Si estabas siguiendo el caso Leire Díez, este miércoles ha dado un giro de los que marcan una legislatura. El Partido Popular ha pedido al juez Santiago Pedraz que impute a Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, por su presunta implicación en un plan para desestabilizar investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La posible imputación de la máxima responsable de la Guardia Civil por colaborar con una trama que buscaba interferir en causas contra el Ejecutivo toca de lleno la credibilidad del instituto armado y reaviva una crisis institucional de largo recorrido.
Qué pide el PP y por qué lo hace ahora
El escrito presentado este martes ante la Audiencia Nacional —al que ha tenido acceso Europa Press— solicita la declaración como imputados no solo de Mercedes González, sino también de Leonardo Marcos, su antecesor en el cargo, y del director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas. El PP argumenta que llamarlos como simples testigos sería “un fraude procesal”, porque los indicios apuntan a que podrían ser autores de delitos graves.
En concreto, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo apunta a presuntos delitos de prevaricación administrativa (tomar decisiones injustas a sabiendas), obstrucción a la justicia, revelación de secretos e incluso pertenencia o cooperación con organización criminal. La petición llega apenas 24 horas después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendiera en el Senado el “buen hacer” de la directora.
La formación sostiene que ya hay suficiente material para sentar a los tres mandos en el banquillo como investigados, porque las pesquisas revelan una sincronía entre los contactos con la trama y las medidas que se tomaron desde la cúpula de la Guardia Civil para frenar a la Unidad Central Operativa (UCO), justo cuando esta investigaba al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Los indicios que complican a Mercedes González
Según el PP, la directora general mantuvo una relación personal y reiterada con Leire Díez, la exmilitante socialista que da nombre al caso. Se han acreditado al menos tres encuentros presenciales y numerosos contactos por mensajería instantánea, algunos de ellos interceptados por la propia UCO.
La UCO ha documentado al menos tres reuniones y múltiples mensajes entre la directora y la exmilitante socialista, coincidiendo con medidas de presión sobre los investigadores.
Uno de los audios más reveladores que obra en el sumario recoge a Díez diciendo: “Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza”. La UCO concluye que Díez utilizaba ese acceso directo para conseguir que la Guardia Civil abriera expedientes internos contra los propios investigadores del caso, con el objetivo de inquietar su labor.
A los encuentros y los mensajes se añade un dato que el PP considera demoledor: Mercedes González activó el borrado automático de sus conversaciones de WhatsApp cada 24 horas el 11 de mayo de 2025, justo cuando se abrían las primeras informaciones reservadas contra la UCO. Para los populares, ese borrado “doloso” de pruebas es otro indicio de peso.
Además, la directora ha ido cambiando su versión con el tiempo. Primero negó haberse reunido con Díez; después admitió dos cafés y, más tarde, tres. Reconoció que en uno de esos encuentros Díez le pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, imputado en el ‘caso Koldo’. Estas contradicciones sucesivas, sostiene el PP, refuerzan la necesidad de que declare como imputada y no como testigo.
El eco del ‘caso Koldo’ y lo que está en juego
Para entender el terremoto político que supone esta petición, hay que hilar fino. El ‘caso Leire Díez’ es una derivada del ‘caso Koldo’, la causa que investiga presuntas mordidas en contratos de material sanitario durante la pandemia. Cuando la UCO empezó a tirar de ese hilo, aparecieron indicios que salpicaban al hermano de Pedro Sánchez y a otras figuras cercanas al PSOE.
Según declararon ante el juez los generales Alfonso López Malo y Rafael Yuste —ambos exjefes de la UCO—, desde la cúpula de la Guardia Civil se les pidió que se “pusieran de perfil” y no fueran proactivos en esas causas con “afectación política”. Nunca antes habían visto tal cantidad de expedientes internos dirigidos contra una sola unidad, y lo calificaron de “intento de intimidación”.
Ahora el juez Pedraz deberá decidir si acepta la solicitud del PP y llama a declarar como imputados a tres de los máximos mandos del instituto armado. De hacerlo, la Guardia Civil afrontaría una crisis de confianza sin precedentes recientes. De no hacerlo, la acusación popular ya ha dejado claro que recurrirá. Sea cual sea el desenlace, lo que está sobre la mesa es si la institución encargada de perseguir el crimen pudo haber sido utilizada para taparlo.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El PP ha solicitado al juez la imputación de Mercedes González y otros dos altos cargos de la Guardia Civil por su presunta colaboración con una trama de desestabilización judicial.
- Por qué te importa: Si se confirman los indicios, significaría que la máxima responsable del cuerpo policial usó su cargo para interferir en investigaciones que afectan al Gobierno, algo que golpea directamente la separación de poderes.
- A quién afecta: A la cúpula de la Guardia Civil, a la Audiencia Nacional, al Gobierno y, en última instancia, a cualquier ciudadano que confía en la imparcialidad de la justicia.
- Hacia dónde vamos: El juez Pedraz debe decidir si admite o no la petición. Si la rechaza, el PP recurrirá. Si la acepta, la tensión política podría escalar en las próximas semanas.
