Si tenías un piso turístico ilegal, el registro que te iba a pillar acaba de desaparecer. Pero ojo: sigues siendo ilegal, y ahora la responsabilidad de multarte o cerrártelo recae sobre las comunidades autónomas. El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de alquiler turístico y de temporada del Gobierno, dejando en papel mojado las 40 denegaciones que el BOE publicó ayer jueves y dejando en el aire el futuro de más de 110.000 contratos ilegales que el mecanismo había aflorado.
¿Qué ha tumbado exactamente el Supremo?
El pasado mes de mayo, el Alto Tribunal dio la razón al recurso del PP y sentenció que el Estado carece de título competencial para imponer un registro nacional que se superponga a los registros autonómicos de viviendas turísticas y de temporada. La decisión anula de raíz ese instrumento, aunque mantiene la ventanilla única digital y la obligación de las plataformas de transmitir datos con fines estadísticos. El registro centralizado deja de existir, y con él, cualquier denegación que hubiera dictado el Ministerio. Las 40 resoluciones negativas publicadas este 9 de julio —basadas en vetos de comunidades de vecinos o en carencias urbanísticas— han quedado sin efecto.
Los pisos ilegales no se vuelven legales: qué cambia en tu calle
Que el registro haya caído no convierte en regulares las viviendas que incumplen la normativa. Siguen siendo ilegales. La diferencia sustancial es quién debe ahora perseguirlas. La pelota pasa íntegramente a las comunidades autónomas, que tendrán que inspeccionar, sancionar y, en su caso, cerrar esos alojamientos con sus propios medios. El Gobierno defiende que la herramienta permitió aflorar 110.000 contratos ilegales, 26.000 de ellos en Andalucía, a quien acusa de «mirar hacia otro lado». En total, durante su vigencia se inscribieron 258.000 pisos turísticos y 83.000 alquileres de temporada.
Para los vecinos la situación es agridulce. La ley que les permite vetar pisos turísticos en su finca sigue plenamente vigente: una comunidad de propietarios puede seguir prohibiendo esta actividad. Pero ahora, para hacer valer ese veto, ya no pueden apoyarse en un registro estatal que certificaba la negativa; tendrán que confiar en que su gobierno autonómico actúe con diligencia.
El Supremo dice que el Estado no puede registrarlos, pero eso no convierte en legales los pisos que no cumplen la norma.
El choque de competencias que se repite: precedentes y tensiones
No es la primera vez que el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades genera un terremoto normativo. La sentencia recuerda a los pulsos vividos con la ley de vivienda o las restricciones turísticas durante la pandemia. Ahora, con el Gobierno en funciones y varias autonomías gobernadas por el PP, el margen para un acuerdo rápido es mínimo. Mientras el ejecutivo central insiste en que los datos recabados demuestran la magnitud del problema, las regiones denuncian una invasión de sus atribuciones.
La fragmentación regulatoria puede acentuar las diferencias entre territorios: comunidades con inspección activa podrían reducir la oferta ilegal, mientras que otras, sin recursos o voluntad política, dejarían un agujero de control. Fuentes del Ministerio reconocen que, a corto plazo, la pérdida del registro dificulta el seguimiento de los alquileres opacos y reabre el debate sobre si la legislación estatal necesita un blindaje constitucional para coordinar el fenómeno de la vivienda turística. De momento, la pelota está en el tejado autonómico y los 110.000 contratos ilegales siguen ahí.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de alquiler turístico y de temporada del Gobierno por invadir competencias autonómicas, dejando sin efecto 40 denegaciones publicadas ayer en el BOE.
- Por qué te importa: Si eres vecino o inquilino, la persecución de los pisos turísticos ilegales ya no depende de un organismo central, sino de cada gobierno regional, lo que puede provocar desigualdades en la protección de tu calle.
- A quién afecta: A propietarios de pisos turísticos ilegales, comunidades de vecinos que quieren vetarlos, plataformas de alquiler y, sobre todo, a las comunidades autónomas, que asumen toda la responsabilidad sancionadora.
- Hacia dónde vamos: Se espera una mayor fragmentación normativa y posibles conflictos entre administraciones; el Gobierno podría intentar una reforma legal que blinda el registro, pero requeriría un gran consenso parlamentario.
