Si el Partido Popular llega a La Moncloa, la Ley de Memoria Democrática desaparecerá en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo. La promesa la lanzó ayer el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante un acto en Madrid por el 29 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. Aunque es una promesa electoral, si se cumple cambiaría de raíz la política de memoria histórica y el relato oficial sobre el terrorismo, con consecuencias directas para víctimas y para los pactos del Gobierno.
Anuncios para impedir el 'sello de Bildu' en la memoria
Tellado acudio en sustitución de Feijóo, que no pudo regresar a tiempo tras desplazarse a Almería para acompañar a los afectados por los incendios. El secretario general del PP cargó contra lo que considera un «relato a medida de Bildu» sobre el terrorismo de ETA. «Una democracia plena no puede permitir que se construya un relato contra la realidad y a medida de aquellos que la amenazaron», afirmó.
El número dos del PP detalló hasta cinco medidas. La primera y más sonada: derogar la actual Ley de Memoria Democrática en el primer Consejo de Ministros que presida Feijóo. «La memoria democrática de nuestro país no tendrá el sello de Bildu ni un día más de lo necesario», sentenció. Tellado acusó al presidente Pedro Sánchez de promover, con sus alianzas parlamentarias, el «blanqueamiento de los herederos del terror».
Una ley en el centro de la batalla política
La Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) entró en vigor en octubre de 2022 y sustituyó a la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. Entre sus mandatos están la búsqueda de desaparecidos, la resignificación de símbolos franquistas y el fomento de la cultura democrática. Sin embargo, para el PP, la norma permite una reinterpretación de la historia en la que ETA quedaría diluida y Bildu, como heredero político de la izquierda abertzale, participaría en la construcción de ese relato.
Feijóo ya había anticipado su oposición frontal a esta ley, pero el compromiso de derogación total eleva la apuesta. Tellado fue más allá y anunció otras cuatro medidas complementarias: reforzar la enseñanza de la historia de ETA y sus víctimas en las aulas, vetar a condenados por terrorismo sin arrepentimiento en futuras listas electorales, modificar la política penitenciaria para que no sea «moneda de cambio» en negociaciones y prohibir los homenajes a etarras o cualquier conducta de enaltecimiento del terrorismo.
La derogación no solo afecta a la política de memoria: reabre un debate identitario que podría condicionar las futuras alianzas parlamentarias.
Precedentes: así se ha intentado cambiar las leyes de memoria
No sería la primera vez que un Gobierno intenta revertir una ley de memoria. En 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dejó sin dotación presupuestaria la Ley de Memoria Histórica, lo que la volvió inaplicable de facto. Más recientemente, las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox han impulsado sus propias «leyes de concordia» para sustituir las normativas autonómicas de memoria. La diferencia: ahora se apunta directamente a la norma estatal.
Sin embargo, el escenario parlamentario actual no facilita el plan. El PP no tiene mayoría absoluta en las encuestas más optimistas y necesitaría respaldo de Vox y, posiblemente, de otros partidos. Derogar una ley orgánica requiere mayoría absoluta en el Congreso, un listón que no parece al alcance inmediato. Aun así, Tellado ha querido enviar un mensaje nítido a su electorado y a sus socios potenciales: la memoria, en un eventual Gobierno de Feijóo, será otra.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El PP, por boca de Miguel Tellado, se ha comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática en el primer Consejo de Ministros de Feijóo.
- Por qué te importa: La medida cambiaría de golpe la política oficial sobre la memoria de ETA y de las víctimas, además de tensar las relaciones parlamentarias.
- A quién afecta: Afecta a las asociaciones de víctimas, a los herederos de la izquierda abertzale, al sistema educativo y al debate sobre la política penitenciaria.
- Hacia dónde vamos: El compromiso depende de que el PP llegue al Gobierno y obtenga los apoyos necesarios en el Congreso para derogar una ley orgánica.
