La UCO ha vinculado 11 adjudicaciones del caso Koldo a una trama de obra pública de 900 millones de euros. La operación de este jueves incluyó registros en el domicilio de José Luis Ábalos y un requerimiento a Adif, además de la detención de Cristian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, por presunto blanqueo.
El origen está en un informe de 490 páginas que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregó al Tribunal Supremo el 5 de junio de 2025. Sostenía que, entre 2018 y 2021, el Ministerio de Transportes favoreció 'de manera recurrente' a determinadas empresas. Ese mismo día, el instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, abrió una pieza separada y la declaró secreta.
Cuatro días después llegaron los autos de entrada y registro. La causa se escindió: la Audiencia Nacional asumió la investigación sobre la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el director general de Carreteras, Javier Herrero, que no estaban aforados. El magistrado Ismael Moreno la bautizó como pieza separada número 8, 'Contratos obra pública'. Cuando Ábalos perdió el escaño, su parte aterrizó también allí.
Las 11 adjudicaciones: cinco de Adif y seis de Carreteras
El pasado marzo llegó al juzgado el informe que Anticorrupción había encargado a la Igae, la Intervención General de la Administración del Estado. Revisó los 11 contratos bajo sospecha y detectó irregularidades en todos: cinco son de Adif y seis de la Dirección General de Carreteras. El informe cuestiona la actuación de Adif y Carreteras en nueve de los once.
El patrón se repite. En las cinco adjudicaciones que ganó Acciona, sola o en UTE (unión temporal de empresas), aparecen modificaciones al alza que rozan el 20% del presupuesto inicial, el umbral a partir del cual los controles se endurecen. En varios casos se tramitó como contrato independiente lo que debía ser una modificación; en otros, las fórmulas primaban los criterios subjetivos sobre el precio.
Los ejemplos están en el informe. En el soterramiento del AVE en Murcia, la Igae sostiene que el proyecto 'no se debió tramitar como proyecto independiente, sino como modificado', porque de otro modo las modificaciones habrían superado ese 20%. En la A-68 se superó el umbral legal al acumular cambios 'no sustanciales'. Y en el Puente del Centenario de Sevilla, cambiar un material por otro elevó el precio en 7,4 millones.
La investigación ya no mira al material sanitario de la pandemia: revisa 900 millones en obra pública adjudicados entre 2018 y 2021.
La pista inicial fueron los datos aportados por el empresario investigado Víctor de Aldama y el cruce de mensajes en los que los propios investigados hablaban de las obras.
Quién está investigado y qué papel juega cada uno
En la causa figuran como investigados Ábalos, su ex asesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. También aparecen directivos de Acciona, la principal beneficiada, y de las constructoras OPR y LIC.
La operación del jueves añade un nombre más a la lista: Corvillo, que estuvo al lado de Sánchez en la campaña de las primarias de 2017 y ahora aparece señalado por un presunto blanqueo. El caso ya no es solo un asunto de mascarillas.
La reacción política llegó el mismo día. El PP consideró que los registros son 'la traca final' del Ejecutivo de Sánchez y defendió que 'es un deber moral sacarlo de las instituciones', según recoge El Mundo. La instrucción sigue abierta y sin conclusiones judiciales.
De las mascarillas a la obra pública: el patrón que se repite
No es la primera vez que una investigación sobre contratos de emergencia deriva hacia la obra pública. La ley de contratos permite modificaciones, pero endurece los controles cuando superan ciertos porcentajes. El informe de la Igae no es una sentencia: es un documento administrativo que el instructor usa para pedir diligencias, y ese es el estadio de la pieza 8. Quienes defienden la actuación de Adif y Carreteras alegan imprevistos técnicos de obra; el informe replica que, en varios casos, esas circunstancias 'imprevisibles' no eran tales.
El precedente más cercano es el del material sanitario: adjudicaciones directas, precios revisados y una instrucción que ha crecido por capas. Cambia la escala: ahora, 900 millones en obra pública y constructoras con directivos investigados.
Los siguientes pasos dependen de las diligencias que acuerde la Audiencia Nacional: declaraciones de investigados, análisis de la documentación reclamada a Adif y posibles nuevas citaciones. La instrucción seguirá abierta en los próximos meses, con el PP reclamando responsabilidades políticas.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La UCO vincula 11 adjudicaciones de obra pública, por 900 millones, a una pieza separada del caso Koldo y detiene a Cristian Corvillo.
- Por qué te importa: Son contratos públicos pagados con dinero de todos y las irregularidades apuntan a sobrecostes y adjudicaciones dirigidas.
- A quién afecta: A Adif y a Carreteras, a las constructoras implicadas y a los investigados, entre ellos Ábalos, Koldo García y Cerdán.
- Hacia dónde vamos: La Audiencia Nacional seguirá practicando diligencias; por ahora no hay condenas ni conclusiones judiciales.
