La Xunta construirá 24 residencias de mayores en Galicia con 1.800 plazas, pero unas 700 quedarán en manos privadas. El plan reparte los centros por pueblos y ayuntamientos que hoy no tienen plazas públicas para personas dependientes.
Vamos por partes. El Gobierno gallego presenta la operación como una fórmula de colaboración público-privada: la administración pone el edificio y una empresa se encarga después de gestionarlo. De las 1.800 plazas anunciadas, la Xunta garantiza que al menos el 60% de las plazas será pública, es decir 1.080. Las otras, alrededor de 700, se cederán para su explotación privada.
Qué ha decidido la Xunta y cómo se reparten las plazas
Las 24 residencias se distribuirán por todo el territorio en pares. Cada pareja une un centro grande, de más de cien plazas, con otro más pequeño, el llamado satélite, situado en un ayuntamiento próximo para aprovechar recursos. La idea, según la Xunta de Galicia, es llevar plazas públicas a zonas que hasta ahora no tienen ninguna para dependientes de grados II y III.
El calendario depende ahora de los ayuntamientos. Los municipios elegidos, en su mayoría gobernados por el PP, tienen un mes para adherirse al plan y deberán ceder los terrenos en un plazo máximo de un año. Si no cumplen, la Xunta buscará otros emplazamientos. Aún no se conoce el mecanismo exacto de licitación de las obras ni de la gestión de cada centro.
Y aquí viene el detalle que genera dudas: las plazas de titularidad pública también podrían acabar gestionadas por empresas privadas. La Xunta ya lo hace con varios centros, con el argumento de que tiene presupuesto pero no personal para gestionarlos directamente.
La Xunta garantiza por escrito 1.080 plazas de titularidad pública, pero no que su gestión acabe en manos de la propia administración.
Galicia, a la cola de España en plazas para mayores
El problema de fondo es de tamaño. Galicia cuenta hoy con unas 25.000 plazas para mayores, lo que equivale a 3,4 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. La media estatal ronda las 4 y la Organización Mundial de la Salud recomienda 5. Eso deja a la comunidad en la parte baja de la tabla.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calcula que faltan unas 11.500 plazas solo para llegar al mínimo recomendado. Traducido: las 1.800 anunciadas cubren en torno a una décima parte de lo necesario.
Un aviso parecido llegó antes de la Valedora do Pobo, la defensora del pueblo gallega, que calificó de insuficientes las 900 plazas previstas en las siete ciudades. Es el mismo diagnóstico que ahora recibe el nuevo plan.
De las 900 plazas de 2017 a las 1.800 de ahora
El precedente más cercano se remonta a 2017. Entonces el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prometió una residencia nueva en cada una de las siete ciudades, 900 plazas públicas en total. Casi una década después, esos centros todavía se están ejecutando y su financiación llega de una donación de la Fundación Amancio Ortega. Además, la Consellería de Política Social va privatizando la gestión de los que entran en servicio.
Con ese historial, el debate está servido. La Xunta sostiene que el modelo público-privado es la vía más rápida para abrir plazas sin depender de personal propio. Los críticos responden que la titularidad pública no garantiza nada si la gestión se entrega a empresas, y reclaman más plantilla y más inversión directa.
Los siguientes pasos se verán en los próximos meses. Los ayuntamientos tienen un mes para decidir si se suman y un año para poner el suelo. Después llegarán las licitaciones, el punto donde se sabrá cuántos centros acaban en manos privadas.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Xunta ha anunciado 24 nuevas residencias de mayores en Galicia con 1.800 plazas, repartidas por pueblos y ayuntamientos pequeños.
- Por qué te importa: Unas 700 plazas se cederán a la explotación privada y las públicas también podrían acabar gestionadas por empresas.
- A quién afecta: A las personas mayores dependientes de grados II y III y a sus familias, sobre todo en zonas sin plazas públicas.
- Hacia dónde vamos: Los ayuntamientos tienen un mes para adherirse y un año para ceder el suelo; después llegarán las licitaciones.
