El Consejo de la UE tiene previsto dar este jueves el visto bueno definitivo al Reglamento de Retorno. La norma abre la puerta a deportar a migrantes a centros situados fuera de las fronteras europeas y España tendrá que aplicarla como Estado miembro.
Qué permite exactamente el nuevo Reglamento de Retorno
La norma da cobertura legal a los return hubs, un eufemismo que en la práctica designa centros de deportación en terceros países. Hasta ahora, quien recibía una orden de expulsión debía ser devuelto, en principio, a su país de origen; con el nuevo reglamento podrá ser trasladado a otro Estado que acepte acogerlo, aunque no tenga vínculos previos con él. Se trata de personas que ya están dentro de la UE y que han agotado su derecho a permanecer.
El Parlamento Europeo respaldó el acuerdo el pasado junio y la norma exige que los pactos con terceros países respeten los derechos humanos y eviten devoluciones a lugares donde alguien pueda sufrir persecución o torturas. Lo que no resuelve es lo esencial: quién gestionará esos centros, en qué condiciones vivirán las personas trasladadas ni hasta dónde responderán los gobiernos europeos una vez que salgan de la UE.
Cinco gobiernos ya trabajan en cómo llevarlo a la práctica. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos preparan un proyecto piloto conjunto para estrenar los primeros centros. Dinamarca espera que los traslados iniciales lleguen en 2027, aunque todavía no se ha decidido en qué país estarán. Ruanda, Uganda y Uzbekistán han sonado como posibles destinos, pero ninguno está confirmado.
Cómo llega esta norma a España
España no figura entre los cinco países que impulsan el piloto, pero la norma europea fija el marco que aplican las autoridades nacionales. Traducido: una expulsión dictada en España podrá cumplirse, si hay acuerdo, enviando a la persona a un centro fuera de la UE, no a su país. El dato clave: las entradas irregulares caen un 55% en dos años, según la Comisión Europea, con unas 180.000 detectadas en 2025, un 25% menos que el año anterior.
Las llegadas irregulares bajan, pero Bruselas acelera hacia un modelo que traslada las expulsiones fuera de su territorio.
El asunto también se ha colado en la agenda política española. La crisis migratoria de Ceuta estuvo presente en la última reunión de ministros del Interior en Múnich, donde el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, reclamó acelerar las expulsiones y que la agencia europea Frontex pueda desplegarse en 24 horas. Esa exigencia de flexibilidad ante llegadas excepcionales es justo lo que preocupa a las organizaciones de derechos humanos.
El precedente de Ruanda y Albania: por qué las dudas no son nuevas
Europa ya tiene un ensayo de este modelo. Italia abrió en 2024 dos instalaciones en Albania impulsadas por el Gobierno de Giorgia Meloni para tramitar fuera de su territorio determinados procedimientos de asilo. El plan británico para enviar migrantes a Ruanda fue declarado ilegal en 2023 por el Tribunal Supremo del Reino Unido, que apreció riesgo real de devoluciones en cadena.
Marta Welander, del International Rescue Committee, resume la prueba de fuego: cuando un piloto se aplica, deja de ser 'una propuesta sobre el papel' y se convierte en 'deportaciones reales de personas reales'. Nuria Díaz, de CEAR, avisa de que países como Uganda y Ruanda acumulan un historial amplio de violaciones de derechos humanos.
Polonia ofrece otro antecedente. Suspendió la posibilidad de pedir asilo en su frontera con Bielorrusia con carácter temporal y ha prorrogado esa restricción en ocho ocasiones. El debate ya no es solo cómo gestionar las llegadas, sino qué derechos se reconocen a determinadas personas. Los Veintisiete tendrán ahora la herramienta jurídica; el alcance real dependerá de qué país acepte acoger los primeros centros y de los acuerdos que se firmen. Ese es el próximo hito a seguir.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Consejo de la UE tiene previsto aprobar este jueves el Reglamento de Retorno, que permite trasladar a migrantes con orden de expulsión a centros en terceros países. El Parlamento Europeo lo respaldó en junio.
- Por qué te importa: España aplicará la norma: una expulsión podrá cumplirse enviando a la persona fuera de la UE, no necesariamente a su país de origen.
- A quién afecta: A personas con orden de expulsión en la UE, a los países dispuestos a acoger los centros y a las organizaciones que vigilan los derechos humanos.
- Hacia dónde vamos: Cinco países preparan un proyecto piloto. Dinamarca prevé los primeros traslados en 2027 y aún no hay destino confirmado.
