Dolores Gálvez, de 50 años, ha tenido que renunciar a la tutela de su hijo para aspirar a una plaza en una residencia de salud mental. Lleva dos años esperando un recurso que no llega y denuncia la falta de plazas públicas y privadas. La última agresión sufrida la llevó a tomar una decisión que jamás hubiera deseado.
¿Qué ha pasado exactamente?
El pasado brote de su hijo Igor terminó con Dolores en el hospital, con un collarín y un ojo morado. Su madre acabó con el brazo en cabestrillo al intentar socorrerla y el abuelo quedó inconsciente por los golpes. "Esta vez pensé que me mataba de verdad", relata.
La familia vive en un estado de permanente alerta. Dolores duerme con un cerrojo en su habitación, no guarda cuchillos en casa y nunca usa sandalias por si necesita salir corriendo. Esa es la realidad cotidiana que describe en declaraciones recogidas por El Periódico.
Igor, adoptado con apenas un año, era hasta hace dos años una persona muy distinta: "Se sacó un grado medio y un grado superior, aprobó una oposición. Mi hijo es muy cariñoso y me adora". Una reacción adversa a una medicación para una urticaria desencadenó los brotes que han convertido la convivencia en un infierno.
¿A quién afecta la falta de plazas?
Ahora el joven permanece ingresado tras el último episodio. Dolores suplica que no le den el alta porque sabe que en casa la situación es insostenible. "Me veo en la misma situación que otros casos que ya han salido en prensa", lamenta. Por eso ha cedido la tutela al Instituto Valenciano de la Seguridad Social (Ivass) en el juzgado, a la espera de que un juez dicte medidas cautelares. Pero ese proceso puede demorarse meses y, mientras, teme que el hospital lo envíe de vuelta.
No quiero renunciar a mi hijo pero no me han dejado otra alternativa.
La mujer conoce de cerca el caso de Teresa Aragó, otra madre que también cedió la tutela de su hijo y consiguió una plaza provisional "in extremis" después de que el centro sanitario lo diera ya por enviado a casa. Las fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales reconocieron entonces a Levante-EMV que la Administración no interviene hasta que el juzgado lo ordena, un lapso que puede dejar a las familias en el limbo.
Un sistema saturado sin plazas a la vista
Los datos del Ivass dibujan un panorama crítico. Atiende a más de 5.090 personas adultas con medidas judiciales de apoyo: 3.126 presentan una enfermedad mental, 1.331 son mayores de 65 años y 633 tienen discapacidad intelectual. El dato más llamativo: 841 personas tuteladas por la administración siguen viviendo en sus domicilios porque no hay plaza residencial disponible.
Ni siquiera las viviendas tuteladas pueden absorber la demanda. Hace apenas dos meses, el Ivass creó un comité para analizar las situaciones de mayor vulnerabilidad y alta complejidad. Cerca de trescientas personas están ya en ese listado, a la espera de un recurso que no aparece. La saturación es tal que entre muchos casos se repite la misma historia de abandono.
Durante el anterior gobierno autonómico se optó por derivar a personas a centros de otras comunidades, una práctica que la actual conselleria quiere revertir con el 'Plan Volver', diseñado para traer de regreso a más de 200 personas que estaban fuera. De momento, el plan no ha avanzado. "Lo único que hay es dolor y abandono", resume Dolores.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: La falta de plazas residenciales de salud mental empuja a una madre a ceder la tutela de su hijo.
- 👥 Quiénes son los afectados: Familias con personas con trastornos mentales graves y sin un recurso público adecuado.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: El sobreesfuerzo de los hogares, el riesgo de agresiones y la judicialización forzosa de la protección.
