Jéssica Rodríguez, la ex de José Luis Ábalos, ya tiene una imputación firme por cobrar de dos empresas públicas sin aparecer por el trabajo. El juez del caso Koldo ha confirmado este viernes su citación como investigada, y le ha dejado claro que aquellos 43.978 euros que ingresó de Ineco y Tragsatec no estaban justificados porque no realizó 'trabajo alguno'.
En un auto fechado el 24 de julio de 2026, el magistrado Ismael Moreno desestimó el recurso de la defensa de Rodríguez y mantuvo la imputación por presunta prevaricación. La expareja del exministro de Transportes ya había sido citada a declarar como investigada el pasado 20 de julio, pero sus abogados pidieron tumbar esa decisión alegando falta de motivación. El juez, sin embargo, considera que la citación era clara y que la investigada sabía perfectamente de qué se le acusa.
El auto que confirma la imputación
Moreno subraya que 'es evidente que, sin su conducta, el presunto delito de malversación no se podría haber cometido'. La razón es tan sencilla como demoledora: cobró casi 44.000 euros de dos empresas públicas sin haber ido a trabajar. Según el auto, el dinero que recibió de Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) y Tragsatec (Tecnologías y Servicios Agrarios) fue un ingreso sin contraprestación real.
La defensa de Rodríguez intentó que se archivara la causa argumentando que los hechos ya habían sido juzgados en la sentencia del 'caso mascarillas' dictada por el Tribunal Supremo. Pero el instructor ha sido tajante: aquella sentencia condenó a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, pero no se pronunció sobre la responsabilidad penal de Rodríguez, que solo declaró como testigo.
Por qué el Supremo no la juzgó
El juez explica que el proceso anterior se limitó a las personas acusadas —el aforado Ábalos y otros cuyos hechos eran inseparables— y que sobre Rodríguez no recayó acusación ni decisión judicial. Por tanto, no hay 'cosa juzgada' que impida llamarla ahora como investigada.
La sentencia del Supremo, que impuso 24 años de prisión a Ábalos, 19 a Koldo García y 4 años y medio a De Aldama, ya dejó acreditado que Rodríguez percibió esos 43.978 euros sin contraprestación laboral. Ahora, el magistrado de la Audiencia Nacional utiliza ese mismo relato para sostener la imputación y avanzar en la pieza separada del caso Koldo. El foco ya no es solo el exministro, sino las personas de su entorno que pudieron facilitar la trama.
Cobrar 43.978 euros sin haber trabajado nunca en las empresas públicas es la base de la imputación firme que la expareja de Ábalos no ha logrado tumbar.
Qué viene ahora para Jéssica Rodríguez
Con la imputación confirmada, Rodríguez deberá declarar como investigada en la Audiencia Nacional. Su situación procesal añade presión sobre el entorno del expresidente Pedro Sánchez, ya que el caso Koldo —que investiga comisiones ilegales en contratos de mascarillas— sigue salpicando a antiguos cargos socialistas. El juez no ha fijado aún fecha para la declaración, pero el auto deja claro que la causa sigue viva y que la conducta de Rodríguez se considera clave para entender la malversación.
Esta nueva fase recuerda a otros procedimientos en los que las parejas o familiares de políticos acabaron en el banquillo por beneficiarse de contratos públicos sin justificación. En el caso Koldo, la investigación ya ha superado la barrera del aforamiento de Ábalos y ahora apunta a quienes, sin cargo público, habrían colaborado en el desvío de fondos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Ismael Moreno ha confirmado la imputación de Jéssica Rodríguez por prevaricación tras cobrar 43.978 euros de Ineco y Tragsatec sin trabajar.
- Por qué te importa: El caso Koldo sigue investigando el desvío de dinero público a través de empresas estatales y alcanza ahora al círculo más cercano de un exministro.
- A quién afecta: A la expareja de José Luis Ábalos, que tendrá que defenderse como investigada, y al entorno político del PSOE por el desgaste que supone.
- Hacia dónde vamos: Rodríguez declarará próximamente como investigada; la causa puede ampliarse a otras personas que facilitaran los cobros sin contraprestación.
