El expediente del ático que el Gobierno de Ayuso compró en Chamberí por 6,3 millones ya está en el juzgado. Una jueza ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar las denuncias presentadas.
La documentación supera las 200 páginas: acuerdo de confidencialidad, tasación, memorias justificativas, contrato de alquiler y hasta la rescisión de todo lo anterior. Lo que no figura en ninguna parte es quién decidió comprar ese piso ni por qué. Eso sí, los papeles contradicen la versión oficial de los últimos meses.
Las cifras: 6,3 millones de compra y 3.000 euros al mes de alquiler
Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad, compró el inmueble con la inmobiliaria Promora como intermediaria. Se pagaron 6,3 millones de euros, según la documentación hecha pública. A esa cifra se suman 378.000 euros del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y otros gastos notariales, registrales y de gestión que elevan el desembolso por encima de los 381.000 euros.
El plan no terminaba en la compra. La Comunidad pretendía alquilar el ático a partir del 1 de agosto por 3.000 euros al mes y una duración inicial de diez años. El contrato incluía 15 meses de carencia, de modo que la primera mensualidad no llegaría hasta noviembre de 2027. En total, 315.000 euros por un arrendamiento que, según los papeles, está por debajo del mercado de la zona.
Todo arrancó con un acuerdo de confidencialidad firmado el 3 de febrero de 2026, con diez años de vigencia hasta febrero de 2036. La Comunidad lo exigió a la parte vendedora antes incluso de visitar el piso. La compra se cerró dos meses después, en abril.
El expediente se abre con un pacto de confidencialidad de diez años y no aclara quién ordenó la compra del ático.
El uso 'institucional residencial' que contradice la versión oficial
La memoria que la Comunidad elaboró para justificar el alquiler describe el inmueble como de uso institucional de carácter residencial. Traducido: un piso reservado para que las autoridades se alojen o descansen en visitas oficiales. El documento alega 'razones operativas, de seguridad y de representación institucional' y detalla una zona de trabajo y otra de descanso.
El asunto es que esa descripción, según elDiario.es, no encaja con las explicaciones oficiales que la presidenta madrileña y su equipo dieron durante meses. La memoria menciona de forma expresa un 'inmueble institucional de carácter residencial' para justificar la operación.
La propia Interventora dejó constancia de sus dudas. Aprobó el 27 de julio la fiscalización del gasto y permitió seguir con la tramitación, pero anotó varias deficiencias. Entre ellas, que la Dirección General de Patrimonio citaba un informe que a ella no le habían aportado y que el análisis de necesidad, idoneidad y costes se quedó en una simple descripción del inmueble.
Qué pasa ahora: de la Fiscalía al control de las cuentas
Esa pregunta es solo el primer paso de un recorrido largo. Cuando llega una denuncia, el juzgado comprueba si es el órgano competente o si el asunto corresponde a otra instancia. Lo que responda el ministerio público marcará el siguiente movimiento: abrir una investigación o archivar el caso.
En paralelo se abre la vía del control externo. La Cámara de Cuentas de Madrid es el organismo autonómico que fiscaliza el gasto público, y sus informes suelen publicarse con meses de retraso. Las advertencias no paralizan el contrato, pero dejan rastro.
La Comunidad defiende la operación con el argumento de la seguridad y la representación institucional que recoge la memoria. El propio texto sostiene que disponer de un inmueble residencial para autoridades es una práctica habitual en administraciones estatales, autonómicas y locales. Lo que sigue sin respuesta, y ahí está el núcleo, es quién autorizó la compra y con qué criterios se eligió ese piso. Las próximas semanas son clave: la respuesta de la Fiscalía y cualquier documento nuevo condicionarán el futuro del expediente.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Una jueza pregunta a la Fiscalía si puede investigar las denuncias sobre la compra del ático de Chamberí por 6,3 millones.
- Por qué te importa: Se trata de dinero público: más de 381.000 euros en gastos e impuestos y un alquiler de 3.000 euros al mes durante diez años.
- A quién afecta: A los contribuyentes madrileños y al Gobierno de la Comunidad, que defiende la operación por seguridad y representación institucional.
- Hacia dónde vamos: El caso depende de la respuesta de la Fiscalía y del control de la Cámara de Cuentas; el expediente no aclara aún quién ordenó la compra.
