Las fuertes tormentas que esta semana han azotado el levante peninsular han bastado para devolver a miles de valencianos al peor momento de sus vidas: aquella terrible DANA de hace casi dos años. Calles anegadas en Torrent, el túnel de Aldaia inundado de nuevo, el barranco del Poyo crecido y un sonido en los móviles que muchos reconocieron con un escalofrío: el del ES-Alert.
En Paiporta y Aldaia, dos de las localidades más castigadas por la DANA de octubre de 2024, las lluvias acumularon más de 60 litros por metro cuadrado en una hora y dejaron un miedo que, según los vecinos, nunca se había marchado del todo. En Olivella, Barcelona, un conductor perdió la vida arrastrado por una riera.
Ninguno de estos episodios alcanzó la magnitud de la catástrofe del 29-O, que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. Pero han servido como un termómetro incómodo de cómo afronta España el arranque de un nuevo otoño, la estación que en el Mediterráneo trae consigo el mayor riesgo de lluvias torrenciales. Y lo que señala ese termómetro no es precisamente tranquilizador. El país llega a este otoño con varias carencias estructurales similares a las que convirtieron un fenómeno meteorológico extremo en la peor tragedia por causas naturales de las últimas décadas en nuestro país.
El sistema de alertas sigue generando desconfianza ante una DANA
La primera lección que dejó la DANA de 2024 fue que el sistema de alerta a la población falló de manera estrepitosa. El ES-Alert del 29 de octubre se envió a las 20:11 horas, casi trece horas después de que la AEMET declarara la alerta roja por lluvias extremas. Según la instrucción judicial de la magistrada de Catarroja, la mayoría de las víctimas mortales ya habían fallecido cuando el mensaje llegó a los teléfonos. Además, el texto del aviso instaba a la población a no salir de casa, sin advertir de que debía buscar zonas elevadas o subir a pisos superiores, una indicación que habría sido crucial para las decenas de personas mayores y con movilidad reducida que perecieron ahogadas en la planta baja de sus viviendas.
Hubo mejoras, eso es cierto. Cuando en septiembre de 2025 una nueva DANA amenazó la misma zona, el ES-Alert se envió con catorce horas de antelación respecto a la alerta roja y su contenido incluyó por primera vez la recomendación de buscar refugio en zonas altas. La diferencia fue notable y muchos expertos la valoraron positivamente.
Sin embargo, la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O ha denunciado esta semana que el aviso enviado durante las lluvias del martes llegó de nuevo con retraso, cuando las calles ya estaban anegadas y algunas personas habían quedado atrapadas en la Pista de Silla regresando del trabajo. La entidad criticó también que la Generalitat no suspendiera la actividad laboral durante la tarde, lo que obligó a miles de personas a desplazarse en pleno temporal.
Entonces, ¿es el sistema de alertas un mecanismo robusto y fiable o depende de la voluntad política y del criterio puntual de quien decide activarlo? El hecho de que la misma administración que en septiembre de 2025 alertó con antelación no haya sido capaz de hacerlo esta semana sugiere que la mejora no está consolidada como protocolo, sino que fluctúa según la presión pública del momento. Y eso, a las puertas de un otoño que todos los modelos climáticos señalan como potencialmente activo en el Mediterráneo, no resulta tranquilizador.
Obras que siguen en papel y un territorio sin proteger
El sistema de alertas, con todo, no es más que la última línea de defensa. Lo que verdaderamente determina el impacto de una riada sobre la población es la vulnerabilidad del territorio, y en este terreno el avance desde la DANA de 2024 ha sido mínimo.
Las obras de canalización y protección frente a inundaciones en el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento fue la causa directa de las inundaciones más mortíferas, llevan pendientes desde 2011. Numerosos expertos, sobre todo ingenieros hidráulicos, han coincidido en que, si esas actuaciones se hubieran ejecutado a tiempo, los daños personales y materiales se habrían reducido de forma significativa. El Gobierno central prometió en mayo de 2025 una inversión de 467 millones de euros en ocho nuevas actuaciones hidráulicas, incluyendo intervenciones en la cuenca del Poyo y de la Saleta, reforestación y restauración forestal, y el desvío de aguas por Aldaia. Sin embargo, cuando se cumplió el primer aniversario de la tragedia, en octubre de 2025, las obras seguían sin licitarse y sin presupuesto definido.
En septiembre de 2026, la situación no es muy distinta. La Generalitat anunció en abril la finalización de la primera fase de recuperación de infraestructuras municipales, centrada en la reparación de daños, y el inicio de una segunda orientada a proyectos de resiliencia como los parques inundables metropolitanos en las cuencas del Turia y del barranco del Poyo. Paiporta, que recibe casi nueve millones de euros del Plan EDIL-DANA para construir un nuevo puente sobre el barranco y crear una nueva conexión del núcleo urbano con el polígono industrial, es uno de los municipios con proyectos más avanzados. Pero las grandes actuaciones hidráulicas que deberían proteger a toda la comarca siguen en fase de proyecto, y la reconstrucción de la Generalitat apenas alcanza el 23 % de las actuaciones previstas, según los datos publicados por Valencia Plaza a principios de este mes.
Mientras tanto, la línea de Cercanías C3 sigue sin llegar a Utiel, con cinco estaciones fuera de servicio y un bus sustitutivo que no cubre la demanda, y la red de alcantarillado de muchos municipios continúa presentando graves deficiencias que provocan que se sature con precipitaciones moderadas.
Pero la lección más inquietante no es la lentitud de las obras, sino la dirección que ha tomado la política urbanística. La derogación de la ley de protección de la huerta valenciana, impulsada por el PP con el apoyo de Vox tras la DANA, fue denunciada por las organizaciones ecologistas como un paso en sentido contrario al que exige la realidad. El suelo agrícola cumple una función esencial de drenaje y laminación del agua que el asfalto elimina por completo. Los municipios del área metropolitana de Valencia, construidos en antiguos terrenos de huerta, fueron creciendo sobre suelo sellado que actúa como una lámina impermeable ante las crecidas. Lejos de frenar esa dinámica, la derogación de la ley ha abierto la puerta a nuevos desarrollos urbanísticos en zonas que la cartografía oficial sigue clasificando como inundables.
El catedrático Jorge Olcina, de la Universidad de Alicante, ha asegurado que será necesaria una ordenación y planificación urbanística sensata, racional y que tenga en cuenta las zonas inundables, porque "si algo nos ha enseñado lo ocurrido es que, por encima de todo, habrá que salvar vidas humanas, y estamos viendo que no lo hemos hecho". Desde 2015 la Ley del Suelo limita la ocupación de espacios con alto riesgo de inundación, pero el problema es lo que ya está construido y los proyectos aprobados antes de la crisis inmobiliaria que ahora se intentan reactivar.
Bomberos sin medios, víctimas sin casa y un otoño por delante
Los servicios de emergencia, la pieza del sistema que debe funcionar cuando todo lo demás falla, también llegan a este otoño en condiciones precarias. Una de las primeras decisiones del expresident Carlos Mazón al acceder al cargo fue desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un cuerpo único creado para coordinar a los siete consorcios de bomberos de la Comunitat Valenciana.
Durante el verano de 2025, los bomberos del consorcio de la Diputación de Valencia realizaron una huelga de celo que dejó al descubierto la dimensión del problema: uno de cada cinco parques no podía abrir por falta de plantilla. A la escasez de personal se sumaba un equipamiento anticuado y sin reponer tras los daños sufridos durante la catástrofe. Un miembro de la Junta de Personal del consorcio lo resumió entonces sin ambigüedades: "Volvería a pasar lo mismo".
Asimismo, los voluntarios que trabajaron durante meses en la zona cero relatan que en Paiporta, Picanya y otros municipios siguen activas asociaciones que reparten comida y ropa a familias vulnerables. Hay personas mayores que aún no han podido regresar a sus viviendas. El caso de una pareja de ancianos de Paiporta, él de 92 años y ciego, rescatados por la terraza el día de la riada, ilustra la magnitud del abandono: llevan casi dos años sin poder entrar en su casa, una vivienda verde manzana junto al barranco del Poyo apuntalada por los bomberos y pendiente de una demolición parcial que se demora y unas obras de reconstrucción que no arrancan.
La desconfianza hacia las instituciones se ha convertido en una constante entre los afectados. La asociación de víctimas ha revelado que un grupo de WhatsApp funciona como red de apoyo entre los vecinos ante la falta de confianza en las autoridades autonómicas. En el plano político, la debilidad de Carlos Mazón tras su gestión de la DANA le llevó a un pacto con Vox que, entre otras cosas, ha incorporado el negacionismo climático al discurso del Gobierno valenciano, lo que dificulta todavía más cualquier política seria de adaptación al cambio climático.
El programa escolar Dona el PAS, presentado por la Generalitat poco antes del primer aniversario de la tragedia para fomentar la cultura de autoprotección ante riesgos naturales desde edades tempranas, es una de las pocas iniciativas nuevas en materia de prevención. Su impacto, no obstante, es aún imposible de valorar.
Lo que nos queda claro es que España afronta este otoño con un contexto de emergencia climática que, según todos los informes científicos, hará que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes e intensos en el arco mediterráneo. Lo ocurrido esta semana, sin llegar a la dimensión del 29-O, ha demostrado que la vulnerabilidad del territorio valenciano sigue existiendo.
