Si eres autónomo y esperabas una bajada en las cotizaciones o acceder al cese de actividad con menos trabas, el Gobierno ha respondido con un veto este mismo jueves. La decisión bloquea de raíz la proposición de ley que Junts había presentado para mejorar las condiciones del colectivo, alegando que su contenido reduciría los ingresos públicos.
Las medidas que se quedan en el cajón
La propuesta parlamentaria ofrecía un paquete completo de mejoras. La más ambiciosa era el IVA franquiciado para quienes facturan menos de 85.000 euros, que permitiría no repercutir el impuesto a cambio de no deducirlo, una condición que Junts impuso para respaldar el decreto anticrisis. También eliminaba la obligación de acreditar pérdidas económicas para acceder a la prestación por cese de actividad, un escollo que la Seguridad Social utiliza para denegar el 60% de las solicitudes. Además, planteaba ajustar los plazos de regularización del sistema de cotización por ingresos reales y solucionar el problema de las "sobrecotizaciones prolongadas" que afecta a autónomos societarios y en pluriactividad.
La lista de reclamaciones no acababa ahí: el texto incluía una cuota obligatoria para autónomos y microempresas en la adjudicación de contratos públicos, un guiño a su participación en la contratación del Estado.
El veto presupuestario y la tormenta política
El Ejecutivo esgrimió el artículo 134.6 de la Constitución para frenar la tramitación. El Gobierno puede vetar cualquier iniciativa que suponga una disminución de los ingresos, un mecanismo que ya ha usado en otras ocasiones cuando sus cuentas están en juego. La medida evita además un nuevo revés en el Congreso, donde Junts ha demostrado que puede tumbar las iniciativas del Ejecutivo si no obtiene contrapartidas.
La reacción no se hizo esperar. Lorenzo Amor, presidente de ATA, cargó con dureza: "No tienen vergüenza. Maltratando a los autónomos", unas palabras que reflejan el malestar de un sector que ve cómo las promesas de mejora chocan con la realidad fiscal. Más de 1,2 millones de autónomos están pendientes de los cambios en la cotización que el Gobierno anunció a principios de 2026, entre ellos la polémica subida de 1.620 euros para los societarios.
El veto no solo deja en suspenso el IVA franquiciado, sino que mantiene un sistema de cese de actividad que deniega la mayoría de las solicitudes.
El historial de tensiones y los próximos pasos
Este nuevo desencuentro se suma a un largo historial de fricciones entre el Gobierno y Junts, que ya había vinculado el IVA franquiciado a la negociación presupuestaria. La formación independentista ha dado por hecho que no habrá Presupuestos esta legislatura, lo que deja en el aire cualquier avance pactado. La puesta en marcha del régimen fiscal especial podría tramitarse por separado, pero las conversaciones parecen estancadas.
El telón de fondo es la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo. Cada votación en la Cámara Baja es un pulso y el veto presupuestario se ha convertido en una herramienta defensiva para blindar las cuentas públicas. Mientras, los autónomos siguen sin ver las reformas que llevan años reclamando y ahora deben asumir la subida de cuotas de los societarios.
La decisión de hoy refuerza la percepción de que cualquier mejora para el colectivo tendrá que esperar a un clima político más favorable o a una negociación que Junts no ve posible a corto plazo.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno vetó este 12 de junio la proposición de ley de Junts que planteaba mejoras para los autónomos, entre ellas el acceso simplificado al cese de actividad y el IVA franquiciado.
- Por qué te importa: Si eres autónomo, mantienes las trabas para cobrar el paro y no podrás beneficiarte de la exención de IVA ni de los ajustes de cotización que buscaba la ley.
- A quién afecta: Afecta al colectivo de autónomos, especialmente a los que facturan menos de 85.000 euros y a los societarios, que ya venían padeciendo subidas de cuotas.
- Hacia dónde vamos: El IVA franquiciado podría negociarse aparte, pero Junts descarta avances sin Presupuestos. Mientras, el Gobierno mantiene el veto como escudo parlamentario.
