte de los ginecólogos a las prácticas abortivas.

«Por tanto, a todos aquellos ginecólogos que acreditan conforme a la ley su objeción de conciencia, nadie le puede obligar a hacer una práctica abortiva en ningún lugar de España», ha señalado antes de incidir en que, el resto, «realizan los abortos de acuerdo con la ley».

«La ley aquí se está cumpliendo. Si tenemos muchos objetores en un hospital seguro que tenemos menos práctica abortiva pero ningún responsable sanitario puede obligar a un ginecólogo a practicar un aborto. Eso es ilegal», ha señalado.

«Por tanto», ha apuntado, «cumplamos la ley». «Los que tienen derecho a esa interrupción y los que tienen derecho a no practicar», ha manifestado para asegurar que este «difícil equilibrio» es el que les lleva a «cumplir la ley en todos los hospitales de Galicia».

UNIDAD DE REFERENCIA

En su intervención, el presidente de la Xunta ha detallado que Galicia cuenta en el área sanitaria de Vigo con un centro específico para interrupciones del embarazo de alto riesgo, superiores a 14 semanas. «Eso está consensuado y ahí van todas las mujeres que estén en esos supuestos», ha indicado.

«En cualquier hospital del Sergas, cualquier médico que no sea objetor de conciencia está realizando abortos con normalidad. Abortos complejos, superiores a 14 semanas, por malformación del feto, porque pone en riesgo la salud de la madre o otros supuestos, se hizo un protocolo en el Sergas y hay una unidad específica para preservar la salud de la madre en la práctica abortiva», ha precisado.

El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, ha pedido buscar un «punto de equilibrio» entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y el derecho de la mujer a que se le practique un aborto, y ha propuesto que, en caso de que se realice un registro sea en positivo, es decir, que en él se apunten los médicos no objetores.

«Regularlo para intentar evitar conflictos, para buscar un punto de equilibrio entre el derecho a una prestación de la mujer y la objeción, la libertad ideológica o religiosa del médico, no me parece mal; pero, si lo que se pretende es limitar la objeción de conciencia, es claramente inconstitucional», ha afirmado Federico de Montalvo, este jueves en declaraciones.

Así lo ha indicado después de las discrepancias mostradas por la ministras de Sanidad, Susana Darias, e Igualdad, Irene Montero. Darias descartó este miércoles regular la objeción de conciencia al aborto pero pidió «compatibilizar y respetar» todos los derechos. Por su parte, Montero ha avanzado este jueves que se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los médicos para practicar un aborto, como se hizo con la ley de la eutanasia, y que se hará «un registro y un control».

Para el presidente del Comité de Bioética, hacer un registro de los médicos objetores de conciencia «no tiene sentido» porque «si se quiere garantizar la práctica del aborto habrá que saber quién está dispuesto». «Lo que interesa al Estado es saber quién lo hace, no quién no lo hace», ha precisado De Montalvo.

Además, ha apuntado que no todos los médicos tienen una opinión clara al respecto sino que hay algunos que «tienen dudas». Por todo ello, ha propuesto que se haga «un registro en positivo», es decir, en el que se apunte a los médicos dispuestos a practicar el aborto.

Por otro lado, ha pedido que cuando se elaboren leyes que afectan a los profesionales sanitarios, en las que estos se van a convertir en «los protagonistas», se les consulte y escuche antes de aprobar la norma para llegar a una solución.

En cualquier caso, De Montalvo ha insistido en que hay que «buscar un punto de equilibrio» y «respetar» la objeción de los médicos que no quieran practicar un aborto porque es «una expresión de una de las principales libertades, la libertad ideológica y religiosa».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado al exconsejero delegado de la constructora Copisa Francesc Xavier Tauler –pendiente de juicio por el caso tres per cent– en ‘Pit’, la pieza separada número 4 de ‘Tándem’ que investiga el proyecto del comisario jubilado José Manuel Villarejo por el que habría facturado 7,4 millones de euros a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala.

En un auto adelantado por ‘El Periódico de España’, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 pone el foco sobre Tauler por el pago de una comisión de 30 millones de euros para la concesión de un contrato para el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, así como para los directivos de la autoridad local adjudicataria Empresa Portuaria Quetzal-EPQ.

El escrito detalla que lo que se investiga es la adjudicación a la empresa TCQ del proyecto de construcción de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal en Guatemala. Así, y mediante mordidas, se habría buscado «eludir la vigente normativa de contratación de Guatemala, logrando de este modo la sustitución del procedimiento normado de una concesión pública por la obtención sin una previa licitación».

Y en el centro de operación el juez sitúa a Tauler, que en la fecha de los hechos «era el presidente del Consejo de Administración de COPISA». Precisamente, TCQ habría contratado a COPISA Constructora Guatemala en octubre de 2013 mediante un contrato cuyo objeto era la proyección y ejecución material de la terminal de contenedores.

TAULER FIRMÓ LOS NEGOCIOS «ESENCIALES» PARA ARTICULAR EL PAGO

En este sentido, el magistrado señala que de las diligencias practicadas se desprende la relevancia de la intervención de COPISA, ya que se ha constatado la facturación a sociedades instrumentales a través de contratos de obra ficticios por importe de más de 29 millones de quetzales, que a la postre resultarán ser casi 36 millones.

El modus operandi consistiría, según el auto, en el ingreso por parte de COPISA de cantidades en las cuentas bancarias de un grupo de sociedades instrumentales creadas con la única finalidad de canalizar el delito de cohecho cometido y todo ello simulando una actividad contractual ficticia relacionada con aspectos de la construcción que jamás se llegaron a efectuar.

La imputación de Tauler, señala García-Castellón, viene por los indicios de la comisión de un delito de cohecho y de la posible participación en los hechos del empresario, «ya que fue él quien firmó los negocios jurídicos ficticios, esenciales para la articulación del pago ilícito de cantidades cuyos destinatarios finales» eran presidente y vicepresidenta respectivamente.

Por otro lado, Tauler se encuentra a la espera de fecha para el juicio de la conocida causa del 3 per cent, en la que se investiga el pago de comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos.

En 2015, el juez José de la Mata imputó a Tauler por los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental, al considerar que pudo satisfacer comisiones y pagos ilegales a Pujol Ferrusola «en contraprestación a gestiones realizadas por el investigado o su entorno más próximo para beneficiar a aquellas empresas».

El Juzgado de lo Social número tres de Sevilla ha desestimado la demanda promovida contra la fundación autonómica Progreso y Salud por el que fuera ministro socialista de Sanidad entre 2007 y 2009 Bernat Soria, por su despido a manos de la misma en 2019 alegando motivos disciplinarios.

El juzgado ve «plenamente justificado el despido», considerando acreditado que Bernat Soria «incumplió de una manera clara y evidente su compromiso de exclusividad» a cuenta de sus «actividades» paralelas a su contrato con la fundación.

En una sentencia emitida este pasado miércoles por dicha instancia judicial, el Juzgado de lo Social número tres aborda la demanda por despido y vulneración de derechos fundamentales por acoso interpuesta por el exministro socialista Bernat Soria, contra la Fundación Progreso y Salud, adscrita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, después de ser resuelta la relación laboral en la primavera de 2019, tras desembarcar el PP y Cs en el Ejecutivo andaluz en relevo del PSOE.

Para acometer dicho despido, la citada fundación esgrimió motivos disciplinarios, atisbando «incumplimientos de las obligaciones laborales y contractuales» por la «relación» de Bernat Soria con la entidad Limerick Strategic Advisors «y también determinados extremos relacionados con las entidades Andalucell, Alirober Consulting y Newbiothecnic». En concreto, atribuía a Soria «intereses directos (o incluso indirectos) en sociedades de igual objeto que la fundación que trabajan en actividades de investigación y que tienen domicilios a escasos kilómetros de la primera».

La fundación avisaba además de que Soria estaba obligado a «evitar el conflicto de intereses y cualquier posición que pudiese comprometer su imparcialidad, amén de tener que informar incluso de cualquier materia o particular que pudiera afectar a la marcha de su contrato».

LA DEMANDA DE BERNAT SORIA

En ese sentido, el Juzgado de lo Social número tres analiza que, en su demanda, Bernat Soria «considera que a lo largo de los últimos años ha sido objeto de una campaña de acoso y desprestigio en forma de amenazas, negativa a publicitar sus méritos y logros profesionales, negativa a reconocer su condición de director de proyectos, exclusión de reuniones, privación de personal, encargo de funciones a sus subordinados u otros trabajadores sin su conocimiento ni autorización y negarle herramientas de trabajo».

Al hilo, el exministro opina que «el despido es la culminación de esta campaña y vendría motivado por su actuación en relación con sus reiteradas peticiones de información y reivindicativas de los derechos económicos de los investigadores a propósito del contrato de licencia suscrito por la fundación y el SAS con Rexegenero».

Al respecto, alegaba que «los hechos estarían prescritos, pues eran de conocimiento público y que los reflejados en la carta de despido no justifican el despido, pues no habría infringido el pacto de exclusividad (de su contrato) puesto que algunas de las sociedades que se reflejan serían meras tenedoras y administradoras de su patrimonio personal». Igualmente, detectaba un incumplimiento de requisitos en su despido, reclamando una indemnización de 2,75 millones de euros.

Sin embargo, el juzgado determina que «la alegación de acoso no es más que un estrategia de defensa ante un despido disciplinario, pues Soria no fue hostigado o humillado en ningún momento ni menos aún se vulneró su derecho a la integridad física y moral ni su derecho al honor ni se atentó contra su dignidad, sin perjuicio de que puntualmente hubiera sido objeto de falta de consideración o de algún desaire, lo que desde luego no constituye acoso (falta el elemento de la reiteración), así como de las tensiones o conflictos inherentes a una relación laboral, que a buen seguro son más fácilmente soportables en la posición y condiciones de un trabajador como el señor Soria».

«TRANGRESIÓN DE LA BUENA FE»

De otro lado, expone que el exministro fue «despedido por transgresión de la buena fe contractual por incumplimiento de la obligación de exclusividad por participar o haber participado en sociedades cuyo objeto coincide con el de la fundación y haber prestado servicios bajo diversas formulas para otras mercantiles con intereses económicos y comerciales incompatibles con su posición en la misma, así como por no haber informado de la realización de actividades en determinadas sociedades aunque fueran compatibles».

Al punto, el juzgado considera que «no ha quedado acreditado en modo alguno que el señor Soria informara a responsables de la fundación de sus actividades privadas». «El engaño o la ocultación, expresión típica de cualquier falsedad, producido en el marco del contrato de trabajo, quiebra la confianza de la empresa en el trabajador, justificándose, de este modo, la decisión extintiva empresarial, por vulneración de la buena fe en estos supuestos», explica el juzgado, considerando que la fundación, con relación al contenido de su carta de despido «cumplió con su carga probatoria».

«INCUMPLIÓ SU COMPROMISO DE EXCLUSIVIDAD»

Bernat Soria, según el juzgado, «incumplió de una manera clara y evidente su compromiso de exclusividad», pues por ejemplo, «estando vigente la relación laboral con la Fundación Progreso y Salud, ha sido administrador único de Andalucell, cuyo objeto es el asesoramiento en terapia celular, diseño, construcción y acreditación ante organismos oficiales y privados de salas destinadas al proceso productivo de viales». «Esta sociedad además declaró ingresos en 2014 y tuvo un trabajador en plantilla y no consta que fuera una mera tenedora del patrimonio personal» del exministro, pone de relieve el juzgado.

Además era «apoderado con amplios poderes de la sociedad Alirober, cuyo objeto social comprendía la consultoría, asesoría y gestión de laboratorios, empresas farmacéuticas y tecnológicas, así como la compraventa de productos sanitarios y tecnológicos y salud electrónica». «Incumplió su deber de exclusividad, pues las actividades indicadas, consistentes en actuar como administrador de hecho y de derecho y apoderado de varias sociedades, con independencia de su actividad y que en ningún caso consta que fueran meras tenedoras o administradoras de su patrimonio personal, implica el ejercicio de actividades comerciales o profesionales por cuenta propia», resuelve el juez.

Además, el juzgado zanja que el exministro «en ningún momento comunicó estas actividades a su empleadora, no la mera tenencia accionarial, por lo que las mantuvo ocultas y, además, a lo largo de un dilatado periodo de tiempo», con lo que su despido estuvo «plenamente justificado». Así, declara procedente el despido, «sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación».

El Gobierno considera que no existe «riesgo real» de que los fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que reciben las ONGD para financiar sus proyectos estén sirviendo en última instancia para respaldar económicamente actividades terroristas.

Así se desprende de una respuesta por escrito del Gobierno a una pregunta parlamentaria de Vox, en la que los de Santiago Abascal se hacen eco de las denuncias realizadas por Israel de que la ONG para la que trabajaba en Cisjordania la española Juana Ruiz, detenida desde el pasado abril, desvió fondos para apoyar al Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), considerado como organización terrorista tanto por la UE como por Estados Unidos.

Vox, que no menciona en ningún momento el caso de Ruiz en su pregunta, se remite al encuentro mantenido el pasado 3 de junio por la mesa y los portavoces de la Comisión de Exteriores del Congreso con el director general de Política del Ministerio de Exteriores israelí, Alon Bar.

En dicha reunión, el que fuera hace unos años embajador israelí en España «aseveró que existe la posibilidad de que fondos de Cooperación españoles hayan podido acabar en manos de terroristas a través de organizaciones tapadera creadas por los mismos», ofreciendo por ello a Exteriores «la creación de un grupo de trabajo en el que poder tratar este asunto y dar a conocer las pruebas» de las que dispone Israel.

Con ello, Bar se refería presumiblemente al caso de Ruiz. La española, que reside desde hace más de tres décadas en Cisjordania, fue detenida el 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes y permanece en prisión provisional, acusada de un total de cinco cargos, tres en relación con su trabajo en la ONG palestina Health Work Committees (HWC) –ilegal a ojos de Israel–, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones.

Así las cosas, los de Abascal pidieron al Gobierno que aclarara si el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende AECID, está investigando esta cuestión y si iba a aceptar la creación del grupo de trabajo propuesto por Israel. Asimismo, preguntaron si iba a «recabar del Estado de Israel las pruebas mencionadas» y, de no hacerlo, si lo haría «algún otro organismo del Estado».

EL GOBIERNO DEFIENDE LOS CONTROLES DE AECID

En su respuesta, el Gobierno no responde a la propuesta de Israel y no menciona en ningún momento tampoco las acusaciones realizadas por este país y el caso de Juana Ruiz, que Exteriores ha asegurado seguir de cerca desde el momento en que se produjo el arresto.

Así, el Ejecutivo se limita a explicar las distintas leyes y normas que establecen «las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo». «A partir de la recepción de los fondos por parte de las entidades adjudicatarias (…) se pone en marcha un exhaustivo mecanismo de verificación y control de la utilización de la financiación concedida».

En este sentido, «se realiza un seguimiento de las actividades subvencionadas para supervisar que la ejecución» cumple con la ley, que estipula que los receptores de la subvenciones «deben someterse a las actuaciones de comprobación de la AECID y de las empresas contratadas por la misma, así como de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas».

Las ONG para el desarrollo que reciben los fondos de AECID «están obligadas a presentar a la unidad gestora, a través del Departamento de ONGD, en los plazos y formatos establecidos, los preceptivos informes anuales de seguimiento y finales que contendrán la información y justificación económica relevante del periodo informado», recuerda el Gobierno. Además, podrán ser objeto de «auditorías como forma de justificación».

«El incumplimiento de las obligaciones de las entidades beneficiarias en la convocatoria, así como la no realización de los objetivos previstos o la deficiente justificación del gasto de la subvención concedida puede suponer el inicio de un procedimiento de reintegro de la subvención», subraya el Gobierno.

Puesto que «la AECID comprueba sistemáticamente que la entidad receptora no está incluida en el régimen de sanciones establecido por la UE y por Naciones Unidas», el Gobierno entiende que «ninguno de los proyectos de la AECID tiene riesgo real de verse afectado por las informaciones mencionadas en la pregunta».

Ciudadanos defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición no de ley para que el Ejecutivo impida nuevos homenajes a terroristas de ETA condenados judicialmente y para que se cese a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra en el caso de que no prohíban estos actos.

En concreto, los de Inés Arrimadas emplazan al Ejecutivo a «asegurar, a través de las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra, que no se vuelven a producir los denominados ‘ongi etorri’ que homenajean a terroristas condenados en firme por la Justicia».

Además, aboga por «cesar a los delegados del Gobierno» en esas comunidades en el caso de que «no actuaren para impedir la celebración de estos homenajes claramente contrarios a nuestra democracia liberal y a la memoria de las víctimas del terrorismo».

Precisamente, este miércoles el PSOE votó en contra de una moción impulsada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) que instaba al Gobierno a condenar «los actos de apoyo a los miembros y colaboradores de la banda terrorista ETA». Un voto con el que Cs considera que los socialistas persiguen el apoyo de Bildu a sus Presupuestos para 2022.

SE ENALTECEN LOS CRÍMENES Y SE REESCRIBE LA HISTORIA

En la propuesta que elevarán el martes al Pleno, los ‘naranjas’ sostienen que los recibimientos que se hacen a los presos etarras que vuelven a casa tras salir de la cárcel no son simplemente celebraciones de familiares y amigos que muestran su alivio por el retorno.

«Son eventos con un fuerte componente político, que enaltecen los actos que condujeron a esa persona a la cárcel», incluidos asesinatos, y suponen no solo «una humillación a las víctimas», sino también «una peligrosa manera de reescribir la historia y borrar el daño y la condición de terroristas de quienes tuvieron a nuestro país amenazado durante décadas y sembraron el miedo en el País Vasco y en toda España», afirman.

Para Cs, normalizar estos actos implica admitir «una visión del pasado fundada en un relato falso de lo ocurrido», «situando como defensores de la democracia a aquellos que intentaron acabar con ella y olvidando la defensa de sus principios por parte de todas las víctimas asesinadas».

Con el fin de que esto no ocurra y que no se trate a los terroristas como «héroes», como cree que hacen formaciones políticas como Bildu, apuesta por «confinar estas celebraciones, en todo caso, al ámbito privado de sus hogares, pues las acciones de los asesinos solo deben provocar vergüenza».

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley del Defensor del Pueblo, para modificar el sistema de elección del alto comisionado de las Cortes Generales, y propone que no pueda ser elegido quien haya desempeñado cargos políticos en los ocho años anteriores, con el objetivo de garantizar su «independencia e imparcialidad».

«A pesar de que la Constitución Española defiende la necesidad de que las Administraciones Públicas sirvan con objetividad a los intereses generales, los procedimientos de elección de los miembros de los órganos constitucionales han acabado facilitando un sistema de cuotas a través del cual los grupos parlamentarios designan a personas cuya independencia e imparcialidad se encuentra en entredicho», señala el texto de la proposición de ley.

A su vez, añade que el «filtro previo» que realizan los grupos parlamentarios en estos procedimientos supone «un menoscabo al derecho de la mayoría de ciudadanos a la hora de participar en los asuntos públicos y a optar a cualquier cargo público en condiciones de igualdad».

En la reforma de la ley que propone Ciudadanos, se modifica el actual sistema de elección del Defensor del Pueblo estableciendo el concurso de méritos como procedimiento para la elección del alto comisionado las Cortes Generales.

Así, se crea un sistema de designación «donde se garantiza una evaluación de idoneidad previa de los aspirantes y la concurrencia en condiciones de igualdad de cualquier ciudadano que cumpla los requisitos para ser nombrado Defensor del Pueblo».

Asimismo, se modifican las mayorías necesarias para ser designado alto comisionado de las Cortes Generales, fijando una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y del Senado en todo caso, y se introduce una cláusula de desbloqueo, para garantizar la renovación de este órgano constitucional y «evitar interinidades prolongadas que comprometan el cometido de este órgano constitucional ante la incapacidad de las Cámaras de alcanzar las mayorías previstas».

Además, se introducen nuevas causas de inelegibilidad para desempeñar el cargo, relacionadas con el desempeño previo de cargos de carácter político «con el objetivo de garantizar su independencia frente a posibles presiones o intereses durante el desempeño de las funciones del Defensor del Pueblo».

«Será inelegible quien, dentro de los ocho años anteriores a la fecha de la convocatoria del concurso de méritos, hubiese desempeñado un mandato representativo, un alto cargo o cargos asimilados a este, un cargo de elección o designación política en las Administraciones Públicas o en los organismos y entidades dependientes de las mismas, o un puesto de trabajo, un cargo orgánico u otros con funciones directivas en sindicatos y partidos políticos, federaciones, coaliciones de los mismos», reza el texto.

Igualmente, Ciudadanos propone una modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la que se introducen como causas de inelegibilidad para ser miembro del Gobierno de España el hecho de haber sido nombrado para formar parte de cualquiera de los órganos constitucionales o de una autoridad administrativa independiente «para eliminar cualquier incentivo de orientar sus actuaciones en beneficio del Gobierno de España o cualquier grupo parlamentario en perspectiva de ser nombrado alto cargo del Gobierno una vez espire el mandato del puesto para el que fue designado».

La columna eruptiva en la isla de La Palma, donde el volcán de Cumbre Vieja comenzó a emanar lava el pasado domingo, alcanza los 3.000 metros de altitud y los vientos dirigirán estos gases hacia el sur, en dirección a las islas de El Hierro y de La Gomera, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que los gases de se ven alterados por el propio calor de la erupción volcánica y esto provoca una corriente de vientos permanente que se dirige desde las inmediaciones hacia la zona de la erupción, por encima de esta zona superficial y hasta en los 2.000 metros de altitud.

De momento, los vientos siguen soplando del nordeste mientras que a unos 3.000 a 5.000 metros de altitud, la dirección del viento predominante será la suroeste, que sopla a una velocidad de unos 40 o 50 kilómetros por hora y girará al noroeste a 5.000 metros de altitud a últimas horas del viernes.

Así, pronostica que las emisiones del volcán durante la jornada del jueves y la del viernes se dirigirán hacia el sur y alcanzarán en superficie a zonas de El Hierro, La Gomera y Tenerife.

En concreto, ha destacado que las mayores concentraciones de gases como dióxido de azufre están en las proximidades de La Palma y en altitudes mayores en las que habitualmente se encuentra la población. De hecho, añade que a unos 1.500 metros de altitud las emisiones se pueden dispersar por el resto de las islas del archipiélago, aunque «obviamente» en concentraciones muy inferiores a las del entorno del foco del último.

Hasta el momento, Del Campo insiste en que a nivel de la superficie, donde vive la población y según la información de la Red de Control de Calidad del aire de Canarias, «no se ha visto alterada la calidad del aire con la erupción volcánica». Tampoco en la Península, donde el modelo de dispersión de contaminantes utilizado por la Agencia Estatal de Meteorología y que se llama ‘Mocage’ «no observa una llegada significativa».

Por tanto, el portavoz asegura que «queda descartada la ocurrencia de lluvia ácida en el entorno de la península y Baleares» y en cuanto a la predicción en el archipiélago solo prevé precipitaciones en el norte y en el este de las islas más montañosas. En todo caso, serán lluvias débiles y procedentes de nubes bajas. Del Campo admite que es «complejo» integrar en los modelos de predicción meteorológica las concentraciones de dióxido de azufre existentes en los distintos niveles atmosféricos, pero afirma que con la información disponible, en estos momentos puede decir que «es muy poco probable que se pueda producir algún episodio de lluvia ácida en el archipiélago canario.

En cualquier caso, agrega que en caso de producirse algún episodio de lluvia ácida, sería «un episodio puntual» y recuerda que los aspectos nocivos de este fenómeno «suelen presentarse a largo plazo y no en un episodio puntual».