El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado rastrear 81 cuentas bancarias vinculadas al PSOE y al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías. La decisión, adoptada en un auto al que ha tenido acceso EFE, busca aclarar si el partido utilizó fondos para boicotear causas judiciales que le afectaban. La investigación apunta a que la trama podría haber pagado a intermediarios para proteger al Gobierno y a la formación política.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La medida afecta directamente a la financiación del principal partido de la oposición y salpica a un ex alto cargo andaluz. La sospecha de que fondos públicos o del partido se usaran para interferir en la justicia toca la confianza ciudadana en las instituciones. Se investigan movimientos que suman más de 168 000 euros.
Qué busca el juez con el rastreo de 81 cuentas
El magistrado ha abierto una pieza separada económica para proteger los datos bancarios más sensibles. Quiere que una docena de entidades —desde el Santander y el BBVA hasta Caixabank, Deutsche Bank o cajas rurales— entreguen todos los movimientos y saldos de seis cuentas del PSOE desde enero de 2024. La instrucción sospecha que el ex secretario de Organización Santos Cerdán habría puesto los recursos del partido al servicio de la trama.
Además de las cuentas socialistas, el juez reclama información de once cuentas vinculadas a Gaspar Zarrías o a su empresa Zaño Consultores, sesenta y dos de Ismael Oliver o sociedades asociadas, una de Jacobo Teijelo y una del medio Crónica Libre. El objetivo es cruzar los datos y comprobar si los pagos que se sospechan se hicieron efectivos y de dónde salió el dinero.
Los protagonistas y la cifra que marca la investigación
La Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), ha cifrado en 43 225 euros la cantidad que Leire Díez habría cobrado del PSOE a través de dos intermediarios: la consultora de Zarrías y la sociedad de Oliver. Además, el partido habría pagado 125 000 euros al abogado Jacobo Teijelo y 22 500 euros a Ismael Oliver, estos últimos con destino final a Leire Díez, según el informe policial.
La investigación apunta a que Oliver y Teijelo habrían funcionado como instrumentos para canalizar fondos, tanto para sufragar sus propios honorarios como para hacer llegar dinero a terceros, incluida la propia Díez. Los investigadores sostienen que la trama habría operado desde 2021 para blindar al Gobierno y al PSOE frente a procesos judiciales.
El eco de otras causas y lo que puede venir
Este rastreo de cuentas recuerda a otras investigaciones donde se ha escrutado la financiación de partidos, como el caso de los ERE en Andalucía o las pesquisas sobre la caja B del PP. En aquellos procesos, los análisis contables fueron claves para detectar desvíos. Aquí, la Fiscalía ya ha avalado la línea del juez: las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen consideran que los datos de la UCO permiten “colegir sin dificultad” que el dinero partió del PSOE y acabó en Leire Díez.
El juez ha descartado por ahora pedir información sobre blanqueo de capitales o expedientes de préstamo, pero ha autorizado que la Guardia Civil expurgue la documentación que resulte inútil. La pieza separada busca evitar filtraciones y concentrar la investigación financiera. Lo que ocurra con ese cruce de cuentas puede ser definitivo para saber si hubo delito de financiación ilegal o malversación.
La sospecha de que el partido pagó para torpedear causas judiciales abre una nueva línea de investigación que va más allá de la contratación pública.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Pedraz ha ordenado rastrear 81 cuentas bancarias del PSOE, de Gaspar Zarrías y de otros investigados por presuntos pagos para boicotear causas judiciales.
- Por qué te importa: La investigación toca la posible utilización de fondos públicos o de partido para interferir en la justicia, lo que afecta a la confianza en las instituciones.
- A quién afecta: Al PSOE, a Gaspar Zarrías, a los abogados Oliver y Teijelo, y a Leire Díez, además de a las entidades bancarias requeridas.
- Hacia dónde vamos: La Guardia Civil analizará los movimientos de las cuentas y el juez decidirá si hay indicios sólidos para imputar nuevos delitos. La pieza separada acelera la instrucción.
