La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha estrenado su mandato con una instrucción que toca de lleno uno de los procesos judiciales más mediáticos del año: el que sentará en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Y lo ha hecho apenas tres semanas después de que la Audiencia de Madrid confirmara que será juzgada por un tribunal del jurado por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La decisión afecta a la organización de la Fiscalía en todos los casos con jurado, pero su coincidencia temporal con el 'caso Begoña Gómez' —el más seguido del año— la convierte en una medida de alto voltaje político y ciudadano.
Qué dice exactamente la Instrucción 1/2026
El documento, firmado el pasado 30 de julio, crea una red nacional de fiscales especialistas en procedimientos ante el tribunal del jurado y designa a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía —dependiente directamente de Peramato— como el órgano encargado de resolver dudas jurídicas y hacer observaciones en aquellos casos de “especial relevancia”.
La propia instrucción subraya que esas observaciones tendrán “carácter no vinculante” y se limitarán a aspectos procesales, sin que puedan entenderse como un visado superior ni una orden. Además, no se establece la obligación de informar de forma automática a la Secretaría Técnica: solo se abrirá un “expediente de seguimiento” cuando los fiscales planteen cuestiones jurídicas o la jefatura del órgano comunique un asunto relevante.
En la práctica, la red funcionará con un fiscal de enlace en cada fiscalía territorial, y será cada departamento el que decida cuántos especialistas destina en función de su carga de trabajo. La idea no es nueva: el antecesor de Peramato, Álvaro García Ortiz, ya la planteó en septiembre de 2025 durante una reunión de coordinación, pero permaneció sin publicar hasta ahora.
Por qué la sombra del 'caso Begoña Gómez' es inevitable
La instrucción llega cuando el procedimiento contra la mujer del presidente ya está encarrilado hacia el juicio oral. El 16 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid mantuvo la decisión del juez Juan Carlos Peinado de juzgarla con jurado y limitó los delitos a tráfico de influencias y malversación. Las acusaciones populares rebajaron después a 13 años la petición inicial de 24 años de prisión, mientras que la Fiscalía Provincial de Madrid y las defensas piden la absolución.
Para Begoña Gómez, el tráfico de influencias se concreta en la supuesta presión moral ejercida sobre la Universidad Complutense para crear una cátedra y nombrarla directora, permitiéndole sufragar con fondos públicos un proyecto de 'software' de uso personal. La malversación se extiende tanto a ese desarrollo como a las tareas que habría encomendado a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, también investigada.
Aunque la instrucción se aplica a cualquier procedimiento con jurado, su publicación en pleno verano y a escasas semanas de la confirmación judicial del juicio ha levantado suspicacias. Fuentes de la carrera fiscal recuerdan que la red ya era necesaria por la complejidad de estos procesos, pero el contexto hace que el movimiento sea leído en clave política.
¿Nace una especialidad o es un traje a medida?
Cuando García Ortiz presentó la iniciativa en 2025, la definió como “el germen de lo que luego puede acabar convirtiéndose en una especialidad”. Sin embargo, la Fiscalía aún no cuenta con un fiscal de Sala dedicado al jurado, por lo que la Secretaría Técnica asume ese papel provisional. La rapidez con la que Peramato ha activado la idea —diez meses después— es lo que muchos observadores vinculan al calendario del 'caso Begoña Gómez', aunque la instrucción no cite ningún proceso concreto.
La parte técnica es clara: se busca coordinar criterios y dar seguridad jurídica a los fiscales que actúan ante un jurado, donde la ciudadanía decide el veredicto. Pero la coincidencia temporal alimenta el debate sobre si el Ministerio Público necesita reforzar su estructura justo cuando está en juego la imagen de la esposa del presidente. La Fiscalía Provincial de Madrid ya ha dejado claro que no ve delito, y la instrucción otorga a la cúpula fiscal una vía —no vinculante— para opinar sobre cuestiones procesales.
La instrucción crea un mecanismo de asesoramiento no vinculante, pero su publicación en pleno verano y a solo tres semanas del auto de la Audiencia la convierte en un movimiento imposible de desligar del caso.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La fiscal general Teresa Peramato ha firmado la Instrucción 1/2026, que crea una red nacional de fiscales especialistas en jurado popular y asigna a la Secretaría General Técnica la labor de asesoramiento no vinculante.
- Por qué te importa: El movimiento se produce cuando Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está a las puertas de un juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación, lo que coloca la independencia de la Fiscalía en el centro del debate público.
- A quién afecta: A todos los fiscales que intervengan en procedimientos ante el tribunal del jurado y, de manera directa, al proceso judicial contra Begoña Gómez, cuya instrucción sigue en marcha.
- Hacia dónde vamos: La red empieza a funcionar de inmediato, aunque su impacto real se verá cuando el juicio oral contra Gómez se celebre, algo que todavía no tiene fecha.
