El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido poner coto a las filtraciones en el caso Plus Ultra, que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La medida más llamativa: ha deducido testimonio para que un juzgado de Madrid investigue quién filtró las agendas y los mensajes privados del exmandatario.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La filtración expone contactos políticos y empresariales del expresidente, daña la confianza en la custodia judicial de datos personales y fuerza medidas excepcionales de protección.
Qué ha decidido el juez Calama
Este jueves, el magistrado instructor del caso Plus Ultra anunció varias acciones urgentes tras la difusión de documentos incautados por la UDEF en la sede del PSOE. Por un lado, remitirá el asunto a los juzgados de Madrid para que se abra una causa por filtración e identifiquen a los responsables. Por otro, creará una pieza separada de “información sensible” donde solo él y la Fiscalía podrán ver las grabaciones de las declaraciones. Las partes seguirán teniendo acceso a las transcripciones.
Además, las acusaciones populares —unas media docena— perderán el acceso a la plataforma digital que almacena esos vídeos. Solo el PP, que coordina esas acusaciones, conservará la entrada. La razón: filtraciones “constantes e inmediatas a medios de comunicación”, en palabras del propio Calama.
Qué contenía lo filtrado
Los agentes de la UDEF se incautaron de las agendas de Zapatero correspondientes a 2024 y 2025 y de los mensajes que intercambió con su secretaria Gertrudis Alcázar. En ellos aparecen citas con políticos y empresarios de primer nivel, así como conversaciones sobre asuntos personales y profesionales.
El problema es que ese material se incorporó íntegro a la causa, sin expurgar lo que no guardaba relación con la investigación. El informe policial acusa al expresidente de cobrar 200.000 euros por influir en Bolivia a favor de una empresa peruana, pero los anexos desvelaron mucho más. Y parte de ese contenido acabó en la prensa.
La reacción política
El Gobierno y varios socios calificaron la filtración de “gravísima y escandalosa”. Denunciaron que la UDEF y el juez no cribaran antes el material, que incluye datos personales ajenos a la causa. El entorno de Zapatero ya había pedido explicaciones el día anterior al considerar vulnerada su intimidad.
Las medidas buscan frenar filtraciones que ya han desvelado contactos con políticos y empresarios de alto nivel.
Un precedente que ya dio que hablar
No es la primera vez que un caso judicial con alta carga mediática se topa con el problema de las filtraciones. En el llamado caso Villarejo o en el procedimiento contra el procés también se adoptaron cautelas para limitar la difusión de declaraciones grabadas. En esta ocasión, la decisión de Calama pretende corregir un defecto de origen: la entrega masiva de documentos sin ningún filtro previo.
La proximidad con las próximas elecciones y el historial de tensión entre poder judicial y Ejecutivo añaden más ruido. Mientras, el juzgado de Madrid al que se remita el testimonio deberá ahora determinar si hubo un delito de revelación de secretos o si la responsabilidad queda en un fallo procesal. Las miradas están puestas en los vídeos de los interrogatorios: a partir de ahora, ni las partes ni las acusaciones los verán sin permiso.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juez Calama ha abierto una investigación por filtración y ha restringido el acceso a las grabaciones del caso Plus Ultra.
- Por qué te importa: Se han difundido agendas y mensajes privados de un expresidente, lo que reabre el debate sobre los límites de la privacidad en causas judiciales.
- A quién afecta: Al propio Zapatero, a las personas que aparecen en esas agendas y a la confianza ciudadana en la custodia de datos personales en procesos penales.
- Hacia dónde vamos: Un juzgado de Madrid investigará a los autores de la filtración y se extremarán los controles sobre el material sensible del caso.
