La lista de espera de Madrid vuelve al foco: una investigación periodística apunta a órdenes internas en el Hospital Ramón y Cajal. La Comunidad admite que las prioridades de 57 pacientes de traumatología se alteraron, aunque sostiene que el responsable es uno de los médicos que denunció los hechos.
¿Qué ha pasado en el Ramón y Cajal?
Los cambios se produjeron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025, según los documentos que el cirujano Luis Alberto Martos ha compartido con EL PAÍS. 57 pacientes con cirugía prioritaria pasaron a la vía ordinaria: los casos preferentes deben operarse en menos de 90 días y los ordinarios, en menos de 180, así que su espera se duplicaba.
Las anotaciones del servicio de admisión recogen quién dio la orden. Los registros internos citan al jefe de servicio y al director médico, con mensajes como 'cambio prioridad p.i. (por indicación) Dr. De la Torre' o 'cambio prioridad p.o. (por orden) de traumatología y dirección médica'.
En los correos aparece también la respuesta del jefe de servicio a otra cirujana del centro, Susana Alonso, que se quejó por escrito el 14 de marzo de 2025. El responsable admitió los cambios de prioridad y aludió al compromiso del hospital con la Consejería de Sanidad: operar a los casos preferentes en 90 días.
Su indicación fue que se evitara anotar a los pacientes como preferentes siempre que fuera posible, algo que, según la información publicada, permitía retrasar la operación sin reflejar la prioridad real. Sobre el episodio planea un posible motivo económico: los jefes de servicio reciben incentivos si cumplen objetivos de productividad, según se deduce de uno de los correos.
¿Qué dicen las partes y a quién afecta?
La versión del Gobierno regional es distinta. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que fue el propio denunciante quien manipuló la gravedad de 57 pacientes 'para trabajar menos'. El Ejecutivo autonómico apunta al médico que denunció los cambios, mientras la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, difundía el vídeo con el mensaje: 'El bulo del día contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid'.
La Comunidad reconoce que las prioridades se manipularon en el Ramón y Cajal, pero apunta al médico que destapó los cambios y no a sus superiores.
La investigación, sin embargo, no ha concluido. Los correos, las capturas del sistema, y las anotaciones internas sitúan el origen de las órdenes en el jefe de servicio y en el director médico.
El cirujano, uno de los cuatro médicos que denunciaron las irregularidades y el único que ha dado la cara, asegura que no ha sido entrevistado en el procedimiento. La consejera ha aludido a un episodio previo con el vehículo de su jefe; él sostiene que fue absuelto y ha aportado dos sentencias que lo acreditan.
Su pareja, la cirujana Susana Alonso, ha decidido dar la cara después de que la Consejería aludiera al parentesco de uno de los médicos que respaldaban la denuncia. 'Sí, soy su mujer desde 2022. Pero eso no implica nada. Soy cirujana del Ramón y Cajal desde 2003', ha explicado.
El pulso político, mientras, sigue subiendo de tono.
La presidenta regional ha criticado a la izquierda por dar lecciones sobre las listas de espera y ha insistido en que era el denunciante quien manipulaba los datos, según recoge Europa Press. La consejera, por su parte, ha arremetido contra la ministra de Sanidad y ha enmarcado el asunto como un ataque al Ejecutivo autonómico.
El caso ha derivado en un cruce de acusaciones entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, mientras las explicaciones sobre lo ocurrido dependen de un procedimiento que sigue abierto.
Qué viene ahora para los pacientes
En la sanidad pública, la prioridad fija el plazo máximo para operarse. Un paciente preferente debe pasar por quirófano en menos de 90 días; uno ordinario puede esperar hasta 180. Para el paciente, la diferencia es de meses.
Las quejas internas llegaron en la primavera de 2025 y el procedimiento abierto entonces sigue sin concluir. Esta semana, el jefe de servicio señalado ha comparecido ante Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, con Martos como testigo. El protocolo por conflictos internos se activó en abril y mayo del año pasado, a petición de los propios responsables, y todavía no ha terminado.
Quedan varias incógnitas: si el procedimiento acaba señalando responsabilidades y si se corrigen las prioridades de los pacientes afectados.
El caso sigue vivo.
Las próximas semanas serán determinantes para saber qué ocurre con las responsabilidades y con los pacientes afectados.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: La Comunidad admite que se alteraron las prioridades de 57 pacientes en el Ramón y Cajal.
- 👥 Quiénes son los afectados: Los pacientes de traumatología perjudicados y, de fondo, los usuarios de la sanidad madrileña.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: La investigación interna sigue abierta y podría revisarse la prioridad de los afectados.
