Un teniente coronel de la Guardia Civil desvió fondos de las obras de los cuarteles con sobrecostes de hasta un 348%. La investigación de Asuntos Internos apunta a una red de corrupción que funcionó durante años en la VI Zona.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La trama afecta a la confianza en una institución clave y expone una red que desvió presuntamente cerca de un millón de euros en contratos públicos durante más de una década.
El mecanismo: cómo se inflaban las facturas sin que nadie lo notase
La pieza central era el sistema de adelantos de caja fija de la Unidad de Gestión Económica (UGE). El teniente coronel investigado, jefe de esa unidad, aprovechaba el control centralizado para fragmentar contratos de obras en los cuarteles. Así evitaba los controles de contratación mayor y adjudicaba directamente a empresarios de su confianza.
Las facturas, según el informe de Asuntos Internos, se hinchaban de forma artificial. En algunas actuaciones el sobrecoste alcanzó el 348%. Los investigadores detectaron incluso puertas que nunca se instalaron. La trama —calificada de “corrupción sistémica” por los agentes— funcionó amparada en una red de confianza entre el uniformado y los contratistas.
Las pruebas: un sargento receloso, un albañil y dos pistolas sin licencia
La madeja empezó a desenredarse por la intuición de un sargento primero que comparó lo facturado con el estado real de las obras. Después, un albañil que trabajaba para el principal adjudicatario confirmó la amistad de más de treinta años entre el empresario y el teniente coronel. La confesión destapó un entramado en el que una sola empresa, con apenas un empleado declarado, recibía el 82% de sus ingresos de contratos gestionados por el mando.
En el registro de una vivienda de otro imputado, los agentes hallaron dos armas de fuego sin licencia y munición. Ese empresario aceptó luego seis meses de prisión en un pacto con la Fiscalía. La investigación destapó más de 950.000 euros adjudicados desde 2008 a una sola trama.
El peritaje de la Agencia Valenciana Antifraude recoge sobrecostes descomunales y hasta partidas por trabajos inexistentes. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de València trasladó las diligencias a Asuntos Internos al hallar “indicios sólidos de corrupción interna”.
En algunas obras el sobrecoste llegó al 348%, con facturas que incluían puertas y trabajos que jamás se ejecutaron.
El agujero en la burocracia que permitió la trama
Asuntos Internos señala un “vector crítico de vulnerabilidad institucional” en la contratación pública de la Guardia Civil. El informe habla de “promiscuidad en las funciones administrativas” y de un sistema centralizado que, al depender casi en exclusiva del jefe de la UGE, facilitaba la contratación irregular. Este no es el primer caso de uso torticero de los anticipos de caja fija; ya en 2018 una auditoría interna del Ministerio del Interior alertó de los riesgos de ese procedimiento en varios órganos.
Lo que diferencia este caso es la sofisticación: el teniente coronel, doctor en Derecho, compaginaba el desvío de fondos con la compra de viviendas ruinosas en Siete Aguas que luego reformaba usando a los mismos empresarios que ejecutaban las obras oficiales. Una suerte de economía circular delictiva bajo el uniforme. La Fiscalía Anticorrupción sigue las pesquisas codo con codo con Asuntos Internos.
De momento, el juzgado de València mantiene abierta la instrucción y la Agencia Antifraude ha presentado varios informes periciales. Queda por ver si la cúpula de la Guardia Civil toma medidas para reformar los protocolos de contratación. Mientras, el oficial investigado —condecorado en 2013 con la Cruz de la Orden del Mérito— ve cómo su tesis doctoral sobre sanciones militares cobra una ironía amarga.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Asuntos Internos acusa a un teniente coronel de liderar una red que desviaba dinero público de obras en cuarteles mediante facturas hinchadas.
- Por qué te importa: El desvío de fondos públicos debilita la confianza en la Guardia Civil y desangra recursos que debían mejorar las instalaciones del instituto armado.
- A quién afecta: Afecta directamente a la administración de la Guardia Civil y a los ciudadanos que financian sus servicios con sus impuestos.
- Hacia dónde vamos: La investigación judicial sigue abierta y podría desembocar en sanciones penales y cambios en los protocolos internos de contratación.
