El Gobierno trabaja contrarreloj para aprobar este martes 29 el decreto de vivienda, que en estos momentos se encuentra todavía sin cerrar. Están sobre la mesa los límites al alquiler, el freno a los desahucios y las medidas contra los fondos buitre, pero conviene avisar de que, en el momento de escribir estas líneas, el texto no está aprobado y su contenido puede cambiar en cualquier momento según las presiones de los socios del Ejecutivo.
Lo confirmó Pedro Sánchez este fin de semana, asegurando que preparan el real decreto ley (una norma con rango de ley que el Gobierno aprueba por urgencia y que el Congreso debe convalidar después) para llevarlo al Consejo de Ministros del martes. El presidente pidió a los grupos un último esfuerzo para que salga adelante en el Parlamento. "No es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad", dijo.
Como todos sabemos, el desencadenante tiene nombre propio: Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada del piso en el que vivió más de 70 años en Madrid. Su vídeo pidiendo un 'decreto Maricarmen' detonó una ola de protestas contra los desahucios que sábado y domingo llenó las calles y produjo una acampada en la Puerta del Sol que sigue en pie.
Qué puede pasar con el decreto de vivienda este martes
La fecha clave es, por tanto, este martes, ya que es el día que el Consejo de Ministros puede aprobar el decreto de vivienda. Pero hacerlo ahí es solo el primer paso, porque después el texto tiene que convalidarse en el Congreso, y ahí el Gobierno no tiene los votos garantizados. De ahí la petición de Sánchez a los partidos.
El problema es el de siempre con la configuración actual del parlamento: no todos están dispuestos a firmar así como así. Sin ir más lejos, Sumar, el socio de coalición, avisa de que no vale "cualquier decreto", con medidas cosméticas y sin valentía. "Queremos un real decreto que meta mano a los fondos buitre", ha comentado Yolanda Díaz en relación a que quieren medidas que limiten la compra de vivienda por grandes inversores, no parches.
El Gobierno negocia con los socios cuáles serán las medidas del decreto de vivienda
Se refieren a los denominados fondos buitre, que son fondos de inversión que compran vivienda o deuda a bajo precio para sacarle rentabilidad. Su peso en el mercado del alquiler es una de las quejas centrales de las acampadas de los últimos días.
Por tanto, el contenido final del decreto depende de la negociación, pero las propuestas encima de la mesa afectarían de lleno a tu contrato y a tu bolsillo. Las que más se barajan son las siguientes:
- Topes al alquiler también en temporada y por habitaciones. Lo exige ERC, buscando que los límites de precio no se esquiven alquilando por semanas o por cuartos.
- Suspensión de desahucios a personas vulnerables. Es el corazón del llamado 'decreto Maricarmen' y la medida con más apoyo entre los socios.
- Prórroga de dos años en los contratos que venzan. Es decir, una extensión extraordinaria desde la entrada en vigor del decreto, también planteada por ERC.
- Más margen municipal para subir el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) a los grandes tenedores y a las viviendas de uso turístico.
Lo más complicado es, como siempre, ponerse de acuerdo con Junts, que también pone sus condiciones. Jordi Turull votará a favor "si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitre", pero exige que no se mezcle con medidas que "criminalicen al pequeño propietario" y pide incentivos fiscales para los dueños particulares. El PNV, por su parte, reclama "un mínimo común denominador entre todos".
El precedente de la ley de vivienda
Pero existe un precedente que explica por qué este decreto llega con el texto sin cerrar. La ley de vivienda de 2023 ya permitía a las comunidades declarar zonas tensionadas y topar los alquileres, pero su aplicación ha sido desigual. De hecho, donde gobierna el PP apenas se ha desplegado.
Sánchez lo recordó este fin de semana y cargó contra PP, Vox y Junts por votar en contra de la norma. Según él, votaron contra "el real decreto ley que hubiera impedido hoy que Maricarmen estuviera desahuciada".
Y es que hay que dejar claro que un papel puede reconocer el derecho a no ser desahuciado, pero si su aplicación depende de que cada comunidad lo active, no sirve de demasiado. Por eso cuenta mucho cerrar bien los acuerdos y blindar el decreto, ganando importancia lo que pide cada grupo parlamentario; tanto lo que pide ERC —topes en temporada y habitaciones, más margen para el IBI— como lo que exige Junts, que no quiere que se toque al pequeño propietario.
El equilibrio entre ambas cosas decidirá si el texto sirve de algo finalmente o si estamos ante otro movimiento más de imagen que de otra cosa. Aprobar el decreto el martes es el primer paso, convalidarlo en el Congreso el segundo, y finalmente veremos si el texto final incluye la suspensión de desahucios y cómo reparte el coste entre grandes y pequeños propietarios.
