Moreno Bonilla cede a Vox las políticas contra la violencia machista en Andalucía e Igualdad exige rectificar

La Junta otorga a la formación de Abascal la gestión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. La ministra Ana Redondo pide una reunión urgente para revertir una decisión que ha provocado una ola de críticas.

Si vives en Andalucía, la decisión del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla puede cambiar la protección que reciben las víctimas de violencia machista. La Junta ha cedido a Vox las competencias sobre las unidades que evalúan a las víctimas, a los agresores y a los menores expuestos, un movimiento que el Ministerio de Igualdad considera inaceptable y que ha provocado un aluvión de críticas.

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Nivel de impacto social: 9/10. La decisión afecta directamente a las miles de mujeres que cada año acuden a las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en Andalucía, y pone en manos de un partido que niega la violencia machista la evaluación de su situación de riesgo. Además, abre una crisis institucional con el Gobierno central en un momento de cifras preocupantes.

Qué servicios ha cedido Andalucía a Vox

El acuerdo entre PP y Vox para gobernar en Andalucía incluía desde el pasado 2 de julio una cláusula que cedía a la formación de Santiago Abascal las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, un recurso especializado donde médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales determinan el riesgo y la atención que necesita cada víctima. Andalucía fue pionera en crear estas unidades, pero ahora serán gestionadas por un partido que ha calificado la violencia machista de «ideología de género» y ha asegurado que «la violencia no tiene género».

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La formación ultraconservadora —Vox no es nueva en este debate— ya intentó en 2019, a través del exjuez y diputado Francisco Serrano, exigir al Parlamento andaluz una lista con nombres y apellidos de los trabajadores de estas unidades para, según dijo, «depurarlas» por su supuesto sesgo ideológico. La cesión de Moreno Bonilla materializa ese control político sobre un servicio que atiende a miles de mujeres cada año.

La oposición en bloque ha censurado la medida. Ángeles Férriz, portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento andaluz, la tachó de «intolerable e indecente». José Ignacio García, de Adelante Andalucía, alertó del «peligro y la irresponsabilidad» de ceder las políticas de violencia de género a Vox. Y desde Izquierda Unida, Antonio Maíllo subrayó que «Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres». Organizaciones feministas como el Foro Feminista de Sevilla también han alzado la voz, temiendo un retroceso en la protección.

La decisión entrega la evaluación de las víctimas de violencia machista a un partido que niega su existencia y ha pedido señalar a los profesionales que las atienden.

La ministra Ana Redondo pide una reunión urgente y una rectificación

La polémica ha llegado al Ministerio de Igualdad. La ministra Ana Redondo ha enviado una carta a Moreno Bonilla en la que solicita una reunión urgente y exige que rectifique. En el texto, Redondo advierte de que «las mujeres andaluzas no pueden convertirse en víctimas de segunda, ni ver debilitadas las políticas públicas destinadas a garantizar su seguridad», y recuerda que Andalucía registra algunas de las cifras más altas de violencia de género del país.

Por qué esta decisión va más allá de Andalucía

El control de estas unidades por parte de Vox marca un precedente en la gestión autonómica de la violencia machista. Andalucía, que en 2005 fue la primera comunidad en poner en marcha las Unidades de Valoración Integral, se convierte ahora en la primera en entregarlas a un partido que cuestiona su razón de ser. El movimiento puede tensionar la relación con un Gobierno central que ya ha blindado la lucha contra esta violencia como un eje de Estado, y plantea dudas sobre cómo se coordinarán en el futuro los protocolos de atención cuando la visión del problema difiere radicalmente.

La presión sobre el presidente andaluz no solo viene de Madrid. Dentro del propio PP hay voces que observan con inquietud una cesión que compromete la imagen del partido en materia de igualdad. Mientras, la oposición andaluza ha anunciado que llevará la decisión al Parlamento para tratar de frenarla. De momento, la Junta no ha dado marcha atrás, y las unidades quedan bajo la órbita de Vox.

📌 En claves: lo que debes saber

  • Qué ha pasado: El Gobierno de Moreno Bonilla ha cedido a Vox la gestión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, que evalúan el riesgo de víctimas, agresores y menores.
  • Por qué te importa: La decisión cambia la protección que reciben las mujeres andaluzas que denuncian violencia machista, pues el partido que controla las unidades niega la existencia de esta violencia.
  • A quién afecta: A todas las víctimas de violencia de género en Andalucía, miles al año, y a los profesionales que trabajan en estas unidades.
  • Hacia dónde vamos: El Gobierno central ha pedido rectificar y se anuncia debate parlamentario. La tensión institucional puede frenar la medida o forzar una nueva crisis en la coalición andaluza.