Siemens Gamesa ha firmado un acuerdo con la compañía eólica sueca OX2 para el suministro de aerogeneradores para el parque eólico de Lestijärvi, que con una potencia de 455 megavatios (MW) es el más grande de Finlandia, informó la compañía.

En concreto, el fabricante surgido de la fusión de Gamesa con la división eólica de Siemens suministrará 69 aerogeneradores del modelo ‘SG 6.6-170’, su turbina ‘onshore’ (terrestre) más potente con un rotor de 170 metros y un generador de 6,6 MW, que se instalarán en 2024 en el parque ubicado en la región de Ostrobotnia Central.

Este proyecto eólico será el segundo en el país nórdico en contar con aerogeneradores de la plataforma Siemens Gamesa 5.X, tras el acuerdo anunciado a principios de año para suministrar 81 MW de la variante ‘SG 6.6-155’.

Lestijärvi será el mayor parque eólico del país y, una vez que esté completamente instalado, la producción anual de energía alcanzará los 1,3 teravatios/hora (TWh), o el equivalente a un 2% de la producción eléctrica del país.

El acuerdo contempla también un contrato de mantenimiento del parque durante un periodo de 35 años, que garantizará que las turbinas operen a su máxima capacidad a lo largo de toda su vida útil.

Del total de aerogeneradores suministrados, 64 contarán con una torre de 155 metros y, los cinco restantes, incluirán torres de 145 metros de altura.

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA.

Las 69 nacelles de este parque eólico se ensamblarán en la planta de Siemens Gamesa en Ágreda (Soria), las multiplicadoras se producirán en las plantas de Asteasu (Guipúzcoa), Lerma (Burgos) y Burgos capital, y los componentes eléctricos, en las fábricas de Reinosa (Cantabria), San Fernando de Henares (Madrid) y Benisanó (Valencia). Siemens Gamesa opera nueve plantas en España que emplean a 1.200 personas. En España cuenta con un total de 4.700 empleados.

El consejero delegado de la unidad de negocio Onshore de Siemens Gamesa, Lars Bondo Krogsgaard, destacó que este contrato representa «un hito importante para la plataforma Siemens Gamesa 5.X en Finlandia».

«Trabajando con socios como OX2 estamos ayudando al país a dar pasos de gigante en la transición energética al proporcionar uno de los costes de energía más bajos de la industria», dijo.

Neinor Homes presenta el primer ‘smart building’ destinado al alquiler. Se trata de un edificio totalmente conectado a través de una app, la Neinor app, enfocado a un inquilino joven que podrá vivir, trabajar, alquilar un coche o disfrutar de su ocio en el mismo sitio, ha informado la compañía.

Hacienda Rental, ubicado en Málaga, es un edificio sostenible y eficiente, que dispone de servicio de carsharing, zona de coworking, aplicaciones inteligentes, taquillas automáticas para recibir paquetes y zona gastronómica.

Se trata así del primer residencial multiconectado diseñado para responder a un nuevo estilo de vida acorde con las nuevas necesidades vitales y laborales de los más jóvenes. El edificio dispone de 142 viviendas y cuatro locales comerciales, destinados al alquiler y distribuidos en siete alturas con un diseño minimalista y moderno.

Todos los inquilinos de Hacienda Rental Homes dispondrán de un servicio de carsharing de la mano de la startup malagueña Activacar, que también contarán con cargadores para sus vehículos eléctricos.

Además, los residentes dispondrán de sala gourmet, espacio de coworking, taquillas inteligentes para la recepción de paquetes, lavandería gimnasio exterior, piscina y solárium.

Todos estos servicios estarán disponibles con tan solo un click desde la Neinor app donde se digitaliza toda la experiencia de cliente, desde el pago de recibos y la firma del contrato a la utilización del resto de los servicios.

Al igual que en otras promociones de Neinor, Hacienda Rental Homes está certificada con el sello europeo de sostenibilidad BREEAM, que aporta beneficios ambientales y sociales para todos los vinculados al edificio y a sus alrededores.

Asimismo, contará con zonas verdes con especies vegetales de bajo consumo hídrico y autóctonas.

La promoción responde a las nuevas exigencias de sostenibilidad y eficiencia energética por lo que utilizará en sus zonas comunes lámparas de Bajo Consumo de Energía y se instalarán detectores de presencia con temporizados para el control de la iluminación.

La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere, ha presentado cuatro demandas tras la conclusión del proceso de reestructuración financiera, por el que la empresa de juegos traspasará su parte operativa a un nuevo holding llamado Codere New Topco.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) referente a la junta de accionistas del grupo, que se celebrará el próximo 10 de diciembre, el vehículo inversor de los Martínez Sampedro, Masampe S.L, ha solicitado el ejercicio de acciones contra determinados acreedores del grupo, la homologación en España de las operaciones de reestructuración, una auditoría de fraude de la actividad del negocio de Codere Online y el ejercicio de acciones en materia de protección de datos.

Tras la reestructuración financiera, la parte operativa del grupo será transmitida al nuevo holding Codere New Topco, cuyo accionariado se repartirá en un 95% para los acreedores y el 5% restante estará en manos de la antigua Codere, que recibe además ‘warrants’ emitidos por la nueva sociedad matriz.

Los fundadores de la multinacional han señalado que la refinanciación financiera implica que los acreedores se harán con la totalidad de los activos de la empresa, sin intervención ni homologación judicial, un acto que va «en contra del principio de prohibición del pacto comisorio en España, y en ejecución de acuerdos abusivos que se pueden calificar de presuntamente delictivos en España».

«Los acreedores buscan retribuir a los que colaboren en la ejecución de esos acuerdos presuntamente delictivos», han denunciado.

En este sentido, una vez expuestos ante la junta quienes son esos acreedores y los importes de sus deudas, se someterá a votación el acuerdo de ejercer contra los mismos, las acciones que procedan en derecho español.

HOMOLOGACIÓN EN ESPAÑA DE LAS OPERACIONES DE REESTRUCTURACIÓN

Por otra parte, Masampe S.L ha señalado que la reestructuración del grupo no es posible sin la homologación judicial en España, la cual será solicitada ante el tribunal español competente.

La familia fundadora ha incidido en que la reorganización financiera prevé la homologación judicial en España de los acuerdos de reestructuración de las filiales españoles y lo excluye de la matriz del grupo, Codere S.A.

«No se ha dado ninguna explicación a esta diferencia», han explicado los Martínez Sampedro, denunciando que el acuerdo de reestructuración «es ilegal en España», ya que no se basa en ningún convenio de acreedores, y «simplemente, se les entregan a los acreedores todos los activos, sin convenio alguno, y sin ninguna valoración de los activos antes del 11 de mayo de 2021».

AUDITORÍA DE FRAUDE DE LA ACTIVIDAD DEL NEGOCIO DE CODERE ONLINE

Las demandas de los Martínez Sampedro continúan con Codere Online, la filial de juego ‘online’ del grupo que cotiza en el Nasdaq tras una fusión de su negocio con DD3, una sociedad cotizada con propósito para la adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés).

Según estos, la actividad de la filial se realiza aproximadamente en un 65% aproximadamente en España, pero, sin embargo, se ha creado un complejo sistema de sociedades filiales de la empresa en varios paraísos fiscales.

«Hay motivos más que justificados para solicitar una auditoría de fraude, no financiera, de toda la actividad de Codere Online que además se jactan se ejecuta solo en beneficio de los acreedores del grupo Codere, y no de sus accionistas», han añadido.

También en relación a Codere Online, los fundadores ha denunciado que se están utilizando los datos de todos los clientes residentes en España para cederlos en masa a sociedades no residentes en España, en beneficio de terceros.

«No consta que se haya informado en detalle a las autoridades competentes y se hayan obtenido las autorizaciones necesarias», han añadido.

DIMISIÓN DE CONSEJEROS Y APROBACIÓN DE SU GESTIÓN

Al margen de las demandas de los Martínez Sampedro, el consejo de administración de la compañía tomará conocimiento de la dimisión del consejo de administración y la aprobación de su gestión durante la junta, en el marco de la disolución de la sociedad.

En este sentido, se someterá a votación la aprobación de la disolución del grupo y el nombramiento de un liquidador único, además de la solicitud de suspensión y exclusión de cotización de las acciones de la compañía.

La empresa propondrá a Servicios de Liquidación Societaria S.L como liquidador único del grupo, que percibirá el 2% del valor líquido de los activos resultantes de la liquidación, una cifra que oscilará entre los 325.000 y los 450.000 euros.

Banco Santander ha obtenido dos premios, ‘Mejor Banco en Reimaginar la Experiencia del Cliente’ y ‘Mejor Banco en Inteligencia Artificial’, en los EFMA Accenture Banking Innovation Awards 2021, según ha informado este martes la entidad a través de un comunicado.

Con respecto al primer galardón, el jurado ha considerado que Santander es la entidad que mejor ha sabido desarrollar la experiencia de cliente a través del móvil gracias a una ‘app’ «renovada» que ha incluido nuevas funcionalidades, productos, herramientas y servicios.

Esta evolución de la ‘app’ ha girado en torno a la personalización, permitiendo a los usuarios elegir su foto de perfil, el estilo de su posición global, qué productos quiere mostrar y ocultar, etc.

Para realizar este desarrollo se han utilizado diferentes herramientas, como el proceso de ‘onboarding’ digital o la gamificación.

Asimismo, cuenta con un área de finanzas personalizada, pudiendo elegir objetivos personales cuando se creatr una hucha de ahorro, los plazos o las reglas para acumular los ahorros.

En cuanto al galardón por el desarrollo en inteligencia artificial, premia la capacidad del banco para gestionar «un gran volumen de datos», desde los registros históricos de las transacciones de los clientes, hasta los productos o saldos en tiempo real.

La gestión y el análisis de estos datos permite «crear patrones predictivos» que puedan impactar en los clientes, al tiempo que posibilita crear recomendaciones para los usuarios de la entidad con el objetivo de que «puedan evaluar la situación y resolverla antes de que ocurra».

Además, la predicción permite proporcionan a los clientes herramientas para que gestionen sus finanzas, como por ejemplo, las notificaciones ‘push’ predictivas que avisa de los próximos movimientos que van a producirse, como una transferencia periódica que se va a ejecutar en breve.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha recibido «con satisfacción» la medida anunciada este martes en el Consejo de Ministros de ampliar hasta el 30 de junio de 2022 la vigencia de algunas medidas en el ámbito concursal y societario para que las empresas afectadas por la Covid-19 dispongan de un plazo adicional para restablecer su equilibrio patrimonial.

En un comunicado, la patronal señala que, debido a las circunstancias impuestas por la Covid-19 nuevamente en los mercados emisores, a las restricciones que aún perduran en los viajes de larga distancia, a la falta de conectividad aérea y al aún lento desarrollo de todo el sector de congresos, no habría una recuperación suficiente para que las empresas puedan recuperar una situación financiera estable y hacer frente a todos los créditos contraídos para satisfacer las deudas y obligaciones generadas durante la pandemia.

La medida anunciada supondrá, tal y como destaca la Confederación, que muchas empresas viables que han sido afectadas coyunturalmente por la caída de la demanda puedan afrontar sin necesidad de mayor endeudamiento la situación.

La patronal aplaude así la celeridad de esta medida, pues hará posible que cuando acabe el periodo de ampliación muchas empresas puedan hacer frente a todas sus obligaciones y disminuir su endeudamiento cuando la demanda se estabilice, gracias a la generación del negocio habitual.

Asimismo, la Confederación agradece el trabajo de la Administración en este sentido y las conversaciones que ha mantenido con el Secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y con la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, que mostraron su total apoyo al respecto.

Amper ha registrado hasta septiembre un beneficio atribuido de 106.000 euros, en contraste con las pérdidas de 1,18 millones del año anterior, en nueve meses en los que ha ingresado 210,9 millones de euros, más que en todo el año anterior.

La facturación se ha disparado un 63% en comparación con los tres primeros trimestres de 2021, al igual que el beneficio bruto de explotación (Ebitda), que ha alcanzado 12,9 millones, más que el doble interanual y una cantidad superior a la de todo el año pasado, según ha notificado la empresa este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre las razones de este crecimiento se encuentran la consolidación en las cuentas de las adquisiciones de 2020, un mayor foco en mercados en crecimiento y el menor impacto del coronavirus a la actividad del grupo.

El grupo ha generado caja por seis millones de euros hasta septiembre, pese a los mayores gastos financieros por las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el coste de amortización derivado de las adquisiciones.

La empresa cuenta con 319 millones de euros en proyectos en cartera, un 5,9% más que en el mismo periodo del año pasado.

La compañía se ha hecho con varios contratos importantes como el suministro de equipos para el despliegue de red ADSL y FTTH en España y Latinoamérica para Telefónica o el despliegue de fibra oscura 5G para Correos, adjudicado a una UTE de la que tiene el 70%.

Con estos resultados, Amper estima que alcanzará los objetivos marcados para final de año: 262 millones de euros en ventas y un Ebitda de 23,6 millones de euros como parte de su plan estratégico a tres años cuyo objetivo es llegar a los 700 millones de euros de facturación y 100 millones de euros de Ebitda en 2024.

El Ibex 35 ha recortado sus caídas al 0,07%, lo que le ha permitido salvar la cota de los 8.800 puntos, en un escenario marcado por las nuevas restricciones en países como Alemania y Austria por la expansión del coronavirus.

El selectivo español ha cerrado la sesión en los 8.815,1 puntos, con Fluidra (-4,9%) y Telefónica (-4,37%) a la cabeza de los retrocesos. También han destacado en ‘rojo’ valores como Solaria (-2,43%), BBVA (-2,42%), PharmaMar (-1,91%), Viscofan (-1,29%) y Santander (-1,24%).

En el lado positivo, los mayores avances los han presentado Almirall (+3%), Inditex (+2,71%), IAG (+2,06%), ACS (+1,78%), Sabadell (+1,66%), Red Eléctrica (+1,37%) y Enagás (+1,06%).

En España, la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, debatirá esta tarde si recomienda el cierre del interior de la hostelería a partir de las 23.00 horas si se encuentra en un territorio en riesgo medio de Covid-19 y con alta presión hospitalaria.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022 el blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo ‘antiopas’, a través de un real decreto que incluye la extensión de otras medidas para responder a la pandemia.

Con esta medida, el Gobierno debe autorizar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.

Esta extensión llega después de que una oferta pública de adquisición (OPA) del fondo KKR a Telecom Italia desatara los rumores sobre un movimiento similar de Telefónica y en un contexto en que la recuperación del Ibex 35 tras la pandemia es menor que la del resto de bolsas europeas.

«La razón detrás de este movimiento sería la OPA de KKR sobre Telecom Italia y la posibilidad de que esto lleve a una oferta sobre Telefónica», afirman los analistas de Sabadell, que en cualquier caso ven «poco probable» esta oferta por la compañía española.

En cuanto a datos macro, se han publicado los índices PMI, que muestran que la actividad del sector privado de la zona euro se ha acelerado en noviembre, después de tocar mínimos de seis meses en octubre.

El resto de bolsas europeas también ha cerrado la sesión con caídas, excepto la de Londres, que ha subido un 0,15%. Los descensos han sido del 0,85% en París, del 1,11% en Fráncfort y del 1,62% en Milán.

Por otro lado, el barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 81,96 dólares, con una subida del 2,84%, mientras que el Texas se colocaba en los 78,42 dólares, tras avanzar un 2,19%.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este martes que el Departamento de Energía liberará 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo del país con el fin de reducir los precios y abordar el desajuste entre la demanda y la oferta en un movimiento coordinado con otros grandes consumidores de crudo como China, Japón, Reino Unido y Corea del Sur.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1267 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 72 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,510%.

La consultora gallega Atltia repartirá 1,3 millones de euros en dividendos a cuenta del ejercicio 2021 el próximo 2 de diciembre, a razón de 0,19 euros por acción y con Bankinter como agente de pago, según ha trasladado la firma este martes a BME Growth.

En total, 6,87 millones de acciones tienen derecho a percibir la remuneración al accionista hasta el 30 de noviembre, fecha a partir de la cuál comenzarán a cotizar ‘excupón’.

El principal beneficiado del reparto será el presidente ejecutivo de Altia, Constantino Fernández, conocido popularmente como Tino Fernández y expresidente del equipo de fútbol Deportivo de la Coruña.

Fernández posee, a través de Boxleo TIC, más del 80% del capital de la sociedad cotizada, lo que le permitirá recibir más de un millón de euros en concepto de dividendo.

Tras él, también destaca el inversor indio Ram Bhavnani, que controla el 12,2% a través de distintas sociedades y que ha ido incrementando su participación en las últimas feches. Con su participación en la firma, Bhavnani recibirá casi 160.000 euros de remuneración accionarial.

Las acciones de Altia se han disparado un 7,26% en la jornada bursátil de este martes, hasta los 26,6 euros, borrando además las pérdidas anuales para situarse en un repunte del 6,9% desde enero.

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes las normativas que componen la nueva Política Agrícola Común (PAC) que se aplicará a partir de enero de 2023, con la que el bloque quiere aumentar la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático y crea un nuevo modelo de gestión basado en los planes estratégicos nacionales.

El reglamento de planes estratégicos ha salido adelante con 452 votos a favor, 178 en contra y 57 abstenciones; el reglamento de Organización Común de Mercados ha sido aprobado con 487 votos a favor, 130 en contra y 71 abstenciones; y el reglamento ‘horizontal’ sobre financiación, gestión y supervisión contado con el apoyo de 485 eurodiputados, mientras que 142 han votado en contra y 61 se han abstenido.

De esta forma, el paquete legislativo que compone la nueva PAC ha sido aprobado con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas, los liberales de Renovar Europa y los Conservadores y Reformistas Europeo (ECR). Por contra, Los Verdes y La Izquierda, han hecho campaña en contra de la nueva PAC, por considerar que su arquitectura verde no es lo suficientemente ambiciosa.

La PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario con una dotación de 380.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, A España le corresponden unos 37.000 millones en pagos directos para los agricultores y ganaderos y casi 8.000 millones para desarrollo rural durante los siete años.

Con la reforma, se introduce un nuevo modelo de gestión que estará basado en los planes estratégicos nacionales que elaborarán los gobiernos del bloque en función de una serie de objetivos e indicadores comunes. Estos planes tendrán que ser examinados y aprobados después por la Comisión Europea.

En el debate de la Eurocámara que ha tenido lugar antes del voto, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha prometido a los eurodiputados «total transparencia» y ha garantizado que hará públicas las cartas con observaciones que enviará a los gobiernos tras un primer análisis de sus planes para que incluyan mejoras en los mismos.

LOS NUEVOS ECOESQUEMAS

La otra gran novedad de la PAC que se aplicará a partir de 2023 será la introducción de los nuevos regímenes ecológocos o ecoesquemas, un nuevo pago que los países tendrán que ofrecer obligatoriamente a sus productores, aunque estos podrán decidir si se acogen a ellos o no.

Estas nuevas ayudas buscan compensar a aquellos agricultores y ganaderos que adopten prácticas beneficiosas para el medio ambiente que sean más ambiciosas de los requisitos obligatorios y su dotación mínima fue precisamente el principal punto de desenuentro en las negociaciones entre eurodiputados y Estados miembros.

El acuerdo final optó por un punto intermedio entre las pretensiones de ambas partes y establece que se tendrá que dedicar un 25% de las ayudas directas a estos nuevos regímenes ecológicos. Los Veintisiete, que eran menos ambiciosos, lograron establecer una serie de cláusulas de flexibilidad y pactaron fijar un periodo de aprendizaje de dos años el que se podrá destinar solo un 20% a los ecoesquemas, entre otras cuestiones.

Otro punto que dividió hasta el último momento a los eurodiputados y las capitales antes del acuerdo de junio fue el nuevo mecanismo para hacer que las ayudas de la PAC estén mejor repartidas.

El pacto establece que al menos un 10% de los pagos directos tendrán que estar destinados a pequeñas y medianas explotaciones. Para conseguirlo, los Estados miembros podrán crear un pago extraordinario o también podrán optar por reducir progresivamente los pagos a partir de los 60.000 euros por explotación y limitarlo a 100.000 euros.

Por último, el tercer gran escollo de las negociaciones fue la «dimensión social» de la nueva PAC que el Parlamento Europeo exigió incluir. El consenso fue contemplar la creación de un mecanismo para «conectar desde 2025 como muy tarde a los inspectores laborales nacionales con las agencias de pagos de la PAC» para sancionar posibles infracciones de las normas laborales en el campo.

EURODIPUTADOS ESPAÑOLES

Los eurodiputados del PSOE han votado a favor de los tres reglamentos. En nombre de los socialistas españoles ha intervenido Clara Aguilera, quien ha destacado que la nueva PAC tiene una mayor ambición social, medioambiental y climática, algo de lo que el Parlamento Europeo «debe sentirse orgulloso».

En particular, ha subrayado que se haya incluido la condicionalidad social, que se reconozca el papel de las mujeres en el mundo rural, que contenga un mayor apoyo para los jóvenes agricultores, que se haya ampliado el pago redistributivo y que cuente con una condicionalidad climática «reforzada».

Por parte del Partido Popular –que se ha abstenido en el reglamento de los planes estratégicos y ha apoyado los otros dos– el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha aplaudido que durante las negociaciones con los gobiernos se haya puesto «freno» a medidas «radicales», aunque también ha admitido que la nueva PAC «no es la ideal» para su formación porque contiene «muchos menos fondos precisamente cuando más lo necesitan agricultores y ganaderos».

Ahora, ha defendido, corresponde al Gobierno de Sánchez «aplicar toda la flexibilidad» de la PAC para «adaptarse a las necesidades del campo español», que atraviesa un «momento crítico» debido a unos precios de las materias primas «disparados» y a un precio de la electricidad «batiendo récords».

Ciudadanos ha apoyado las tres normativas y el eurodiputado de la formación naranja Adrián Vazquez ha remarcado que la nueva PAC «no es perfecta», pero ha defendido que garantiza seguridad jurídica y financiación al sector primario, mantiene la capacidad productiva, asegura que los productores trabajen en nas «condiciones económicas justas» y respeta los objetivos del Pacto Verde «sin perder de vista la sostenibilidad social».

Por parte de Vox –que al igual que el PP se ha abstenido en las normas sobre planes estratégicos– la eurodiputada Mazaly Aguilar ha criticado que la nueva PAC supone un «cambio de modelo» que convierte a agricultores y ganaderos «en meros jardineros supeditados a los despachos de Bruselas», así como que el 40% de su presupuesto esté dedicada a cuestiones ‘verdes’ mientras se «marginan» otras necesidades de un sector que está «en números rojos».

El Gobierno ha autorizado la licitación de cuatro nuevos contratos relacionados por la red ferroviaria por un importe total de 368 millones de euros, para renovar la línea Madrid-Sevilla y sacar a concurso la vigilancia y seguridad de las instalaciones.

Esta última licitación, con un presupuesto de 269 millones de euros, prevé cubrir las taras de vigilancia y seguridad de las estaciones de tren, terminales de mercancías y edificios técnicos y administrativos entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2025.

No obstante, el expediente incluye prórrogas en todos los lotes por una vigencia de 24 meses adicionales, así como modificaciones previstas por la apertura de nuevos tramos ferroviarios, según informa el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El contrato está dividendo en seis lotes, dependiendo de la zona geográfica: Madrid y Castilla-La Mancha (64 millones de euros) Comunidad Valenciana y Murcia (39), Cataluña y Aragón (66), Castilla y León, Galicia y Asturias (37), País Vasco, La Rioja, Navarra y Cantabria (17) y Andalucía y Extremadura (41).

En cuanto a la renovación de la línea Madrid-Sevilla, la primera de alta velocidad que se puso en servicio en España, se licitará por una parte el contrato de obras de mejora integral de la infraestructura del tramo entre Guadalmez (Ciudad Real) y Córdoba por 54,4 millones de euros y, por otra, el suministro y premontaje de aparatos de vía por 24,6 millones de euros.

Por último, Adif también licitará el contrato de suministro y mantenimiento de ocho grúas biviales de 50 toneladas que prestarán servicio en las líneas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) en ancho ibérico y estándar, por 21 millones de euros y un plazo de ocho años y medio, prorrogables en dos años más.

Estas grúas serán utilizadas para el servicio de rescate de trenes en casos de perturbaciones del tráfico ferroviario motivadas por fallos técnicos o cualquier otro tipo de incidencia, tradicionalmente denominado ‘tren taller’.

La totalidad de la representación laboral en Unicaja Banco ha consensuado una propuesta conjunta sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad ha planteado para 1.513 trabajadores.

En la mesa de negociación del ERE celebrada este martes, Unicaja ha agradecido el esfuerzo por realizar la propuesta conjunta y, aunque tiene interés por seguir avanzando en el proceso y estudiará la propuesta, ha reconocido que la ve difícil de asumir, según informan fuentes sindicales.

La representación de los trabajadores ha pedido que puedan adherirse voluntariamente al plan de ajuste los empleados que cumplan 54 años hasta el 31 de diciembre de 2024 y que el importe esté en línea con lo que hasta ahora se estaba ofreciendo para las prejubilaciones voluntarias en Unicaja.

Asimismo, han reclamado bajas indemnizadas en condiciones «atractivas» para adhesión voluntaria y excedencias voluntarias indemnizadas para reducir excedentes.

Los sindicatos también han exigido que la movilidad sea una medida «estrictamente residual» para reequilibrar los excedentes y que aquella movilidad que sea necesaria sea voluntaria y compensada.

En cuanto a homologación laboral, han pedido que se haga a la estructura salarial de Unicaja Banco, sin pérdida de salario actual sobre ningún colectivo, que se establezca un tiempo de trabajo de 35 horas semanales en horario de 8 horas a 15 horas y que se aplique la regulación de Unicaja sobre conciliación familiar.

La mesa de negociación volverá a reunirse este miércoles, 24 de noviembre.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha emitido un mensaje de concienciación a las empresas de la capital para mantener la responsabilidad sanitaria en las fechas navideñas, según ha informado.

La institución madrileña se ha sumado a la recomendación del Gobierno regional y ha pedido a las empresas que realicen test de antígenos a sus empleados antes de que vayan a reunirse en almuerzos, cenas o copas de Navidad con el fin de mantener controlada la incidencia de coronavirus.

La Cámara de Madrid es consciente de que, ante la recuperación de la actividad ordinaria de la región y los buenos indicadores sanitarios, muchas empresas están preparando reuniones y encuentros navideños que fueron cancelados por la irrupción del coronavirus.

«La situación epidemiológica de nuestra región permite que los negocios puedan atender la demanda de los clientes de forma ordinaria y volvamos a retomar tradiciones tan señaladas como la Navidad», ha indicado el presidente de la Cámara de Madrid, Ángel Asensio.

En este marco, la cámara ha recomendado al sector empresarial madrileño que mantenga la responsabilidad sanitaria con actuaciones preventivas, como los test de antígenos. Asensio ha añadido que ahora «merece la pena realizar un esfuerzo adicional» que ayudará a contener la pandemia.

«Desde la Cámara de Comercio de Madrid queremos agradecer a las empresas por su constante colaboración, ya que con su labor diaria y la responsabilidad de los madrileños estamos convencidos de que nos encontraremos en mejor posición para mantener controlada la incidencia del virus», ha concluido el presidente de la cámara.

El director del Departamento Técnico de la patronal de la industria farmacéutica en España (Farmaindustria), Emili Esteve, ha defendido que se proteja el tejido industrial ante la gran competencia internacional.

«La existencia de plantas de producción es una verdadera garantía; sin embargo, la competencia internacional es grande y es mucho más caro producir en Europa que fuera, por lo que tenemos que proteger este tejido industrial», ha reclamado en el I Congreso sobre Globalización y Seguridad Nacional, que se celebró en Granada hace unos días.

España cuenta con 160 plantas de producción cuya actividad industrial está directamente ligada al sector farmacéutico, que dan empleo a cerca de 26.000 personas y mueven una facturación de 15.000 millones de euros al año. De ellas, más de la mitad (82) se encargan de la fabricación de medicamentos de uso humano.

Esteve ha resaltado que durante los peores momentos de la pandemia las compañías farmacéuticas tuvieron que trabajar intensamente para que la fabricación, la distribución y la comercialización de medicamentos (también la investigación clínica, que se hace en los hospitales) siguieran funcionando, «algo que se logró con ingenio y pasión, y, por supuesto, en colaboración con todos los agentes implicados».

En esos duros meses de 2020 se consiguió, por tanto, evitar el desastre que hubiera supuesto para los pacientes españoles afectados por COVID-19 no tener medicamentos necesarios en las UCI, cuya demanda se disparó. Pero también «se evitó el desastre para todos aquellos que necesitaban el tratamiento para su diabetes, su asma o su afección coronaria».

En este contexto, Esteve ha recordado que Farmaindustria ha presentado al Gobierno el proyecto Medicamentos Esenciales y Capacidades Industriales Estratégicas para la cadena de valor de la Industria Farmacéutica Innovadora en España (MedEst), que ha logrado implicar a 40 compañías tractoras fabricantes de medicamentos y materias primas farmacéuticas para, por un lado, aumentar las capacidades estratégicas de fabricación y así disponer de mayores garantías en el abastecimiento de medicamentos estratégicos para nuestro país y, por otro,Economía.- La industria farmacéutica pide proteger el tejido industrial ante la gran competencia internacional

Precisamente, la semana pasada en la presentación del Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) ‘Salud de vanguardia’, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que este plan busca, entre otras cuestiones, reforzar la producción de medicamentos, en línea con los planteamientos de la industria farmacéutica.

Esta política coincide, asimismo, con lo planteado en la futura Estrategia Farmacéutica Europea, que tiene entre sus pilares mejorar la preparación y respuesta ante la crisis y abordar la seguridad del suministro, «porque el medicamento es tan esencial que realmente requiere de una protección estratégica».

Por este motivo, Esteve considera igualmente necesario, como prevén tanto las autoridades nacionales como europeas, elaborar una lista de medicamentos críticos, adaptada a las necesidades de cada país.

Una delegación de UGT FICA y CC.OO. Industria, encabezada por sus responsables del sector agrario, Sebastián Serena y Vicente Jiménez, respectivamente, se ha reunido este martes por videoconferencia con el secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda Sotillos, según han informado las organizaciones.

Los sindicatos han insistido en el cumplimiento del SMI y han solicitado urgentemente a Agricultura que interceda para desbloquear los convenios por parte de la patronal, además de avanzar en la negociación del primer convenio Estatal del Campo.

En la reunión celebrada en el día de hoy, se ha subrayado por ambas partes la necesidad abrir un diálogo fluido en el futuro, para abordar los problemas del sector agrario en relación con el desarrollo de las políticas agrarias competencia de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que afecten a las personas trabajadoras agrarias.

Además, CC.OO. de Industria y UGT FICA han expresado la urgencia y necesidad de cumplir con el SMI en el sector agrario y garantizar cobertura de la negociación colectiva a todas las personas trabajadoras del campo.

Durante el encuentro, el Ministerio de Agricultura ha planteado su propuesta de aplicación obligatoria de la condicionalidad social a partir del 2024, mientras que los sindicatos han propuesto que esta implementación de la condicionalidad social se establezca en el año 2023, año de entrada en vigor de la nueva PAC.

Los sindicatos consideran que hay tiempo y debe de haber decisión política para la inclusión desde el primer día de entrada en vigor de la nueva PAC, para aplicar la condicionalidad social.

En este sentido, consideran importante reunirse con los departamentos ministeriales encargados del cumplimiento y aplicación de las normativas, laborales, sociales y de Seguridad Social, con el fin de establecer los mecanismos, controles, indicadores y herramientas a aplicar y reforzar para la aplicación efectiva de la condicionalidad social desde el 1 de enero de 2023.

Desde los sindicatos de clase, representativos de los asalariados cuenta ajena, también se ha planteado mantener en el futuro un diálogo permanente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como organismo pagador y las diferentes comunidades autónomas que tienen que desarrollar y aplicar los criterios que se acuerden en el Plan Estratégico de España, en el cual se debe integrar la condicionalidad social.

Para los sindicatos la aplicación de la nueva PAC en España debe ser una oportunidad para el desarrollo de un nuevo marco de relaciones laborales en el sector agrario donde se avance en la negociación del primer convenio Estatal del Campo, el cumplimiento del SMI vigente y garantizar cobertura de la negociación colectiva a todas las personas trabajadoras del campo.

Los sindicatos y la cartera de Agricultura han considerado necesario abrir un diálogo permanente en el futuro, para abordar los problemas del sector agrario

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido en el Congreso de los Diputados las cuentas de su Departamento para el próximo año, al considerar que apoyan el proceso de descarbonización del transporte y el crecimiento económico del país.

«Garantizan la movilidad sostenible, segura y eficiente, una vivienda asequible, mejoran la aportación del transporte a la consecución del desarrollo sostenible y apoyan el crecimiento económico del país, acelerando las reformas necesarias para ser mas resilientes en lo social, en lo económico y en lo medioambiental, y promoviendo la igualdad y la cohesión territorial», ha señalado.

Sánchez ha recordado que su Ministerio cuenta con un presupuesto de 19.328 millones de euros para 2022, un 14,9% más, de los que 16.287 millones son inversiones, un 17% más altas que en los actuales presupuestos, correspondiendo 6.500 millones a los fondos europeos.

En total, concentran el 40% de toda la inversión pública de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el 1,3% del PIB, y permitirán la creación de 350.000 empleos. Además, más del 50% de estas inversiones tienen etiqueta ‘verde’, apoyando así la descarbonización de la economía.

En el ámbito de la Vivienda y Agenda Urbana, la ministra ha dicho que su presupuesto multiplica por siete el «heredado» de 2018, con un total de 3.289 millones de euros, entre los que destacan los 425 millones para el plan estatal de acceso a la vivienda o los 200 millones para el bono de alquiler para jóvenes.

En materia de Transportes e Infraestructuras, destacan los casi 6.900 millones para el ferrocarril o los 1.285 millones a inversiones de Ayuntamientos, Comunidades y empresas para la introducción de Zonas de Bajas Emisiones, la digitalización o la transformación de flotas.

LA OPOSICIÓN PIDE MÁS EJECUCIÓN

En el turno de palabra de la oposición, el diputado de Foro Asturias Isidro Manuel Martínez ha asegurado que estos PGE son un «colosal fiasco para Asturias», mientras que el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas ha manifestado que no confía en que las cifras de este año se mantengan en el futuro.

Desde el BNG, Néstor Rego ha denunciado que la inminente inauguración del AVE a Galicia «no pone fin a años y años de discriminación con las infraestructuras» de esta región; la diputada de Más País-EQUO Inés Sabanés ha pedido que se fomenten los trenes nocturnos; y el del PDeCAT Ferran Bel ha urgido al Gobierno a que los fondos se ejecuten «con celeridad y diligencia».

Por parte del PP, Andrés Lorite ha añadido: «Su servilismo a los intereses del independentismo ha ahondado en un desequilibrio territorial; su arrogancia he llevado al rechazo de cada una de las 860 enmiendas que hemos presentado para impulsar y orientar las infraestructura, la vivienda y el sector postal».

Desde Unidas Podemos, Rafael Mayoral ha indicado que estos presupuestos son «un pequeño paso para salir del modelo neoliberal, de una política de transportes basada única y exclusivamente en la alta velocidad, olvidándose en el pasado de la gente trabajadora de este país, de las cercanías y la medias distancias».

Por último, la diputada de VOX Patricia de las Heras ha concluido el debate: «Son incapaces de sacar un solo plan de viviendas, anunciando bonos para comprar votos y una ley que, lejos de solucionar el problema de la oferta, ya ha provocado la retirada de inmuebles por parte de los propietarios y subidas de precios; váyanse y dejen a España prosperar».

La gestora Lazard Asset Management estima que la tasa de inflación de la Eurozona se situará entre el 2% y el 3% entre 2022 y 2023, frente al rango de entre el 1% y el 2% en el que se situaba antes de la pandemia.

Así lo ha señalado el responsable de renta variable estadounidense de la firma, Ronald Temple, en un encuentro con los medios de comunicación este martes, donde ha destacado que la subida de los precios en Europa será «menos persistente» que en Estados Unidos.

La tasa de inflación esperada para el país americano es ligeramente superior y se sitúa en el 3% para los próximos dos años. Para Temple, se trata de una de las mayores fuentes de preocupación para los mercados.

De todas formas, descarta que se dé una situación similar a la de la década de los setenta.

Por otro lado, la reelección de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha reducido la incertidumbre en este sentido y la gestora cree que el ‘tapering’ se acelerará, aunque es improbable que suceda en 2022.

Lazard AM espera un crecimiento de la economía global superior al 5% para este año a pesar de los efectos de la variante delta y del 4% para el año que viene.

En cuanto a la pandemia, Temple se ha mostrado optimista pese al repunte de los casos que se está viviendo en algunas regiones y ha recordado que hay un porcentaje muy elevado de personas con la pauta de vacunación completa, sea de la vacuna que sea.

No obstante, el responsable de renta variable estadounidense de Lazard AM ha puntualizado que la actual ola de Covid-19 que está experimentando la Eurozona perjudicará su crecimiento, si bien no se verá tan afectada por los cuellos de botella en el transporte de mercancías como EEUU.

La región sí tiene abiertos varios frentes en el plano político, como las elecciones en Francia o el nuevo gobierno de coalición en Alemania, entre otros.

La política monetaria de la zona se encamina hacía una disminución de los estímulos de respuesta a la pandemia, según considera Temple, aunque no ha especificado cuándo se produciría.

En cuanto a los mercados, Lazard AM ha destacado el atractivo de los activos reales ante el actual escenario de inflación, así como la inversión en renta variable sostenible y en empresas de calidad.

Los bonos soberanos de los mercados desarrollados, por el contrario, son considerados por la firma como poco atractivos dada baja o nula rentabilidad.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2025 las ayudas sociales por costes laborales de los trabajadores afectados por el cierre de minas de carbón y empleados en labores de restauración ambiental, que vencían a final de año.

En un comunicado, el Ministerio indica que la medida evitará que se proceda a despedir a los trabajadores, a indemnizarles y a contratar nuevo personal.

El acuerdo marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el período 2019-2027, suscrito por Gobierno, sindicatos y empresas, se configuró como un plan estratégico para lograr una transición justa hacia un nuevo modelo energético, con ayudas que apoyaban a las empresas que cerraban, protegiendo a los trabajadores que perdían sus empleos y respaldando a las comarcas mineras.

Estas ayudas han dado cobertura a las citadas labores de cierre y rehabilitación, y de acuerdo con el Real Decreto-ley 25/2018, debían estar vigentes hasta el 31 de diciembre.

No obstante, el gabinete dirigido por Teresa Ribera señaló que este plazo «ha resultado insuficiente y no responde a la situación de las empresas ni de las actuaciones de cierre y recuperación ambiental, que se han iniciado más tarde de lo previsto y deben extenderse más allá de esta fecha».

Por ello, el Gobierno considera esencial acompasar el régimen de las ayudas al ritmo de ejecución de estos trabajos y ha decidido extender el período de acceso a las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2025, de modo que las labores de cierre y restauración sigan como hasta ahora.

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a que la empresa pública Mercasa proceda a la fusión por absorción de su compañía filial Olympic Moll (OMSA).

Olympic Moll es la propietaria del centro comercial ‘El Centre de La Vila’ y está participada íntegramente por Mercasa, cuyos accionistas son SEPI en un 51% y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en un 49%. Su objeto social es la gestión directa del complejo comercial situado en la Villa Olímpica de Barcelona.

Mercasa se subrogará en los derechos y obligaciones laborales con respecto a los trabajadores de la empresa absorbida.

Mercasa presta un servicio público al conjunto de la cadena alimentaria, de manera especial en el sector mayorista de alimentación fresca a través de la Red de Mercas, que cuenta con 24 unidades alimentarias, grandes complejos de distribución mayorista y servicios logísticos, que cubren toda la geografía española.

El Gobierno entiende que esta compañía es la más indicada para realizar las funciones de Olympic Moll y, por tanto, la más apropiada para absorberla, ya que una de sus líneas de negocio es la gestión de centros comerciales. Además, Mercasa ostenta el 100% del capital social de Olympic Moll y gestiona la contratación de algunas prestaciones o servicios por cuenta de ésta.

La operación de fusión por absorción se aprobó en el consejo de administración de Mercasa celebrado el 23 de junio de 2021, condicionado a las autorizaciones pertinentes. Posteriormente, el 28 de julio, el consejo de administración de SEPI acordó la operación, así como solicitar la preceptiva autorización del Consejo de Ministros.