Uno de cada cinco euros. Esa es la proporción del presupuesto de 2025 que la Generalitat Valenciana dejó sin ejecutar para contratar bomberos forestales. En plena oleada de incendios y con la UME desplegada, el servicio público de extinción solo creció en dos personas, pasando de 889 a 891 efectivos. La denuncia, lanzada este domingo por el PSPV, vuelve a poner el foco en la gestión de las emergencias del gobierno de Carlos Mazón (PP).
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La falta de ejecución de fondos para prevención y extinción de incendios afecta directamente a la seguridad de miles de valencianos, especialmente durante la temporada estival, cuando el riesgo de fuego se dispara.
El 21% que nunca llegó a los bomberos
La empresa pública SGISE, encargada de los bomberos forestales, contaba en 2025 con un presupuesto específico para incrementar la plantilla. Sin embargo, según el informe de gestión citado por los socialistas, sólo se utilizó el 79% de esa partida. El resultado: un refuerzo casi testimonial, con dos nuevos bomberos y un total de 891.
La portavoz de Emergencias del PSPV en Les Corts, Alicia Andújar, calificó la situación como un problema de gestión más que de dinero. “El Consell no puede vender una Comunitat segura mientras deja sin ejecutar los recursos para los bomberos”, señaló, en alusión a las promesas del PP de garantizar la protección contra incendios.
Andújar subrayó que el servicio ya arrastraba un recorte de 14 millones desde 2024. Sin una ejecución real, los recursos no se transforman en más efectivos sobre el terreno, una carencia que, a su juicio, obliga a la plantilla a trabajar con sobrecarga permanente y mayor riesgo.
Un verano de incendios y refuerzo militar
Los casos de Ibi y Teresa de Cofrentes, dos de los grandes incendios del pasado verano, ilustran la denuncia. Tres de cada cuatro efectivos desplegados pertenecían a la Unidad Militar de Emergencias (UME), un recurso estatal extraordinario. El PSPV sostiene que esa dependencia demuestra el abandono del operativo autonómico.
El operativo contra los grandes incendios del verano dependió en un 75% de la UME, un recurso que debería ser extraordinario, no la primera línea.
“El hecho de que la mayoría de los efectivos en los peores fuegos sean de la UME evidencia que la Generalitat no está atendiendo un servicio esencial”, afirmó Andújar. La oposición socialista insiste en que, sin un cambio de rumbo, el riesgo para vidas, montes y propiedades crece cada temporada.
¿Solución en 2026? Los números no cuadran
Con el presupuesto de 2026 ya aprobado, el PSPV advierte de que las cuentas no garantizan un cambio sustancial. La partida para bomberos forestales sigue siendo insuficiente, según los socialistas, para consolidar el tercer turno de trabajo o aplicar plenamente la Ley de Bomberos Forestales de la Comunitat Valenciana, que reconoce complementos por peligrosidad, toxicidad y penosidad.
La norma, pendiente de desarrollo efectivo, podría mejorar las condiciones de un colectivo que, según denuncian, se juega la vida sin recibir compensación adicional. Pero sin fondos ejecutables, los anuncios políticos no evitan los incendios. Andújar lo resume así: “Los anuncios no apagan incendios, los bomberos sí”.
Esta situación recuerda a otros episodios de subejecución presupuestaria en servicios críticos, como los recortes en sanidad durante crisis anteriores. En todos los casos, el patrón se repite: fondos aprobados que no llegan a transformarse en medios reales. La clave, de cara a los próximos meses, estará en si el Consell es capaz de cumplir con sus propias cifras y reforzar antes del verano de 2026 un dispositivo que, por ahora, sigue dependiendo de refuerzos externos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Generalitat Valenciana ejecutó solo el 79% del presupuesto de 2025 para contratar bomberos forestales, limitando el refuerzo a dos efectivos.
- Por qué te importa: La escasez de personal pone en peligro la respuesta ante incendios forestales, un riesgo creciente durante el verano en la Comunidad Valenciana.
- A quién afecta: A los ciudadanos que viven cerca de zonas forestales, a los propios bomberos que sufren sobrecarga y a la seguridad del patrimonio natural.
- Hacia dónde vamos: El presupuesto de 2026, según PSPV, no garantiza la mejora necesaria; la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales sigue pendiente.
