La reforma de la ley de dependencia de 2026 ha superado su primer trámite en el Senado. El pleno votará el texto el 9 de septiembre.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aprobó el dictamen el jueves 3 de septiembre con 17 votos a favor del PP y 15 abstenciones del resto de grupos. En total se han presentado 150 enmiendas al texto.
La tramitación continúa en la Cámara Alta. Si el pleno introduce cambios, la norma deberá regresar al Congreso para su aprobación definitiva.
¿Qué incluye la reforma y cuánto dinero aporta?
A partir de ahora, la norma amplía derechos, servicios y prestaciones, y reduce burocracia para las personas con dependencia y discapacidad. La financiación adicional asciende a 6.200 millones de euros para 2026 y 2027, una cantidad que duplica las cuantías que el Estado abona cada mes a las comunidades autónomas.
El texto también busca blindar por ley que la inversión estatal en dependencia alcance el 50 % del total. Este blindaje es una de las claves de la reforma, según el dictamen aprobado en la Cámara Alta.
Entre las principales enmiendas del PP figuran la equiparación de rebajas fiscales para el mismo grado de dependencia o discapacidad y la reducción del IVA al 4 % en la adaptación de viviendas y vehículos. También se incluye el mantenimiento del permiso por cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave más allá de los 26 años cuando persistan la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos.
La financiación de 6.200 millones duplica las transferencias mensuales del Estado a las comunidades autónomas, según el dictamen aprobado.
¿Cómo afecta a las personas con dependencia?
El objetivo principal es que una misma situación de dependencia no dependa de un código postal. La reforma permitiría compatibilizar prestaciones y servicios y reforzaría la libertad de elección entre una prestación económica o un servicio, según el texto remitido por el Congreso.
Por parte socialista, la formación ha presentado dos enmiendas de carácter técnico jurídico para mejorar la claridad de la norma y la accesibilidad en el ámbito audiovisual. La senadora Marta Arocha ha defendido que la ampliación de financiación permitirá hacer realidad las nuevas prestaciones.
Junts ha reclamado la jubilación anticipada para cuidadores principales de personas en situación de gran dependencia y más protección para quienes conviven con ELA u otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Vox, por su parte, ha pedido eliminar referencias de identidad sexual o de perspectiva de género y garantizar la igualdad entre españoles con independencia del territorio.
Una misma situación de dependencia no puede tener consecuencias diferentes según el código postal, ha señalado el senador de Vox Javier Valentín Alonso.
El contexto: veinte años después, la clave es la financiación
La última ley de dependencia de referencia se aprobó en 2006. Veinte años después, el debate vuelve a centrarse en la financiación y en la desigualdad territorial, según las posturas recogidas durante la tramitación.
Las 150 enmiendas se reparten en una pluralidad política amplia: 45 del PP, 40 de Junts, 21 de Esquerra Republicana, una veintena de Vox, 13 del Grupo Vasco, una decena del BNG y dos del PSOE. La norma llegó al Senado tras aprobarse en julio en el Congreso con la abstención de PP y Vox.
Desde el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, el senador Josep María Reniu ha subrayado la necesidad de poner remedio a los problemas derivados de la ley dos décadas después. El Grupo Vasco ha insistido en que sus enmiendas responden a necesidades reales de los colectivos.
El pleno del Senado del 9 de septiembre será la próxima prueba. Si introduce cambios, el texto volverá al Congreso para su aprobación definitiva.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El Senado aprueba el dictamen de la reforma de dependencia y discapacidad.
- 👥 Quiénes son los afectados: Personas con dependencia, discapacidad y sus familias o cuidadores.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Más financiación y derechos si el Congreso ratifica el texto final.
