El ministro Marlaska ha elevado una queja formal al CGPJ por la actuación de la jueza del caso Ceuta. La respuesta de Isabel Perelló no ha tardado y defiende la independencia judicial.
El ministro Fernando Grande-Marlaska ha escrito este jueves a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, para trasladar su 'preocupación' por una decisión de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón: prohibir a los agentes comisionados para investigar el asalto a la frontera de Ceuta que informaran a sus superiores.
La magistrada adoptó esa orden de sigilo el mismo 31 de julio. El Ejecutivo no vinculó la crisis a la Ley de Seguridad Nacional hasta el nombramiento del mando único, el 25 de agosto.
El ministro afirma que respeta 'escrupulosamente' la independencia judicial y la dependencia de la policía judicial de jueces y fiscales. Sin embargo, sostiene que en una crisis declarada de interés para la seguridad nacional no debería ser incompatible atender al juzgado y, a la vez, informar a los responsables políticos de las circunstancias relevantes.
La queja de Marlaska, explicada
Su carta al Consejo no pide abrir un expediente a la magistrada, solo dejar constancia de su inquietud por el control de la policía judicial. Recuerda, además, que antes de ser ministro fue juez de carrera en la Audiencia Nacional y vocal del propio CGPJ, un detalle que Perelló utiliza en su respuesta.
La crisis de fondo es la investigación del salto a la valla de Ceuta de los días 30 y 31 de julio. La jueza Tardón encomendó al CENIF, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, la práctica de diligencias y le exigió sigilo hacia sus superiores, incluso dentro de la Policía Nacional.
La jueza impuso sigilo a la Policía en plena crisis y el CGPJ responde que no puede censurar esa decisión.
La respuesta de Perelló: por qué el Consejo no puede intervenir
Isabel Perelló ha contestado con otra misiva en la que recuerda que el CGPJ tiene vedado por ley aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales, tal y como establecen los artículos 12.3 y 176.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces no puede interferir en las decisiones de un juzgado.
Además, la presidenta aclara que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 'cualquiera que sea su naturaleza y dependencia'. Por eso, sostiene, una vez que la jueza comisiona al CENIF, sus agentes actúan como policía judicial y deben lealtad al juzgado.
El cierre de Perelló comparte la gravedad de la crisis y afirma que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, 'por las que todos debemos mostrar el máximo respeto'. No hay reproche al ministro, pero tampoco margen para que el Consejo condicione a la jueza.
Un pulso ya visto y lo que conviene seguir
El cruce de cartas se produce después de que Interior pidiera explicaciones al director de la Policía Nacional tras conocer por la prensa un informe del CENIF que apunta a responsabilidades de Marruecos en el asalto. Desde el ministerio se ha negado que ese documento atribuya directamente a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos el ataque, lo que alimenta la disputa sobre quién controla la información policial.
Conviene leer la escena con perspectiva. El propio Marlaska fue vocal del CGPJ y conoce las limitaciones del órgano; su carta, por tanto, no busca una resolución disciplinaria, sino dejar constancia de su posición. En el lado judicial, la respuesta de Perelló fija un límite: ni el Gobierno ni el Consejo pueden dirigir una investigación judicial, y la policía comisionada por un juez no informa a la cadena de mando del Ministerio.
Hacia delante, la pelota seguirá en el juzgado de la Audiencia Nacional, que mantiene por ahora el deber de sigilo para los agentes. Habrá que seguir si el ministerio traslada su queja a otras instancias, si el CENIF entrega nuevos informes y si el Congreso recupera el debate sobre el control de la policía judicial.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Marlaska ha enviado una carta al CGPJ por la decisión de la jueza Tardón de impedir que la Policía informara a sus superiores; Perelló ha contestado que el Consejo no puede censurar actuaciones judiciales.
- Por qué te importa: La disputa define quién controla a la policía judicial en una crisis de seguridad nacional y cómo se protege la independencia de la investigación.
- A quién afecta: A la cadena de mando de la Policía Nacional, a los agentes comisionados por la Audiencia Nacional y al Ministerio del Interior.
- Hacia dónde vamos: La investigación en la Audiencia Nacional mantiene el sigilo y habrá que ver si el Gobierno busca otras vías para marcar posición.
