El Gobierno de coalición ha evitado la ruptura del decreto de vivienda sobre la bocina. PSOE y Sumar cerraron este martes al filo de las 11:00 horas un acuerdo para aprobar el decreto de vivienda en la reunión del Consejo de Ministros, que tuvo que arrancar con retraso por las diferencias entre ambos socios. La negociación in extremis obligó al Ejecutivo a aplazar una hora el inicio del Consejo, e incluso con la reunión ya en marcha, los representantes de Sumar tardaron otros 15 minutos en entrar mientras se remataba el pacto. El contenido definitivo del texto se conocerá en las próximas horas.
Fuentes de ambas partes aseguraron que se ha alcanzado un acuerdo para aprobar las medidas de vivienda, responder a las demandas de la ciudadanía y avanzar en derechos. Ni Moncloa ni Sumar concretaron los detalles, después de unas conversaciones que se prolongaron durante toda la noche. El decreto entrará en vigor tras su publicación, pero tendrá que someterse a votación en el Congreso en el plazo de un mes.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez no hubo desplante. Todos los ministros acudieron a la reunión, sin repetir el plantón de Sumar de episodios anteriores, mientras los socialistas buscan un acuerdo de mínimos capaz de atraer a todos sus socios de investidura, también a los situados más a la derecha, como PNV y Junts.
Y es que lo más sorprendente es que el Gobierno aprobará dos decretos, porque ya hay uno con el pacto al que llegó con Junts que tendría también luz verde de Sumar. Este, con ventajas fiscales para los pequeños propietarios, podrá ser convalidado sin dificultades, pero el otro resultante del pacto entre PSOE y Sumar, que incluye medidas más progresistas, tendrá más complicada la convalidación, principalmente porque Junts no da luz verde a esas medidas.
Los puntos del decreto de vivienda que tensaron la negociación
En cuanto a PSOE-Junts, el choque dentro del Gobierno se centró en el alcance de la protección a los inquilinos. Sumar trasladó el lunes al PSOE una nueva propuesta que reclamaba, entre otras cuestiones, regular el alquiler de habitaciones, la renovación automática de los contratos y una mayor protección frente a los desahucios. Yolanda Díaz ya había advertido el domingo de que a su formación no le valía cualquier decreto y pidió medidas contra los fondos buitre.
El último borrador conocido antes del acuerdo apuntaba en otra dirección en varios aspectos. Los inquilinos con contrato en vigor y al corriente de pago podrían obtener prórrogas hasta el último día de 2028, pero tendrían que solicitarlas por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, de modo que el segundo año exigiría una nueva petición.
La suspensión de desahucios también llegaba con condiciones. Según ese texto, solo se paralizarían si el casero es una empresa o una persona física con tres o más viviendas, mientras que los propietarios con dos pisos o menos podrían desahuciar sin restricciones, una de las exigencias que Junts había planteado en los últimos meses.
Vivienda había renunciado además a regular el alquiler por habitaciones, una decisión que Junts respalda y Sumar rechaza, y que esta última trataba de revertir en la recta final. En el terreno fiscal, el borrador incluía una deducción estatal del 10% en el IRPF por el alquiler de vivienda habitual para menores de 35 años con una base imponible inferior a 33.007,20 euros en zonas tensionadas, además de ventajas para los propietarios que rebajen las rentas. La deducción ya existente para caseros se elevaría al 85% en los alquileres a jóvenes de hasta 35 años.
Queda ahora el paso más delicado. El texto aprobado por el Consejo de Ministros irá al Congreso, donde necesita el apoyo de todos los socios de investidura. Junts ha dejado claro por dónde irán sus condiciones, ya que quiere que el Estado asuma el coste de no desahuciar y que se proteja a los pequeños propietarios.
La acampada de Sol espera la letra pequeña
A tres kilómetros de Moncloa, la Puerta del Sol permanece llena y a la espera de conocer el detalle del paquete de medidas. Alrededor de un millar de personas amanecieron este martes en la plaza tras su tercera noche de acampada, entre la alegría por el acuerdo para que Maricarmen vuelva a su casa y la expectación por el decreto.
El caso de esta vecina de Retiro se ha convertido en símbolo de la movilización. Urbagestión dio marcha atrás el lunes por la noche y el pacto, comunicado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid como mediadora, está pendiente solo de que lo valide Maricarmen, de 87 años e ingresada en el Gregorio Marañón desde que salió en camilla de su domicilio.
Los acampados no dan nada por hecho. Han advertido de que mantendrán la protesta en el centro de Madrid si el contenido del decreto no cumple sus expectativas, y la presión se extiende a otras ciudades. En Palma la acampada de la plaza España seguirá al menos otros 20 días aunque se apruebe el llamado decreto Maricarmen, y en Sevilla medio centenar de personas pasó la noche en la calle para exigirlo.
