Si eres joven y andas buscando piso, la Generalitat prepara una ley para que puedas estrenar una vivienda protegida en una antigua oficina o en un bajo comercial. La idea es buena sobre el papel, pero ya ha levantado ampollas: Junts la ha recibido con un portazo y la ha calificado de “parche”.
El Govern de Pere Aragonès y los Comuns han registrado juntos una proposición de ley para acelerar la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en toda Cataluña. La norma permitirá transformar todo el suelo reservado para oficinas o locales en vivienda protegida, y además autorizará a levantar un 20% más de pisos en los terrenos todavía por desarrollar. La urgencia es máxima: se tramitará por la vía rápida en otoño y los impulsores quieren tenerla aprobada antes de que termine el año.
El objetivo es engordar el parque público con una previsión de entre 15.000 y 20.000 VPO nuevas en los próximos cuatro años, un plazo prorrogable. La iniciativa, que se registrará en el Parlament el lunes 27 de julio, es la concreción del acuerdo de presupuestos que salvó las cuentas de la coalición.
Qué dice la ley y a quién beneficia
Traducido a la vida real: si un bloque de oficinas se queda vacío, el propietario podría verse obligado a reconvertirlo en vivienda protegida. Lo mismo ocurre con plantas bajas comerciales sin uso. La ley habilita un cambio de uso automático en zonas tensionadas para que esos metros cuadrados sirvan de piso, ya sea en alquiler o en compra, siempre dentro del régimen de protección oficial. Además, en los planes urbanísticos pendientes se podrá construir más altura o más fondo: un 20% extra de viviendas protegidas en el mismo solar.
Estas excepciones estarán vigentes durante cuatro años, ampliables si la crisis de vivienda no remite. La intención es clara: ganar tiempo y aprovechar cada rincón edificable para que los jóvenes y las familias con rentas ajustadas no sigan expulsados de las ciudades catalanas.
El rechazo de Junts: “esto es un parche y ataca la propiedad”
Pero no todo el arco parlamentario aplaude el plan. Junts, el socio necesario para sacar adelante muchas votaciones, ha cargado contra la fórmula del Govern y los Comuns. La diputada Judith Toronjo ha acusado al Ejecutivo de “improvisación permanente” y de someterse a los dictados de los Comuns, en una rueda de prensa en el Parlament. La crítica de fondo no es menor: para los posconvergentes, la ley ataca el derecho a la propiedad privada porque impone la transformación en lugar de incentivarla con ayudas fiscales.
“Nosotros hablábamos de dotar de ayudas con incentivos a través de la fiscalidad, en ningún caso de obligatoriedad ni de atacar a la propiedad”, ha recalcado Toronjo. Y ha ido más allá, al preguntarse si socialistas y Comuns están planteándose “expropiaciones” para conseguir más vivienda. La palabra es dura, y el contexto no ayuda: la misma semana, la votación de otra ley impulsada por el Govern —la que limitaba la compra especulativa de inmuebles— tuvo que aplazarse hasta octubre después de que Junts y el PP pidieran un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.
La ley prevé sumar entre 15.000 y 20.000 VPO en cuatro años, pero Junts la ve como un nuevo parche sin estrategia estable.
La diputada ha hablado de “tres cambios normativos en menos de un mes” para ilustrar lo que, a su juicio, es una “suma de parches marcada por los dictados de los Comuns”. Y ha rechazado la densificación de Barcelona y su área metropolitana: “No somos partidarios de estas medidas de densificación, creemos que hace falta un país bien conectado y no una Cataluña a dos velocidades”. En otras palabras, prefiere que la Generalitat mejore la movilidad y reparta oportunidades por todo el territorio antes que exprimir el ladrillo en la capital.
Un pulso que va más allá de la vivienda
El rifirrafe no es solo urbanístico. Detrás late un pulso político más amplio: los presupuestos catalanes dependen de un equilibrio frágil entre el PSC, los Comuns y la abstención de Junts. Cada choque normativo amenaza con descarrilar acuerdos futuros y deja al Govern sin la estabilidad que necesita para legislar. La vivienda es el campo de batalla más visible porque es el problema número uno para los menores de 40 años, pero la forma de gestionarlo también enseña las costuras de un tripartito en tensión.
En la práctica, la conversión de oficinas en pisos protegidos tiene sentido para aprovechar espacios vacíos y aliviar la presión en alquileres. Pero la obligatoriedad, en lugar de los estímulos fiscales, choca con la cultura de la propiedad que Junts defiende. Así que el recorrido parlamentario de la norma no será un paseo.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Govern y los Comuns han registrado una proposición de ley para reconvertir oficinas y bajos comerciales en VPO y aumentar la edificabilidad un 20% en suelo por desarrollar.
- Por qué te importa: Si buscas un alquiler o una compra asequible, la medida puede crear decenas de miles de pisos protegidos, pero su éxito dependerá de cómo se aplique y de que no encalle en el Parlament.
- A quién afecta: A jóvenes, familias y cualquiera con rentas medias y bajas en las zonas tensionadas de Cataluña. También a propietarios de oficinas vacías, que verían limitada su libertad de uso.
- Hacia dónde vamos: La ley se tramitará por urgencia en otoño, con el objetivo de aprobarla antes de Navidad. La oposición de Junts y el PP augura un debate intenso y la posibilidad de nuevos retrasos.
