La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha puesto de relieve las funciones tuitivas del Ministerio Fiscal y el reto de la especialidad para «desempeñar como institución un papel protagonista en la protección de las personas con discapacidad y mayores».

Asimismo, Delgado ha apostado por «remover los obstáculos que impidan la plena integración y el disfrute en igualdad de los derechos que todos y todas tenemos reconocidos», según ha informado la Fiscalía General del Estado.

Así lo ha manifestado este lunes 27 de septiembre la Fiscal General del Estado, quien ha inaugurado las Jornadas de Fiscales especialistas en protección de personas con discapacidad y mayores, presenciales y centradas en la plena inclusión.

Estas son las primeras Jornadas de Fiscales especialistas que se organizan de manera presencial por la Fiscalía General del Estado desde el inicio de la pandemia. Durante su intervención, Delgado ha reconocido la actuación de los fiscales y ha agradecido su esfuerzo «en tan difíciles momentos en amparo de quienes son más vulnerables».

La Fiscal General ha puesto en valor la especialización de los fiscales, que «concede una posición privilegiada para dar una respuesta eficaz, uniforme, específica e integral a las necesidades de la ciudadanía» y el trabajo en equipo, «seña de identidad de nuestra carrera», destacando el compromiso de la Fiscalía General para fortalecerlas y fomentar su transversalidad.

Las jornadas están marcadas por la entrada en vigor el pasado 3 de septiembre de la Ley 8/2020, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que adapta y desarrolla los principios de la Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El Ministerio Fiscal asume la defensa de su autonomía y la búsqueda de apoyos adecuados a sus necesidades que les permita desarrollar, en el más amplio sentido, su capacidad, garantizando el pleno acceso a la justicia y la adaptación de los procedimientos judiciales a las necesidades de comunicación, comprensión y participación.

Delgado ha recordado que la Fiscalía General ya ha reclamado mayores medios y recursos para que esa «fundamental misión» pueda ser desarrollada de manera eficaz. La Unidad Especializada para la protección de personas con discapacidad y mayores recibió su impulso definitivo con la creación de la figura del Fiscal de Sala Coordinador por Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, cuya efectiva dotación se produjo el pasado 10 de noviembre con el nombramiento de María José Segarra.

La Fiscalía ha destacado que cuenta con una red de fiscales especialistas desplegada por todo el territorio nacional que desarrollan estas funciones tuitivas y de protección.

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Margaritis Schinas ha llamado este lunes a combatir «desde la política» el populismo, «un problema horizontal» en el que también ha puesto el foco el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, quien sin mencionar expresamente a Vox, ha aconsejado «no caer en las trampas» de formaciones populistas «como hizo el PSOE» con Podemos.

En un coloquio que han protagonizado ambos dirigentes bajo el lema ‘Reformismo y solidaridad’, Schinas ha apelado a luchar contra el populismo «desde la política» y sin delegar en otros actores como la prensa, entre otros. En su intervención, ha proclamado que al populismo, cuya intensidad ve «en declive» en Europa, «se le gana con buena política, con seriedad» y «atacando algunos de los temas que usan para hacer daño», como –ha ejemplificado– inmigración y seguridad.

Feijóo ha recogido el guante y ha cargado también contra el populismo, una ideología «cautiva», ha dicho, ya sea «de las pasiones del momento», «de la división de la sociedad» o de distintos factores. Enfrente, orgulloso del reformismo y de la libertad que defiende el PP, ha advertido que «la única vez que un populista reivindica la libertad es para insultar».

Y, aunque no ha puesto nombres concretos sobre la mesa, ha recordado que el PSOE «cayó en la trampa del populismo» y «se pasó durante años mirándose al espejo con Podemos», al tiempo que ha instado a los suyos a no cometer el mismo error con populismos que puedan situarse en el ala derecha. «No nos interesa crispar», ha aseverado, antes de recordar la frase pronunciada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de que a los socialistas les convenía electoralmente que hubiese tensión.

En la línea de Mariano Rajoy horas antes, Feijóo ha defendido la «estabilidad» y la «gestión», que ha situado en el polo opuesto del populismo. Y ha insistido: «No debemos caer en sus trampas; ni en postulados nostálgicos, ya que nunca hemos sido xenófobos, reaccionarios o insolidarios. Eso se lo dejamos a otros partidos».

«NO GOBERNAMOS CON CUALQUIERA»

Feijóo ha reivindicado el «europeísmo» del PP y ha incidido en la importancia de la coherencia, de «no decir una cosa y la contraria». Como ejemplo, ha subrayado la «convicción» europeísta de los populares. «Europa no solo es un lugar en el que nos sentimos bien, es parte fundamental de nuestra visión política de las cosas, y desde Salónica hasta Compostela pensamos lo mismo», ha dicho el presidente gallego.

Enfrente de lo que ve una «utopía irrealizable», ha situado de nuevo a los populismos y a las formaciones que se aprovechan de los problemas de dicha «utopía» para cargar contra el sistema.

«Europa tiene enemigos: hay partidos políticos a los que no les interesa el éxito de la Unión Europea. Hay un frente populista y reaccionario a la derecha y a la izquierda, y aunque pudieran parecer discursos antagónicos, tienen idénticos objetivos y la misma retórica», ha advertido, antes de defender que, en todo caso, también ha habido «fracasos» –como el Brexit– y que hay que trabajar por acabar con problemas de «ineficiencia».

Y en este punto, ha reivindicado que el PP «se ha dedicado a defender la libertad sin fisuras y nunca ha gobernado con cualquiera» ni ha aceptado «decir una cosa y la contraria», extremo que ha contrapuesto con lo que sucede en las dos alas del Gobierno de Pedro Sánchez. «Nunca hemos gobernado con los independentistas o con los que no creen en Europa», ha zanjado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este lunes la labor de los componentes de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) del Ejército de Tierra que intervinieron en la operación de evacuación de colaboradores afganos desde Kabul. «Donde no llega nadie llegan ustedes, y lo hacen con absoluta discreción y absoluta eficacia en los sitios más difíciles», les ha expresado.

Para Robles, esta operación ha puesto de manifiesto que «España es un país solidario, que no olvida los países donde ha estado y demuestra también la grandeza de nuestras Fuerzas Armadas». Así lo ha indicado momentos antes de otorgar una placa de reconocimiento a la unidad por su labor, en el cuartel militar de Rabasa, en Alicante, donde ha estado acompañada del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Javier Varela, y el jefe del Mando de Operaciones Especiales, general de brigada Francisco César García-Almenta, entre otros.

La jornada se ha desarrollado con una exposición por parte del general García Almenta de las capacidades de esta unidad de élite y los detalles de la operación que se llevó a cabo en Afganistán y el material específico que se utilizó.

«Les sigo muy de cerca, tienen todo mi respeto y mi admiración, como tienen todas las Fuerzas Armadas pero ustedes tienen ese plus de disponibilidad y de eficacia», ha subrayado la ministra en su intervención.

Según Robles, la actuación en Kabul ha demostrado que «España es un gran país, del que todos nos sentimos muy orgullosos», «es un gran país que no deja a su gente» y ha defendido que tanto España y sus Fuerzas Armadas han estado 20 años en Afganistán «sembrando concordia». Robles ha expresado su satisfacción por haber podido traer a 2.000 personas desde el país y ha afirmado que intentarán «con prudencia y discreción, que algunas otras que no pudieron salir puedan venir».

«Han sido 20 años en Afganistán, contribuyendo a que fuera un país en el que había derechos y libertades; nos sentimos tremendamente frustrados cuando vimos la caída de Kabul y todo el mundo que se tuvo que retirar en los últimos días de agosto», ha expuesto.

«Aunque no fuera una misión militar propiamente dicha, sin ustedes no se habría podido realizar», ha dicho, y ha señalado que fue una intervención «complicada, en unas condiciones de todo tipo, con muchísima presión y rapidez, en el que teníamos una fecha límite y teníamos que evacuar al mayor número de personas posibles entre avalanchas humanas y temperaturas extremas», ha agregado.

De esta forma, la ministra se ha dirigido a ellos para transmitirles lo «orgullosos que nos sentimos orgullosos del trabajo que han realizado, el que realizan todos los días». Tienen unas misiones muy demandantes, una entrega y una preparación muy especial», ha añadido.

Tras escuchar los testimonios de los componentes del equipo operativo, ha remarcado que resulta «muy emotivo» cuando cuentan quien tuvo que dejar a su mujer dando a luz y no vio nacer a su hija, pero «se tiene la satisfacción de haber ayudado a muchos niños, algunos recién nacidos, a que puedan venir a un mundo mejor».

La Universidad de Alcalá (UAH) investirá oficialmente como doctor ‘honoris causa’ al humorista y arquitecto José María Pérez González, alias Peridis, según ha informado la Universidad en un comunicado.

El 28 de septiembre, a las 12 horas, se realizará el acto en el Paraninfo, cuya retransmisión en streaming podrá verse en el canal de YouTube de la UAH. Así, a partir de esa fecha, el arquitecto, dibujante, humorista, escritor, pedagogo y defensor del patrimonio cultural se sumará al grupo al grupo de doctores que promueven acciones por el cambio social.

Peridis fue nombrado doctor el pasado día 26 de mayo en el claustro de la UAH a propuesta de la Escuela de Arquitectura. El artista es actual embajador del Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH) y, con esta mención, entra a formar parte del elenco de doctores arquitectos ‘honoris Causa’ como Antonio Fernández Alba, Kenneth Frampton y Mario Docci; y del círculo de humoristas gráficos representados por Antonio Fraguas, Forges y Antonio Mingote.

Esta distinción se le suma el doctor ‘honoris causa’ por la Universidad de Valladolid y el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2018.

PROGRAMACIÓN PARA CONOCER SU LABOR

En torno al acto, se programarán una serie de actividades que promoverán el acercamiento a su obra y trayectoria a la comunidad universitaria y al público en general.

El primero será el 21 de septiembre, a las 11 horas, en el Corral de Comedias, donde el alumnado de la Escuela de Arquitectura podrá dialogar y conocer la experiencia vital del humorista gráfico.

Ese mismo día tras la charla, se inaugurará la exposición ‘Peridis. Construyendo una vida’, una colección que repasa sus viñetas más emblemáticas, tanto en el Diario SP, pasando luego por Informaciones, Cuadernos para el Diálogo y el periódico El País, en el que colabora en la actualidad. La misma podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 20 horas en la Escuela de Arquitectura hasta el próximo 31 de octubre.

Por último, en la tarde del 28 de septiembre, a las 17 horas, se concluirá la jornada con una mesa redonda sobre el arquitecto. La Escuela de Arquitectura de la UAH y el Instituto Quevedo de las Artes del Humor organizan esta sesión que contará con la presencia de Idoia Otequi, profesora de la Escuela de Arquitectura; Julio Rey, director de Artes Gráficas del IQH; y Juan Carlos Prieto, secretario general de la Fundación Santa María la Real. La entrada será libre hasta completar el aforo y, al mismo tiempo, será retransmitida en los canales de YouTube de la UAH y del IQH.

José María Pérez González nació en Cantabria el 28 de septiembre de 1941 y vivió su infancia y juventud entre Cabezón de Liébana (Cantabria) y Palencia. Allí publicó sus primeras caricaturas con temática deportiva en 1958 en El Diario Palentino.

En su faceta como arquitecto, a finales de la década de los 70, realizó la restauración del Monasterio de Santa María la Real, conocido por aquel entonces como ‘el convento caído’ en su pueblo natal. A su vez, en 1977, fundó el Programa de Escuelas-Taller y Casas de Oficios para el empleo de la juventud con el apoyo del INEM y del Fondo Social Europeo.

Ha compaginado su trabajo como arquitecto con su labor al frente de Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico y con su colaboración en asociaciones y fundaciones como la Real Fábrica de Tapices, el Patronato de la Academia de España en Roma, Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Asociación Cultural Plaza Porticada, Amigos de la Catedral de Palencia, Amigos de Santo Domingo de Silos, Círculo de Bellas Artes o Hispania Nostra, entre otras.

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su intervención en la primera jornada de la convención que su partido ha arrancado en Galicia para volver a apelar a hacer «una reflexión» sobre la ley electoral y defender que sería «importante» que en España gobierne la lista más votada.

No en vano, se ha mostrado convencido de que, si gobernase la lista más votada en España, «buena parte de las frivolidades políticas» que se dan en el país «no existirían» y este sería «uno de los más sólidos de gobernanza» de la Unión Europea (UE).

A modo de ejemplo, Feijóo se ha referido a las elecciones municipales celebradas en Portugal, cuyos vecinos –ha subrayado– se han acostado en la pasada jornada «sabiendo quién va a ser» su alcalde. «Sin trampa ni cartón», ha apostillado.

Igualmente, ha repasado los resultados de varias localidades lusas y ha subrayado el caso de Lisboa, donde el conservador Carlos Moedas, con menos del 36 por ciento de los votos –ha dicho–, será alcalde. «Aquí si fuera del PP no lo sería. Si fuera del PSOE sí, un gran alcalde, pero del PP sería un derrotado», ha dicho el dirigente gallego.

También ha subrayado que en Alemania ha ganado, «aunque por poco», Olaf Scholz, vicecanciller y ministro de Finanzas de Angela Merkel, lo que «acredita que un partido de centro derecha» como el de Merkel «puede tener un vicepresidente socialdemócrata» y como los alemanes «consideraron que era el que tenía más liderazgo».

REFORMISMO

Feijóo ha realizado estas reflexiones sobre política internacional –que ha contrapuesto con la situación de España– en el marco del coloquio en el que, bajo el lema ‘Reformismo y solidaridad’, ha protagonizado con el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Margaritis Schinas.

En su intervención, el dirigente gallego ha reivindicado la Unión Europea y el carácter reformista del PP, además de reflexionar sobre la «oportunidad» que suponen para España y para Galicia los fondos Next Generation.

Schinas ha coincidido en destacar la «oportunidad histórica» qe suponen estos fondos, al tiempo que ha apelado a «desmitificar» todo lo relativo a lasa reformas, además de vincular este planteamiento al nuevo modelo de crecimiento europeo muy ligado al espíritu de los Next Generation.

Por su parte, el dirigente gallego ha subrayado «lo curioso» que recurso que el PP sea tildado de «reaccionario» cuando pide reformas, mientras que «los que se dicen progres no las quieren».

Y en cuanto al contenido de las reformas, ha recurrido a una métafora –el último arreglo de la Catedral compostelana– para apelar en la necesidad de huir de «chapuzas» o reformas precipitadas y «contradictorias», para abordar los asuntos en profundidad.

LA «OPORTUNIDAD» DE LOS NEXT GENERATION

Asimismo, ha vuelto a reivindicar el «orgullo» que siente de una política económica basada en el principio de «equilibrar las cuentas» y «no gastar lo que no se tiene».

Y en cuanto a los Next Generation, ha vuelto a pedir que sean «una oportunidad» para impulsar buenos proyectos y que no se limiten «a un reparto» para los «socios» que el PSOE «necesita para mantenerse en el Gobierno».

La contaminación lumínica ha crecido, al menos, un 49 por ciento en los últimos 25 años, según datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una cifra que los investigadores califican de «alarmante» y ante la que la Sociedad Española de Astronomía alerta de que a corto plazo se agudizará si el Proyecto de Decreto Ley para la eficiencia energética, cuyo plazo de alegaciones termina esta semana, se aprueba de acuerdo con la propuesta actual.

El estudio, en el que participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) a través de la Oficina de Calidad del Cielo, incluye solo datos de satélites, que son muy limitados para detectar la luz azul, que es la contaminante, de manera que los expertos advierten que la cifra de aumento real podría incluso alcanzar el 270 por ciento, es decir casi cuatro veces más a nivel mundial.

La contaminación lumínica, producida por la iluminación nocturna, constituye un problema medioambiental cuyo impacto en la salud humana y en la de los ecosistemas ha sido comprobado. El trabajo de del IAA-CSIC concluye que en los últimos 25 años se ha producido un «alarmante aumento».

El investigador de la Universidad de Exeter y doctor vinculado al IAA-CSIC Alejandro Sánchez de Miguel, ha señalado que la preocupación por la contaminación lumínica surgió en el ámbito astronómico, por la pérdida de calidad del cielo, pero con el tiempo se van conociendo cada vez mejor sus consecuencias, más allá del derroche energético.

De hecho, asegura que hay estudios que muestran una asociación entre niveles elevados de exposición a luz azul durante la noche y un mayor riesgo de padecer cáncer de mama y de próstata, y también se relaciona la contaminación lumínica con problemas en los ecosistemas, como la desaparición masiva de poblaciones de insectos.

El estudio ha examinado las emisiones de luz de 1992 a 2017 y destaca el «impacto oculto» de la transición de la tecnología de diodos emisores de luz (LED) de estado sólido.

A ese respecto, avisa de que las luces LED emiten más luz azul que las tecnologías de lámparas anteriores, pero los sensores satelitales son ciegos a la luz azul y, por lo tanto, subestiman el nivel de emisiones.

«Nuestro estudio muestra que el problema es mucho más grave de lo que creíamos y que podríamos hablar de un aumento que puede alcanzar un 270 por ciento a nivel mundial y un 400 por ciento en algunas regiones», concluye Sánchez de Miguel.

LA EFICIENCIA ELEVA EL CONSUMO ENERGÉTICO

Los hallazgos ponen también de manifiesto que el uso de tecnologías más eficientes ha contribuido a empeorar el problema. Este efecto rebote tiene antecedentes históricos, en los que el aumento de la eficiencia en la iluminación y la reducción de su coste generan un aumento del consumo en lugar de un descenso, ya que comienzan a iluminarse regiones oscuras o se programa el alumbrado desde el atardecer.

El constante aumento de la iluminación nocturna ha ocasionado que la mitad de Europa y un cuarto de Norteamérica sufran una «pérdida de la noche» generalizada, con la consiguiente modificación de los ciclos día y noche.

La Oficina de calidad del cielo del IAA-CSIC está analizando imágenes de la Estación Espacial Internacional para verificar o descartar los diferentes escenarios posibles y acaba de concluir un nuevo informe para proporcionar los últimos datos disponibles en la materia de cara a elaborar los próximos decretos de reducción de la contaminación lumínica actualmente en periodo de alegaciones, tanto a nivel estatal como autonómico.

El investigador considera asimismo que el nuevo proyecto de Decreto Ley nacional para la eficiencia energética ignora el conocimiento científico actual, aumentará la contaminación lumínica en España y amenazará la sostenibilidad.

Ese borrador establece valores de iluminación máximos excesivos, se favorece el uso de la luz muy azul -la más perjudicial- en lugar de promover la luz cálida, obliga a iluminar superficies hoy oscuras y prohíbe tanto reducciones grandes de intensidad como el apagado de instalaciones en horario de bajo uso, en contra de la tendencia en los países vecinos.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes una nueva sesión del juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), conocida como pieza de personal, en la que figuran como acusados el ex presidente y exconsejero delegado de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector financiero Antonio Garrido y dos ex directores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino este último del expresidente socialista del Gobierno Felipe González.

Durante la sesión han testificado en calidad de peritos dos inspectores de trabajo que han ratificado un informe que realizaron en 2015 respecto a los aspectos investigados, defendiendo que aunque conocían un informe policial previo sobre los hechos en cuestión y el trabajo encargado llevaba aparejada «una montaña» de «200.000 folios» en materia de documentación diversa, «para nada» se dejaron influenciar por las conclusiones de dicho atestado policial, toda vez que la defensa de Juan María González Mejías ha atisbado similitudes en las conclusiones.

Principalmente, han confirmado que a su entender, en la primera contratación de Juan María González Mejías a manos de Invercaria no existió una «relación laboral materializada» porque dicho inculpado «no trabajó para Invercaria», sino que habría prestado sus servicios para «un tercero», en alusión al Observatorio de Innovación, dependiente de la consejería del ramo.

Aunque Juan María González Mejías fuese contratado por Invercaria, según han insistido, la relación laboral «no llegó a ser materializada» con dicha sociedad como tal, sino «en todo caso, con la consejería», extremo por el cual estos inspectores de trabajo consideran que los pagos y prestaciones de Invercaria a González Mejías «no tenían justificación legal». Los pagos, a su entender, correspondían al «empleador material». Eso sí, han reconocido el hecho de que Invercaria estaba adscrita a «la misma consejería» que el Observatorio de Innovación.

Igualmente, han señalado que con relación a las cuantías percibidas por González Mejías por su «cese voluntario» en Invercaria que el concepto laboral de «finiquito» implica la liquidación de unos «saldos pendientes» y una indemnización por la finalización de la relación laboral «es otra cosa» diferente, precisando que el derecho laboral es un «derecho de mínimos» y que los «pactos» alcanzados entre las partes implican «otro concepto». Al punto, han avisado de que no les corresponde valorar acuerdos adoptados sin «respaldo» documental.

LAS «CUANTÍAS NO JUSTIFICADAS» Y EL PRÉSTAMO

En cualquier caso, los peritos han señalado la «casualidad» de que la «suma de las cuantías no justificadas» abonadas a González Mejías tras dicho «cese voluntario» coincidiese «exactamente» con la cantidad pendiente del préstamo personal de Invercaria a este encartado, con lo que han opinado que se trataba de «una nómina para cuadrar esas cantidades».

Sobre todo porque, como han resaltado, aunque pesaba la «obligación legal» del empleador de llevar un «registro mensual de las horas extra» materializadas, en Invercaria no fue localizada «documentación justificativa alguna de las horas extra» que hubiese consumado González Mejías, con lo que no quedó «acreditada» su realización pese a que las mismas sí le fueron abonadas.

En paralelo, los inspectores de trabajo han expuesto que les soprendió «sobremanera» el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2009 de Invercaria, un informe que descarta responsabilidad contable o menoscabo de fondos públicos en las contrataciones y salarios de la citada sociedad de capital de riesgo. Según han expuesto, «no deja de ser la opinión» de una institución concreta, cuyas conclusiones «en modo alguno» comparten, según han manifestado.

Además, han constatado que el «segundo préstamo» de Invercaria a José María González Mejías «fue pagado», detallando que el mismo quedó amortizado en 2012.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Durante la instrucción del caso, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas señalaba supuestas «actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal (de Invrcaria) y finiquitos, actuaciones que supusieron» la «disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados».

De este modo, sostenía que Pérez-Sauquillo –condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza separada por el préstamo a la empresa Aceitunas Tatis– «asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo», de forma que «decidía qué personas eran contratadas para trabajar en Invercaria, así como los sueldos». Según el instructor, «esta decisión la adoptaba el expresidente sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido».

El juez agregaba que el 17 de abril de 2006, Nieto suscribió un contrato de trabajo con Invercaria como director financiero, siendo acordado sin «fundamento objetivo que lo justificara» retribuir a este investigado de 2007 a 2010 con «cifras salariales muy superiores a las que le correspondían según su contrato y la legislación, sin causa legal justificada».

En paralelo, el 1 de noviembre de 2005, Cantos suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando que, en julio de 2007, Invercaria concedió a éste un préstamo de 30.000 euros a devolver mediante un descuento en la nómina.

El juez aseveraba que el expresidente y el exdirector financiero de esta sociedad, «manejando los fondos públicos de Invercaria, decidieron condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo», con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria». El instructor considera en ese sentido que estos tres investigados «eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía adeudada».

EL PRÉSTAMO PREVIO DE IDEA

A continuación, el magistrado señalaba que, el 1 de julio de 2005, Juan María González suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que cuando comenzó a trabajar esta sociedad de capital riesgo, «a petición» de este investigado, «se subrogó en el préstamo personal que IDEA le había hecho durante el tiempo que desarrolló su trabajo» allí, una operación con la que «pasó a contraer una deuda con Invercaria» de 17.468,75 euros «en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales» de su nómina.

El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral, González «tenía pendiente de devolver 27.406 euros de los que Invercaria le había prestado» y señala que Pérez-Sauquillo y Nieto «decidieron condonarle esa cantidad», con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en perjuicio de Invercaria».

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha censurado este lunes los comentarios xenófobos dirigidos hacia una de las candidatas a Fallera Mayor de Valencia 2022 en las redes sociales por su origen y ha defendido que tanto ella como cualquier otra que quiera optar a ese cargo sin haber nacido en la ciudad pueda hacerlo.

«No tiene ningún sentido que una persona por no haber nacido aquí no pueda ser Fallera mayor, faltaría más», ha señalado el primer edil preguntado por esos comentario y por la condena realizada por la Junta Central Fallera (JCF). Asimismo, ha afirmado que «las Fallas son un elemento de integración importante de personas que no han nacido» en Valencia y ha apostado por «conservarlo y potenciarlo».

Ribó, que se ha pronunciado de este modo tras presidir en el Ayuntamiento el acto de recepción de la Reial Senyera tras su restauración, ha respaldado el rechazo a los citados comentarios expresado por la JCF.

Este organismo ha considerado «desafortunados y despectivos» esos comentarios, en los que se aludía al origen latinoamericano de la candidata, y ha anunciado que estudiará la posibilidad de «tomar medidas al respecto para que no vuelva a suceder».

«Ha tenido una reacción estupenda», ha dicho el responsable municipal respecto a lo apuntado por la JCF. «Me parece lamentable el comportamiento de criticar a una persona magnífica por no haber nacido en València y querer ser Fallera Mayor», ha añadido.

Joan Ribó ha aseverado que «las Fallas son un elemento de integración importante de personas que no han nacido en nuestra ciudad» y ha resaltado que «ese elemento hay que conservarlo y potenciarlo a todos los niveles». «Por lo tanto, mi total apoyo a la JCF», ha indicado, al tiempo que ha mostrado su «total rechazo» a los comentarios hacia la candidata a Fallera Mayor.

El juez a cargo de la investigación del ‘caso Neurona’ ha estimado pertinente delimitar el análisis de los correos electrónicos del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y estudiar únicamente los mensajes intercambiados con la consultora mexicana que da nombre a la causa y que justificarían los 26.200 euros que cobró.

Fuentes jurídicas han confirmado que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha acordado estimar el recurso de reforma presentado por la defensa del exdirigente ‘morado’, al que hace dos semanas se adhirió la Fiscalía de Madrid para oponerse al auto por el que se ordenaba a la Policía Científica redactar informe sobre los correos.

Las mismas fuentes han precisado que Monedero reclamaba al juez que la investigación se delimitara sobre cuatro correos específicos que recogen conversaciones con la consultora Neurona sobre los trabajos realizados y en los que además se adjunta un factura. Anteriormente el exdirigente se opuso a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) redactara el informe y pidió que estuviera a cargo de la Policía Científica, algo a lo que finalmente accedió el instructor.

LA FACTURA

Monedero figura como investigado en el ‘caso Neurona’ por una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de «300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia» por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros de Neurona Consulting.

Tanto el juez como la UDEF creen que se trata de una factura falsa que encubriría una comisión que Monedero habría recibido por su supuesta intermediación para que Podemos contratara a la filial española de Neurona Consulting –Neurona Comunidad– para las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019.

En su declaración del 15 de marzo, Monedero negó que la factura en cuestión fuera falsa y atribuyó los errores que contenía a que no es un experto en hacer facturas. Ese mismo día aportó unos ‘emails’ con Andrea Edlin López –socia mexicana de Neurona–, con los viajes realizados y las horas de trabajo imputables a cada uno, y un documento adjunto llamado ‘factura’. También dio un historial de los billetes emitidos a su nombre por Iberia en 2018 donde figuran vuelos a México, Colombia y Argentina.

El juez Escalonilla pidió a la UDEF que comprobara las fechas de los correos electrónicos, al tiempo que solicitó a Iberia que entregara los billetes de avión que constan en el historial de vuelos, mientras que al propio Monedero le reclamó el contenido de los ‘links’ de los actos en los que participó durante sus viajes de trabajo para Neurona.

La Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, junto a mujeres de diferentes asambleas y grupos feministas de la capital, han pedido a Igualdad, este lunes, que la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recoja la necesidad de un aborto público y gratuito y elimine el periodo de reflexión de tres días que se exige previo a llevar a cabo la interrupción del embarazo.

Estas dos medidas, junto a otra decena de ellas, se incluyen en un documento que la Comisión ha entregado a la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas. Con ella se han reunido en el marco de encuentros que Morillas está realizando con diferentes actores del sector para tratar la reforma legislativa.

Así, las entidades feministas reclaman a Igualdad que el aborto deje de estar tipificado como delito en el Código Penal, excepto cuando se realiza en contra de la voluntad de la mujer; o que se incrementen lo servicios en la Sanidad Pública para las IVE, para garantizar que los centros y hospitales atiendan las demandas de las mujeres y personas gestantes.

Con esta última petición, la Comisión busca eliminar las «desigualdades territoriales», la «complejidad burocrática» y «los tiempos de espera», así como «una mayor apuesta por el aborto quirúrgico». En este sentido señalan que, según los datos de 2018, la Sanidad Pública solo realizó el 13,9% de los abortos realizados en el país ese año. «Una tendencia que se repite cada año», lamentan.

DERECHO AL ABORTO PESE A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

En este sentido, también piden que se eliminen las barreras administrativas de acceso a la asistencia sanitaria a migrantes o ciudadanas en situación administrativa irregular.

El documento de propuestas de la comisión, recoge, además, incorporar la IVE a través del método instrumental como materia curricular en las carreras de medicina y enfermería, que se «garantice» en la Sanidad Pública «el derecho al aborto a pesar de la objeción de conciencia» o poner fin al acoso que profesionales y mujeres sufren en su acceso a las clínicas abortivas.

Sobre este último punto, el Ministerio de Igualdad ya mostró su intención de incluir medidas sobre este tema en la ley. Además, la semana pasada el Congreso aprobó iniciar la tramitación de un texto, impulsado por el PSOE, para penalizar a las personas que llevan a cabo estos actos frente a las clínicas que realizan IVE.

La creación de un comité médico independiente que, a partir de la semana 22 de embarazo, establezca con protocolos jurídicos y médicos, criterios claros de actuación; la inclusión de la educación afectivo-sexual en el temario curricular en todas las etapas educativas; la puesta en marcha de talleres de educación afectivo-sexual para adultos; la apertura de centros de planificación familiar con horario de urgencia; eliminar la necesidad de consentimiento paterno en las menores de 16 y 17 años que deseen abortar y vigilar la garantía de acceso a la IVE en todas las CCAA, son otras de las propuestas que ha presentado la Comisión.

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirán este martes al presidente de Angola, Joao Lourenço, en visita oficial continuación a la realizada por el jefe del Ejecutivo español el pasado mes de abril al país africano.

Lourenço, que llega a España tras participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, será recibido a primera hora del martes por el Rey en el Palacio de la Zarzuela, según ha informado Casa Real.

Más tarde, los Reyes ofrecerán un almuerzo en honor del mandatario angoleño en el Palacio Real, al que asistirán como es costumbre los principales altos cargos del Estado.

El encuentro con Sánchez en la Moncloa se producirá a continuación, según ha informado el Gobierno. Lourenço, en el poder desde 2017, devuelve con esta visita la que realizó el presidente del Gobierno el pasado mes de abril junto con empresarios a Angola.

Dicha visita fue la primera de un presidente del Gobierno tras la realizada en 1992 por Felipe González. Mariano Rajoy tuvo que cancelar su viaje en 2018 tan solo 48 horas antes a raíz de la detención en Alemania del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Sánchez ofreció entonces un claro apoyo a Angola en el proceso de diversificación de su economía para hacerla menos dependiente del petróleo y reivindicó la aportación que, a su juicio, pueden hacer las empresas españolas en numerosos sectores prioritarios para el país africano como el transporte, las infraestructuras o la energía.

Angola, dijo el presidente, es un país con «enormes potencialidades» así como grandes recursos naturales que ofrece «enormes oportunidades de exportación, de realización de proyectos y de inversión directa» para las empresas españolas.

La visita de Lourenço a España busca «consolidar las relaciones» así como «hacer balance» de lo que se ha venido haciendo y de los acuerdos que se han suscrito, ha explicado el embajador angoleño en Madrid, Luiz de Matos.

Para Angola, ha reconocido, la relación económica «es muy importante» de ahí el interés en que se implementen ahora los acuerdos que se alcanzaron en esta materia durante el viaje de Sánchez.

Por otra parte, la visita se produce pocas semanas después de que su antecesor en el cargo, el expresidente José Eduardo dos Santos, regresara al país tras dos años exiliado en Barcelona.

Lourenço, ‘delfín’ de Dos Santos, ha puesto en marcha desde que llegó al poder una campaña contra la corrupción que ha incluido al círculo cercano del antiguo mandatario, incluida la hija de este, Isabel dos Santos, considerada la mujer más rica de África.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha propuesto la creación de la figura del delegado o delegada sindical especializado en igualdad y atención a los casos de violencia género, que actuarían como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas en empresas y Administración.

Durante la jornada parlamentaria, organizada por el PSOE, que se ha celebrado este lunes en el Congreso, CSIF señala que la implicación de estos profesionales especializados permitiría «avanzar en la detección, atención y apoyo jurídico a las mujeres que sufren este tipo de violencia».

Desde el sindicato ya se está formando a delegados y delegadas sindicales en esta materia, según ha apuntado la entidad. Según ha explicado, a sus servicios de ayuda llegan a diario consultas sobre cómo actuar cuándo se detectan signos visibles de violencia, abatimiento y faltas al trabajo.

Del mismo modo, CSIF ha informado de que está negociando un protocolo contra la violencia de género en la Administración General del Estado con el que quiere ofrecer asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que la sufran y que los centros de trabajo actúen de enlace con las oficinas de asistencia a las víctimas cuando se detecte un caso entre las trabajadoras.

NECESIDAD DE RENOVAR EL PACTO DE ESTADO

En línea con la jornada organizada por el PSOE en la Cámara baja, el CSIF ha planteado, además, la necesidad de renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

«Uno de los aspectos que hemos detectado, a raíz de la pandemia, es la expulsión de las mujeres del mercado laboral, una circunstancia que reduce su independencia económica e incrementa su vulnerabilidad ante la violencia de género», apunta CSIF.

El sindicato recuerda que la Fiscalía General del Estado, en Memoria de 2020, muestra su preocupación por las mujeres víctimas de violencia de género, debido al mayor riesgo que supuso el confinamiento con sus agresores y aboga por arbitrar medidas de asistencia, apoyo y protección.

CSIF también destaca «la gravedad de la violencia vicaria» que, a su juicio, requiere también la protección adecuada a los menores que son víctimas de esta lacra.

Todas estas propuestas llegan desde CSIF en medio de la preocupación del sindicato por «la ruptura del consenso en el debate político» y, ha señalado, «afecta tanto a la definición en sí misma de la violencia de género, como a su origen o a las herramientas para combatirla». «Defendemos que la violencia machista no se puede cuestionar ni relativizar en ningún caso», ha concluido.

La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha apoyado la reforma de la ley del aborto que pretende el Ministerio de Igualdad y ha calificado de fundamental regular la objeción de conciencia para que prime ante todo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

«Pese a los intentos de PP y Vox de que volvamos al pasado, vamos a seguir avanzando, por medio del Ministerio, para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos», ha señalado.

En rueda de prensa en la sede del partido este lunes, Serra ha explicado que mañana es el día mundial de la acción global para el derecho al aborto y que para su formación es «muy importante», porque es un derecho que «por diferentes circunstancias en el país aún no está garantizado como debería de estar».

«Eso implicaría que el aborto se practicara en la (sanidad) pública, que la objeción de conciencia no perjudicase a las mujeres que tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo y que no se fomente por parte de poderes públicos, del conjunto de las instituciones, la culpa y las tutelas sobre las mujeres y el derecho a decidir sobre sus cuerpos», ha ahondado.

Por eso, ha indicado que es una «buena noticia» que el Ministerio de Igualdad esté «empujando esos cambios» para reformar la ley del aborto, sobre todo en dos cuestiones «importantísimas».

Una tiene que ver con la regulación de la objeción de conciencia, para que «no se ponga por delante del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo». El otro área fundamental es avanzar en la educación sexual de cara a «acabar con el odio a las personas LGTBi, para que se garantice la educación en igualdad pero también para que las mujeres tengan derecho a decidir con toda la información y sin culpas».

«GRAVÍSIMA» ACTITUD DE AYUSO

A renglón seguido, Serra ha lamentado que durante estos días ha escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y «también a la ultraderecha atacar los derechos de las mujeres», como cuando la mandataria madrileña calificó de «fracaso» el aborto.

«Es algo gravísimo», ha exclamado la dirigente de Podemos para remarcar que su obligación, como presidenta de una comunidad autónoma, es precisamente «garantizar ese derecho». «Y la ultraderecha sale diciendo que somos brujas como en la edad media por defender derechos como el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos», ha espetado.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo alerta de las «perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo» derivadas de la imposibilidad de cubrir vacantes por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una nota de prensa, la Sala de Gobierno –presidida por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, también presidente del CGPJ– informa de que se ha acordado por unanimidad, a instancia de los miembros electos, poner en conocimiento del CGPJ su preocupación porque la renovación no se produce y la reforma legal imposibilita cubrir vacantes.

«Poniendo de manifiesto su preocupación por las perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del Tribunal supone la falta de renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial y la consiguiente imposibilidad de cubrir las vacantes existentes como las que puedan ir produciéndose en los próximos meses», indican.

El acuerdo indica que algunas de las Salas afectadas «se encuentran en una coyuntura en que se hace más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social (pensemos en las vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia), resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose previsiblemente».

Añade que ante esta realidad, y «al margen de cuestiones de otro orden que no le competen», la Sala de Gobierno «no puede permanecer indiferente ante esas preocupantes previsiones y ha de alertar sobre ellas».

Por este motivo, los miembros de este órgano han acordado también encargar un informe al Gabinete Técnico del alto tribunal «que refleje sintéticamente y con señalamiento de calendario el panorama al que se enfrentarían las diversas Salas de este Tribunal en el caso de que se prolongase la actual situación de interinidaddel Consejo General del Poder Judicial».

Recuerdan que a fecha de hoy, la Sala Primera (de lo Civil) del TS cuenta con una vacante, la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) con seis, la Sala Cuarta (de lo Social) con tres y la Sala Quinta (de lo Militar) con dos.

Ya en abril de este año, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, apuntaba a los efectos negativos que podía conllevar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, instada por PSOE y Podemos, impide que este órgano pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones. Reconocía, apoyándose en un informe técnico, que el cambio legal podía llevar a este órgano a la «atrofia y la paralización» al dejar en el aire casi medio centenar de designaciones hasta final de año, según confirmaron fuentes de este órgano.

EL BLOQUEO DEL CGPJ

Esta alerta del Supremo llega cuando se cumplen más de mil días desde que se debiera haber renovado el CGPJ, caducado desde diciembre de 2018. La ausencia de acuerdo entre las grandes formaciones políticas –fundamentalmente entre PP y PSOE– han hecho imposible su renovación en tiempo.

Precisamente el pasado 20 de septiembre las cuatro asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI)– mantuvieron encuentros con el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, para trasladarle los diferentes puntos de vista sobre la situación del órgano de gobierno de los jueces.

La Sala de Gobierno del TS está compuesta a día de hoy por el presidente, Carlos Lesmes, por los cinco presidentes de Sala y por cinco magistrados del Tribunal Supremo elegidos por los magistrados del Alto Tribunal. Actúa como Secretario en las sesiones de la Sala de Gobierno el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Ángel Tomás Ruano.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha fijado para 2023 el inicio del juicio al acusado por el incendio de la Costa del Sol, ocurrido en agosto de 2012, que calcinó más de 8.500 hectáreas en varias localidades y a causa del cual fallecieron dos personas y otras cuatro resultaron heridas.

En concreto, según han informado fuentes judiciales, por ahora la Sala tiene previsto que la vista oral comience el 30 de enero de 2023, más de diez años después de los hechos, y las sesiones, que se celebrarán días sueltos dependiendo del mes, se prolonguen hasta el 29 de junio.

La Fiscalía de Málaga solicita siete años y medio de prisión para el acusado del incendio que causó daños en viviendas e instalaciones de 347 personas o entidades. Se le acusa de un delito de incendio forestal por imprudencia con peligro para la vida, en concurso con dos de homicidio por imprudencia y uno de lesiones.

Según el escrito inicial presentado por el fiscal de Medio Ambiente, el procesado desempeñaba labores de mantenimiento y cuidado de una vivienda ubicada en el paraje conocido como Barranco Blanco de Coín, desde donde el fuego se extendió a los municipios de Mijas, Marbella, Alhaurín el Grande, Ojén y Monda.

La finca era propiedad de un ciudadano belga que no residía de forma permanente en el lugar y con el que tenía un acuerdo verbal para dicha tareas. El día del incendio la temperatura ambiente era de 37,6 grados, con una humedad relativa del aire de 18,1 por ciento y un viento de nueve kilómetros por ahora, «que en la hora siguiente ofrecería rachas máximas de hasta 34 kilómetros por hora con direcciones cambiantes», según las conclusiones provisionales.

La probabilidad de ignición era del 80 por ciento y por tanto había «un índice de peligro de incendios de alarma extrema –peligro extremo–«. El acusado fue a realizar sus obligaciones, estando el dueño en su país, y antes de las 18.50 horas, con estas condiciones climatológicas, «de manera absolutamente irresponsable», encendió una hoguera para quema de poda de vegetación de jardinería.

Según el escrito de esta acusación, el acusado llevó a cabo esta acción supuestamente «careciendo de autorización administrativa para ello, incumpliendo normativas», como la de prevención de incendios forestales; además de «sin adoptar las mínimas medidas de precaución adecuadas». Así, «atizó la hoguera durante la combustión y la abandonó sin apagarla».

Presuntamente, restos incandescentes entraron en contacto con pastos secos lo que provocó su ignición, tras lo que se extendió por zonas colindantes en un primer frente. Asimismo, la Fiscalía explica que la orografía del terreno y el viento «se tradujo en una propagación cambiante del fuego».

Además, la baja humedad relativa del aire, «propia del viento terral imperante», hizo que se produjeran focos secundarios por la emisión de pavesas, con lo que «el incendio avanzó a saltos y con gran rapidez», explica el fiscal, apuntando que, «impulsado por el viento del norte, el incendio llegó a unos municipios de la costa y luego a otras localidades, al cambiar de dirección».

Se produjeron desalojos de viviendas por el fuego en dos zonas de Mijas, cuatro de Marbella y la localidad de Ojén al completo. El incendio se dio por controlado dos días después, el 2 de septiembre, y por extinguido el 4; afectando a 510 hectáreas de Coín, 163 de Alhaurín el Grande, 2.379 hectáreas en Mijas, 1.900 en Marbella y 3.394 hectáreas en Ojén. En total, 8.582 hectáreas, la mayoría de suelo forestal.

Según la acusación pública, la normativa recoge que se requiere una autorización para la quema de matorral, pastos y residuos procedentes de tratamientos selvícolas u otros trabajos, así como para la quema de rastrojos o residuos en labores agrícolas que se realicen en zona de influencia forestal. Pero otro apartado prohíbe estas acciones en época de riesgo medio-alto.

En las tareas para controlar el fuego participaron policías locales de los municipios afectados, 42 técnicos, 75 agentes de medio ambiente, agentes de la Guardia Civil, 118 retenes especialistas, 12 Bricas con 112 miembros en total, 132 componentes de dotaciones de autobombas, once aviones de carga, 100 bomberos, 30 helicópteros y unos 330 vehículos de transporte y extinción.

DAÑOS Y GASTOS

En cuanto a los daños a particulares, el fiscal señala que además de las dos personas fallecidas, ambas de nacionalidad alemana; otras cuatro resultaron heridas, tres de ellas de nacionalidad belga, de las que dos son menores de edad.

En cuanto a la responsabilidad civil, se insta a que indemnice a los herederos de los fallecidos con 90.000 euros a cada uno y con 2.500 euros a tres de los lesionados; mientras que al cuarto, que estuvo tres meses en la UCI del hospital de Nuremberg y presenta discapacidad física, la cantidad se determinará en la ejecución de sentencia.

Asimismo, la acusación pública solicita que indemnice a los particulares afectados por el incendio. En total, el fuego causó daños en viviendas e instalaciones de 347 personas o entidades, de las que 74 estaban en Marbella, más de un centenar en Ojén y la mayoría, 162, en Mijas.

Asimismo, señala que se estima en 12,2 millones de euros los daños tangibles en montes públicos gestionados por la Junta, en 86.856 euros el impacto producido sobre las aguas subterráneas, en 14 millones de euros los daños y gastos al Ayuntamiento de Ojén; 4,2 millones de euros al de Mijas, 57.000 euros al de Marbella, 4.878 euros al de Alhaurín el Grande y casi 10.000 euros al Consistorio de Coín.

En lo que respecta a gastos de extinción, para la Consejería de Medio Ambiente se contabilizan 814.000 euros, además de 521.991 euros correspondiente a la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía; mientras que 112.765 euros se corresponden con el Consorcio Provincial de Bomberos.

El historiador y escritor neerlandés Rutger Bregman reivindica la solidaridad humana como el principal motor de la historia en el ensayo ‘Dignos de ser humanos’, que publica Anagrama en castellano y Empúries en catalán bajo el título ‘La humanitat’.

Según ha explicado el autor en rueda de prensa telemática este lunes, la idea fundamental del libro es que «la mayoría de la gente es decente, pero el poder corrompe».

Cree que si se ha pensado durante tantos años que el ser humano es egoísta por naturaleza es porque es lo que interesa a los poderosos: «Si no podemos fiarnos de los otros, entonces necesitamos una jerarquía, necesitamos a alguien en el poder para controlarnos».

La editora de Anagrama, Sílvia Sesé, lo ha descrito como un libro contra el cinismo y la pretensión de que la solidaridad y la bondad son contrarias a la inteligencia, pero que se aleja de visiones «buenistas» que no están bien documentadas.

A su vez, el editor de Empúries, Jordi Rourera, ha destacado que sea un libro exuberante y fecundo, lleno de datos, historias, ideas y reflexiones, así como la capacidad narrativa del autor, «extraordinaria y seductora».

UNA REVOLUCIÓN

Según ha explicado Rutger, el libro surge de la convicción de que en los últimos 10 o 20 años ha habido una revolución en muchas disciplinas científicas; un cambio en la perspectiva que se tiene del ser humano, que se ha vuelto más «esperanzadora».

Con una aproximación multidisciplinar, Rutger se propuso «conectar los puntos» de estas revoluciones que se han dado en campos como la sociología, la antropología, la psicología o la arqueología.

El motivo por el que cree que este cambio de punto de vista es importante es por las implicaciones que tiene nuestra opinión sobre la naturaleza humana en la forma en la que vivimos y cómo gobernamos nuestras sociedades.

En este sentido, ha destacado por ejemplo un capítulo dedicado al sistema penal, a su juicio uno de los más radicales, que defiende un sistema penitenciario como el noruego, en el que los reclusos gozan de muchas libertades.

Bregman es el autor de ‘Utopía para realistas’ (2017), un ensayo en defensa de la renta universal básica, la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras.

Ediciones Palabra presentará este miércoles en la Universidad San Pablo CEU el libro ‘Huellas de una tormenta. Testimonios 10 años después de la JMJ de Madrid’, del periodista Pedro José Rodríguez-Rabadán, que recoge una veintena de testimonios, una década después de lo que representó aquella jornada.

El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y contará con la actuación del Coro de la JMJ, y con diversos testimonios.

Tal y como explica el autor, la inspiración para escribir este libro fue el «encargo» del entonces Papa Benedicto XVI que, al terminar la misa central de la JMJ de Madrid llamó a los jóvenes a dar «un audaz testimonio de vida cristiana ante los demás».

Así, precisa que no se trata de «un mero recordatorio de qué ocurrió en la capital española en aquellos inolvidables días de agosto» sino de «la constatación de que en Madrid, convocados por el Papa, cada uno de los que participaron tuvieron un encuentro con Cristo que les ha dejado una huella profunda en sus vidas».

El libro cuenta con tres prólogos, elaborados por el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que narra su experiencia en aquella jornada como peregrino; el cardenal Antonio María Rouco, organizador de aquella JMJ, y su sucesor, el cardenal Caros Osoro, actual Arzobispo de Madrid.

El autor, Pedro José Rodríguez-Rabadán es el actual responsable de los informativos de fin de semana en Telemadrid, y fue el encargado de presentar los programas de la JMJ de Madrid 2011 para la cadena pública madrileña. Además, ha trabajado en la Cadena COPE, Radio Nacional de España, y ha sido articulista en varios periódicos digitales y en semanarios y revistas como Alfa y Omega, Alba y Mundo Cristiano.

Reconocido con el premio al Mejor Periodista Joven por el Club Internacional de Prensa, también es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y autor del libro ‘El sesgo en la televisión. La noticia política en campaña’ y de artículos en revistas de comunicación.

Cuatro expertos en la materia ponen en marcha la primera asociación de comunicación interna de España (DIRCI), que llega con el objetivo de convertirse «en un foro de los profesionales de esta disciplina y ponerla en valor».

Según ha informado la nueva organización, el colectivo contará, a partir de ahora, con un espacio en el que realizar encuentros y unir esfuerzos entre la institución pública, la organización privada, la consultoría y la academia.

«Ya habíamos detectado la necesidad de compartir y desarrollar la disciplina juntos a través de unos encuentros informales para comentar temas que requerían especial atención o que nos preocupaban o que simplemente queríamos debatir. Con la pandemia, esta necesidad, se catalizó, ya que hemos estado en el foco, con un rol clave en las organizaciones durante esta crisis», ha comentado Marian Abrines, una de las fundadoras de DIRCI.

Por su parte, Laura Verazzi, otra de las fundadoras de la asociación, ha afirmado que «la profesión necesita seguir ganando en posicionamiento». «Por eso es importante que construyamos y evolucionemos en base a las experiencias, a los aprendizajes compartidos y la generación de materiales de divulgación de calidad», ha dicho Verazzi, al tiempo que ha añadido que con esta nueva plataforma, quieren «hacer crecer a los referentes y dar entidad al rol en las organizaciones».

Junto a Marian Abrines, de Cofidis, y Laura Verazzi, de Averar, al frente de esta nueva asociación también se hallan Maria Rodríguez, del Ajuntament de Barcelona, y Joan Cuenca de Blanquerna – Universitat Ramon Llull.

Aunque la comunicación interna se pueda entender solo como mantener informados a los trabajadores, es mucho más. Los profesionales de la comunicación interna trabajamos para crear vínculos entre la organización y las personas (e incluso entre los trabajadores entre sí). Trabajamos para transmitir los valores, prioridades y objetivos de la organización de manera clara, para mejorar compromiso de los empleados, para potenciar un buen clima laboral, para tener mejores líderes», ha afirmado Abrines.

Port de Barcelona, Endesa, Oxfam Intermón, Fundación Factor Humà, Grupo Barcelonesa, Pikolin, el Instituto Nacional de Administración Pública y Future For Work Institute son algunas de las en instituciones y empresas que ya colaboran con DIRCI, así como la asociación canadiense de comunicación interna (IC Kollectif).

El diputado de Unidas Podemos por la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, defenderá este martes en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso una Proposición no de Ley (PNL) para avanzar en la creación del Parque Regional del Mar Menor, informaron fuentes del partido en un comunicado.

Según la formación ‘morada’, la propuesta ha sido elaborada junto a los movimientos sociales, ecologistas y vecinales de la zona y cuenta con el respaldo de la comunidad científica.

El secretario autonómico de Organización, Ángel Luis Hernández, ha explicado que el Gobierno regional «hace tiempo que abdicó de sus funciones y ha permitido que el Mar Menor se convierta en la cloaca particular de las multinacionales del agronegocio».

Por eso, «será el Congreso de los Diputados quien tenga que tomar cartas en el asunto para garantizar la recuperación de este entorno único el mundo», ha precisado Hernández.

La PNL propone iniciar el procedimiento de inclusión del Mar Menor en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, como primer paso para la creación de un Parque Natural Menor que integre los espacios ya protegidos y los amplíe, incluyendo la laguna, sus islas y una franja de protección litoral.

Además, plantea establecer una moratoria indefinida para el uso de todo tipo de fertilizantes en una franja de protección del litoral del Mar Menor de 2.000 metros, declarándola zona libre de nitratos, algo que, según Hernández, «sería una medida real frente a la propaganda de López Miras, que anuncia la prohibición sólo de algunos tipos de productos, pero que permitirá que continúen vertiéndose otros contaminantes al Mar Menor».

El secretario de Organización ha insistido en que la «limitación» que el Gobierno regional ha introducido en la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor «llega muy tarde», y ha criticado que esta medida se restrinja «solo a los dos próximos años».

Un plazo «inverosímil» para Podemos, que además tampoco cree que el Ejecutivo autonómico tenga «ninguna intención de cumplir, como demuestra la purga que han llevado a cabo en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente». «Sin personal para velar por su cumplimiento, no hay medidas ni leyes que valgan», ha sentenciado Hernández.

Además, Podemos pretende que la comarca del campo de Cartagena sea considerada como una «región prioritaria en la negociación de la PAC para el periodo 2021-2027», de forma que los criterios de reparto de la nueva PAC «contemplen ayudas directas a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, facilitando la transición de estas explotaciones hacia un modelo agrícola compatible con la protección del Mar Menor».

Al mismo tiempo, la PNL plantea que se explore todo el potencial de la nueva propuesta agrovoltáica, que combina el uso agrario y fotovoltaico del suelo, «rebajando así el nivel de intensidad agraria y por tanto el uso de fertilizantes, herbicidas y los consiguientes vertidos».

Hernández ha apostado por «ayudar a los agricultores del campo de Cartagena en el tránsito hacia un nuevo modelo más sostenible, combinando por ejemplo sus producciones con la obtención de energía voltaica». Ese es «el único camino que garantiza el futuro de la comarca y de la agricultura, frente a un agronegocio extractivo que ha desplazado a la agricultura de siempre», ha dicho.

En cuanto a las causas que han llevado a esta situación, el secretario de Organización de Podemos ha abogado por «perseguir de una vez a quienes han contaminado», haciendo cumplir el principio básico de que «quien contamina, paga».

Para ello, además de exigir a la Comunidad Autónoma que «deje de retrasar las sanciones a los empresarios que incumplen las normas ambientales», Podemos propone en su PNL imponer «una tasa ambiental al agronegocio y a las grandes explotaciones ganaderas proporcional a la superficie afectada, toda vez que los efectos de la contaminación por nitratos originada por estas actividades seguirá teniendo efectos sobre el Mar menor en las próximas décadas».

Esta tasa tendría un carácter finalista, es decir, que lo recaudado sería destinado «íntegramente a cofinanciar las inversiones necesarias para la protección y recuperación del Mar Menor, así como para la compensación del pequeño comercio y sector turístico perjudicados económicamente por este desastre ecológico».

Por último, la propuesta de Unidas Podemos hace referencia a las inundaciones, «producto de nula ordenación del territorio», con la recuperación de la red de drenaje natural y el dominio público hidráulico, «colaborando con los ayuntamientos de la comarca del Mar Menor en la revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana para adaptarlos a la situación crítica de la laguna y a los efectos innegables del cambio climático».

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha responsabilizado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al Gobierno municipal de los destrozos durante las fiestas de La Mercè, porque «cuando se justifica durante años ciertos actos de violencia pasa lo que pasa», y ha pedido tanto al Govern como al Ayuntamiento un plan de cara al 1-O.

«Cuando se dice públicamente que se van a saltar las leyes que no consideran justas, pasa lo que pasa. Y cuando se quiere fulminar al servicio de antidisturbios, pasa lo que pasa. Esto no es lo que era Barcelona», ha afirmado en declaraciones a los periodistas este lunes ante el Palau de Congressos de Barcelona.

Para Arrimadas, estos destrozos son el resultado del «desgobierno que hay, tanto por el comunismo de Colau con la muleta del PSC, como con el Govern separatista», y ha vuelto a pedir más seguridad y presencia en las calles de policía y más recursos para Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana.

Este lunes también ha visitado algunos locales afectados por los destrozos en el barrio de Sants, ha afirmado que los comerciantes «están hasta las narices del vandalismo y la inseguridad y necesitan soluciones», y ha pedido el consenso de todos los partidos políticos en contra de estos actos.

También ha pedido que se reúna la Junta Local de Seguridad de Barcelona (JLSB) porque ve «inaudito que, con todo lo que está pasando y el aumento de violencia, que no se ve en otra parte de España», no se haya reunido este órgano.

Por último, ha asegurado que Cs volverá a pedir al Gobierno en el Congreso que no se retire la Jefatura Superior de Policía, situada en la Via Laietana de Barcelona, porque, según ella, se trata de un símbolo de libertad: «A quien corresponde decir si se queda la comisaría no es al Govern, es al Gobierno».

LUZ GUILARTE

En la visita también ha estado la líder de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, que ha exigido al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, que pida la dimisión del teniente de alcalde de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, tras los destrozos durante la celebración de La Mercè.

«Si el señor Collboni y el PSC fuesen responsables y les importase la seguridad de los barcelonenes, pedirían la dimisión de Batlle, además de abandonar el Gobierno municipal, porque solo decoran, no aportan nada», y ha exigido consenso político para reclamar más seguridad en Barcelona.

Casi 2.000 voluntarios participantes en la VII Gran Limpieza Internacional de Fondos Marinos convocada por la Red de Vigilantes Marinos han retirado este fin de semana 8.820 kilos de residuos en más de 30 enclaves de toda la costa del país, según ha informado la organización.

Entre los residuos retirados, destacan numerosas artes de pesca, metales o envases, materiales «muy contaminantes» como móviles, pilas y baterías u otros como artefactos pirotécnicos, carros de hipermercados, asientos de lanchas e incluso relojes que aún funcionaban.

La retirada de residuos del fondo marino se ha realizado en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha (lagos y ríos), Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, País Vasco, Islas Baleares y Melilla. Esta actuación se suma a otras en Brasil, Colombia, Perú, Cuba y Marruecos.

La campaña es posible gracias a los más de 1.000 buceadores voluntarios de la Red de Vigilantes Marinos, iniciativa de la ONG Oceánidas compuesta mayoritariamente por submarinistas que, de forma voluntaria, se involucran en la conservación de las especies ligadas al mar a través de labores de protección, investigación y divulgación del medio marino. En sus actuaciones, como es el caso de esta limpieza conjunta de fondos, la organización cuenta con el apoyo de la Asociación Española de Basuras Marinas (AEBAM) y la Asociación Vertidos Cero. Además, para el desarrollo de esta acción ambiental, la red de Vigilantes cuenta con la colaboración de Phergal Laboratorios, Dr. Tree y Nivea.

Desde la aplicación móvil MARNOBA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Services, se han registrado y categorizado los residuos retirados del fondo del mar y de la superficie de la costa. Estos datos se compartirán con la campaña ‘1m2 por las playas y los mares’, perteneciente al Proyecto LIBERA, que transmitirá los datos al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto demográfico (MITECO), para obtener información sobre la tipología de los residuos, su origen y las vías de transporte y deposición.

Por otro lado, la Red de Vigilantes Marinos junto con la empresa pesquera española, Pescanova han acordado donar alimentos a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) por un volumen equivalente a los residuos que se retiren del mar.

Asimismo, los buceadores recogerán los residuos con redes hechas con los restos de otras redes abandonadas y recuperadas por los Vigilantes Marinos que fabrican de forma artesanal un grupo de mujeres vascas con el proyecto de estas mujeres, la Red de Vigilantes y el apoyo del Proyecto Libera, se mantienen unas condiciones de trabajo «dignas» y se ayuda a «pescar» las basuras abandonadas en el mar.

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha defendido este lunes que la detención y puesta en libertad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) este fin de semana no debe afectar al diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat.

«Nos gustaría que la detención y liberación de Carles Puigdemont no afecte al diálogo», ha dicho preguntada en rueda de prensa, en la que ha garantizado que el compromiso del Gobierno central con el diálogo es firme y ha confiado en que el Govern también lo mantenga.

Considera que el diálogo sigue vigente y que es más necesario que nunca, «justamente cuando pasan acontecimientos como el de las últimas horas», y ha señalado que nadie está por encima de la ley y que, si uno se la salta, debe atenderse a las consecuencias.

Preguntada por si el arresto de Puigdemont dificulta la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha recalcado que se trata de asuntos diferenciados: «Son carpetas distintas: una cosa son los PGE; otra, la mesa de diálogo, y otra», el caso de Puigdemont.

BOTELLONES Y ALTERCADOS

Ha condenado los altercados en botellones en Barcelona durante este fin de semana de fiestas de La Mercè, y ha acusado al Govern de haber legitimado la violencia por acción o por omisión tanto en esta legislatura como en la anterior: «Seguramente si no hubiera pasado, no estaríamos donde estamos ahora».

Cree que no ha habido una actitud dura y contundente contra los altercados ni en este Govern ni en el anterior de Quim Torra, y ha exigido al Govern de Pere Aragonès «menos reproches y más colaboración» y lealtad institucional con el Ayuntamiento de la capital catalana.

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Sobre el Debate de Política General (DPG) que empezará en el Parlament este martes con Aragonès, ha lamentado que la intervención de los grupos parlamentarios no esté prevista hasta el miércoles, y ha admitido que no tienen «demasiadas esperanzas» en lo que pueda exponer Aragonès.

Ha confesado también que «el incentivo» de que se aprueben las propuestas que llevarán al DPG es bajo, porque asegura que el 95% de las propuestas de resolución del PSC-Units aprobadas en el Parlament no se han cumplido, algo que cree que es una muestra de la degradación de la política.

Y están decepcionados con el Govern porque consideran que no promueven una política útil: «Al contrario, hemos visto como sus discrepancias han hecho que propuestas como la ampliación del Aeropuerto se hayan quedado sobre la mesa».

Romero ha felicitado en nombre del PSC al candidato del SPD, Olaf Scholz, por haber ganado las elecciones en Alemania, y le ha deseado «toda la suerte y todo el acierto para poder liderar este Gobierno que se está configurando» tras los comicios de este domingo.