El Tribunal Constitucional tiene ya sobre la mesa los recursos de amparo que pueden desbloquear la amnistía de Puigdemont.
Los firmaron el expresidente catalán huido y otros condenados y procesados del procés contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley. El tribunal de garantías aborda estos días los primeros de esos recursos de amparo, la vía con la que cualquier persona pide protección cuando cree que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Si los estima, obligará al Supremo a amnistiarlos.
Qué decide el Constitucional y a quién desbloquea
La ley de amnistía se aprobó el 10 de junio de 2024. Veinte días después, la Sala de lo Penal del Supremo se negó a aplicarla a los principales organizadores del 1-O. Su argumento: los condenados por malversación habrían buscado un beneficio personal de carácter patrimonial, una de las excepciones que el propio texto dejaba fuera del perdón.
El resultado está a la vista. Los condenados siguen inhabilitados y los procesados siguen fuera de España, con una orden de busca y captura vigente. La norma está publicada en el BOE, pero para ellos no ha cambiado nada en dos años.
Dentro de la propia Sala la decisión no fue unánime. Seis de los siete magistrados la respaldaron; la única progresista, Ana Ferrer, firmó un voto particular muy duro. Sostenía que la interpretación razonable de la ley obligaba a amnistiar ese beneficio ligado al proyecto independentista, y que un juez no puede impedir con su lectura la vigencia de una norma.
El Constitucional ya avaló la ley y el Tribunal de Luxemburgo descartó que una secesión afecte a los fondos europeos.
El segundo atajo del Supremo para esquivar la ley
La Sala no se quedó ahí. El artículo 2 e) de la ley excluía del perdón los actos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea. Ninguno de los fondos malversados venía de Bruselas, pero los magistrados sostuvieron que una hipotética secesión de Cataluña reduciría la aportación española a las arcas comunitarias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desmontó ese razonamiento el pasado mes de julio.
Luxemburgo concluyó que los intereses financieros europeos no se ven afectados por una simple caída de la renta nacional bruta derivada de una secesión, y validó el objetivo de la ley: rebajar la tensión institucional. El Constitucional, por su parte, ha rechazado ya la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo y el recurso del PP, y avaló la norma salvo en detalles mínimos.
Fuentes del Constitucional citadas por infoLibre subrayan que su tarea no es aplicar la ley al caso concreto, sino decidir si es constitucional, y que acumulan 19 sentencias sobre la amnistía en un año. Las resoluciones previas apuntan a que los amparos saldrán adelante. El pulso sigue vivo: el instructor del procés, Pablo Llarena, ha vuelto a negarse hace unos días a levantar las órdenes de detención contra Puigdemont y otros procesados.
El precedente que anticipa el final
Este pulso no empezó con la decisión del Supremo. El Consejo General del Poder Judicial, caducado y prorrogado desde hacía cinco años, aprobó el 6 de noviembre de 2023 una declaración contra la ley cuando el Parlamento aún no había cerrado su contenido.
Ocho días después, decenas de jueces se concentraron con la toga puesta a las puertas de sus juzgados. Lo hicieron como jueces, no como ciudadanos, y la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia lo consideró contrario a la apariencia de imparcialidad que exige la ley.
Las lecturas siguen enfrentadas. Los críticos sostienen que la amnistía es una excepción difícil de encajar en el ordenamiento y que borra delitos de malversación. Los defensores del texto, y buena parte de la doctrina, responden que la ley salió del Parlamento, que el Constitucional ya la avaló y que un juez no puede dejar de aplicar una ley vigente porque no le guste.
Lo que decida el Constitucional en las próximas semanas cerrará el capítulo. Si estima los amparos, el Supremo tendrá que amnistiar a los condenados y retirar las órdenes de detención. Si los rechaza, la ley seguirá sin efecto para Puigdemont y el resto de procesados.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal Constitucional estudia los primeros recursos de amparo de Puigdemont y otros procesados contra el Supremo por no aplicarles la amnistía.
- Por qué te importa: Su decisión fija si una ley aprobada en el Parlamento se cumple y hasta dónde puede un tribunal reinterpretarla.
- A quién afecta: A los condenados y procesados del procés, que siguen inhabilitados o fuera de España, y al conjunto del Poder Judicial.
- Hacia dónde vamos: Se espera un fallo en las próximas semanas; si se estiman los amparos, el Supremo quedará obligado a amnistiarlos.
