El Gobierno de Navarra acaba de lanzar un plan que saca del olvido conventos, cuarteles y viejas estaciones: los convertirá en vivienda pública compartida. La medida busca responder a una crisis de acceso que ahoga sobre todo a los jóvenes y a los hogares unipersonales en la región.
La consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, presentó el borrador de la nueva Ley de Vivienda Colaborativa. La fórmula es distinta a la compra y al alquiler tradicionales: los residentes se unen en cooperativas y tienen derecho de uso a largo plazo, sin ser dueños del inmueble. Esto apunta a una alternativa asequible y no especulativa.
El plan: de conventos a pisos con espacios comunes
La ley obliga a rehabilitar edificios singulares en desuso: monasterios, cuarteles militares, molinos, antiguas estaciones de tren y casas rurales. Pero no se transformarán en viviendas al uso. Cada unidad residencial tendrá un mínimo de 30 metros cuadrados con un dormitorio, cocina y baño propios. La exigencia de cocina individual se puede sustituir por una comunitaria si da servicio suficiente a todos los usuarios.
Además, al menos el 10 % de la superficie útil de cada proyecto se destinará a zonas comunes. Hablamos de cocinas colectivas, bibliotecas, lavanderías, salas de estudio, gimnasios, talleres e incluso alojamientos temporales para familiares o espacios de cuidados. Todo se regulará mediante un acuerdo colectivo entre los cooperativistas.
Quién puede optar y cómo funciona el modelo cooperativo
El acceso no está restringido a un perfil único. Cualquier persona puede formar parte de la cooperativa, que será la propietaria del inmueble. Los socios obtienen un derecho de uso indefinido sobre su vivienda y las áreas comunes, con una cuota mensual fijada según los costes reales. La ley también incorpora viviendas pensadas para personas de entre 50 y 70 años, con espacios asistenciales y sociosanitarios integrados.
Este modelo, a medio camino entre la propiedad y el alquiler, elimina la especulación porque la cooperativa no puede vender las viviendas al mercado libre. La idea, según Alfaro, es “incorporar una nueva forma de entender la vivienda, basada en comunidades que comparten espacios y proyectos, alejada de la especulación”.
La nueva ley no habla solo de edificios: obliga a que al menos el 10 % de cada proyecto sean zonas comunes, como cocinas, bibliotecas o salas de cuidados.
El camino que está marcando Navarra (y lo que falta por recorrer)
Navarra se ha consolidado como referencia en políticas públicas de vivienda. El año pasado lideró la construcción de vivienda protegida y levantó el doble de unidades por habitante que Madrid. Más del 20 % de las nuevas construcciones en la región son viviendas con algún tipo de protección pública, según los datos regionales. El economista Ignacio Ezquiaga declaró a El Diario que el modelo navarro debería ser “un modelo a seguir” por otras comunidades.
La clave, según los expertos, ha sido apostar por la vivienda pública de forma sostenida, mantener un registro de grandes propietarios y aprobar una de las primeras leyes sobre alquiler de habitaciones. Ahora, la Ley de Vivienda Colaborativa da un paso más hacia un modelo que prioriza lo comunitario. Todavía es un borrador, así que quedan por delante el debate parlamentario y la concreción de los proyectos piloto. Pero la dirección está marcada: convertir edificios sin uso en hogares asequibles y compartidos, una receta que podría extenderse a otras zonas de España si los números acompañan.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Navarra ha presentado una ley que permitirá reconvertir monasterios, cuarteles y otros edificios históricos en vivienda pública cooperativa, con derecho de uso a largo plazo.
- Por qué te importa: Ofrece una alternativa asequible frente a la compra y el alquiler, especialmente para jóvenes y personas que viven solas, en un momento de precios disparados.
- A quién afecta: A cualquier persona que se sume a una cooperativa, con especial atención a los mayores de 50 años mediante viviendas con servicios sociosanitarios integrados.
- Hacia dónde vamos: El texto está en fase de borrador; los próximos meses serán clave para su tramitación parlamentaria y el lanzamiento de los primeros proyectos piloto.
