El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid sentará este viernes en el banquillo a las dos responsables de un criadero ilegal de yorkshire que fue descubierto en abril de 2020 en un bajo de la calle Santa Clara de la capital en el que, según las acusaciones pública y particular, se hacinaban hasta un total de 52 ejemplares de esta raza en condiciones higiénico-sanitarias «lamentables».

Las dos encausadas, las hermanas A.I. y M.G.C, de 40 y 49 años, respectivamente, están imputadas por un delito continuado de maltrato de animales domésticos y se exponen a una posible condena de un año de prisión, su inhabilitación por espacio de tres años y medio para cualquier actividad relacionada con animales o su tenencia y, además, al pago conjunto y solidario al Ayuntamiento de la capital de una indemnización de casi 15.000 euros, la misma cantidad que la institución local desembolsó para el tratamiento de los canes, según informaron fuentes jurídicas.

Precisamente, el Ayuntamiento se encuentra también personado en el procedimiento como acusación particular, si bien en su caso, además de reclamar el abono del gasto que supuso la asistencia veterinaria y tratamiento de los animales, solicita una pena de seis meses de prisión para ambas hermanas y también que el medio centenar de perros que fue dado en acogida provisional sea entregado de forma definitiva a sus nuevos dueños.

El juicio, a partir de las 11.15 horas, analizará hechos que se remontan al 23 de abril de 2020, cuando una dotación de la Policía Local, avisada por la denuncia de una vecina del inmueble, se trasladó hasta el número 14 de la calle Santa Clara, de Valladolid, para comprobar la existencia de un criadero ilegal de perros ubicado en un local sito los bajos del edificio.

La propietarias reconocieron la propiedad de los animales pero alegaron que los habían heredado de su padre, fallecido unos meses antes, y que los habían trasladado a dicho local desde una finca.

Los agentes se encontraron con un total de cincuenta dos perros de raza Yorkshire -tanto cachorros, algunos de muy corta edad, como adultos- en unas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad lamentables, que no sólo eran inadecuadas para el cuidado de los canes, sino que determinaron un serio quebranto para su salud, tal y como sostienen las dos acusaciones.

HACINADOS Y LLENOS DE PARÁSITOS

El local carecía de luz natural y de ventilación, existiendo un fuerte hedor a heces y orín, y multitud de moscas, y los perros se localizaron hacinados en cajas de cartón, cubos, trasportines y jaulas oxidadas de pequeñas dimensiones, sucios, hambrientos y llenos de parásitos.

Ante ello, los canes fueron trasladados inicialmente a las dependencias de la protectora ‘Huellas Vet Pet’, que colabora con el Ayuntamiento de Valladolid y, a petición del Servicio de Salud y Consumo Municipal, el Juzgado de Instrucción número 4, en resolución de 14 de mayo de 2020, autorizó la cesión temporal en acogida de los perros.

La mayoría de los animales presentaban diversas patologías que suponían un grave deterioro de su salud, tales como deformidad en las extremidades debido a un mal crecimiento, dermatitis generalizada y pododermatitis, por la falta de aseo, conjuntivitis bacteriana y otitis, úlceras corneales cicatrizadas, posiblemente como consecuencia de arañarse entre ellos al estar hacinados.

Les faltaba también piezas dentales debido a la existencia de grandes placas de sarro, con retracción gingival, y paralización derivada del miedo provocado por el contacto con el exterior, tras un tiempo prolongado encerrados en un trasportín.

UNA HEMBRA TUVO UN ABORTO

Además, una de las hembras, en estado de gestación, tuvo un aborto de un feto muerto, otra presentó distensión abdominal, con retención grave de heces, que requirió tratamiento laxante y antibiótico durante diez días, y uno de los machos, con un cuadro clínico de incontinencia urinaria constante, fue diagnosticado de glomerulonefritis grave.

Otro de los machos, que fue tratado en la Clínica ‘Huellas Vet Pet’, reingresó el día 2 de mayo con un cuadro de desmayo y heces oscuras, quedó hospitalizado tres días con fluidoterapia y finalmente falleció.

Los gastos generados al Ayuntamiento de Valladolid por la atención dispensada a los perros ha supuesto un coste de 14.559,67 euros, de los cuales 2.527 euros se han facturado por Huellas Vet Pet S.L. (curas, tratamiento, pruebas y mantenimiento durante el mes de abril de los canes) y 12.032,67 euros corresponden a los gastos de estancia de los animales en el Centro Municipal en los meses de abril, mayo y junio de 2020, recogida de éstos, implantación de microchip y vacunación antirrábica.

Un total de 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años en España (el 15,1% de la juventud) están afectados por procesos de exclusión social «intensa y multidimensional» que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta, y 650.000 de ellos se sumaron a esta situación en 2021, durante el segundo año de pandemia, según un informe de Cáritas y la Fundación Foessa, presentado este martes.

Según la investigación –llevada a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social– y basada en más de 7.000 entrevistas presenciales, alerta de que la cohesión social en España ha sufrido un «shock sin precedentes» como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción de la Covid-19.

Entre otras conclusiones, el documento, titulado ‘Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España’, revela que ser joven es uno de los factores de exclusión que ha sacado a la luz la crisis sanitaria.

En concreto, señala que de los 650.000 jóvenes que se sumaron a esta situación de exclusión social el pasado año, la mayoría están en exclusión «severa». Así, del total de 2,7 millones de jóvenes en esta situación, 1,4 millones se encuentran en exclusión severa.

Esto supone que el 28,5% de los jóvenes de España está en exclusión y un 15,1% se encuentra en exclusión social severa, cinco puntos más que antes de la pandemia. En cuanto al perfil, el informe precisa que es una exclusión muy marcada por el factor étnico: casi la mitad son personas extranjeras o gitanas.

EL DOBLE DE HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS EN PARO

Por otro lado, según el estudio, se ha duplicado el número de hogares con todos sus miembros en paro o donde el principal sustentador de la familia ha estado tres o más meses en desempleo o ha pasado por tres contratos o empresas diferentes en el último año. El número total de hogares en esta situación ha alcanzado los 2 millones en 2021, el doble que en 2018.

«Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente», ha explicado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA, Raúl Flores.

A lo largo de 700 páginas, el informe Foessa confirma además que lo que empobrece a muchos trabajadores no solo es un «salario insuficiente», sino muchas veces trabajar una jornada parcial o la «temporalidad y estacionalidad» de los contratos.

A pesar del aumento de la protección social, el estudio avisa de que no se ha logrado compensar esta situación y un tercio de los hogares con todos sus miembros en paro (600.000 familias) carece de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una cierta estabilidad.

En términos de renta, el informe revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.

Para la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es «la profundización de la brecha de desigualdad» en la sociedad española, «donde los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social».

1,8 MILLONES DE HOGARES SUFREN UN APAGÓN DIGITAL

Asimismo, Cáritas y FOESSA advierten de que la pandemia ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital. En este sentido, la investigación, coordinada por los catedráticos Luis Ayala Cañón, Miguel Laparra Navarro y Gregorio Rodríguez Cabrero, pone de manifiesto que 1,8 millones de hogares –casi la mitad de los que están en exclusión social– sufren «el apagón digital», lo que significa que viven la brecha digital de manera cotidiana, especialmente, hogares formados solo por personas de 65 y más años y solas.

Este apagón digital, según advierten, supone «dificultades serias» para más de 800.000 familias (el 4,5% de los hogares) que han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones de falta de conexión, de dispositivos informáticos o de habilidades digitales.

Además, de los datos se desprende que la crisis de la Covid-19 ha aumentado la brecha de género pues la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer.

Según el informe, la exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 15% al 18%).

Por otro lado, de los datos se desprende que la población inmigrante se ha visto muy perjudicada por la pandemia. El 50,3% de los hogares con extranjeros estaban en situación de exclusión social en 2021, es decir, la exclusión social en estos hogares es casi tres veces mayor que en los hogares donde residen españoles.

EL 70% DE HOGARES DONDE VIVEN PERSONAS GITANAS, EN EXCLUSIÓN

Además, revela que la etnia resulta todavía más determinante en la intensificación de la exclusión social, ya que en 2021, el 70,5% de los hogares gitanos se encontraba en exclusión social, cifra que triplica la del conjunto de los hogares españoles.

«Más allá de la pandemia, llevamos décadas generando, sosteniendo y naturalizando el sufrimiento de situaciones de pobreza y exclusión social que son una realidad cotidiana para millones de personas y familias», ha alertado Natalia Peiro, al tiempo que ha lamentado que «quien se ha quedado fuera tiene casi imposible volver a entrar».

Por comunidades autónomas, la investigación muestra que la crisis provocada por la pandemia ha tenido un impacto diferenciado a nivel territorial. Así, las tasas más elevadas de exclusión social se dan en Asturias o Euskadi (16%) y las más bajas en Canarias o Cataluña (29%).

En cuanto a las estrategias desplegadas por las familias durante la pandemia, el estudio revela que prácticamente 3 de cada 10 familias en España han reducido gastos habituales en alimentación, ropa y calzado, un porcentaje que se multiplica por dos entre los hogares que sufren exclusión social. Además, el 34% de las familias encuestadas considera que la pandemia ha tenido bastante o mucho impacto en el deterioro de sus relaciones sociales.

Asimismo, el documento pone de relieve el «muy alto» nivel de «activación» de las familias en situación de vulnerabilidad, incluidas aquellas que reciben prestaciones, ya sea porque estudian o se forman para mejorar su empleabilidad o porque participan de programas de los servicios sociales o de entidades como Cáritas. «Se demuestra así la falsedad del supuesto efecto desincentivador del sistema de prestaciones», ha señalado Raúl Flores.

Entre las propuestas de Cáritas ante la «profunda huella» que ha dejado la pandemia, destacan: mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales de salud, vivienda o protección social y mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, consideran que la subida del Salario Mínimo es una medida «necesaria pero no suficiente».

Sobre la reforma laboral, Flores ha valorado que va «encaminada» a «reducir la precariedad» pero ha precisado que «los problemas del mercado laboral no pueden quedar resueltos con una norma» sino que hace falta «un cambio del modelo productivo» y «generar empleos menos temporales». Atendiendo a las reformas en cuestiones de vivienda, «más allá de medidas especiales para sectores de la población», piden que se entienda la vivienda como «un derecho fundamental» y ampliar el parque de vivienda pública.

El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acogerá el XVI Congreso de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB) de España y Portugal que se celebrará entre el 7 y el 10 de junio, después de tener que aplazar esta cita en dos ocasiones como consecuencia de la pandemia por la Covid-19.

El Congreso estaba anunciado inicialmente para el 26 de mayo de 2020, pero tuvo que aplazarse a 2021 por el estado de confinamiento mundial que se vivió en esos meses debido a la pandemia del SARS-cov-2. Tampoco pudo desarrollarse el pasado año por las medidas sanitarias que aconsejaban evitar reuniones presenciales masivas debido a la continuidad de la pandemia. Pero la organización considera que en esta ocasión, y gracias a la vacunación masiva llevada a cabo, podrá celebrarlo en el presente año 2022.

El director del RJB-CSIC y miembro del comité científico, Esteban Manrique Reol, ha expresado su confianza en que «esta tercera ocasión sí se pueda celebrar presencialmente con todas las garantías y medidas sanitarias que estén establecidas para ese momento». Este encuentro tiene como objetivo compartir conocimientos y proponer y discutir metodologías y prácticas en relación con otra amenaza importante para nuestro planeta y los jardines botánicos en particular como es el cambio global.

El eje vertebrador sobre el que girará este XVI Congreso será el papel que deben jugar los jardines botánicos frente al cambio global y para ello reunirá a expertos que aborden y planteen soluciones a esta problemática. «Los jardines botánicos tenemos desde hace mucho tiempo la responsabilidad de conservar y proteger la biodiversidad vegetal y fúngica con diferentes objetivos, incluido el mantenimiento de plantas importantes para los sectores industrial, farmacéutico o medicinal, y la concienciación sobre la importancia de conservación de la biodiversidad para reducir los riegos de pandemias como la que estamos padeciendo en la actualidad», ha añadido Esteban Manrique.

El Congreso ya tiene operativa su web donde figura el programa provisional, las inscripciones y sus tarifas, los componentes del comité científico y organizador y toda la información práctica para los participantes. Aquellos interesados en participar con una comunicación pueden hacerlo presentando un resumen antes del 15 de marzo según las normas adjuntas (ver pdf) y también se puede solicitar en la dirección de correo electrónico xvicongresoaimjb@rjb.csic.es.

Este XVI Congreso de la AIMJB también abordará el pasado, presente y futuro de los jardines botánicos, el papel de los jardines botánicos en la sociedad del conocimiento y su labor educativa y la necesidad de constituir alianzas para afrontar conjuntamente problemas globales, tomando con su organización el testigo del último celebrado en la primavera de 2018 en la ciudad de Lisboa.

El partido Pacma ha advertido de posibles «movilizaciones» y el inicio de acciones legales si vuelve a celebrarse el torneo del Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid) después de que la pasada semana el Ayuntamiento de la localidad modificase la ordenanza que establece unas nuevas normas que sustituyen las lanzas con las que se mataba a la res por una vara con un punzón en el extremo para clavar una divisa en una zona determinada del morrillo del astado.

El Partido Animalista, en un comunicado, ha asegurado que emprenderá acciones legales y movimientos en respuesta a lo que consideran el «retorno» a Tordesillas de un «evento bochornoso que hace un flaquísimo favor a la imagen de España y sus habitantes».

Cabe recordar que el torneo dejó de celebrarse con muerte del animal en el año 2016 tras ser prohibido por un Real Decreto aprobado por la Junta de Castilla y León.

«No queremos que no se mate al toro; queremos el fin del torneo en todas sus modalidades e invertiremos el esfuerzo que sea necesario para lograrlo», ha recalcado Pacma ante la noticia de la modificación de las normas del torneo.

En base a la información que se ha hecho pública en los medios de comunicación, la formación entiende que se trata de un «lavado de cara para lograr mantener, a beneficio de los de siempre y por un tiempo más, una fiesta que ya está socialmente condenada».

Según esas informaciones, la modificación aprobada por el Ayuntamiento tordesillano la pasada semana, el torneo quedará restringido a 50 participantes, que llevarán una vara rematada por un punzón o un doble arpón de una longitud máxima de 80 milímetros, de los que 30 milímetros como máximo serán destinados al elemento punzante, que tendrá una anchura máxima de 16 milímetros.

Mediante ese elemento se podrá clavar en el dorso –entre el morrillo y el brazuelo– del animal una divisa que servirá para determinar el ganador. Como máximo se podrán poner siete divisas.

Pacma ha recordado que el discurso y acciones llevadas a cabo durante los últimos años han ido orientadas a la «abolición de esta tradición, sin que puedan aceptarse medias tintas como el número de participantes o la ausencia de muerte del animal en público, si bien la tortura se sigue produciendo con objetos punzantes que provocan dolorosas heridas y daños internos en su organismo».

«La agónica muerte del animal no es el único tipo de sufrimiento que padece cuando cincuenta personas armadas corren y luchan por ensartarle», ha aseverado el presidente de la formación, Javier Luna.

De igual modo, el partido señala que lo que se impide en la ordenanza que pretende ajustarse al Real Decreto 2/2016, de 19 de mayo es la muerte en público, no la muerte en sí, algo que insinúan que podría llevarse a cabo «de formas que ni siquiera serían expuestas a la opinión pública».

Asimismo, han calificado de «contradictorias» del alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ya que asegura que «el toro no sufre y no se le hace ningún daño», algo que consideran que sí que se producirá porque al animal se le pueden clavar hasta «siete arponazos, implicando la consecuencia directa para su salud que niega en las mismas declaraciones».

Pacma ha incidido en que ha desarrollado diferentes acciones de gran impacto social en contra de este y otros festejos taurinos en España desde hace una década, por lo que asegura tener experiencia y medios para «hacer saber a los responsables que este torneo tiene los días contados, aunque haya que «manifestarse todos los días a las puertas del Ayuntamiento», han aseverado.

El Grupo Parlamentario de VOX ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados en la que reclaman que los sanitarios no tengan que inscribirse en un registro para el ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia en el aborto y la eutanasia, así como que «no sea privado de la posibilidad de continuar su labor de asistencia a todos sus pacientes».

En primer lugar, la PNL de VOX insta a que la objeción de conciencia sanitaria, sea aplicable a todos los sanitarios (médicos, enfermeros o auxiliares de enfermería), así como que «permita la objeción de conciencia respecto de cualquier acto directamente relacionado o necesario para la práctica del aborto o la eutanasia».

Igualmente, instan a que «no menoscabe en ningún caso los derechos de los objetores, en especial la igualdad en el plano personal y laboral y la protección de sus datos», así como que «asegure que el sanitario que objete no sea privado de la posibilidad de continuar su labor de asistencia a todos sus pacientes, sino que pueda formar parte del proceso clínico-asistencial de estos hasta el final».

Por último, la formación liderada por Santiago Abascal reclama que s «garantice que los sanitarios objetores no sean excluidos, por el ejercicio de dicha objeción, del derecho a formar parte de las instituciones sanitarias y de las comisiones y comités de los centros asistenciales».

El portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado que el objetivo es aprobar una legislación «que blinde claramente algo tan íntimo y merecedor de protección como es la conciencia y que deje claro que la regulación de un mal llamado derecho no puede hacerse por la vía de obligar a otros a ejercer un acto en contra de su libertad (en este caso concreto el de poner fin a la vida de una persona)».

En este sentido, Espinosa ha señalado que «tanto por convicciones personales como por atención a las leyes que rigen la profesión sanitaria, todo profesional de la salud debe poder objetar en conciencia sin que se deriven por ello consecuencias negativas para quien objeta».

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha dirigido este martes al concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, a que admita que le ha llamado «carapolla» de forma «voluntaria», y cree que estos comentarios y políticos «sobran».

Cubero ha utilizado este apelativo cuando se ha referido al asunto del tenista serbio Novak Djokovic, que ha sido expulsado de Australia por no estar vacunado, y el regidor madrileño ha dicho que «no hay que ignorar que sigue siendo el número uno del mundo y junto al resto de grandes figuras del Mutua Madrid Open es un gran reclamo para garantizar que el torneo tenga el éxito de público que habitualmente tiene». Seguidamente ha pedido perdón porque «se le ha escapado».

El concejal maño ha ironizado al señalar que el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, igual proponía Hijo Predilecto de Zaragoza a Djokovic. «Yo creo que lo va a proponer Hijo Predilecto, seguro, en las próximas Fiestas del Pilar. Con las ocurrencias que copia del, iba a decir, perdón, cara polla del señor Almeida».

A su llegada a Ifema, Martínez-Almeida ha aseverado que «en política no vale todo, el debate es fundamental, pero a veces desde la izquierda se legitima todo, y se permite hacer una gracieta insultando al alcalde de Madrid. Un insulto que no tiene la valentía de reconocer que lo ha hecho libremente».

«De forma un poco infantil, dice que se le ha escapado. Que tenga la valentía de admitir que lo ha dicho voluntariamente», ha lanzado el también portavoz nacional de los ‘populares’.

Considera «gravísimo» que se permita insultar «de forma tan grave y tan grosera y que se hagan estos comentarios». «No seré yo el que diga lo que procede que haga, pero comentarios y políticos como él sobran en la política española», ha lanzado.

El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido este martes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por las últimas propuestas que ha puesto sobre la mesa, como la nueva Ley de Vivienda que, a su juicio, «atenta contra la propiedad privada», o su planteamiento de subir las cotizaciones sociales a los autónomos, algo que cree que sería la «puntilla».

Así se ha pronunciado durante su intervención en el 11º Foro de Liderazgo Turístico Exceltur, que lleva por título «Repensando el Turismo post Covid: Nuevos desafíos, nuevas miradas», coincidiendo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Estatal de Vivienda y de la Ley de Arquitectura y de Calidad de la Vivienda.

Casado ha criticado la Ley de Vivienda a la que ha dado luz verde el Gobierno y ha dicho que esa reforma, «además de atentar contra la propiedad privada y la libertad empresarial o individual», «disgrega esta competencia en las autonomías», en alusión por ejemplo al hecho de que sean las propias comunidades las que tengan la facultad de establecer qué zonas serán consideradas de mercado tensionado.

Hace más de dos meses, cuando se conocieron los ejes de la Ley de Vivienda del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, el PP ya anunció entonces que su formación llevaría al Tribunal Constitucional esta norma y avisó que no se aplicaría en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobierna su partido.

LOS AUTÓNOMOS, «AL LÍMITE DE SUS FUERZAS»

Además, Casado se ha referido a la propuesta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado a los autónomos sobre el sistema de cotizaciones. «Lo quiero decir muy claro: estamos en contra de que suban las cotizaciones a los autónomos tal y como se está planteando. Es la puntilla a más de dos millones de españoles que están al límite de sus fuerzas», ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que subir esas cotizaciones perjudica a un colectivo de trabajadores que ha tenido que «cerrar la persiana en esta crisis». «No se puede gravar más las cotizaciones a los autónomos cuándo están al límite de sus fuerzas», ha abundado.

El jefe de la oposición ha explicado que el PP apoya la reducción de la deuda pública, «un baldón» que, a su juicio, es «insoportable y alcanza a un incremento de 5.800 euros más por español» desde que llegó el PSOE y Podemos al Gobierno. También ha apostado por reducir el déficit estructural y por una reforma laboral que «incremente la flexibilidad y no quitando flexibilidad de la del 2012».

SU PLAN: MENOS IMPUESTOS Y BUCROCRACIA Y MÁS FLEXIBILIDAD LABORAL

Casado ha insistido en que hay que hacer la economía española más competitiva y empezar a prepararse para un escenario si se reducen las compras de los bancos centrales y se reducen los tipos de interés, ya que, según ha dicho, si no se hace España «va a sufrir mucho más», teniendo en cuenta su cifra de paro y déficit. A su juicio, se pueden aprovechar los fondos europeos «para reducir esos riesgos y que mejore la cifra de empleo y recaudación».

En este foro de Liderazgo Turístico Exceltur, Casado ha enumerado de forma detallada sus cinco medidas macroeconómicas: una reducción fiscal de 10.000 millones de euros; reducción de la burocracia, más flexibilidad laboral, mejor formación; y más competitividad y seguridad jurídica.

Tras calificar de «lamentable» la ejecución de fondos europeos en 2021, ha recordado que en su día pidió crear una agencia independiente para gestionar los fondos europeos porque, a su entender, si no se gestionan de forma «eficaz» y «transparente», y con rendición de cuentas en el Parlamento, se puede tender al «clientelismo».

«EL TURISMO DE ESPAÑA, EL MEJOR DEL MUNDO»

Casado ha señalado que en su día ofreció a Sánchez un plan de reconstrucción en base a reformas estructurales y a un plan de choque a corto plazo en las industrias más afectadas por el Covid, como el turismo.

Según ha insistido, ese plan de choque que necesita el turismo debe incluir bajadas fiscales. «El turismo de España es el mejor del mundo y creo que los poderes públicos lo que debemos hacer es apoyarlo o, por lo menos, no atacarlo», ha enfatizado, para asegurar que si aplican ese plan de choque, el turismo «se va a recuperar».

ACONSEJA A SÁNCHEZ APRENDER DEL MODELO ALEMÁN

Un día después de la reunión en Moncloa de Pedro Sánchez con el canciller, Olaf Scholz, Casado ha recomendado al jefe del Ejecutivo aprender del modelo alemán, que apuesta por bajar impuestos, reducir el gasto público y eliminar el «despilfarro burocrático». «Alemania con menos población tiene cinco ministerios menos que el Gobierno de España», ha apostillado.

Tras asegurar que a Sánchez y Scholz les «separan más cosas que les unen», el presidente del PP ha afirmado que el mandatario alemán defendió en ese encuentro lo mismo que reclama su partido: «volver a la responsabilidad en las cuentas públicas». A su entender, solo así se podrá mantener la solidaridad entre Estados y también entre generaciones, sectores y rentas en España.

«Me siento más identificado con lo que decía el canciller alemán que con lo que decía el líder del Partido Socialista español. Y esto es algo que no me alegra decir», ha asegurado, tras recordar que Scholz «fue capaz de llegar a acuerdos con el centro-derecha de Angela Merkel» y apostó por la bajada de impuestos en su país.

El portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha recalcado este martes al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que no puede estar a favor de la Agenda 2030 y a la vez defender el campo. «Es incompatible», ha proclamado.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Espinosa de los Monteros ha subrayado que «no se puede» estar a favor de la Agenda 2030, que supone un «ataque» al sector primario y que pretende acabar con la ganadería, y defender a la vez el campo, como hace Mañueco.

«Es imposible soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede primero salir con la chapita (multicolor) de apoyo a la Agenda 2030 y luego hacerse una foto con una vaca», ha insistido el dirigente de Vox.

MAÑUECO SÓLO PODRÁ GOBERNAR LIBRE CON MAYORÍA ABSOLUTA

Dicho esto, y preguntado sobre si su partido apoyará al presidente castellanoleonés en caso de que sume más diputados que toda la izquierda, Espinosa de los Monteros ha insistido en que Mañueco sólo podrá gobernar libremente si saca mayoría absoluta.

«El que pretenda que Vox regale sus votos a cambio de nada para que haya más de lo mismo o a cambio de que se siga cumpliendo con la agenda progre como ocurre con el alcalde de Madrid (José Luis Martínez Almeida), que no nos vote», ha advertido el portavoz de Vox.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha precisado que el veto de la formación naranja al Partido Popular se limita al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por que, a su juicio, faltó a la «lealtad» y a la «palabra» al disolver el Gobierno de coalición y por haber actuado con «muchísima cobardía» plegándose a Génova para adelantar elecciones.

A su entender, Mañueco cesó a los cuatro consejeros de Ciudadanos el pasado 20 de diciembre y convocó elecciones anticipadas el próximo 13 de febrero «anteponiendo» lo intereses del presidente de los ‘populares’, Pablo Casado, al interés general de la comunidad autónoma.

Al ser preguntado por si el veto a Mañueco por parte de Ciudadanos se podría extender en otras comunidades autónomas, Bal ha aseverado que es un «problema del señor Mañueco» y que no ocurre lo mismo, por ejemplo, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien gobierna en coalición con Juan Marín.

NO CONFUNDAMOS A MAÑUECO CON EL PP

«No ocurre lo mismo con Moreno en la Junta de Andalucía, donde por activa y por pasiva él y Marín han salido diciendo que existe esta lealtad, que existe ese compromiso y que se quiere llegar al final de la legislatura. No confundamos al señor Mañueco con el PP, porque aquí el problema que se ha planteado ha sido con el señor Mañueco», ha aclarado este martes Bal en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, al ser preguntado si Ciudadanos estaría dispuesto a ir en coalición al PP en las elecciones andaluzas, incluso si se diera un mal resultado el próximo 13 de febrero en Castilla y León, Bal ha subrayado que los comicios andaluces se prevé que se celebren entre junio y octubre de este año y «a eso» se remite, ha remarcado.

Pero tampoco descarta nada: «No será Ciudadanos quien no ha ofrecido al PP el ir en coalición donde había un riesgo de una involución», ha añadido, recordando que ya se habló de listas conjuntas en Cataluña, Galicia y Euskadi, aunque sólo prosperaron en esta última comunidad.

Unidas Podemos ha pedido al Ejecutivo que se pronuncie sobre la decisión de la UNED de celebrar los exámenes de enero y febrero exclusivamente de manera presencial, sin facilitar otras alternativas en plena sexta ola de la pandemia.

Así lo ha trasladado el diputado y miembro de IU, Miguel Ángel Bustamante, mediante una serie de preguntas parlamentarias ante una situación que afecta a más de 150.000 alumnos, sin contar con el profesorado y personal técnico y administrativo.

En su iniciativa, Bustamante plantea también al Ejecutivo si no cree que «dado el grave índice de contagios» por la variante Ómicron del Covid-19 y por «evidentes razones de seguridad sanitaria», no sería «más conveniente que los próximos exámenes se realicen a través de la herramienta digital AvEx, creada por la propia UNED. Sobre todo al ser una plataforma que supuso un coste de 200.000 euros y ya demostró en la práctica «su gran fiabilidad, rigor y seguridad».

El diputado sevillano considera que «es difícilmente entendible que mientras la UNED ha reducido al máximo las tutorías presenciales desde comienzo de curso, además de cancelar reuniones y eventos académicos por motivos de seguridad sanitaria, por el contrario decida que la única forma de examinarse es la presencial».

Además, advierte de que esta decisión se tomó y comunicó al alumnado de la universidad ya en plena sexta ola de incremento de casos, todo ello «a pesar de estar constatada desde el curso anterior la efectividad de la conocida como plataforma AvEx». Esta herramienta digital fue creada por la propia UNED con un coste de 200.000 euros precisamente para responder a los problemas que la pandemia acarrea para realizar las pruebas presenciales.

De hecho, añade que la UNED sí ha puesto esta herramienta a disposición de otros usuarios, como por ejemplo para realizar exámenes de enfermería o para pruebas de acceso a la abogacía en el caso de grupos que «nada tienen que ver con la actividad de esta universidad»-

Por tanto, solicita al Gobierno que se pronuncie sobre esa falta de alternativa a los exámenes presenciales por parte de la UNED con una situación sanitaria «tan delicada», sobre todo a personas que están en grupos de riesgo específicos.

«Si ya cualquier alumno ve aumentar considerablemente el riesgo de contagio al tener que examinarse de forma presencial, circunstancia que puede repetirse hasta en cinco o seis ocasiones si acude a todas las pruebas del cuatrimestre, situaciones como las descritas van en contra de todas las recomendaciones de seguridad y de prevención hechas por las autoridades sanitarias», reflexiona Bustamante para destacar que «miles de estudiantes están denunciando esta situación».

También desgrana que el ministro de Universidades, Joan Subirarts, ya indicó públicamente que los centros tienen la «autonomía» suficiente para decidir el formado de exámenes que mejor se adapta a cada momento específico. De hecho, ahonda que otras universidades públicas sí permitirán y están impulsando los exámenes no presenciales ante la situación de la pandemia.

El servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género 016 ha recibido en noviembre de 2021 un total de 2.724 llamadas pertinentes, lo que supone una media de 242 llamadas al día, según los datos que ha hecho públicos este martes el Ministerio de Igualdad.

La suma de estas consultas a las que se han ido acumulando desde la puesta en marcha de este servicio, en septiembre de 2007, elevan la cifra hasta 1.026.988 de llamadas; y hasta las 80.196 en lo que se refiere a las realizadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021.

Este último dato, tal y como ha destacado el departamento que dirige Irene Montero, supone un aumento del 8,5% con respecto al mismoperíodo del año 2020, en el que se registraron 73.903 llamadas pertinentes.

Además, apunta que las más de 7.200 llamadas registradas en noviembre del año pasado suponen un 46,7% más que las contabilizadas en noviembre del año 2020, cuando se produjeron 4.957 llamadas pertinentes.

CASI UN 69% DE LAS CONSULTAS LAS HACE LA USUARIA

Entre los datos que ha destacado Igualdad está que un 68,8% de las llamadas registradas en el penúltimo mes de 2021 fueron efectuadas por la propia usuaria, frente al 23,1% de las mismas, que fueron hechas por familiares y allegados. El 8,2% restante fueron efectuadas por otras personas.

Entre los territorios donde se ha registrado un mayor aumento en el uso de este servicio, el Ministerio ha destacado Navarra, que pasó de las 34 de noviembre de 2020, a las 71 registradas un año después. En Castilla y León, por su parte, se han registrado 320 llamadas en noviembre de 2021, frente a las 165 del mismo mes de 2020.

Teniendo en cuenta la la tasa más alta de llamadas por millón de mujeres de más de 15 años, Canarias es la comunidad autónoma que lidera el ranking, con 513,4; seguida de la Comunidad de Madrid (458,5). Por provincias, la tasa más alta se ha registrado en Las Palmas (533,9), seguida de Santa Cruz de Tenerife (491,5).

Del mismo modo, el Igualdad ha informado de las consultas que este servicio 016 recibe a través de sus formatos online y a través de Whatsapp. En el primero de los casos, se han contabilizado 93 consultas pertinentes; y en el segundo un total de 481 consultas.

LA MAYORÍA SIGUEN SIENDO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En este sentido, el Ministerio recuerda que, desde marzo del año pasado, los servicios del 016 atienden también a otras formas de violencia contra las mujeres y no solo la relativa a la violencia de género (que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja). En este sentido, ha destacado que el 89,8% de las llamadas a este servicio todavía son referente a la violencia de género.

En cuanto a Atenpro, el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género, en noviembre de 2021 se han registrado 854 altas lo que supone un incremento del 0,8% con respecto a octubre de 2021 y un aumento del 22,7% en relación al mismo mes de 2020.

Esto supone que, a 30 de noviembre de 2021, el número de usuarias activas era de 16.587, lo que supone una disminución del 0,1% con respecto a octubre del año 2021 (18 usuarias activas menos) y un incremento del 11,5% con respecto a noviembre de 2020 (1.723 usuariasactivas más). Ceuta y Melilla han sido los territorios con una mayor variación en cuanto a la solicitud de esta medida.

Del mismo modo, y en lo que se refiere a los dispositivos del Sistema de seguimiento por medios telemáticos, las conocidas como pulseras, Igualdad recoge que en noviembre de 2021, el número de dispositivos activos es de 2.582. Este dato, indica el departamento que dirige Montero, ha experimentado un aumento del 17,5% respecto a noviembre de 2020.

Además, ha indicado que durante el mes de noviembre de 2021 se han instalado 164 dispositivos (un 13,1% más que en noviembre de 2020); mientras que las desintalaciones se han contabilizado en 138 dispositivos (un 45,6% más que en noviembre de 2020). La Rioja y Canarias son las CCAA que han registrado un mayor aumento relativo de estos sistemas.

UNA MUJER ASESINADA

Los datos que ha facilitado este martes Igualdad corresponden a un mes de noviembre en el que se ha contabilizado una víctima mortal de la violencia de género, una cifra que, según el Ministerio, «está muy por debajo del número medio (4,42) de mujeres víctimas mortales de los meses de noviembre del total de años de los que se tienen datos disponibles».

En el pasado mes de noviembre ningún menor fue asesinado por esta lacra; mientras que el número de huérfanos víctimas de violencia de género ascendió a tres.

La jueza que investiga al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, dentro del caso Erial, aboga por prorrogar la instrucción otros seis meses más.

Así se desprende del escrito, dictado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, en el que se investiga el supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano.

La magistrada indica en su escrito que visto el estado de las actuaciones y dado que todavía queda por analizar toda la documentación intervenida de nuevas pruebas obtenidas en la causa, considera «necesario» una prórroga de la investigación otros seis meses más –ya se alargó en julio de 2021–.

Frente a esta propuesta, la mayoría de las defensas, incluida la de Eduardo Zaplana, se han opuesto.

GASTOS MÉDICOS E IMPUESTOS

Por otro lado, el juzgado tiene pendiente pronunciarse sobre una de las últimas peticiones efectuadas por la defensa de Zaplana relacionada con el desbloqueo de sus pólizas de seguro para afrontar los gastos médicos derivados de su enfermedad –leucemia– y de una neumonía como consecuencia de la Covid-19. En total, el investigado presentó al juzgado facturas por importe de 9.060 euros, todas correspondientes a 2021.

Tras abrirse el procedimiento y la detención del exministro en mayo de 2018, el juzgado ordenó el bloqueo de cuentas y productos de cualquier tipo abiertos a nombre de Zaplana, bien como titular o bien como autorizado.

A los gastos médicos de Zaplana se suman otros como el pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una vivienda suya, cuya cantidad total asciende a 3.214,33 euros.

Dado que la Audiencia, en una resolución, aludió al posible desbloqueo de fondos para atender «determinadas obligaciones contractuales para evitar perjuicios irreparables», la defensa de Zaplana solicitó el desbloqueo de los fondos para atender obligaciones fiscales y el adelanto del pago de las prestaciones derivadas del seguro de Telefónica. Ahora debe pronunciarse el juzgado.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este martes que Novak Djokovic, número uno del mundo, puede ser un reclamo para el Mutua de Madrid Open pero ha pedido ser «muy claros» sobre la necesidad de respetar las normas para incidir en que el tenista serbio deberá estar vacunado si quiere disputar el torneo madrileño.

«No dudo del reclamo que pueda ser para ese torneo pero reitero que tendrá que venir vacunado para que pueda competir, lógicamente», ha subrayado el máximo responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a la prensa tras un acto en el Hospital del Henares, en Coslada, donde ha presentado la nueva videoconsulta médica a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual.

El consejero madrileño se ha referido así a las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha sostenido que Djokovic sería «un gran reclamo» para el torneo que se celebrará del 26 de abril al 8 de mayo en Madrid puesto que sigue siendo el número uno a pesar de lo ocurrido en Australia y de que Francia ya haya adelantado que no podrá participar en Roland Garros.

«Yo no dudo de la calidad tenística de Novak Djokovic, porque eso es suficientemente contrastado pero sí que desde el punto de vista sanitario si no está vacunado no podrá participar en un torneo en Madrid puesto que las normas están para cumplirlas y las tienen que cumplir todas las personas que vengan a disputar este torneo», ha subrayado Ruiz Escudero.

En esta línea, ha incidido en la necesidad de cumplir las normas y ha recordado que, igual que en los torneos de tenis, en la Comunidad también se cumplen en otros eventos como la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que exigirá certificado de vacunación o test de antígenos a los asistentes.

«Lo que le ha ocurrido en Australia ha sido por no cumplir las normas y ha sido deportado. Yo creo que en este sentido hay que ser muy claros e insisto en que las normas están para que todos las cumplan de manera similar», ha hecho hincapié el consejero tras la decisión de Australia de expulsar al tenista por no cumplir con el requisito de estar vacunado contra la Covid-19.

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha llamado «cara polla» al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y seguidamente ha pedido perdón porque «se le ha escapado».

Cubero ha utilizado este apelativo cuando se ha referido al asunto del tenista serbio Novak Djokovic, que ha sido expulsado de Australia por no estar vacunado, y el alcalde madrileño ha dicho que «no hay que ignorar que –Djokovic– sigue siendo el número uno del mundo y junto al resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open es un gran reclamo para garantizar que el torneo tenga el éxito de público que habitualmente tiene».

En su intervención durante la comisión plenaria de Hacienda y Economía del Ayuntamiento zaragozano, Cubero ha ironizado al señalar que el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, igual proponía Hijo Predilecto de Zaragoza a Djokovic. «Yo creo que lo va a proponer Hijo Predilecto, seguro, en las próximas Fiestas del Pilar. Con las ocurrencias que copia del, iba a decir, perdón, cara polla del señor Almeida».

Cubero ha seguido su intervención hasta que la presidenta de la comisión plenaria de Hacienda, la consejera municipal del área, Maria Navarro, le ha interrumpido para que aclarara la expresión que acabada de pronunciar. El concejal de ZeC, ha repetido: «Iba a decir el cara polla, perdón, el señor Almeida». A colación ha reconocido: «No era correcto decirlo se me ha escapado y ya está» y se ha vuelto a disculpar.

Maria Navarro ha mostrado su sorpresa por esa expresión y le ha rogado a Cubero que esos insultos no se vuelvan a dar porque «no se pueden escapar» y porque «no tiene un pase en un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, a lo que Cubero ha añadido: «Lo sé. No tenía que decirlo. Se lo diré fuera de aquí, pero no aquí».

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha aconsejado este martes al Gobierno plantearse la posibilidad de exigir el pasaporte covid o certificado de vacunación a deportistas profesionales que participen en competiciones internacionales que tengan lugar en España, un requisito que haría imposible la participación del tenista serbio Novak Djokovic en el próximo Open de Madrid.

En declaraciones en el Congreso, Errejón ha criticado las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, por decir que la presencia de Djokovic en el torneo, como número uno del mundo, sería positivo para promocionar Madrid.

«Es una vergüenza que haya quien intenta utilizar una polémica científica y de salud para intentar promocionar Madrid –ha dicho–. Me gustaría que Madrid fuera conocida por sus buenos datos sanitarios y ecológicos o por la calidad de vida de sus habitantes, y no por que alguien que se quiere saltar las normas».

MAL MENSAJE DEL ALCALDE

A su juicio, el alcalde de la capital manda un «mal mensaje» a la ciudadanía y «aplaude la irresponsabilidad de una persona» a la que tacha de «egoísta» por no vacunarse. En ese sentido, ha recordado que Djokovic ha sido deportado de Australia por no estar vacunado y no entiende que «en otros países no le dejen competir y aquí se le invite como si fuera un niño malcriado». «Tenga el dinero que tenga, se apellida como se apellide o haya ganado lo que haya ganado, tiene que cumplir con las normas porque de esta pandemia sólo salimos si la gente se vacuna», ha reafirmado.

Eso sí, Errejón admite que las normas vigentes en España y en la Comunidad de Madrid no impiden que Djokovic participe en el torneo y por eso cree que, «una vez que se ha despertado la polémica, España se debería replantear, por lo menos en competiciones internacionales, estar alineada con otros países como Francia o Australia», que impiden la participación de los no vacunados.

«No me gusta que se le dé la categoría de símbolo publico a alguien que ha decidido una posición egoísta. Cuando uno no se vacuna decide que le da igual lo que le pueda pasar a los de al lado. Es una posición irresponsable y no me gusta que se le premie y mucho menos que alguien quiera convertirle en una especie de embajador de nuestra ciudad», ha concluido.