Más de 800 inmuebles públicos están vacíos en España, 63 en Cataluña. ERC ha registrado en el Congreso una petición para que el Gobierno los ceda a vivienda pública.
La propuesta, presentada por la diputada Etna Estrems Fayos el pasado 21 de julio, pide dos cosas: que el Ejecutivo publique el inventario completo de inmuebles vacíos de la Administración General del Estado en Cataluña y que esos edificios pasen a manos de la vivienda pública.
Según los datos que reveló El Periódico, el Estado acumula más de 800 inmuebles sin uso o infrautilizados en toda España, 63 de ellos en territorio catalán. La petición se registró días después de publicarse esa información.
Qué pide exactamente ERC
ERC no se limita a pedir un número. Quiere que el Gobierno detalle cuántos inmuebles de la Administración General del Estado están vacíos en Cataluña, dónde se ubican y en qué condiciones se encuentran.
El objetivo, según la petición, es que ese parque público sin uso pase a estar disponible para vivienda. La demanda llega con los precios del alquiler disparados en las principales ciudades catalanas, un contexto que convierte cualquier oferta adicional en una cuestión sensible para miles de inquilinos.
La Administración General del Estado reúne inmuebles de ministerios, empresas públicas y organismos oficiales. No todos tienen un uso residencial sencillo ni inmediato, así que una cesión real exigiría estudios técnicos, financiación para rehabilitar cada edificio y un acuerdo entre administraciones.
La petición reclama convertir edificios públicos vacíos en vivienda pública, pero de momento es solo un primer trámite parlamentario.
Por qué importa hablar de 63 inmuebles
Un edificio vacío no es una vivienda lista para entrar. Sin embargo, cada inmueble de titularidad pública en desuso es un activo que no está cumpliendo una función social en un mercado tensionado.
La vivienda pública disponible no crece al ritmo de la demanda, y mientras tanto los alquileres marcan récords en buena parte del país. En ese escenario, 63 inmuebles vacíos en Cataluña no resuelven la crisis, pero abren la puerta a una discusión sobre el uso del patrimonio del Estado.
En ciudades con el mercado del alquiler más tensionado, cualquier edificio público que pueda sumar oferta social se observa con atención, aunque todavía no haya un plan cerrado.
De la petición a la decisión: qué pasará ahora
El registro de una petición ante la Mesa del Congreso no obliga al Gobierno a ceder los inmuebles de forma automática. Primero, la Cámara tiene que admitir a trámite la solicitud y, después, el Ejecutivo debería responder con el inventario requerido.
La iniciativa de ERC pone encima de la mesa un debate de fondo: quién debe decidir sobre los inmuebles públicos sin uso y con qué criterios se ceden a las administraciones que gestionan vivienda. Quienes defienden la propuesta sostienen que es una vía rápida para ampliar el parque público; quienes se muestran más escépticos piden no confundir un censo de edificios con una política de vivienda completa.
El precedente más citado es el de los convenios firmados en los últimos años con la Sareb, la sociedad gestora de activos procedentes de la banca rescatada, para movilizar viviendas hacia el alquiler social. El recorrido de esas operaciones demuestra que firmar un acuerdo no es disponer de pisos al día siguiente: la rehabilitación y la entrega efectiva suelen alargarse.
La petición llega sin una respuesta previa del Gobierno. Hasta ahora, la única información disponible es la que publicó el diario, y el Ejecutivo no ha detallado cuántos de esos inmuebles podrían ser aptos para vivienda ni cuántos tiene previsto movilizar.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: ERC ha pedido al Gobierno que revele los inmuebles vacíos de la Administración General del Estado en Cataluña y los ceda a vivienda pública.
- Por qué te importa: El Estado acumula más de 800 inmuebles sin uso en España, 63 en Cataluña, en plena crisis del alquiler.
- A quién afecta: A inquilinos y solicitantes de vivienda pública, así como a ayuntamientos y a la Generalitat.
- Hacia dónde vamos: La Mesa del Congreso debe tramitar la petición y el Gobierno podría responder con el inventario solicitado.
