El Gobierno prevé incrementar los fondos para la cooperación para el desarrollo en casi un 60 por ciento, hasta algo más de 1.075 millones de euros, en los Presupuestos Generales de Estado (PGE) cuyo proyecto ha sido presentado este miércoles en el Congreso.
Este incremento se enmarca en el aumento de un 19,7 por ciento de la partida reservada por el Ejecutivo a política exterior y de cooperación para el desarrollo, a la que se destinará el próximo año 2.254 millones de euros, incluidos 58 millones con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De ese total, los 1.075,51 millones para la cooperación suponen el 47,7 por ciento.
En concreto, el programa de Cooperación para el Desarrollo contará con 402 millones más, de los que 293 millones irán al Ministerio de Sanidad para que los destine a la lucha contra la pandemia de la COVID-19, a través del suministro de vacunas. España, subraya el Gobierno en los PGE, es el tercer mayor donante a nivel mundial dentro de la UE.
No obstante, el grueso de la Cooperación para el Desarrollo se canalizará a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que dispone de tres instrumentos presupuestarios a la hora de ejecutarlos.
El principal es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que en 2022 tendrá un presupuesto de 491 millones de euros, lo que supone un incremento del 27,9 por ciento. De ese total, algo más de 43,3 millones son gastos de personal.
A ella se suman el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), con cargo al cual se podrán autorizar operaciones por importe de hasta 375 millones de euros y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), con cargo al cual se podrán realizar operaciones por importe de hasta 60 millones de euros.
Por su parte, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, encargada de la propuesta, dirección y coordinación, así como la ejecución de la política de cooperación internacional contará con 81 millones de euros, excluidos los fondos de cooperación, para realizar su cometido.
Según defiende el Gobierno en los PGE, «España debe tener un sistema de cooperación moderno, eficaz, que alcance los objetivos de la Agenda 2030» para lo cual es necesaria una reforma que debería arrancar precisamente el próximo año, de cumplirse con el compromiso de presentar en los próximos meses la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible.
El deseo del Ejecutivo es adaptar la cooperación española a «los nuevos retos y a la realidad internacional» con el fin de poder dar respuesta a «nuestro compromiso global por el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, defender los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y promover un crecimiento económico inclusivo, la conservación del planeta y la lucha contra el cambio climático, entre otros».
