La Audiencia Provincial de Zaragoza ha pedido que se investigue a un hombre condenado por violencia de género que cambió su sexo en el Registro Civil. Su expareja está en el nivel de riesgo extremo —el más alto del sistema de seguimiento policial—, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
El caso salió a la luz después de que el propio agresor afirmara ante la Guardia Civil que lo había hecho por la “desigualdad de derechos con las mujeres”, una declaración que ha llevado al tribunal a ver indicios de fraude de ley. El objetivo, según los investigadores, sería eludir la aplicación de la normativa específica contra la violencia de género.
¿Qué ha pasado exactamente?
El hombre ya había sido condenado en firme por maltrato hacia su pareja. A pesar de ello, meses después solicitó el cambio de sexo en el Registro Civil, un trámite que desde la entrada en vigor de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, conocida como Ley Trans, puede realizarse por simple declaración de la persona interesada.
La modificación registral obliga a tratar al agresor como mujer a todos los efectos legales, lo que podría dificultar la aplicación de las medidas judiciales específicas previstas para la violencia de género, que se basan en la diferencia de sexos. La Audiencia de Zaragoza investiga si el cambio se hizo con el único propósito de blindarse frente a futuras denuncias o para reducir el nivel de protección de la víctima.
¿Cómo afecta el cambio de sexo al proceso judicial?
La expareja del investigado es una de las 28 mujeres en España con nivel de riesgo extremo, según los últimos datos del sistema policial. Este nivel implica una vigilancia constante y medidas de protección especiales, pero la aparición de un cambio de sexo en el agresor introduce una variable jurídica que los tribunales apenas han tratado.
La normativa de violencia de género se diseñó para proteger a la mujer frente al hombre en relaciones de pareja. Si el agresor pasa a ser legalmente mujer, algunos juzgados podrían considerar que no cabe aplicar las mismas agravantes ni las medidas civiles y penales ligadas a esa ley. El tribunal aragonés quiere aclarar si se está utilizando la identidad de género como herramienta para burlar el sistema.
Tan solo 28 mujeres figuran en nivel de riesgo extremo en España; la presunta maniobra del agresor cuestiona los límites de una ley pensada para ampliar derechos.
El debate sobre el fraude de ley en la Ley Trans
La Ley Trans fue aprobada para garantizar el derecho a la autodeterminación de género, pero este caso ha puesto sobre la mesa un vacío legal que algunos juristas ya habían advertido. El cambio de sexo registral no exige informes médicos ni psicológicos, sino la voluntad expresa de la persona. Eso, en situaciones de violencia machista, puede convertirse en un resquicio para que los agresores eludan las consecuencias penales y civiles.
El tribunal deberá determinar ahora si se dan los elementos del fraude de ley, un concepto jurídico que se aplica cuando se utiliza una norma para un fin distinto al que pretendía el legislador. De confirmarse, la consecuencia sería la nulidad de los efectos del cambio registral en lo que afecta al proceso por violencia de género, restituyendo al agresor su condición legal de varón a efectos penales. La Fiscalía y las acusaciones particulares podrán pronunciarse en los próximos días.
Mientras tanto, la víctima continúa bajo protección policial. Si estás en una situación de violencia de género, puedes contactar con el teléfono 016, gratuito y sin dejar rastro en la factura, las 24 horas del día. En emergencias, llama al 112.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Un tribunal investiga si un condenado por maltrato usó el cambio de sexo registral para eludir la ley de violencia de género.
- 👥 Quiénes son los afectados: La expareja del agresor, en riesgo extremo, y potencialmente otras víctimas en situaciones similares.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Si se confirma el fraude, podría abrirse un debate para reformar la ley y evitar que se use como escudo legal.
