El calendario escolar 2026-2027 arranca esta semana con la ya famosa 'vuelta al cole', y lo hace envuelto en un clima de tensión poco habitual incluso para un país acostumbrado a las disputas educativas. Madrid será la primera comunidad en abrir sus puertas, el 7 de septiembre, para el alumnado de Infantil y Primaria. La mayoría de los territorios se sumará el día 8, y comunidades como Galicia, Asturias, La Rioja, Valencia, Canarias y Castilla y León retrasarán el inicio hasta el 9. Baleares y Extremadura cerrarán la incorporación el día 10.
Son más de ocho millones de alumnos, pero este año serán unos 80.000 menos que el curso anterior. La caída responde al invierno demográfico, esa bajada sostenida de la natalidad que lleva años reduciendo el número de alumnos y que ya obliga a reorganizar plantillas y cerrar líneas en decenas de centros. Un dato que, lejos de aliviar los problemas estructurales de la educación española, los deja más a la vista.
Porque la vuelta al cole de 2026 llega con varios frentes abiertos al mismo tiempo. El profesorado ha acumulado durante meses un malestar que desemboca ahora en huelgas y movilizaciones repartidas por todo el territorio. En Cataluña, el sindicato Ustec ha convocado un paro para el 8 de septiembre, justo el primer día lectivo, con el objetivo de reclamar que la inversión pública en educación alcance el 6% del PIB.
En Madrid, CCOO y UGT han anunciado una huelga indefinida del profesorado y del personal de la educación pública a partir del 14 de octubre si no se alcanza antes un acuerdo con la Consejería de Educación. CSIF, por su parte, ha fijado una primera concentración ante el Ministerio de Educación para el 16 de septiembre.
La lista no termina ahí... En la Comunidad Valenciana habrá manifestaciones el 12 de septiembre, Andalucía tiene previsto un paro el 11 de noviembre, y los docentes de Cantabria y Baleares también amenazan con movilizaciones. En Galicia, donde el curso pasado se cerró con una multitudinaria protesta ante la Consellería de Educación, la CIG-Ensino denuncia que muchos centros han tenido que eliminar parte de su oferta de FP y optativas de Bachillerato por falta de profesorado. Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, ha advertido que este curso se inicia con un clima reivindicativo especialmente intenso en los centros y la comunidad educativa.
Lo que vertebra las protestas es, en el fondo, lo mismo. El Estatuto Docente, la norma que debería regular de manera estable las competencias, derechos y condiciones laborales del profesorado, sigue sin aprobarse. Francisco Venzalá, presidente de ANPE, ha señalado que existen parches sueltos que podrían formar parte de un Estatuto, pero que no hay nada cerrado.
Un laberinto de reformas educativas que no llegan a tiempo
Pero pongámoslo todo en contexto, ya que el Gobierno ha definido esta legislatura como la del profesorado y ha puesto en marcha algunos movimientos. El Consejo de Ministros aprobó en abril el proyecto de ley que reduce las ratios máximas de alumnos por aula y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes. La norma establece un máximo de 22 alumnos en Primaria frente a los 25 actuales y de 25 en la ESO frente a los 30 vigentes, y limita la carga lectiva a 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y a 18 en el resto de enseñanzas. En junio, el texto superó las enmiendas a la totalidad en el Congreso, con el voto favorable del PP y de Vox, y continúa su tramitación parlamentaria.
Pero el calendario de aplicación previsto es largo. Las nuevas ratios no empezarían a implantarse hasta el curso 2027-2028 en Infantil y Primaria, un año después en Secundaria y hasta 2029-2030 en Bachillerato, con plena aplicación en 2031-2032. Los sindicatos lo consideran demasiado lento, y el contexto político no ayuda. Este curso se solapa con la recta final de la legislatura y con las elecciones autonómicas y municipales de 2027, lo que alimenta el temor de que las reformas pendientes queden condicionadas por los pactos electorales y no por las necesidades reales del sistema.
En cuanto a la escuela concertada, FSIE ha iniciado una campaña de movilizaciones en toda España para denunciar que el proyecto de ley de reducción de carga lectiva excluye a los trabajadores de la enseñanza concertada sostenida con fondos públicos. El sindicato habla de una infrafinanciación estructural que perjudica a los centros, a sus profesionales y a la calidad educativa, y reclama la activación de los grupos de trabajo para calcular el coste real del puesto escolar. Su lema lo dice todo: mismo trabajo, mismos derechos.
Asimismo, los docentes no olvidan el tema del calor en las aulas durante este verano. La ola de calor de mayo de 2026 obligó a cerrar dos colegios públicos en Asturias, y en Aragón la CGT ha denunciado mediciones de hasta 37 grados en al menos 45 espacios educativos. En Madrid, CCOO ha registrado temperaturas por encima de 30 grados desde primera hora en centros de la capital y localidades del sur. El Ministerio trabaja en una reforma del real decreto de requisitos mínimos de los centros que incorporará criterios de confort térmico y adaptación al cambio climático, pero los sindicatos critican que la propuesta no incluya una partida económica específica. La legislación laboral exige mantener las oficinas entre 17 y 27 grados, y la normativa de bienestar animal fija el confort térmico en las explotaciones ganaderas, pero las aulas españolas siguen sin una regulación equivalente.
A este escenario se añade la publicación, prevista para este 8 de septiembre, de los resultados de las pruebas PISA 2025. La evaluación internacional llega con una novedad incómoda. La OCDE ha declarado inválidos los datos de Cataluña después de que un 23,2% del alumnado seleccionado para las pruebas fuera excluido, muy por encima del límite del 5% que fija el organismo. De los 2.545 alumnos de 15 años que debían participar, 591 quedaron fuera. Los resultados aparecerán en el informe estatal con una advertencia técnica, pero no serán comparables ni con otras comunidades ni con ediciones anteriores.
El caso ha sido calificado de vergonzoso en el ámbito educativo, además de reabrir el debate sobre la fiabilidad de las evaluaciones autonómicas y llegar justo cuando Cataluña necesitaba comprobar si las medidas adoptadas tras los malos resultados de 2022 estaban dando fruto.
El gasto de las familias con la vuelta al cole
Asimismo, si el panorama laboral y normativo es complejo, el económico no se queda atrás, vaya. Según la encuesta anual de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el coste medio por hijo para el curso 2026-2027 asciende a 2.484 euros, la cifra más alta registrada.
Eso sí, la brecha entre tipos de centro sigue siendo enorme y, por tanto, hay que tenerla en cuenta. Las familias con hijos en la enseñanza pública prevén un gasto de 1.294 euros a lo largo del curso. En la concertada, la cifra sube a 3.450 euros. En la privada, se dispara hasta 8.761 euros anuales, casi siete veces más que en la pública. La diferencia se explica sobre todo por las matrículas y las cuotas mensuales, que prácticamente no existen en los centros públicos.
Por comunidades autónomas, Madrid encabeza el gasto con 3.512 euros de media por alumno, seguida de Cataluña con 2.994, la Comunidad Valenciana con 2.190 y Andalucía con 2.007. En el otro extremo, Castilla y León y Castilla-La Mancha se sitúan por debajo de los 1.550 euros. La OCU ha propuesto que se implanten deducciones fiscales por gastos educativos en aquellas comunidades que todavía no las ofrecen, una medida que, además de aliviar la carga de las familia a través de ayudas, podría contribuir a frenar la caída de la natalidad.
Para aportar más datos sobre la tendencia, un análisis de Idealo cifra el incremento acumulado desde 2022 en un 18 %, impulsado por la subida de precios en libros de texto, material escolar y dispositivos tecnológicos. Y es que la vuelta al cole se ha convertido en el segundo mayor pico de gasto anual para los hogares españoles, solo por detrás de la Navidad. El Observatorio Cetelem sitúa el gasto medio por familia en 478 euros y confirma que el 68 % de ese desembolso se destina a la compra de ropa, una partida que muchos padres intentan contener buscando prendas que combinen calidad y precio accesible.
La vuelta al cole es el segundo mayor gasto anual para las familias, solo por detrás de la Navidad
Para amortiguar el golpe, las familias recurren cada vez más a la planificación anticipada y a la segunda mano. Según una encuesta de Milanuncios y Appinio, el 56 % de los españoles prevé comprar material escolar de segunda mano este curso, y Wallapop estima en 193 euros el ahorro medio posible con productos reutilizados. Las asociaciones de consumidores insisten en repasar lo que se conserva del curso anterior, comparar precios en varios establecimientos, revisar los programas autonómicos de libros gratuitos y no concentrar todas las compras en un mismo comercio.
La Asociación Española de Consumidores ha pedido a los centros educativos contención para no encarecer la vuelta al cole con peticiones de materiales que apenas se utilizan, y CONSUMUR recuerda que los colegios no pueden imponer el establecimiento donde adquirir libros, uniformes o material. Las excursiones, viajes y actividades escolares, por su parte, ya suponen una media de 176 euros por alumno, no tanto porque los centros organicen más salidas, sino porque el transporte, las entradas y las propias actividades se han encarecido.
Todo ello dibuja un arranque de curso en el que las familias afrontan una factura récord, los docentes salen a la calle reclamando las mejoras prometidas y las reformas avanzan a un ritmo que no convence a casi nadie. ANPE y CSIF advierten de que, sin un pacto de Estado educativo, la educación seguirá pendiente del tablero político. A partir de hoy, millones de alumnos volverán a sentarse en sus pupitres con todos estos asuntos todavía pendientes.
