Si te desahucian por impago del alquiler y un juez acredita tu vulnerabilidad, tu comunidad tiene dos meses para pagar o realojarte.
Qué cambia en la práctica: dos salidas y un plazo de dos meses
Lo fija el Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre. El texto añade un apartado 6 al artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (la norma que regula los juicios civiles, desahucios incluidos) y obliga a las administraciones públicas competentes a moverse cuando hay un procedimiento judicial por impago. El marco legal completo está en la web del BOE.
Vamos por partes. La Administración tiene dos salidas. La primera, ofrecer una alternativa habitacional adecuada que cumpla los requisitos legales. La segunda, asumir la deuda: pagar al propietario lo que falta para que el contrato siga vivo y el desahucio se detenga.
Si no hay alternativa, la Administración está obligada a pagar. ¿Qué entra en la factura? Las mensualidades impagadas, las que se hayan devengado hasta el pago efectivo y los costes procesales a favor del propietario. También los intereses por retraso, exigibles conforme a la legislación aplicable.
El plazo es de dos meses improrrogables desde que la Administración recibe la notificación con la vulnerabilidad ya acreditada por el juez. Ni uno más. Si el pago llega dentro de ese tiempo, el desahucio se paraliza.
El propietario cobra lo pendiente, el contrato de alquiler continúa y la factura la asume una administración que no estaba en la mesa.
Y aquí está el detalle que cambia todo: no hay tope de meses impagados ni de euros. El decreto obliga a satisfacer la totalidad de las cantidades comprendidas en la enervación (el pago que frena el desahucio antes de la vista). No hay horquilla ni límite general: lo que se reclame en el juzgado y se acumule, se abona.
El circuito es este. El propietario presenta la demanda de desahucio, se acredita judicialmente la vulnerabilidad económica del inquilino, la Administración recibe la notificación y arranca el reloj de los dos meses. Mientras corre, el procedimiento no se queda quieto: avanza, y solo se detiene si el dinero entra a tiempo.
Quién entra y qué tiene que demostrar para que la comunidad pague
Los requisitos de entrada son dos. Uno: existe un procedimiento judicial de desahucio por impago del alquiler. Dos: se acredita ante el juez que el inquilino está en situación de vulnerabilidad económica. Sin ese segundo paso, la obligación no se activa.
El decreto habla de 'determinados inquilinos vulnerables' y no concreta los umbrales de renta ni las circunstancias que se computan: eso se decide en la acreditación judicial, caso por caso. De ahí, la pregunta práctica que se hace cualquiera que esté mirando la cuenta corriente a fin de mes: quién firma que estás en situación de vulnerabilidad y con qué papeles.
Por qué esta medida llega ahora y qué le falta
El contexto explica el texto. El desahucio y la posterior muerte de Maricarmen, una anciana de 87 años, se convirtieron en el símbolo de la crisis de vivienda y forzaron al Gobierno a redactar in extremis dos decretos que no salieron adelante: PP, VOX y Junts dijeron no, y sin apoyos el Ejecutivo disolvió las Cortes y convocó elecciones. La cita con las urnas es el 29 de noviembre, con la vivienda otra vez en el centro.
Con ese precedente, el decreto tiene dos virtudes y un agujero. Virtud uno: pone una obligación con nombre y apellidos, no una recomendación. Virtud dos: fija un plazo, dos meses, que algo es. El agujero: al no haber techo de euros, la factura final la decide cada procedimiento, no un presupuesto cerrado de antemano, y eso deja a las comunidades con una losa de cuantía difícil de calcular.
Y queda la pregunta que de verdad mueve la aguja: cuánto tarda en acreditarse la vulnerabilidad. Un desahucio no es instantáneo, y los dos meses corren desde la notificación, no desde el día en que la persona empieza a deber rentas. Si estás en esa situación, la llave es el reconocimiento: informes de servicios sociales, expediente de renta y cualquier documento que demuestre que no puedes pagar. Sin eso, la Administración no tiene obligación de rascarse el bolsillo. Cosas de la burocracia.
En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)
- 💸 ¿Qué ha cambiado? Si hay desahucio por impago y vulnerabilidad acreditada, la comunidad paga la deuda o realoja.
- 👥 ¿A quién afecta? A inquilinos con un procedimiento judicial por impago y vulnerabilidad económica reconocida por el juez.
- ✅ ¿Qué puedes hacer? Reúne informes de servicios sociales y el expediente de renta antes de que avance el procedimiento.
