Si tienes 16 años, estás en un centro de menores en Aragón y has nacido fuera de España, a partir de ahora dejarás de recibir cada semana los 17 euros que sí cobrarán los chicos y chicas de nacionalidad española. Esa es la decisión del Gobierno autonómico de PP y Vox, que ha sido denunciada ante la Fiscalía por discriminación y afecta de lleno a los 238 niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados tutelados en la comunidad.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La medida toca directamente a más de 200 menores en situación de vulnerabilidad y abre un precedente legal sobre la discriminación por origen en las ayudas sociales. Ya hay dos denuncias en la Fiscalía y la oposición en bloque ha pedido su retirada.
Quién cobrará los 17 euros y quién no
Se trata de una paga semanal que los centros de acogida concedían a los menores tutelados en función de su comportamiento. No era una asignación universal: dependía de la conducta, del cumplimiento de horarios y de las tareas. Pero la Vicepresidencia de Bienestar Social, en manos de Vox, ha decidido que solo pueden beneficiarse los menores de nacionalidad española. Los extranjeros, independientemente de cómo se comporten, pierden el derecho a esa modesta cuantía.
La orden la ha dado el vicepresidente Alejandro Nolasco, líder de Vox en la comunidad, que no ha presentado informes técnicos que avalen la restricción. En los medios oficiales del Gobierno de Aragón se ha venido publicando, además, una narrativa que vincula inmigración con altercados, una estrategia que el Colegio de Periodistas ha reprochado por estigmatizadora.
La discriminación consiste en retirar una prestación por origen nacional, lo que ha llevado a la Fiscalía a examinar si se vulnera la ley.
Denuncia ante la Fiscalía y un rosario de críticas
La Consejería de Juventud e Infancia del Ministerio de Derechos Sociales presentó la primera denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Chunta Aragonesista formalizó otra. El motivo: diferenciar el acceso a una prestación por origen nacional puede vulnerar la Ley del Menor y abrir la puerta a una desigualdad de trato que la norma no permite.
La oposición en las Cortes de Aragón lo ha calificado de “grave irresponsabilidad” y acusa al Ejecutivo de criminalizar a un colectivo especialmente vulnerable. Los educadores sociales también han alzado la voz: denuncian que esta política fomenta el miedo y el rechazo, y dificulta la integración de los menores.
La guerra de Vox contra los menores migrantes, con el PP de fondo
Esta decisión no es un hecho aislado. Desde que Vox entró en el Gobierno de Aragón en abril, el vicepresidente Nolasco ha impulsado un paquete de medidas contra los menores no acompañados. Primero anunció pruebas forenses de edad para todos ellos, incluida una niña de nueve años cuyo caso fue llevado a la Fiscalía. Después, un endurecimiento del régimen interno en los centros y la negativa a aceptar repartos de menores desde otras comunidades.
El presidente Azcón, del PP, ha respaldado estas acciones mientras fueran “verdad y estuvieran dentro de la legalidad”. Esa ambigüedad ha permitido que Vox opere sin contrapesos en un ámbito tan sensible. Mientras, la Fiscalía estudia si la retirada de la paga semanal cruza la línea roja de la discriminación prohibida constitucionalmente.
El siguiente paso será el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, que podría ordenar la revocación inmediata de la medida si aprecia vulneración de derechos fundamentales. Todo apunta a un choque entre el Gobierno autonómico y las instituciones de garantía que tendrá repercusión más allá de Aragón.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno de Aragón (PP-Vox) ha eliminado los 17 euros semanales de paga para los menores extranjeros tutelados, manteniéndola para los españoles.
- Por qué te importa: Es una discriminación directa por origen que puede sentar precedente en las ayudas sociales y vulnera principios de igualdad.
- A quién afecta: A los 238 niños y adolescentes extranjeros no acompañados bajo tutela de la comunidad autónoma.
- Hacia dónde vamos: La Fiscalía examina las denuncias presentadas; si aprecia ilegalidad, podría forzar la retirada de la medida y abrir procedimientos judiciales.
