El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eligió el Espacio Larra de Madrid el pasado 7 de septiembre para presentar en sociedad el portal de Casa 47, la plataforma que debía convertirse en la gran ventanilla digital de la vivienda pública en España. Lo vendió como un sistema "ágil y transparente" que permitiría a cualquier ciudadano consultar las viviendas disponibles y solicitarlas de forma "sencilla". Pero, si le echamos un vistazo a la iniciativa, lo cierto es que hace aguas por ciertos costados.
En primer lugar, hay que decir que el contrato para desarrollar el portal y su sistema de gestión interno fue adjudicado a la consultora EY Transforma Servicios de Consultoría por un importe total de 1.433.847,58 euros con IVA, según consta en el expediente 132019 publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
SEPES, la entidad que más tarde pasaría a llamarse Casa 47, licitó en 2025 los trabajos bajo la denominación de Sistema Integrado de Gestión para la gestión del Parque de Alquiler Asequible, con un presupuesto base de 1.880.949 euros más IVA. EY se hizo con el proyecto por 1.184.998 euros sin impuestos, un 37 % por debajo de la base de licitación, tras competir con otras siete ofertas.
Es cierto, como matizaron desde el Ministerio de Vivienda, que esa cifra no corresponde en exclusiva a la página web visible para el ciudadano. El contrato de cuatro años incluye, según los pliegos, consultoría de procesos internos, la parametrización de un CRM para los empleados de Casa 47, la integración con el sistema SAP preexistente y el mantenimiento evolutivo de todo el sistema, con un volumen de hasta 14.000 horas de trabajo previstas.
Pero esa distinción no debería servir para esquivar la pregunta incómoda: ¿qué sistema se ha contratado realmente por 1,43 millones de euros y cómo se podrá evaluar si el resultado justifica ese coste?
Los errores del portal de vivienda Casa 47... y de su mapa
Lo que sí pudo evaluar la ciudadanía desde el primer minuto fue el portal de cara al público, portal.casa47.es, y el veredicto general es demoledor.
Por ejemplo, usuarios del navegador Safari con las protecciones de privacidad activadas se encontraron con una web completamente borrosa e inutilizable, sin posibilidad de hacer clic en ningún botón. No se trataba de un filtro ni de un error de pantalla, sino de lo que parece ser una mala gestión del sistema de cookies.
La propia política de cookies de Casa 47 reconoce que bloquear determinadas cookies "puede impedir el funcionamiento correcto de algunas funcionalidades" y menciona específicamente Safari entre los navegadores afectados. Para un portal que aspira a ser la puerta de entrada al alquiler público y que exige identificación digital para tramitar solicitudes, que no funcione en uno de los navegadores más utilizados del mercado es... digamos... de traca viendo el coste que hay detrás.
Asimismo, el desarrollador Juan Macías, CTO de una empresa tecnológica, analizó desde su perfil en la red social X la arquitectura del portal y lo que encontró no le dejó indiferente. Según su análisis, el proyecto debía ejecutarse en tecnología Microsoft, pero la consultora habría optado por una solución basada en Power Pages de Microsoft con un framework React insertado dentro, una combinación que el propio Macías calificó como incoherente desde el punto de vista técnico.
Otros perfiles especializados del sector tecnológico se sumaron a la crítica de que el resultado visible, al margen de lo que haya por debajo, no se corresponde con lo que cabría esperar de una inversión pública de esa magnitud.
Por si los problemas técnicos no bastaran, la web trajo de serie una polémica diplomática que obligó al Ministerio de Vivienda a intervenir de urgencia en cuestión de horas. El portal incluía un mapa interactivo en el que el Sáhara Occidental aparecía integrado en Marruecos, sin frontera alguna entre ambos territorios, y en el que Ceuta y Melilla figuraban con una línea discontinua, la convención cartográfica habitual para representar territorios en disputa. Así lo denunciaron públicamente tanto Sumar como Compromís, socios parlamentarios del Gobierno.
Y es que Naciones Unidas mantiene al Sáhara Occidental en su lista de Territorios No Autónomos desde 1963, pendiente de un proceso de descolonización que nunca se completó. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en sentencias recientes, incluida una de 2024, que el territorio saharaui tiene un estatus "separado y distinto" del de Marruecos. Que el mapa elegido para una web del Gobierno español presentara ambos espacios como una misma unidad territorial resultaba, cuando menos, contradictorio con el derecho internacional, por mucho que Sánchez hubiera enviado en 2022 aquella carta a Mohamed VI reconociendo la propuesta de autonomía marroquí como la más "seria, realista y creíble.
El agravio con Ceuta y Melilla, en plena crisis migratoria tras la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos a finales de julio, añade combustible a un incendio diplomático ya de por sí considerable. Varios ministros marroquíes habían reclamado abiertamente en las semanas previas la soberanía sobre las dos ciudades autónomas, y que en el propio portal del Gobierno español se representaran con la simbología propia de un territorio en disputa era un regalo envenenado que la oposición no tardó en explotar.
Antes de que acabara el lunes, el Ministerio de Vivienda retiró el mapa de la web. Sí, el mapa no es suyo, es del servicio que lo proporciona, pero precisamente por ello hay que tener especial cuidado.
Pocas viviendas, precios discutibles y ciudades enteras sin oferta
Más allá de la chapuza técnica y el asunto cartográfico, el fondo de la cuestión sigue siendo si el portal Casa 47 cumple con su razón de ser. Y en ese terreno, las cifras hablan por sí solas. El portal arrancó con alrededor de 638 viviendas realmente disponibles en siete convocatorias abiertas repartidas entre Alicante, Asturias, Castellón, Cataluña, Galicia, Navarra y Valencia. Si se suman las 171 unidades de una convocatoria piloto previa, la cifra ronda las 800 que anunció Sánchez. El Gobierno prometió que se incorporarían otras 1.500 viviendas "muy pronto", pero sin precisar plazos concretos.
Las ausencias más llamativas son las de Madrid y Barcelona, las dos ciudades donde la presión del mercado inmobiliario es más asfixiante y donde los registros municipales de demandantes de vivienda protegida acumulan decenas de miles de inscritos. También Canarias, uno de los territorios con mayor emergencia habitacional del país, se quedó fuera del reparto inicial; cero viviendas en el archipiélago, a pesar de contar con algunos de los salarios más bajos y los precios de alquiler más desbocados de España.
En cuanto a los precios, las rentas parten de 350 euros mensuales en las promociones más económicas, pero pueden superar los 1.000 euros dependiendo de la comunidad autónoma y del inmueble. La promesa oficial de que ningún hogar destinará más del 30 % de sus ingresos al alquiler se aplica sobre la renta media del territorio, no sobre la situación particular de cada solicitante.
El rango de ingresos exigido para acceder a las viviendas oscila entre 2 y 7,5 veces el IPREM, lo que equivale a rentas anuales de entre 16.800 y 63.000 euros. Dicho de otro modo, no es vivienda social para las familias más vulnerables, ni es una oferta competitiva para la clase media urbana que se ahoga con los precios de mercado.
Y es que la existencia de una suerte de inmobiliaria pública es una buena noticia, pero el punto de partida es desde luego insuficiente para un país con más de 3,5 millones de viviendas en el mercado. Casa 47 tiene competencias suficientes para ampliar la oferta mucho más rápido, pero que buena parte del presupuesto destinado a ello no se ha ejecutado por los requisitos "muy restrictivos" impuestos a empresas y fondos.
Mientras, los portales inmobiliarios privados como Idealista o Fotocasa siguen batiendo récords de precios mes a mes, y la vivienda libre se ha encarecido un 12,2 % interanual entre abril y junio de 2026, según los datos del INE. En ese contexto, 800 pisos para 48 millones de habitantes no parecen la "intervención del mercado imprescindible" que necesitan los españoles.
