Sanidad lanza una campaña sobre el aborto y reclama a Madrid el registro de objetores. Sanidad pide a la Abogacía del Estado que obligue a Madrid a crear ese listado, que la ley exige. La ministra, Mónica García, ha presentado este martes la iniciativa y ha anunciado la petición al organismo estatal.
¿Qué ha anunciado el Ministerio de Sanidad?
La campaña se apoya en dos ideas. La primera: las mujeres deben poder decidir si interrumpen o no su embarazo sin presión ni estigma. La segunda: ese proceso debe desarrollarse, fundamentalmente, en centros de la sanidad pública. El objetivo es normalizar una prestación reconocida por ley.
Durante la presentación, la ministra ha insistido en que no hay una sola manera de vivir esa decisión. 'Hay mujeres que sienten alivio. Hay mujeres que sienten tristeza. Hay quienes tienen dudas y quienes lo tienen claro desde el principio', ha afirmado García, que ha defendido que todas sean escuchadas y atendidas con el mismo respeto.
El Ministerio subraya, además, que la campaña no se dirige solo a las pacientes. 'Interpela también a quienes tienen la responsabilidad de garantizar este derecho dentro del sistema sanitario', ha señalado la ministra. El mensaje apunta directamente a las comunidades autónomas, que son las que gestionan los hospitales.
¿Cómo afecta esto a las mujeres y a la sanidad pública?
Los datos que maneja el departamento dibujan el punto de partida. casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se practicaron en centros privados en 2024, según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad. En la Comunidad de Madrid, ese porcentaje supera el 99%.
La región registró más de 18.000 interrupciones aquel año. De todas ellas, apenas un centenar se realizaron en hospitales de la red pública, menos del 1% del total, según los mismos datos oficiales.
Según el Ministerio, el registro de objetores es confidencial y sirve para que cada hospital sepa con qué profesionales cuenta.
El dato es oficial.
Sanidad sostiene que la sanidad pública debe estar preparada para atender a la mujer cuando quiere ser madre, durante el embarazo y el parto, y también cuando decide interrumpir el embarazo. La ministra reprocha a Madrid que derive prácticamente siempre a las mujeres a clínicas privadas concertadas.
El pulso con Madrid: qué dice cada parte
La ley obliga a las comunidades autónomas a contar con un registro, siempre confidencial, de los profesionales sanitarios que se declaran objetores de conciencia. La objeción permite a un médico no participar en una interrupción del embarazo por motivos personales o de conciencia.
Madrid se ha opuesto a la medida desde el principio. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado ese registro de 'lista negra' ideológica. Sanidad rechaza esa lectura y defiende que su función es organizativa: saber qué ginecólogos hay disponibles para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo en hospitales públicos.
El pulso continúa.
El Ministerio llevó a Madrid a los tribunales el pasado mes de enero por su negativa a crear el registro. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió un auto: la Comunidad debía poner en marcha el registro de forma inmediata. A principios de abril, el Gobierno regional publicó el proyecto de orden que regula su creación y abrió el trámite de audiencias y alegaciones públicas.
Qué viene ahora y qué conviene vigilar
Sanidad considera que ese avance es insuficiente. García ha asegurado que, a 1 de septiembre, Madrid no había ido más allá de los trámites iniciales de la creación del registro. Por eso ha reclamado a la Abogacía del Estado que actúe con 'todas las medidas oportunas'.
Queda camino por delante.
La ministra también ha señalado a Andalucía y Baleares. Ambas comunidades, ha dicho, van lentas en la creación del registro, aunque sin el bloqueo que atribuye a Madrid. A esas regiones les ha advertido de que el registro es una condición legal y una pieza imprescindible para hacer coincidir el derecho a abortar con el derecho a la objeción de conciencia.
El registro no es un asunto menor para la organización interna de los hospitales. Según el Ministerio, sin el registro los gestores no pueden planificar qué profesionales estarán disponibles en cada servicio, lo que condiciona la capacidad de la red pública.
La campaña ya está en marcha y se difundirá en distintos soportes. Lo que viene ahora es un pulso administrativo: la Abogacía del Estado debe concretar cómo ejecuta el requerimiento y Madrid todavía no ha cerrado la tramitación de su orden. El proceso no está cerrado.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Sanidad lanza una campaña sobre el aborto y pide a Madrid el registro de objetores.
- 👥 Quiénes son los afectados: Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, los profesionales objetores y los servicios de Ginecología públicos.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Un pulso administrativo entre el Ministerio y Madrid que condiciona dónde se practican las interrupciones.
